Minería
La fiebre por los minerales críticos frente a los espacios naturales: el caso de Gorno

En el bar central del pequeño pueblo montañoso de Gorno, en el norte de Italia, apenas hay gente. Unos pocos motoristas se detienen brevemente, descansando en las mesas de plástico del exterior antes de continuar su viaje por el valle. Es allí donde Angelo Borroni, ingeniero civil y fundador del grupo Orobie Vive, dice mientras señala un lugar en un viejo mapa que ha traído consigo: “Golpea el zinc mientras está caliente”. 

Lo que Borroni señala, mientras pronuncia la versión italiana y modificada para la ocasión del refrán 'a hierro caliente, batir de repente', es el emplazamiento de la explotación minera para la extracción de zinc, plomo y plata para el que ha obtenido permiso la australiana Altamin, empresa que opera en en este territorio a través de sus subcontratistas Alta Zinc y Vedra Metals. “Aquí es donde quieren hacerlo”, comenta pasando el dedo sobre el mapa, “pero hasta ahora, nadie sabe nada”.

La explotación de Gorno es una de los 43 con permisos mineros activos en Italia, según la base de datos Gemma del Instituto Italiano de Protección e Investigación Ambiental (ISPRA) y las confirmaciones de los permisos obtenidos mediante solicitudes regionales de acceso a información pública obtenidas por este periódico. Sin embargo, hay un aspecto concreto que distingue el caso de Gorno de los demás: el proyecto se encuentra dentro de los espacios Natura 2000, el Parque Orobie Bergamasche y Val Nossana.

El 67% de los permisos mineros en Italia se solapan con áreas pertenecientes a la red Natura 2000

Como ya reveló una investigación publicada en El Salto, realizada mediante un análisis geoespacial, en toda Italia el 67% de los permisos mineros se solapan con áreas pertenecientes a la red Natura 2000, y las concesiones para explorar o explotar litio dominan el panorama nacional. 

Si bien estas actividades extractivas en estas áreas no están prohibidas, las directivas europeas en materia de conservación de la naturaleza dictan que sí requieren una autorización especial que certifique que el emplazamiento propuesto es la única y menos dañina alternativa posible. También obligan a evaluar el impacto ecosistémico de dichos proyectos y que se especifique cómo se van a restaurar los daños infligidos a estos espacios naturales protegidos. Pero sobre el terreno, no siempre se respeta la letra pequeña de la reglamentación, especialmente cuando detrás hay importantes intereses económicos y “estratégicos”. 

Borroni se enteró de los permisos concedidos a Vedra y Altazinc mientras rastreaba las inversiones que afectan a las montañas del valle donde vive. Al principio, la mayoría se refería a infraestructuras de esquí pero, desde la aprobación en 2024 del Reglamento europeo de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés), el interés por las minas históricas de la región ha resurgido. Como resultado, nuevos nombres de empresas comenzaron a aparecer en pequeños pueblos casi desiertos.

“No se trata de estar a favor o en contra de la minería, sino de tener derecho a discutirlo y decidir qué tipo de inversión queremos en nuestro territorio”, indica Borroni

Es el caso de Gorno, históricamente una importante zona minera. En la actualidad, con el objetivo de reducir la actual dependencia europea de otros países en la importación de determinados minerales, ha recuperado su importancia para la extracción de zinc, plomo y plata, minerales que se utilizan en el proceso de galvanización para evitar la oxidación del acero, así como en baterías y tecnologías de energía renovable.

“Decidimos fundar Orobie Vive para crear un espacio de debate sobre qué tipo de entorno queremos”, explica Borroni. “No se trata de estar a favor o en contra de la minería, sino de tener derecho a discutirlo y decidir qué tipo de inversión queremos en nuestro territorio. Y ahora mismo, no tenemos eso”, lamenta. Al respecto, hace un año organizaron un evento titulado ¿Qué tipo de montaña quieres?, cuya idea central se basaba en que la geografía de un lugar debe definirse por las comunidades que lo habitan y sus necesidades.

Italia lanza un programa nacional de exploración minera

El permiso de Gorno es solo uno de muchos en Italia que se han acelerado gracias al Reglamento de Materias Primas Críticas y al actual Programa Nacional de Exploración Minera (PNE). El PNE, presentado en julio de 2025 y elaborado por el Instituto para la Protección e Investigación del Medio Ambiente (ISPRA), en nombre tanto del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética (MASE) como del Ministerio de Empresa y Hecho en Italia (MIMIT), busca cartografiar los recursos minerales estratégicos del territorio italiano con el objetivo principal de reducir la dependencia del país respecto a las importaciones de materias primas críticas. La primera fase, financiada con 3,5 millones de euros, servirá para determinar nuevas exploraciones mineras.

Dado que el proyecto de Gorno se sitúa dentro del Parque Regional de las Orobie Bergamascas y Val Nossana, zonas ambas dentro de la Red Natura 2000, requiere una evaluación especial de incidencia ambiental que demuestre que no perjudicará (o garantizará la posterior reparación de) la biodiversidad, conforme a la ley italiana. Este procedimiento evalúa si un proyecto puede afectar de manera significativa a los hábitats y especies protegidos de un espacio Natura 2000 y determina si puede llevarse a cabo y en qué condiciones.

No es la primera vez que Altamin solicita un permiso en la zona. En 2022, el Ministerio de Transición Ecológica, junto con el Ministerio de Cultura, emitió formalmente un dictamen negativo de compatibilidad medioambiental, al considerar que el proyecto era demasiado arriesgado para el medio ambiente debido a la posible contaminación de las aguas subterráneas y al enorme impacto en las zonas naturales protegidas. A pesar de la primera denegación del permiso, en febrero de 2025 se presentó una nueva solicitud, que ahora vuelve a estar a la espera del dictamen del Ministerio de Cultura. 

Los actores locales, excluidos de las evaluaciones 

En el valle, Orobie Vive no es el único actor que se siente excluido cuando las empresas mineras muestran interés. La falta de participación afecta incluso a los organismos responsables del control. Uno de los más relevantes es Uniacque Spa, la empresa pública que gestiona el suministro de agua de toda la provincia de Bérgamo, donde tendría lugar la minería. 

“Nos enteramos de las actividades de Vedra casi por casualidad”, comenta Pierangelo Bertocchi, director general de Uniacque. “Por desgracia, o tal vez por suerte, pero más bien por desgracia para nosotros, no participamos activamente en el proceso de autorización. Y eso es muy frustrante”. En la sala donde reciben a los visitantes cuelga un gran mapa de los cuerpos de agua de la región. “Mira allí”, dice, señalando el área en cuestión. “El territorio de la provincia de Bérgamo se divide casi por igual: un 50% de llanuras y un 50% de montañas. En las zonas montañosas tenemos unas 900 fuentes, y dos de las más importantes, Nossana y Costone, están justo debajo de la zona minera de Gorno. Juntas suministran cerca del 40% del agua de la provincia”.

“Tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad del agua pública, y eso implica expresar nuestras preocupaciones sobre los manantiales”, señala Bertocchi

Los estudios ambientales presentados por la consultora Hattusas describen los impactos como mitigables. Además de la seguridad hídrica, también preocupa la logística: cómo se transportarán y eliminarán los residuos mineros en una zona montañosa. Los ingenieros aseguran que los sondeos no serán invasivos, incluso ante las observaciones de Uniacque, a las que la empresa respondió: “Vedra desea especificar que ha aplicado las medidas de mitigación y compensación autorizadas. Para reducir el flujo de sedimentos en los cursos de agua, se han creado franjas de vegetación ribereña que ayudan a mantener la claridad del agua y protegen los hábitats acuáticos”.

Pero lo que no convence a Uniacque es la falta de transparencia y comunicación. “Vedra pidió una reunión y se presentó, como siempre, con el discurso habitual: ‘Colaboremos, trabajemos juntos’ —continúa Bertocchi—. No estamos ni a favor ni en contra de la actividad, son una entidad externa. Pero tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad del agua pública, y eso implica expresar nuestras preocupaciones sobre los manantiales”. ¿Qué pasaría si algo saliera mal? ¿Dónde encontraría la región fuentes alternativas de agua? Son preguntas a las que la comunidad aún no ha obtenido respuesta. 

A día de hoy, el calendario del proyecto es incierto. “Llevan investigando aquí desde hace al menos tres o cuatro años”, señala. “Hasta donde sabemos, están en fase de autorización ambiental ante el Ministerio, pero desconocemos los detalles y tenemos que buscar la información por nuestra cuenta. Y eso es lo que más nos frustra”.

“La extracción debe ser regulada y transparente, o la transición ‘verde’ de Europa corre el riesgo de reproducir las mismas injusticias extractivas que denuncia en el extranjero”, advierte Elena Paudice

Otra señal de alerta es la falta de información previa sobre lo que ocurría en el valle, algo que vulnera el Convenio de Aarhus, que garantiza el derecho de toda persona a acceder a información ambiental. Una evaluación similar, en el contexto italiano, la ofrece el geógrafo Alberto Valz Griz, de la Universidad Politécnica de Turín: “La conciencia pública es casi nula, incluso en las regiones afectadas; síntoma claro de marginación política”. En este escenario, la posibilidad de oponerse a estos proyectos queda en manos de la sociedad civil, donde solo unos pocos grupos tienen capacidad real de actuar. 

La misma falta de participación la menciona Yvan Caccia, expresidente del Parque de las Orobie. “Fuimos consultados indirectamente como parte del proceso de autorización de unas excavaciones exploratorias”, explica. “Creo que antes de presentar la solicitud burocrática, habría llamado a las autoridades locales, explicado el proyecto completo y pedido orientación, consejos o cualquier otra aportación útil. Que yo sepa, eso nunca se hizo. Por eso, en mi opinión, todo el procedimiento, como la cuestión misma de la mina y la eventual excavación, se gestionó de manera muy superficial”. Preguntadas por estas limitaciones, tanto Vedra como Altamin declinaron hacer comentarios.

Las evaluaciones de riesgos, ignoradas

Otro aspecto a tener en cuenta son los efectos sobre la calidad del aire, especialmente por la posible presencia de elementos tóxicos como el arsénico. Los estudios independientes de la investigadora Giovanna Antonella Dino, una de las pocas expertas no financiadas por la empresa, concluyen que la movilización de contaminantes en los residuos mineros puede afectar al agua y al suelo a corto y medio plazo, y que el polvo generado durante las exploraciones —ya observado en el lugar— puede tener impactos sobre la salud humana. 

Los riesgos se relacionan especialmente con el arsénico, un elemento cancerígeno con alto índice de peligrosidad si no se aplican medidas de mitigación. Según sus resultados, los residuos y suelos de la antigua mina de Gorno ya contienen concentraciones de elementos potencialmente tóxicos que superan los límites permitidos para uso residencial.

A la luz de estos datos, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de nuevas actividades mineras en áreas Natura 2000 y sobre los riesgos para el agua y el aire. “La extracción debe ser regulada y transparente, o la transición ‘verde’ de Europa corre el riesgo de reproducir las mismas injusticias extractivas que denuncia en el extranjero”, advierte la experta en gobernanza ambiental Elena Paudice. 

Ante posibles conflictos, la Unión Europea ha declarado que son los Estados miembro quienes deben garantizar la correcta y rápida aplicación de la legislación europea. La Comisión ofrece directrices generales, pero evita asumir responsabilidades directas de control o cumplimiento, transfiriendo, en la práctica, la carga a las autoridades nacionales. Para lugares como Gorno, esto significa que la supervisión sigue siendo limitada: la de un territorio considerado marginal frente a los grandes objetivos europeos.