Opinión socias
ADIF y el Gobierno de Castilla-La Mancha acuerdan la destrucción del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) quieren aprobar un Convenio para destruir la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.

El Convenio no habla de destruir, sino que afirma que es para llevar a cabo “la actuación estratégica para la integración de los terrenos ocupados por la infraestructura ferroviaria (privatización) y la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados” (especulación). Lo que realmente pretenden es la destrucción del ferrocarril para que a costa de los terrenos públicos los promotores inmobiliarios se den un pelotazo. 

La ciudadanía está redactando un escrito de alegaciones para expresar su oposición a que se apruebe el Convenio para desmantelar el tren porque todavía están pendientes de resolución distintos recursos. En primer lugar, el presentado ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y el sindicato Comisiones Obreras, el 11 de diciembre del año 2023, contra el decreto de clausura del tren que habilita a ADIF para financiar las actuaciones previstas en el Protocolo firmado con la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Cuenca.

Si el Tribunal Supremo anulara el decreto de clausura y ADIF hubiera financiado actuaciones podría provocar una inversión irresponsable excesiva. Por lo tanto, en una administración moderna y bien ordenada lo que procede es actuar con cautela en el marco del Estado de Derecho y, en consecuencia, ADIF no debería estar habilitado para financiar hasta que dictara sentencia el Tribunal Supremo.

Hay que extremar la cautela, además, porque el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso de amparo que presentaron en febrero del año 2025 diez ayuntamientos afectados por el cierre de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia; y también está pendiente de resolución la denuncia que en agosto del 2025 presentaron cuatro Ayuntamientos de Cuenca contra el Gobierno de España, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulnerar el derecho que tiene toda persona a que su causa sea oída equitativamente, dentro de un plazo razonable y por un tribunal independiente e imparcial.

Además, se oponen a la propuesta de Convenio alegando la vulneración de normas constitucionales por parte del Ministerio de transportes, ADIF y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo hicieron cuando con total desprecio al Estado de Derecho y la Democracia no respondieron a los ayuntamientos y arremetieron contra la participación de cerca de veinte municipios que en los plenos habían solicitado unánimemente la renovación y mejora de la línea.

También argumentan su oposición alegando que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Estrategia regional frente a la despoblación, publicada en noviembre de 2020, mencionaba entre las medidas a adoptar la modernización del ferrocarril. Sin embargo, yendo en contra de sus propios actos, asumió el informe elaborado por la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) para desmantelar la línea, desdeñando el interés expresado por los ayuntamientos. 

Por último, incluyen en sus alegaciones razones de limpieza democrática. Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han puesto de relieve la gestión presuntamente delictiva del ministerio de transportes y la empresa pública ADIF durante los años en los que se promueve el cierre de la línea y se firma el Convenio denominado XCuenca.

Tanto el exministro José Luis Ábalos como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera han sido denunciados por presuntas actuaciones ilegales en el ejercicio de su función y están imputados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. A la vista de las acciones delictivas reveladas por la UCO, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca sean cómplices y colaboren con una gestión presuntamente delictiva del ministerio y la empresa pública ADIF degrada y envilece las instituciones regionales induciendo a estremecedoras sospechas.

Por los argumentos expresados se manifiestan en contra del Convenio propuesto por el Ayuntamiento, para llevar a cabo “las actuaciones estratégicas para la integración de los terrenos ocupados (sic) por la infraestructura ferroviaria y la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados”. Alegan razones de higiene democrática y justicia para solicitar a los poderes públicos de Castilla-La Mancha que en una situación tan desoladora paralicen el Convenio acordado con el Ministerio y ADIF, en el periodo en el que las presuntas actuaciones ilegales en el ejercicio de sus funciones eran escandalosas.

Por lo tanto, rechazan la propuesta del Convenio con ADIF por ser la medida planteada por una minoría adiestrada en hacer negocios a costa de la salud pública (mascarillas) y promover la degradación de los bienes y servicios públicos (el ferrocarril), por su afán insaciable de mordidas y pelotazos con vistas a su particular enriquecimiento.