Opinión socias
Biometano: la promesa verde, el territorio y la salud
La transición energética ha situado al biometano en el centro de las llamadas políticas de descarbonización y economía circular. Obtenido a partir del refinado del biogás generado mediante la digestión anaerobia de residuos orgánicos —purines, restos agroalimentarios o fracción orgánica urbana—, este gas renovable ofrece una ventaja innegable: es químicamente equivalente al gas natural fósil, lo que permite inyectarlo directamente en la red existente y reducir la dependencia energética exterior. Hasta ahí, todo bien.
Sin embargo, el despliegue acelerado de proyectos en España ha abierto un intenso debate social y ambiental. Presentar el biometano como una solución milagrosa sin matices ignora que, detrás de la etiqueta sostenible, operan instalaciones industriales complejas. Para que la digestión anaerobia (sin oxigeno) sea realmente parte de la solución y no un nuevo problema, es imprescindible encontrar un equilibrio realista entre sus beneficios, sus perjuicios y sus riesgos.
Entre los aspectos positivos destaca la capacidad de valorizar residuos que, abandonados o mal gestionados, emitirían metano de forma difusa a la atmósfera —un gas con un potencial de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono— y podrían contaminar suelos y acuíferos por exceso de nitratos. En comarcas con ganadería intensiva o fuerte actividad agroindustrial, transformar esos desechos en energía limpia y subproductos estabilizados supone una mejora ambiental tangible. Otra cuestión es si la ganadería intensiva es razonable, pero ese es otro tema. No podemos justificar la fabricación de biometano para solucionar el problema de las macrogranjas, ni aceptar este tipo de ganadería aberrante aduciendo que las plantas de biogás/biometano se encargan de sus desechos.
Ahora bien, la cara menos amable aparece cuando se proyectan macroplantas concebidas bajo una lógica puramente extractiva o especulativa. Estas instalaciones requieren transportar decenas de miles de toneladas de residuos desde puntos lejanos, multiplicando el tráfico pesado por carretera, generando una huella de carbono asociada al transporte que erosiona el balance climático del proyecto. A ello se suma el riesgo de episodios persistentes de malos olores, emisiones fugaces de sulfuro de hidrógeno o amoníaco, y la generación de enormes volúmenes de digestato líquido cuya aplicación agronómica no resulta viable si los suelos cercanos ya están saturados o si, como es habitual, la materia orgánica de origen contiene impropios.
La clave para desactivar este conflicto no reside en rechazar la tecnología por sistema, sino en acertar con la escala y la ubicación. El modelo verdaderamente sostenible pasa por plantas de pequeño tamaño, dimensionadas estrictamente en función de los residuos generados en su entorno inmediato. Cuando una instalación se adapta a la capacidad de carga real de su comarca, se evita el trasiego continuo de camiones cisterna, se facilita el cierre de ciclos locales y se garantiza que el territorio pueda absorber de forma segura los subproductos resultantes sin comprometer los acuíferos ni la calidad del suelo.
Igualmente determinante es la planificación espacial. Estas actividades no pueden implantarse a escasa distancia de núcleos urbanos, centros educativos o espacios naturales sensibles. La ordenación del territorio debe exigir distancias de seguridad rigurosas respecto a las zonas residenciales y, de manera fundamental, incorporar estudios microclimáticos que atiendan a la dirección predominante de los vientos. Situar la planta a sotavento de las poblaciones y aprovechar las barreras topográficas naturales permite que cualquier dispersión residual de gases u olores se diluya lejos de donde viven las personas, minimizando las molestias y protegiendo la salud pública.
El biometano puede desempeñar un papel relevante en el futuro energético español, pero su legitimidad social dependerá de cómo se ejecute. Apostar por instalaciones descentralizadas, a escala humana y ubicadas con rigor técnico y ambiental es la única vía para que la economía circular sea sinónimo de desarrollo equilibrado y no de sacrificio territorial.
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