Municipalismo
Los ayuntamientos también existen

La actual crisis sanitaria y socioeconómica derivada del covid19 está sacando a relucir  la escasa capacidad económica y material que los ayuntamientos poseen para abordar problemas urgentes como la atención a una creciente población con alto riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo, y derivado de ser la institución más cercana a la ciudadanía, aún sin competencias ni recursos económicos suficientes, estos pasan a ser la primera entidad pública que atiende y da cobertura a las demandas y necesidades vecinales a costa de sus inversiones y prestaciones de servicios.

En la mayoría de los municipios pequeños y medianos, son los ayuntamientos prácticamente la única institución pública que actúa en pro del bienestar de la población. Una realidad que coexiste con la mayor necesidad de actuaciones en favor de la población tras haberse agravado la ya delicada situación económica que poseían las familias, generando que  muchos pueblos y ciudades se vean desbordados ante el difícil escenario en el que nos encontramos.

Hasta ahora, el Gobierno central tan solo ha aportado 300 millones de euros, a distribuir entre todos los municipios del país, para destinarlos a políticas sociales que palíen los efectos del covid19 (sobre 6,5 €/habitante). Aunque al mismo tiempo ha permitido que los Ayuntamientos que poseen superávit (y cumplen con la regla de gasto y otras serie de condiciones de estabilidad) puedan destinar hasta un 20% del mismo para cubrir los gastos adicionales que están teniendo en materia de servicios sociales. Pero, ¿qué ocurre con aquellos ayuntamientos que no poseen superávit o no cumplen con el resto de  requisitos?, ¿acaso esta población no se ve afectada por la crisis sanitaria y socioeconómica?

El Gobierno tan solo ha aportado 300 millones de euros para destinarlos a políticas sociales que palíen los efectos del covid19, 6,5 euros por habitante

Esta realidad, poco solidaria entre administraciones públicas, se da en un contexto en el cual y desde hace más de un mes la Unión Europea (UE) suspendió la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; origen de las normas de estabilidad y germen de la famosa austeridad europea. Es decir, mientras que UE ha levantado a los Estados miembro las limitaciones a la hora de gastar para atajar las consecuencias de la crisis, el Gobierno central se las sigue imponiendo a los municipios. Cuanto menos poco coherente, pareciera que de cara a los gobiernos autonómicos, central o europeo, los ayuntamientos, y por ende su población, no existieran.

No podemos olvidar que en los últimos años esas tristemente famosas normas de estabilidad presupuestaria han provocado recortes, limitado la contratación de personal y priorizado el pago de las deudas bancarias a la satisfacción de las necesidades de la población,  dejando a las entidades locales en una posición de debilidad muy grave. La austeridad que trajo la modificación del artículo 135 de la Constitución hace que hoy los ayuntamientos tengan graves carencias de personal, de recursos con los que hacer frente a la crisis y les ha hecho estar peor preparados para afrontar el complicado panorama ante el que nos encontramos.

Mientras que la UE ha levantado a los Estados miembro las limitaciones a la hora de gastar para atajar las consecuencias de la crisis, el Gobierno central se las sigue imponiendo a los municipios

Como ejemplo, en servicios como el de ayuda a domicilio para la dependencia, servicios que mayoritariamente fueron privatizados, las empresas contratistas no tienen capacidad para afrontar las medidas de seguridad y protección requeridas. En los servicios sociales municipales, la primera trinchera frente a la exclusión social severa, se ha visto multiplicada la demanda de alimentos u otras necesidades básicas como el suministro de energía o agua, provocando serias dificultades a la hora de gestionar y hacer frente al incremento de ayudas sociales que demanda la ciudadanía que peor lo está pasando. El tejido productivo más vulnerable, el de los autónomos y las pymes acuden a sus consistorios en busca de ayudas económicas que le permitan continuar tras la debacle, pero son pocos los ayuntamientos que están poniendo en marcha actuaciones para ayudarlos debido a los limitaciones y carencias que tienen en sus arcas públicas. Unos ayuntamientos que al mismo tiempo que sienten la presión para crear estas medidas de ayuda y fomento económico, están siendo presionados para que reduzcan los impuestos que recaudan y que les permiten conseguir ingresos para poder implementar las citadas medidas ante las escasez de financiación autonómica y estatal.

Si a todo esto le añadimos el aumento del gasto público que están soportando los ayuntamiento por las nuevas y extraordinarias necesidades, como abastecer de equipos de protección a los empleados públicos municipales que prestan servicios mínimos o la desinfección de edificios y vías públicas, a la vez que, disminuyen los ingresos por la suspensión del cobro de tasas e impuestos municipales, así como por el cese de las actividades municipales que permiten aumentar la recaudación como las actividades deportivas o culturales, es probable que esta situación se vuelva insostenible en unas semanas.

Los ayuntamientos existen, son una administración tan pública como las demás e incluso más necesaria que algunas de ellas, por lo que reclamamos que se financien adecuadamente y se atiendan como es debido, como requiere la urgencia y la excepcionalidad de la crisis actual. Para lograr esa financiación correcta y suficiente el Gobierno debe estar a la altura de las circunstancias e impulsar una ambiciosa reforma fiscal, progresiva y solidaria, que haga posible un considerable aumento de los ingresos públicos. Además, será indispensable que se lleve a cabo un cambio en los porcentajes de reparto de los recursos públicos entre administraciones públicas, incrementando el montante que se destina a las entidades locales, como llevan años reclamando multitud de voces municipalistas de todo signo político.

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