Ocupación israelí
Las denuncias internacionales por “secuestro” y “piratería” contrastan con la tibieza del Gobierno español

“Sois orgullo de un país y ejemplo de una sociedad democrática, moderna, solidaria y comprometida con la defensa de los derechos y libertades”, se podía leer a primera hora de la mañana en el perfil en X del presidente español, Pedro Sánchez. No se refería a los 65 españoles embarcados en la Global Sumud Flotilla, sino a la Policía Nacional, que celebra su día especial este 2 de octubre. Ningún mensaje en relación a la interceptación, abordaje y secuestro de los 50 barcos de la Global Sumud Flotilla. Horas después, a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Copenhague “para reforzar el apoyo a Ucrania y la seguridad europea”, Sánchez afirmó estar “muy pendiente” de la situación de la Flotilla y centró una breve intervención ante la prensa en los esfuerzos del Gobierno para proteger a los ciudadanos españoles e internacionales capturados.

La reacción del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, fue también contenida: a primera hora de la mañana, el Ministerio emitía un comunicado para exigir “que la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados”. Horas antes de que comenzara el ataque israelí sobre la Flotilla, el buque militar Furor enviado por España para “asistir” a la mayor expedición humanitaria a Gaza de la historia, se había quedado atrás, en la posición marcada desde un inicio, sin ninguna utilidad ni función.

A media mañana de este 2 de octubre, el ministro Albares convocaba a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, como forma de protesta diplomática. En su declaración Albares insistió en el “derecho de paso inocente en aguas internacionales” y exigió que los ciudadanos españoles en manos de Israel sean puestos en libertad cuanto antes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía el día previo en RTVE que Israel se ha saltado la legalidad internacional “desde el minuto cero”, pero admitía que el Gobierno “tiene que tomar decisiones”, en referencia a la petición realizada a la Flotilla de que dé media vuelta y renuncie a su misión.

El exvicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, asocia la actitud del Gobierno con una “política de titulares” de “patas cortas”. Para Iglesias, “anunciar que una fragata de la Armada española va a proteger a la flotilla implica la responsabilidad de hacerlo”. No hacerlo, agrega, supone un “desprestigio” para las fuerzas armadas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, habla de “un crimen contra el derecho internacional” y pide la ruptura diplomática con Israel. La diputada de Podemos Ione Belarra apunta a la responsabilidad de la comunidad internacional: “Hacemos responsables a sus cómplices, todos los gobiernos europeos, de cualquier cosa que ocurra. Han tenido un mes para protegerles y no lo han hecho”.

La posición del Gobierno español no ha sido compartida por sectores de la sociedad civil, que se lanzaron en la pasada noche a las calles de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ankara, Estambul, Milán, Berlín, Atenas, Ciudad de México o Buenos Aires para denunciar una nueva violación del derecho internacional por parte de Israel. 

Para Hanan Ashrawi, activista palestina, política y exmiembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, la intervención y abordaje de la armada israelí sobre barcos humanitarios en aguas internacionales y palestinas sobre puede calificarse como un “acto criminal  de piratería”. “Están arriesgando sus vidas al intervenir activamente y demostrar el verdadero significado de la solidaridad y la empatía humana”, añadió Ashrawi.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también utiliza la palabra “secuestro” para denunciar la situación de Manuela Bedoya, una de las dos ciudadanas colombianas que viajaban en la flotilla. En cuanto se conoció el abordaje, Petro decidió expulsar a toda la delegación diplomática de Israel y calificó el ataque a la flotilla como un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”. El presidente colombiano dedicó duras palabras hacia el primer ministro israelí, a quien comparó con el líder nacionalsocialista alemán: “Hitler está vivo en la política del mundo, [Hannah] Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”.

El presidente de Malasia, Anwar Ibrahim, ha denunciado “intimidación y coerción” por parte de Israel contra barcos que transportan “civiles desarmados y suministros humanitarios vitales para Gaza”, según recogía el medio catarí Al Jazeera. El Ministerio de Exteriores de Turquía, por su parte, calificó la operación israelí de “acto terrorista que vulnera gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”. El Gobierno turco anunció que iniciará demandas por la vía penal “para que los agresores rindan cuentas”. 

Un "ataque de un buque de guerra militar de un Estado a un buque en alta mar es un ataque al Estado del pabellón del buque atacado, por lo que cada uno de los países afectados podría denunciar al Estado de Israel”.

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francisca Albanese, acusaba directamente a los gobiernos que no han hecho nada por romper el bloqueo naval militar que Israel ha impuesto de forma ilegal a Gaza y está provocando una hambruna. La relatora se preguntaba en un post en redes sociales por qué los gobiernos no hacen nada mientras un grupo de 500 “ciudadanos del mundo” en 50 embarcaciones precarias ha podido llegar a apenas un centenar de kilómetros de Gaza. “¿Por qué los estados no rompen el bloqueo con sus armadas?”, preguntó Albanese.

La violación del derecho internacional y el delito de “secuestro” debe ser investigado, afirmaba Craig Murray, ex jefe de la sección marítima del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido: “La Flotilla se encuentra en alta mar y no en el mar territorial de 12 millas de Israel. Israel no tiene jurisdicción”. Según este exdiplomático especialista en derecho del mar, un "ataque de un buque de guerra militar de un Estado a un buque en alta mar es un ataque al Estado del pabellón del buque atacado, por lo que cada uno de los países afectados podría denunciar al Estado de Israel. Según confirma, la “posesión de buques y el secuestro de tripulaciones” en el mar pueden ser perseguidos como delito en las jurisdicciones nacionales y no sólo son un delito de derecho internacional. En el caso del Reino Unido, continúa, la Policía Metropolitana y el Fiscal General “tienen la obligación de investigar y actuar ante el secuestro de personas de buques con bandera del Reino Unido en alta mar”. 

Por su parte, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, condenó la acción militar israelí, cuyo “único delito fue llevar ayuda al desventurado pueblo palestino”. La diplomacia paquistaní ha calificado el ataque de cobarde y remarcó el carácter ilegal de la detención. 

El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, elevo las críticas hacia la intervención con la denuncia de ponía en peligro la integridad física de “manifestantes pacíficos”, entre ellos 15 ciudadanos de su país. 

El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Harris, mostró su preocupación sobre el ataque después de hablar con sus homólogos de la Unión Europea sobre una “misión pacífica para arrojar luz sobre una terrible catástrofe humanitaria”.