Opinión socias
El bulo de la “excesiva generosidad” de nuestras pensiones

Con alarmante frecuencia, los discursos oficiales y ciertos analistas económicos se refieren a las pensiones públicas en España como si fueran un regalo excesivo, una propina estatal que debemos agradecer. Esta narrativa no solo es falsa, sino que degrada profundamente un pilar democrático elemental.

El artículo 50 de la Constitución Española es claro: reconoce el derecho a unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica durante la tercera edad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo recoge. Por tanto, tildar las pensiones de “generosas” es una perversión del lenguaje diseñada para reconvertir un derecho constitucional en una limosna que apenas sirva para amortiguar la miseria.

Quienes defienden este bulo suelen escudarse en un dato descontextualizado: la tasa de reemplazo. Argumentan que en España la diferencia entre el último salario y la primera pensión roza el 80%, mientras que en otros países de nuestro entorno apenas llega al 60%. Pero ya sabemos lo que ocurre con las verdades a medias: terminan convertidas en mentiras completas.

El error de esa comparativa reside en ignorar los salarios de origen. Los países de la OCDE con los que nos miden disfrutan de sueldos medios y mínimos muy superiores a los nuestros. Entre los 77.000 euros anuales de Luxemburgo y los 33.000 euros de España median diez países. España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en salarios y, en consecuencia, también en pensiones. El cálculo es matemático y cruel: el 80% de un salario bajo da como resultado una pensión miserable.

Los datos reales de la Seguridad Social ponen al descubierto la crudeza del sistema:

Casi la mitad de las personas pensionistas perciben una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional (1.221 euros en 14 pagas). De ese grupo, la mitad ni siquiera alcanza los 1.000 euros mensuales.

La desigualdad estructural se ceba con las mujeres. La brecha de género en el sistema público alcanza el 32%: mientras que la pensión media de los hombres ronda los 1.600 euros, la de las mujeres apenas roza los 1.100 euros.

Dedicarse a las “labores del hogar”, de cuidado de nuestros niños, niñas y luego mayores, tiene un coste, en el caso de las mujeres, negativo: Contratos inestables, promoción nula, empleos menos reconocidos social y económicamente, etc.

A pesar de este escenario, las últimas reformas legislativas insisten en recortar esa tasa de reemplazo. Lo hacen aumentando progresivamente los años necesarios para calcular la base reguladora: pasamos de los 15 años previos a 2011, a los 25 actuales, camino de los 29 años fijados para 2037. El resultado matemático es previsible: pensiones cada vez más bajas.

Todo este recorte de lo público ocurre en el marco de una economía que no deja de crecer, pero cuya riqueza se concentra en unas pocas manos. Hoy, 33 personas acumulan los mismos recursos que el 40% de la población. Vivimos en el país donde las empresas energéticas registran incrementos de beneficio superiores al 200% —como el caso de Repsol—, la banca firma ganancias semestrales récord con subidas del 14%, y la industria del armamento o las grandes tecnológicas facturan cifras astronómicas.

Son cifras tan obscenamente deslumbrantes que dañan la vista incluso con gafas de eclipse. Quizá por eso nos obligan a agachar la cabeza y a mirar abajo, a nuestra propia sombra, pero con muy mala sombra convenientemente anestesiada con grandes dosis de patrioterismo barato envuelto en un frenesí de banderas color kétchup y mostaza de bote; todas ellas, por supuesto, made in China.

La dictadura del libre mercado solo conoce una ley: la de la acumulación sin límites en un mundo finito; una lógica suicida.

Santiago Herranz Castro