Ocupación israelí
La Fiscalía investiga al consejo de dirección de CAF por su implicación en el “tren del apartheid”

La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) lleva desde 2019 participando en un consorcio para la construcción y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta la ciudad vieja con los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios conquistados tras la guerra de 1967. Tras años de denuncias desde la sociedad civil, en 2025 la empresa se unió a la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) de empresas que contribuyen al fortalecimiento y expansión de unas colonias que tanto España como la UE consideran ilegales.

Más allá de toques de atención por parte de organismos de derechos humanos y de Naciones Unidas, la empresa vasca no se ha topado con impedimentos para seguir lucrándose de una actividad contraria al derecho internacional. Al menos hasta ahora. Este 14 de abril, una coalición de entidades sociales ha hecho pública la demanda que ha interpuesto ante la Fiscalía para investigar la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF en el llamado “tren del apartheid”.

La querella está impulsada por Novact, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori Desca, Paz con Dignidad y Suds, representadas por el Centro Guernica 37.

La participación de CAF en este tren ligero, según el escrito presentado ante la Fiscalía, dista de una “colaboración puntual”: no solo se encarga de ampliar la Línea Roja de este tranvía, sino que tiene la misión de construir la Línea Verde, de suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. También se encarga, según el texto, de operar y mantener ambas líneas a través de una empresa conjunta participada al 50% por la entidad con sede en Beasain, con contratos de entre 15 y 25 años.

La denuncia de esta coalición defiende que la actuación de CAF “podría encajar” en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados

CAF comparte consorcio con la empresa israelí Saphir, incluida en 2020 en la base de datos de la OHCHR sobre empresas comerciales vinculadas a los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Según el documento, la participación de CAF en el proyecto es “estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía” que conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, reforzando su integración y crecimiento, “al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos”, unas prácticas que suponen el “mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas” por parte de Israel contra la población palestina.

La denuncia de esta coalición de organizaciones sociales defiende que la actuación de CAF “podría encajar” en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre estas conductas penales, se menciona el “traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra”. Este acuerdo de Naciones Unidas considera ilegales tanto los territorios anexionados por Israel como las actividades económicas realizadas en ellos.

España tiene jurisdicción sobre este asunto, sostienen en la demanda, ya que la sede de CAF se encuentra en territorio español, se regula por la legislación española y las personas del consejo de dirección tienen nacionalidad española. Según el texto presentado ante la Fiscalía, las autoridades españolas tienen la “responsabilidad” de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de “investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”. La Fiscalía ha confirmado la recepción de la denuncia y la apertura de una investigación sobre el caso, según confirman desde esta plataforma de organizaciones sociales. Estas ONG demandan que la Fiscalía eleve el caso ante la Audiencia Nacional.