Obsolescencia programada
El largo camino contra la obsolescencia programada y por el 'derecho a reparar' en la UE

El pasado 25 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución sobre 'el derecho a reparar'. Una iniciativa que de momento no tiene elementos obligatorios, ya que es la Comisión Europea la que tiene que proponer la ley, pero que sí encamina el futuro para combatir la obsolescencia programada. Chloé Mikolajczak, activista de la organización Right to repair, apunta que “la pelota está ahora en el tejado de la Comisión y que es ahí donde se está debatiendo cómo se va a llevar a cabo esta ley”.

Los eurodiputados piden así a la Comisión que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”.

Además, con esta iniciativa buscan aumentar el apoyo a los mercados de segunda mano, reclamar medidas para eliminar las prácticas que promueven la obsolescencia programada e impulsar la fabricación sostenible a través de contrataciones públicas más verdes y un marketing y una publicidad más responsables.

En España no hay ninguna ley respecto a la obsolescencia programada. A día de hoy, existen ciertas leyes a nivel europeo que legislan en esta línea, pero no son de obligado cumplimiento

Unos frentes que confluyen en una medida principal: la obligación de etiquetar los productos en función de su dificultad de reparación. Según Chloé Mikolajczak, este punto hace referencia al etiquetado sostenible, es decir, a la información sobre cuánto de reparable es un producto y su durabilidad. “Aquí nos referimos sobre todo a lo asequibles que sean las piezas de repuesto, que a día de hoy son muy caras, y a la dificultad de reparar el aparato. La unión de ambos puntos hace que al final el cliente casi siempre prefiera comprarse otro que repararlo y eso es algo que hay que cambiar”. Una medida que amplía las iniciativas planteadas por el ecodiseño, a través del cual la UE proponía que se buscaran mejoras en el diseño de los productos para fabricarlos con materiales reciclables y que los componentes pudieran sustituirse con facilidad.

Además, con la aprobación de la resolución del ‘derecho a reparar’ también se abrirá una nueva lucha contra obsolescencia programada de móviles, tables y ordenadores a través del sistema operativo y los programas que incorporan. Según la activista, “el problema principal de la obsolescencia en este tipo de aparatos es del software: aunque se tenga un dispositivo bueno, si los fabricantes no ofrecen la posibilidad de acceder al software mejor, es inútil”, sostiene.

El escepticismo de las organizaciones de consumidores

Aunque se trata de un gran avance, todavía no es suficiente. Eso al menos apuntan tanto Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, como Benito Muros, de la organización Feniss, institución que lucha contra la obsolescencia programada.

Concretamente, Muros cree que es una iniciativa más, como la que se creó en 2019 que obligaba a los fabricantes de algunos electrodomésticos a tener piezas de recambio durante dos años más. “En la práctica eso no ayuda nada, porque el problema es que las reparaciones son tan caras que la mayoría de las personas prefieren comprar uno nuevo”, sostiene.

Rubén Sánchez: “Si yo fabrico un producto electrónico y me doy cuenta de que, en vez de usar piezas de metal, las uso de plástico, la vida media del producto entonces se transformaría de 14 a siete años. Pero, ¿es un abaratamiento de costes?, ¿es un fraude?”

“Además, se trataría de una ley que no obliga, sino que sugiere a las empresas que, a través del ecodiseño, fabriquen de una forma que sea más fácil y barato de reparar”, añade. “El problema es que, si es complicado reparar esos productos y si el cliente no tiene esa voluntad y esa conciencia de repararlos para no generar residuos, no va a servir para nada”.

Unas palabras que también secunda Rubén Sánchez, quien afirma que a día de hoy en España hay un alto porcentaje de consumidores que no repara. Aun así, “está bien que la capacidad regulatoria obligue a los fabricantes a ofrecer piezas hasta unos años después de hacer el producto, de facilitarlas al consumidor final…”. Según su opinión, “la legislación que se salga de la Comisión puede suponer avances, pero no va a significar el fin de la obsolescencia programada, porque sería lo mismo que decir que ha llegado el fin del capitalismo”.

¿Cómo regular la obsolescencia programada?

Rubén Sánchez apunta que los consumidores nos encontramos ante tres tipos de obsolescencias programadas: la psicológica, la fraudulenta y la que es complicada de demostrar. La primera de ellas tiene que ver con el marketing, con que el producto parezca que está obsoleto a los pocos meses. “Eso es algo que no se puede regular, sino que los consumidores tienen que tomar conciencia por ellos mismos”.

En segundo lugar, está la fraudulenta, que es aquella que consiste en meter un elemento para que en determinados usos deje de funcionar. Esto, apunta Sánchez, “ya está recogido por las normas vigentes y es completamente ilegal”. Y pone el ejemplo de una serie de impresoras de HP que tenían un chip que, a ciertas impresiones, hacía que dejaran de funcionar. “Esto es ilegal y esa empresa fue condenada por ese uso. En este caso la dificultad consiste en detectarlo”.

Benito Muros: “Mientras las grandes empresas que practican la obsolescencia invierten miles de millones de euros, la administración pública no invierte ni un euro en demostrarlo”

El último caso es el más complicado de demostrar y el más difícil de regular a nivel legislativo. “¿Cómo se puede asegurar a través de una ley que los productos duren de por vida?”, se pregunta el portavoz de Facua. Y él mismo se responde: “Esto es algo enormemente complicado. Si yo fabrico un producto electrónico y me doy cuenta de que, en vez de usar piezas de metal, las uso de plástico, la vida media del producto entonces se transformaría de 14 a siete años. Pero, ¿es un abaratamiento de costes?, ¿es un fraude?”, se cuestiona.

Benito Muros, ante este último punto, se muestra más firme. Para él sí que se puede demostrar que una compañía está incurriendo en obsolescencia programada. Sostiene que hay muchas formas de demostrarlo, pero que depende del aparato. “Como por ejemplo, en un nivel técnico, poniendo componentes electrónicos de baja durabilidad o con carcasas que guardan el calor dentro de la fuente de alimentación hasta que los componentes se deterioran por la temperatura que genera el aparato”.

La clave en este asunto, la dificultad de demostrar muchas veces que una empresa está haciendo uso de la obsolescencia programada en sus productos es que, “mientras las grandes empresas que practican la obsolescencia invierten miles de millones de euros, la administración pública no invierte ni un euro en demostrarlo”, dice.

Además, apunta que, a través de su organización Feniss, ha mantenido varias reuniones con los ministerios de Consumo y de Transición Ecológica para “proponerles la creación de un observatorio de obsolescencia programada con el fin de crear leyes que la impidan”. Sin embargo, matiza, “en nuestro país no hay más que buenas intenciones”.

La indefensión del consumidor

Los portavoces de las dos organizaciones creen que el consumidor se encuentra indefenso ante esta situación. Rubén Sánchez sostiene que por mucho que se avance, se necesitan medios técnicos y humanos en las administraciones competentes para poder detectar ese tipo de fraudes. “En España este tipo de protocolos son muy escasos. Hace falta un cambio también en la capacidad de actuación de las administraciones. Si no tienen medios ni inspectores, ¿cómo van a localizarlas?”. Y añade: “Además, cuando hemos denunciado este tipo de comportamientos, ni la Fiscalía ni las administraciones de consumo han demostrado que hubiera una práctica sancionable”.

Benito Muros, por su parte, sostiene que en España no hay ninguna ley respecto a la obsolescencia programada. A día de hoy, existen ciertas leyes a nivel europeo que legislan en esta línea, pero no son de obligado cumplimiento. Y añade: “Respecto a la obsolescencia programada, se creó un dictamen en 2013 con el que algunos países van avanzando, como es el caso de Francia e Italia”.

Aun así, sigue empujando desde su organización para intentar cambiar las cosas. En Feniss han creado un sello, conocido como ISOM (Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada), que otorgan a empresas que fabriquen “sin obsolescencia programada, que su coste de reparación no supere en 30% del valor nuevo del proyecto, que se reparen y se creen en el país para disminuir la huella de carbono, que la empresa no tenga una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, y una serie de requisitos para construir una sociedad más justa”, apunta.

Añade también que le han pedido este sello unas 400 empresas de todo el mundo, pero que únicamente se lo han aprobado a menos de una decena. “Cuando les pedimos que nos envíen la información, la mayoría ni nos contestan. Pensaban que era como algunos certificados que se pueden comprar por ahí”.

Y finaliza apuntando que en la sociedad está habiendo cambios positivos. “Cuando empecé con Feniss, allá por el año 2000, debía haber un 1% de concienciación y ahora está en torno al 7%. Soy consciente de que políticos no ayudan y de que las empresas buscan tener los mayores beneficios, dejando de lado los sociales. Pero creo que hay que concienciar desde la política con leyes, aunque sea complicado. El cinturón de seguridad no nos lo pusimos hasta que no hubo multas. Por ello, hacen falta incentivos fiscales, para que las empresas se animen a fabricar de manera sostenible, y concienciación”.