Opinión socias
11N Huelga General: salud y dignidad humana

Hace poco más de cinco meses me disponía a terminar la residencia de Medicina de Familia y Salud Comunitaria en Euskal Herria. Quedaba un hueco libre para realizar una sesión general de Atención Primaria y decidí prepararme el tema de “La interseccionalidad. Combatiendo las desigualdades sociales en salud”

La interseccionalidad es una herramienta analítica y política que reconoce que los sistemas de opresión como el machismo, el racismo, el clasismo y el capitalismo no operan de forma aislada, sino que están interconectados y se refuerzan mutuamente.

El concepto nace desde los movimientos sociales como una forma de resistir a la exclusión. Es además una forma de conocimiento, que tanto Angela Davis, como Silvia Federici o Patricia Hill Collins, escriben y debaten sobre lo necesario de incorporar este concepto, en el diagnóstico de la salud poblacional.

El acceso a una vivienda digna es uno de los principales determinantes sociales de la salud. Sabemos que disponer de un hogar seguro y estable proporciona protección, autonomía y oportunidades para construir relaciones y proyectos vitales. Cuando este derecho se ve amenazado, también lo hace la salud.

Durante el año 2025 se registraron en el estado español 24.500 desahucios, de los cuales 1.102 se llevaron a cabo en Euskal Herria. Desde la organización en los movimientos sociales, sindicatos de vivienda y también desde las consultas de Atención Primaria, tenemos la obligación de actuar y abordar el sufrimiento y los daños en salud que padecen las personas que soportan una situación de inseguridad habitacional. Es nuestro deber comunitario establecer espacios de escucha, socialización y acompañamiento para estas situaciones de inequidad en salud.

La atención en estos procesos no se limita a atender síntomas físicos o emocionales, sino que también incluye la defensa material de la salud, contribuyendo a frenar procesos que la deterioran. Esto es lo que se denomina como abogacía por la salud, una responsabilidad que forma parte del trabajo de prevención y promoción a realizar desde el equipo sanitario.

Los datos ponen de manifiesto que el problema de acceso a la vivienda no es un problema individual, sino colectivo. No resultaría justo hacer recaer la responsabilidad de su situación a una persona que sufre inseguridad habitacional.

La falta de acceso a una vivienda digna y los procesos de desahucio tienen importantes consecuencias para la salud mental. Se asocian con un aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y el riesgo de suicidio. Estos efectos pueden verse agravados por prácticas amenazantes de las entidades financieras y mitigados gracias al apoyo social y comunitario. Los problemas relacionados con la vivienda se asocian con una peor salud física, un mayor riesgo de enfermedades crónicas, dolor y consumo de medicamentos. También aumentan la probabilidad de sufrir hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Asimismo, pueden favorecer el consumo de tabaco y alcohol y contribuir a la reaparición de problemas de salud previamente resueltos.

Aunque los menores requieren una especial protección, se calcula que en el 70% de los desahucios hay menores implicados. Las consecuencias de un desahucio sobre la salud, la educación y el bienestar de los menores son devastadores. La exposición a desahucios se asoció con peores resultados perinatales, como partos prematuros y bajo peso al nacer. En etapas posteriores de la infancia, se encontró asociación con riesgo aumentado de problemas de desarrollo neuropsicológico, peor valoración general de salud por parte de los padres y menor frecuencia de realización de pruebas básicas de salud. El estrés relacionado con la posible pérdida de la vivienda se asoció con un incremento en la probabilidad de depresión en los menores.

Desde el punto de vista educativo, la inseguridad habitacional impacta gravemente en los menores, generando múltiples consecuencias como malestar e inestabilidad emocional, dificultades atencionales y cambios en la conducta. Esta sintomatología no sólo afecta a la capacidad de aprendizaje y aprovechamiento de la educación obligatoria del menor, sino que impacta negativamente en su desarrollo evolutivo, con secuelas emocionales, cognitivas y conductuales a largo plazo. La pérdida de la vivienda original, a menudo, supone el traslado del centro educativo y la pérdida de vínculos sociales.

La abogacía por la salud (o advocacy) es una estrategia clave de la promoción de la salud que implica la defensa activa de causas y políticas para mejorar la salud pública y reducir inequidades, influenciando decisiones sociales, económicas y políticas para el bienestar colectivo. Defender el derecho constitucional a la vivienda (Art. 47 de la Constitución) es defender la salud de las personas y las comunidades.

Por todo ello es necesaria la organización social de cara al próximo 11 de Noviembre Huelga General.

Por la salud y la dignidad humana.