Nicaragua
Teresa Blandón: “En Nicaragua hay un permiso social para ejercer violencia contra las mujeres”

Paramilitares frente a la oficina tomando nota de quién entra y quién sale, policías armados rodeando su la sede cada vez que convocan una concentración, evento o rueda de prensa como este 25 de noviembre, amenazas de muerte y acoso en las redes sociales… Estas son algunas de las situaciones que sufren los diferentes colectivos del movimiento feminista en Nicaragua como La Corriente, una plataforma con sede en Managua, que desde 1994 realiza ciclos de formación feminista, investigaciones y campañas por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.

Aunque el pasado 19 de abril de 2018 supuso un antes y un después en Nicaragua, integrantes del movimiento feminista denuncian que la violencia y el acoso a las organizaciones sociales pro derechos viene de largo, “las feministas llevamos 12 años siendo perseguidas por el régimen de Ortega-Murillo”, explica en esta entrevista Maria Teresa Blandón, directora de La Corriente y una de las voces del feminismo nicaragüense más reconocidas del país, haciendo un repaso de las violencias específicas que actualmente sufren los grupos más vulnerables en una realidad violenta, militarizada y polarizada que vive Nicaragua.

Muchos colectivos están denunciando que existe una persecución continuada a las feministas de Nicaragua. ¿Qué es lo que ocurre?
La persecución es a todo movimiento o colectivo ciudadano que critica al Gobierno. En Nicaragua llevamos sufriendo 12 años una falta de libertad de expresión y un rechazo a la libertad de organización porque se quiere exterminar a cualquiera que tenga una postura crítica respecto de la gestión gubernamental. Lo que pasa es que ahora (tras el 19 de abril) esa hostilidad y represión hacia los movimientos sociales se ha intensificado.

¿A qué tipo de hostilidad y represión te refieres?
Un asedio permanente a las organizaciones de mujeres o defensoras de los derechos humanos. Nueve organizaciones han sido clausuradas ilegalmente desde diciembre del año pasado. Me refiero también al cierre y confiscación de bienes a medios de comunicación, cuando no de la destrucción total de esos medios. Hablo también de la negación de recibir permisos o recursos para realizar labores que antes se hacían, como trabajos en las zonas rurales del país, por ejemplo. E incluso hablo de labores de vigilancia: el Gobierno envía a paramilitares a las comunidades a vigilar y perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos. Muchas de esas personas han sido denunciadas, señaladas, amenazadas y muchas otras se han visto obligadas a exiliarse en países vecinos.

¿Hay amenazas a activistas?
Las hay, y algunas han resistido. Muchas personas reciben amenazas continuas por redes sociales o en sus propios hogares, donde aparecen amenazas firmadas por simpatizantes del partido del Gobierno. Algunas han recibido amenazas directas de paramilitares enviados por estos secretarios. Muchas se han tenido que ir y las que se han quedado han tenido que cambiar su manera de vivir de una manera radical, pasando en muchas ocasiones a vivir de manera clandestina, para poder seguir realizando su trabajo.

Este Gobierno captura la historia de la revolución que hubo en este país en los 80, pero cuando Ortega volvió al gobierno en 2006, se desveló como un Gobierno de derechas

¿Por qué un gobierno, de izquierda, ejerce este tipo de presión sobre organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos?
Lo primero es que no es de izquierda, si por izquierda entendemos una manera determinada de ver la política, el poder y los derechos humanos. El Gobierno del FSLN ahora no es de izquierdas. Sí que es cierto que este Gobierno captura la historia y el relato de la revolución que hubo en este país en los 80, pero cuando Ortega volvió al gobierno, en las elecciones de 2006, se desveló como un Gobierno de derechas. Y pongo al menos cuatro ejemplos significativos. Durante once años su principal alianza fue con el gran capital, este Gobierno promovió una lógica de crecimiento económico depredatorio que ha beneficiado al sector financiero, a las empresas que producen en las zonas francas, a las empresas mineras y transnacionales y que han hecho un daño enorme al medio ambiente y a nuestros derechos. Segundo, este Gobierno se alió con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica para penalizar de manera absoluta el aborto, condenando a la muerte a miles de mujeres pobres negando, de manera rotunda, derechos reproductivos y de educación sexual. Además, mantuvo una política de exclusión en las leyes de las lesbianas, homosexuales o personas trans. Tercero, este Gobierno cerró todos los espacios de participación ciudadana, persiguió a todos los movimientos sociales autónomos y concentró la toma de decisiones en una élite, donde solo colabora el grupo afín al régimen. Y por último, por si queda alguna duda, este Gobierno tiene unos niveles altísimos de corrupción. Ha pervertido el sentido de la democracia electoral y está más que confirmado -incluso por la Organización de Estados Americanos (OEA)- que los últimos comicios electorales fueron procesos “no transparentes”. O sea, que si esto es izquierda, que se revise la izquierda. Si miramos esos datos que he explicado, este Gobierno se parece mucho a los partidos más corruptos de la derecha que conocemos en América Latina u otras regiones del mundo.

Siguiendo con esta deriva del Gobierno que comentas, ¿cómo influyen esos cambios legislativos y discursos cercanos a la Iglesia o a la defensa de la familia tradicional en la sociedad nicaragüense desde una visión de género?
Es terrible. Venimos de una matriz cultural conservadora y ya hay un sexismo rampante en todos los sectores de la sociedad. De hecho es lo que explica que tengamos problemas tan graves como la violencia machista, que cada año se cobra la vida de entre 50 y 70 mujeres o que el abuso sexual se haya convertido en un dato normal en miles de familias nicaragüenses. Esta matriz cultural, sexista y misógina es alimentada por un fundamentalismo religioso cada vez más agresivo en regiones de Centroamérica y aquí, además, potenciada como una acción estatal. El propio Estado se convierte en una herramienta propagandista y potenciador activo de ese conservadurismo. El resultado es que tienes un Gobierno que utiliza lo más atrasado de las ideas religiosas para manipular a la gente, si a eso le sumas el discurso conservador sobre la maternidad para la realización de las mujeres, sobre el papel de las mujeres en la familia, sobre la heterosexualidad como “la forma correcta” de vivir y de tener una vida buena. Si a todo eso le sumamos un populismo para someter a la gente más pobre y, dentro de esa gente, sobre todo a las mujeres... Lo que tenemos en un retraso enorme de derechos humanos y de transformación de las estructuras.

El proceso incipiente de participación de las mujeres a todos los niveles, comunitarios, en los departamentos, a nivel nacional... fue truncado

¿Hablas de retraso respecto a estándares básicos de derechos humanos o a un retraso respecto a un momento anterior en la sociedad nicaragüense?
Yo creo que en los dos sentidos. Se amplió la brecha entre derechos formales y derechos sustantivos. No es que antes estuviéramos de maravilla, pero es claro que hubo un retroceso. Lo que dice nuestra Constitución ya no tiene nada que ver con la realidad que sufren los hombres y mujeres. Además, este retroceso es mucho más grave en lo que se refiere a la autonomía de los cuerpos, como la sexualidad, la reproducción o la violencia como un obstáculo a esa autonomía. Había un proceso incipiente de participación de las mujeres a todos los niveles, comunitarios, en los departamentos, a nivel nacional, que fue truncado.

Y además, en un momento de prácticas y discursos de polarización y violencia, ¿qué violencias de género específicas provocan?
Pues lo que ocurre es que cuando el Estado recurre a acciones principalmente de violencia para mantener un falso orden social, pues todas las violencias se potencian. Porque las violencias de Estado es un lenguaje de poder que se asienta sobre estructuras de violencia. Es decir, hay un permiso social para ejercer violencia contra las mujeres cuando es el Estado el que ejerce esa violencia indiscriminada sobre ellas.

Esto es lo que ha ocurrido en Nicaragua en estos últimos 18 meses con las mujeres, con las niñas y con las personas de diversidad sexual. Somos grupos que ya veníamos enfrentando graves situaciones de violencia, pero que ahora nos tenemos que enfrentar a una violencia desatada sin límites. Por ejemplo, entre enero y agosto de este año 45 mujeres han sido asesinadas con enorme saña, violadas y con unos datos de violencia cruel. Al menos 53 mujeres han sido víctimas de intento de femicidio, que es como le llamamos aquí a este tipo de delitos. Se ha incrementado enormemente la desaparición de niñas adolescentes, hay por lo menos 12 mujeres desaparecidas en lo que va de año. En el marco de las protestas del año pasado y de la represión del régimen Ortega-Murillo varias mujeres fueron abusadas, algunas de ellas incluso víctimas de violaciones masivas. No hay ni una sola investigación en curso, incluso cuando algunas de estas mujeres han denunciado estos hechos desde el anonimato o el exilio. Siempre ocurre así, en todos los conflictos de esta naturaleza, los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de las diversidades sexuales son las que se convierten en carne de cañón.

¿Crees que el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla a conquistar, además de un trofeo?
No sé si en trofeo. Se convierten en una confirmación del poder viril, del poder del macho, de los machos armados y poderosos. A través de los cuerpos de la mujer afianzan su poder dentro de la manada, porque el que más poder provoca, el que más saña, el más seguro, el más insensible puede ser el jefe. Nuestro cuerpo sirve para afianzar ese poder viril. Esto es así siempre, pero en situaciones de conflicto se acrecienta.

Muchas mujeres denuncian también que se ha incrementado la inseguridad por la noche, el acoso callejero, etc.
Es lo que explicaba, ya veníamos asistiendo en Nicaragua un debilitamiento de las estructuras para evitar las violencias hacia las mujeres. En el año 2006 habíamos construido, con muchas dificultades, una ruta institucional para la denuncia a los agresores. Nunca para la reparación, porque el Estado nunca se encargó de la reparación de las víctimas, esa fue una tarea que siempre han asumido las organizaciones feministas. Pero ahora ya no tenemos ni eso. En 2015, durante el régimen Ortega-Murillo, desaparecieron las comisarías de la mujer que se habían creado dentro del a Policía nacional para denunciar este tipo de delitos, dejaron sin recursos a los juzgados especializados en estas violencias y acabaron decidiendo que no hacían falta. Dejaron a la mujer en la indefensión. Ahora en medio de la crisis ya no hay donde ir a poner este tipo de denuncias pero es que además, la propia policía junto a los paramilitares son perpetradores de estas violencias.

En este contexto de represión, ¿qué podéis hacer las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos?
Muchos colectivos y organizaciones se desarticularon porque sus integrantes más visibles se tuvieron que ir y exiliar producto de las amenazas. Esto es un hecho y ha mermado la capacidad de estas organizaciones de realizar el trabajo que venían realizando antes de la crisis. Quienes nos hemos quedado y todavía tenemos nuestras puertas abiertas hemos tenido que reorientar nuestro trabajo y enfocarlo a atender a las víctimas de abusos sexuales en el marco de la represión, entre los que he de decir que también hay hombres. También colaboramos con otras organizaciones víctimas de la represión, como es el caso de las madres de las personas asesinadas por el Estado a través de la policía y los paramilitares. También están las madres de las presas y presos políticos -todavía quedan 134 en las cárceles – pero es que los que han sido descarcelados también están sufriendo asedio y amenazas. Nos hemos tenido que ocupar de las denuncias porque hay mucha gente que no quiere mirar hacia Nicaragua para no tomar posturas contra el relato antiguo de este Gobierno y la revolución.
Y a nivel de las comunidades, tenemos muchas dificultades para trabajar porque las mujeres tienen miedo. Tienen miedo de reunirse con nosotras, miedo de venir a nuestros encuentros, miedo de interponer denuncias, porque conocen la presión de las instituciones públicas. A pesar de ello seguimos trabajando en las comunidades en temas que siguen siendo muy importantes, como prevenir la violencia de género o evitar los embarazos no deseados, que en este país son un tema terrible, el tema de la pobreza o de poder apoyar a las mujeres de menos recursos pasa que puedan sobrevivir. Hemos creado otra forma de organización en red para poder trabajar en una situación como esta. Seguimos haciendo un fuerte trabajo de sensibilización aprovechando los espacios que nos quedan, que cada vez son menos, para poder mantener viva la reflexión y la articulación de dichas propuestas. También estamos trabajando con otras grandes articulaciones como Unidad Nacional Azul y Blanco [alianza ] en la búsqueda de soluciones no violentes y ojalá pronta para la crisis. 

Ortega no es la causa de todos los problemas, aunque sí un obstáculo que hay que remover

¿Y construir una alternativa el medio plazo?
La ventaja que tenemos como movimiento feminista es que venimos de una larga historia y que eso nos permitió rearticularnos de una manera pronta y hacerle frente a un escenario terrible. Nosotras creemos que los desafíos que veníamos construyendo otra vez se verán sometidos a prueba una vez que nos libremos de la dictadura Ortega-Murillo y construyamos un nuevo Gobierno. Somos conscientes que Ortega no es la causa de todos los problemas, aunque sí un obstáculo que hay que remover, y que una vez que tengamos la posibilidad de tener unas elecciones transparentes tendremos que retomar las demandas históricas del feminismo. De hecho, sabemos que muchos de los sectores con los que colaboramos ahora en esta crisis volverán a estar frente a nosotras en ese momento, lo tenemos claro y eso forma parte de una agenda donde quienes tienen un compromiso a largo plazo somos las feministas.

¿Cómo y con quién se construye esa agenda? ¿Hay un caldo de cultivo propicio en Nicaragua para ello?
Las feministas hemos avanzado, incluso durante la crisis, en una diálogo más comprensivo con jóvenes, sobre todo de los colectivos universitarios que han jugado un papel relevante en esta crisis. También con organismos de derechos humanos con los que hemos consolidado una alianza. Incluso con medios de comunicación manejados por hombres y mujeres jóvenes donde creo que estamos acumulando una experiencia valiosa. Habrá que consolidar esa alianza cara ese futuro que nos espera.

Nombrabas que uno de vuestros trabajos era la denuncia a nivel internacional. ¿Qué opinas de la reacción y el papel de la comunidad internacional durante la crisis y ahora?
Creo que habría que diferenciar las respuestas de gobiernos en singular y de espacios multilaterales en particular. En el caso de la OEA hemos pedido aplicar la Carta Democrática —implicaría sacar al régimen Ortega-Murillo de la OEZ reconociendo que lo que hay en Nicaragua es una dictadura— como medida de presión que obligaría al régimen a sentarse, negociar y buscar una salida no violenta. Hasta en cierto momento estábamos esperanzados pero este proceso se fue ralentizando y no se ha avanzado mayor cosa. La respuesta del régimen Ortega-Murillo ha sido considerar esa mediación como injerencista, lesiva y rechazar su validez.

La respuesta de la Unión Europea ha sido bastante pobre. Hubo alguna actitud más beligerante con una resolución e incluso representantes del Parlamento Europeo vinieron a Nicaragua, plantearon la posibilidad de imponer sanciones si el Gobierno de Nicaragua no aceptaba una salida al problema mediante el diálogo. Pero la cosa se fue enfriando, fue una declaración fugaz.

Luego la posición de los gobiernos a modo individual fue muy desigual. El Gobierno español ha mantenido intacto el marco de cooperación con el régimen Ortega-Murillo, lo cual ya te habla claramente de cual es su apuesta política. Sí que ha habido una especial beligerancia entre gobiernos como el de Estados Unidos o el de Canadá, este último el único que ha puesto sanciones individuales al círculo más cercano de poder del régimen Ortega-Murillo, incluida a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo y a jefes de la Policía.

¿Y qué se exige desde el movimiento feminista a esa comunidad internacional? ¿Estáis de acuerdo de las sanciones económicas?
Creo que fue correcto hacerlas de manera gradual y en un primer momento a ese grupo de poder, que ha participado y que tiene responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad. Pero no son suficientes, yo creo que en realidad necesitamos sanciones más contundentes, de carácter político y económico, porque está claro que, por su prepotencia por la corrupción, el régimen Ortega-Murillo está dispuesto a desbaratar a este país y de hundirnos a todos.