Migración
Un contrato racista

Estupefacción. Dolor y rabia. Relecturas buscando un resquicio. Llamadas de teléfono y mensajes de voz. La incredulidad dio paso a una decepción sin precedentes. No podía ser, pero ha sido. El texto pactado tras las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y la confluencia de partidos de izquierda que integra Sumar, ha vuelto a excluir a las personas migrantes, desoyendo los reclamos que justifican la urgencia indiscutible de una regularización.

Era la mañana de un sábado de enero en Barcelona. En los exteriores de L’Auditori se agolpaba la gente. La cola de entusiastas serpenteaba bajo el tenue sol invernal. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de trabajo, Yolanda Díaz, estaba a pocos minutos de presentar a la concurrencia su proyecto político. Para algunas, era una jornada de esperanza. Para otras, se trataba de un forzado intento de rescatar la ilusión perdida entre el electorado progresista. Para el Movimiento Regularización Ya representaba la ocasión de trasladar, en tanto que candidata a presidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, la demanda de una regularización extraordinaria de personas migrantes, de acuerdo al contenido que acoge el texto de la Iniciativa Legislativa Popular del mismo nombre. Como aspirante a la Moncloa, la petición se encuadraba dentro de la deficitaria gestión que los gobiernos precedentes realizaran en la materia, ya que la última regularización extraordinaria data de hace 18 años; pero también, siguiendo su invitación a un diálogo social y público, a esa propuesta de Sumar donde parecía que todas las voces eran bienvenidas. Como responsable de la cartera de Trabajo, se apelaba a su responsabilidad hacia las trabajadoras y trabajadores migrantes que viven y trabajan en el Estado español en situación administrativa irregular. Por tanto, tras la decepcionante inacción de Unidas Podemos, Díaz parecía la interlocutora apropiada para recoger de primera mano una demanda cuya andadura recayó sobre las espaldas de 14.000 voluntarios y 900 organizaciones formadas por personas migrantes autoorganizadas, quienes durante meses recogieron más de 700.000 firmas a pie de calle sin ningún apoyo institucional.

Mediado el acto, ante del auditorio expectante y las cámaras, Yolanda Díaz adquirió públicamente el compromiso de apoyar la ILP Regularización Ya. “Acabo de estar reunida con las personas defienden la ILP para la regularización de las personas migrantes (aplausos). Sé, mejor que nadie, por derechos humanos, que estas personas tienen que ser regularizadas ya (aplausos). Y sé también, porque soy ministra de Trabajo, que necesitamos que esas personas sean regularizadas ya. En primer lugar porque son seres humanos y tienen derecho a vivir con nosotras (aplausos), y tienen derecho a que se vean cumplidos sus servicios públicos en nuestros país (aplausos). Y os digo que esa ILP es ya una ILP de Sumar. Vamos a sumar para regularizar los derechos de las personas migrantes (más aplausos). Claro que lo vamos a hacer", aseguraba.

Vino el llamado al voto responsable, casi convertido en un quimérico chantaje en lo que refiere a la vida de las personas migrantes, porque Marlaska no tuvo que dimitir

Además, Yolanda Díaz no estaba sola. Al margen del mandato intrínseco que debería contener para cualquier representante política la voluntad de más 700.000 firmantes, la ILP Regularización Ya contaba entonces con un elevado número de mociones de apoyo, que hoy suman 83. Los colectivos de personas racializadas y migrantes que la impulsaban habían dedicado esfuerzos ingentes para acercar a la clase política una labor que debería haber surgido de su voluntad legislativa. El proceso de la ILP siguió su curso, y en el mes de mayo, realizaban la exposición de motivos en el Congreso, el trámite parlamentario previo a su consideración final.

Después vino el adelanto electoral, y con él las vergonzosas tensiones internas por los nombres y las listas, donde la batalla por las prioridades sociales a veces parecía una cuestión secundaria. Vino el llamado al voto responsable, casi convertido en un quimérico chantaje en lo que refiere a la vida de las personas migrantes, porque Marlaska no tuvo que dimitir y los CIE han seguido abiertos, porque las deportaciones y las devoluciones ilegales en la frontera no se frenaron, porque la irregularidad administrativa que pesaba y pesa sobre más de medio millón de personas tampoco tuvo respuesta con el gobierno más progresista de la historia.

“Conceden asilo y regularizan a 140 mil personas refugiadas ucranianas en 3 meses, pero se dejan morir, se asesinan, a decenas de miles de personas africanas refugiadas”

Pero ahora estamos aquí, el temido lobo de la derecha no ganó las elecciones. En su lugar, una confluencia de partidos de izquierda parece dispuesto a regir la Moncloa durante los próximos cuatro años. Pero el trabajo de incidencia política de Regularización Ya jamás se detuvo. En todo este tiempo entre la convocatoria electoral y el día de ayer, hubo reuniones, acercamientos, propuestas y negociaciones. Y de esa incidencia política salieron promesas, compromisos y palabras. Palabras que han sido traicionadas en un gesto flagrante de cobardía política. En palabras de Soda Niasse, integrante de Somos Red, Mujer Afro y Regularización Ya en Canarias: “El acuerdo de gobierno PSOE-Sumar es una continuación del racismo institucional que prevalece en España y que fundamenta todas las necropolíticas migratorias. Conceden asilo y regularizan a 140 mil personas refugiadas ucranianas en 3 meses, pero se dejan morir, se asesinan, a decenas de miles de personas africanas refugiadas. Y las supervivientes luchan durante años para conseguir sus derechos”.

Entre los colectivos y personas que apoyan la regularización y que, sobre todo, esperaban altura política de Yolanda Díaz y el resto de figuras implicadas en Sumar desde la izquierda, las reacciones al acuerdo de investidura con el PSOE fueron en la misma dirección. “Han sido capaces de defender la amnistía, el referéndum, el plurilingüismo y la jornada de 35 horas, pero han tenido miedo de incluir una palabra sobre derechos de la migración. Cuando hablan de derechos para todas, lo hacen desde el privilegio blanco europeo”, apuntaba Victoria Columba, miembro de Regularización Ya en Catalunya. En esta línea, según detallaba en redes sociales la Fundación PorCausa1, ambos partidos se muestran favorables al Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo, “un pacto que aspira a más deportaciones, más dinero para dictaduras que reprimen a quienes migran, más cárcel para los supervivientes que lleguen a Europa”. A lo que añadían la dejación sobre las condiciones de vida de los 147.000 niñas y niños que “crecen con el lastre de estar en situación irregular”. En resumen, un convenio que marca una línea sangrante entre quienes tienen y quienes no tienen derecho a vivir. Que pone en jaque la categoría de lo humano, negada en función de la raza o la religión.    

Por su parte, el Frente Polisario denunciaba en un comunicado la exclusión de la cuestión del Sáhara Occidental en dicho programa, otro gesto que desnuda la trastienda de la izquierda parlamentaria española, otra decisión tomada por el PSOE y Sumar que ratifica el acervo colonialista y racista que subyace en su forma de hacer política. Lo mismo que denota la tibieza de las posturas sobre la masacre que Israel comete contra el pueblo y en los territorios ocupados de Palestina.

Racista es un pacto que pasa de puntillas sobre la Ley Mordaza, que trata el racismo como un tema menor a solventar con una ley al gusto de Europa

Racista es un pacto que pasa de puntillas sobre la Ley Mordaza, que trata el racismo como un tema menor a solventar con una ley al gusto de Europa. Racista es un acuerdo que anuncia a bombo y platillo el intento de reducción de jornada cuando el campo y los cuidados se sostienen sobre trabajadoras y trabajadores migrantes sin un solo derecho básico. Con los votos en el bolsillo, Sánchez y Díaz se disponen a gobernar para y por los más privilegiados de sus votantes, y a ver si arañan algún escaño al PP. Lo peor es comprobar la cobardía política que les lleva a traicionar sus propios compromisos para no molestar a ese electorado. Reducir la jornada laboral, generar un parque de viviendas asequibles o frenar la depauperación de la sanidad pública es algo que debían haber hecho hace tiempo, pero que sabemos difícil bajo el paradigma neoliberal, que urde sus tramas entre los poderes financieros y los gobiernos. Lo único que estaba y está completamente en su mano, lo único que no depende de ningún dictamen europeo ni de los poderes financieros que no les dejan ser tan de izquierdas, es solventar la irregularidad administrativa de las personas migrantes. El pacto de gobierno de PSOE y Sumar será un contrato racista hasta que incluya la regularización.