Migración
Tarajal: los muertos sin nombre, sin rostro, sin retorno

Feric Fotio repite incesantemente la palabra ‘justicia’. “Justice. Justice. Justice”. A pesar de su inglés con marcado acento francés, pronuncia con cuidado y claridad esas sílabas por las que lleva ocho años embarcado en una lucha constante por la justicia para las víctimas del Tarajal.

El 6 de febrero de 2014, más de 200 personas migrantes trataron de cruzar a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta. Alrededor de 90 alcanzaron la playa del Tarajal, el espigón junto al paso fronterizo. Mientras trataban de pisar tierra firme, la Guardia Civil los recibió entre disparos de pelotas de goma y botes de humo. Un total de 23 personas fueron devueltas de forma inmediata a las autoridades marroquíes, sin acceso a ningún procedimiento judicial. Otras catorce murieron ahogadas y al menos una persona desapareció en las profundidades del mar. El hermano de Feric, Larios Fotio, fue uno de los quince jóvenes que fallecieron aquella noche.

Para el portavoz de la Asociación de Familias Víctimas del Tarajal, hacer justicia significaría “entregar a las familias los restos de sus hijos fallecidos y permitirles saber qué pasó esa noche. “Hasta ahora solo nos han dicho que nuestros hijos murieron, pero no sabemos qué les pasó ni en qué condiciones fallecieron”, relata a través de una videollamada de Whatsapp, desde su casa en Duala (Camerún). Quieren recuperar a sus seres queridos, pero no pueden hacerlo porque las leyes españolas les dificultan la repatriación de sus cadáveres.

“Solo queremos conseguir que los cuerpos regresen a sus lugares de origen y poder hacer una ceremonia en su memoria. Justicia es saber que el cuerpo de mi hermano descansa en la tierra de nuestra mére patrie”, reitera. Su única reivindicación es enterrar el cadáver de Larios en un lugar donde su madre pueda velar la muerte de su hijo.

“Solo queremos conseguir que los cuerpos regresen a sus lugares de origen y poder hacer una ceremonia en su memoria. Justicia es saber que el cuerpo de mi hermano descansa en la tierra de nuestra mére patrie”

La integrante del colectivo Caminando Fronteras, Montse Sánchez, destaca que las familias que han perdido a sus seres queridos en el proceso migratorio “van buscando verdad, justicia y reparación”. Ansían saber qué pasó realmente con sus seres queridos y reconstruir el relato de su fallecimiento o desaparición; dignificar la muerte de sus jóvenes; poder recoger los cuerpos y enterrarlos en su hogar.

En 2021, 4.404 personas murieron o desaparecieron en su trayecto migratorio a España, según el monitoreo del derecho a la vida realizado por Caminando Fronteras. El número de víctimas aumentó un 102,95% con respecto a los datos obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Sánchez advierte de que “a pesar de los números, siempre hay muchas más víctimas. Nosotros siempre decimos que son cifras incompletas. Cuando los naufragios son visibles es cuando rescatan los cadáveres. Sin embargo, no se cuentan muchas de las pateras que están desaparecidas”.

Los migrantes conocen los riesgos de emprender un viaje hacia la frontera sur española. No son ajenos a que, desde el momento en que abandonan su hogar, se jugarán su futuro a cara o cruz. ‘Barça wala Barsaax’; Barcelona o la otra vida. Los jóvenes africanos repiten con ahínco este dicho en wólof. No esconden su decisión: o llegan a España o están dispuestos a morir en el camino.

El duelo de las madres sin tumba

Apenas 24 horas después de su muerte, el cadáver de Larios Fotio fue enterrado en el cementerio de Ceuta. Feric no viajó a España para confirmar la identidad de su hermano. Durante varios años, desconoció dónde se encontraba su cuerpo. A la tumba de Larios se le asignó un número y sus restos fueron enterrados desde una “perspectiva blanca y europea”, censura Montse Sánchez. Las familias nunca son preguntadas sobre la religión de los fallecidos y los ritos deseados a la hora del entierro.

A día de hoy, Feric todavía no ha visto el cuerpo de su hermano. Únicamente sabe que sus restos reposan en el cementerio ceutí junto con los cadáveres de otros cuatro jóvenes fallecidos el mismo día. Otros fueron inhumados en Marruecos. Pero, como Feric, ninguna de las familias de los quince muertos en la tragedia del Tarajal ha podido ver el cadáver de sus seres queridos.

Caminando Fronteras ayudó a ocho de las quince familias a intentar conseguir un visado para viajar a España a identificar a sus hijos o hermanos, “para ver sus tumbas al menos”, recuerda Montse Sánchez. Sin embargo, el Gobierno español les denegó el permiso. “No hay ninguna voluntad política de dar un tratamiento digno a los cadáveres de personas que han fallecido y a sus familiares. No se les conceden los visados porque se piensa que van a quedarse en España”, señala.

Sin un cuerpo que velar, muchas familias no creen que sus hijos o hermanos hayan muerto. “Les explicas que es posible que su familiar fuera en esta patera, pero la embarcación ha desaparecido”, apunta Sánchez. En psicología, este duelo inacabado se denomina ‘pérdida ambigua’. En palabras del presidente de la Federación Unión Africana de València, Papa Balla Ndong, los familiares conservan “el pensamiento de que su hijo no está muerto y un día le van a volver a ver, una esperanza que marca psicológicamente a las familias”.

El luto se complica todavía más cuando no existen supervivientes de un naufragio. No encuentran a ninguna persona capaz de reconfigurar un relato. “Cuando se los traga el mar, desaparecen y viene la nada más absoluta. No sabemos si se rompió el motor, si una ola gigante volcó la patera, si se quedaron sin gasolina y a la deriva”, lamenta la integrante de Caminando Fronteras.

“El no saber es muchísimo peor que el saber”, añade la presidenta del Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CI¬PIMD), Maria Ángeles Colsa. El mar no siempre devuelve los cuerpos. Los cadáveres quedan sepultados bajo una gran fosa común teñida de color azul. Asfixiados por la falsa esperanza de hallar con vida a sus hijos o hermanos, el duelo de los familiares ni siquiera comienza.

Desatención de una ley “racista”

Para Carlos Arce, miembro del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), “cualquier política pública que tuviera como daños colaterales más de 10.000 personas muertas o desaparecidas, como mínimo, sería un escándalo y desencadenaría una batalla política impresionante”. Sin embargo, continúa, “la ausencia total de mención respecto a las personas migrantes muertas o desaparecidas en su trayecto migratorio es una muestra del racismo imperante en la Ley de Extranjería”.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido por la ONU en 2018 y firmado por 164 países, entre los que se encuentra España, establece que los Estados se comprometen a “hacer todo lo posible (…) para recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias, establecer cauces para la coordinación transnacional y designar puntos de contacto para que las familias que busquen a migrantes desaparecidos puedan mantenerse al corriente del estado de la búsqueda”.

Sin embargo, en el Estado español no existen protocolos policiales y forenses ni recursos públicos o normas específicas para que las familias de las personas migrantes desaparecidas puedan buscarlas o que los cadáveres encontrados puedan ser identificados.

En este sentido, Arce, doctor en Derecho de la Universidad de Córdoba, apunta que “lo más cercano sería la aplicación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples”. Pero advierte de que esta normativa supondría un “parche”, pues “está diseñada para un accidente de avión o un atentado grave, y no para la realidad de que la inmensa mayoría de los familiares de las víctimas no estén en el terreno, no sean españoles y tengan las características específicas de los familiares de una persona que migra por vía irregular”. Reivindica que al menos debería existir un punto de información permanente, con personal especializado en la desaparición y la búsqueda de cadáveres sin identificar en el contexto de la frontera sur española, que coordinara a administraciones, colectivos de la sociedad y familias de los migrantes muertos o desaparecidos.

Ante la recomendación del Defensor del Pueblo de ubicar un puesto de estas características en relación con las muertes y desapariciones en la ruta canaria, el Gobierno respondió que “no existía ninguna obligación internacional de disponer” de este punto de información.

La generalización a nivel internacional del uso de plataformas como Twitter o Facebook permite a las familias avisar de la desaparición de sus seres queridos a las diversas asociaciones dedicadas a la búsqueda e identificación de personas migrantes

La falta de un mecanismo efectivo que atienda las demandas de las familias de las personas migrantes muertas o desaparecidas ha convertido a las redes sociales en una herramienta muy útil. La generalización a nivel internacional del uso de plataformas como Twitter o Facebook permite a las familias avisar de la desaparición de sus seres queridos a las diversas asociaciones dedicadas a la búsqueda e identificación de personas migrantes.

Feric Fotio rememora como un vecino le contó que había escuchado que su hermano había muerto mientras intentaba cruzar por mar hasta España. “Yo no le creí. Hay mucha gente que desde Marruecos llama a la familia para decirles su hijo está en una mala situación y que necesita dinero. Pero es mentira”, expone.

En los siguientes días, Feric escuchó a otros vecinos hablar sobre una tragedia acontecida en la frontera de Marruecos y Ceuta. “El día que confirmé que la muerte de mi hermano era verdad fue cuando entré en su cuenta de Facebook y vi los comentarios en el muro”, afirma. Entre los mensajes de los amigos de Larios se sucedían numerosos ‘RIP’ o ‘Brother, tu vas nous manquer’.

Malas noticias en forma de ADN

La directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, María José Meilán, resalta que el procedimiento de reconocimiento está “estandarizado y es el mismo sea un cadáver de un emigrante rescatado del mar que cualquier otro cadáver. Lo primero que hacemos es saber si el cuerpo con el que vamos a trabajar está identificado o no”. Posteriormente, se lleva a cabo un protocolo específico en función de “si es una muerte reciente y el cuerpo es reconocible o si el cadáver está en estado de putrefacción”. Además, se recogen los datos antropométricos e identificativos, como fotografías de la ropa, objetos personales o marcas distintivas en el cuerpo, y se realiza una ficha dental.

En este sentido, la fundadora del CIPIMD, María Ángeles Colsa, cuenta que en una ocasión identificaron a un joven por la ropa interior que sobrepasaba el pantalón. “La madre lo reconoció por los calzoncillos, un poquito particulares, que le había comprado el mismo día que se subió en la patera”, ejemplifica.

El último paso del proceso identificativo consiste en la recogida de una muestra de ADN del cuerpo y, en el caso de que se localicen, de sus familiares más directos. Si no es posible identificar a la persona, el cadáver se entierra, los datos se almacenan en un archivo y las muestras de ADN se conservan ultracongeladas.

Aunque Meilán asegura que, una vez que llega la muestra de ADN de los familiares, el cotejo de los datos se realiza en apenas tres o cuatro días, Colsa denuncia que en ocasiones las familias deben esperar seis meses “antes de confirmar lo que ya sabían, conseguir que se repatríe el cuerpo y poder realizar realmente el duelo de esa pérdida”.

La necrofrontera

Ocho años después, lo ocurrido en la playa del Tarajal ha sido enmudecido, ocultado y olvidado. Mientras tanto, los cuerpos de Ibrahim Keita, Armand Debordo, Dauda Dakole, Jeannot Flame, Joseph Blaise, Larios Fotio, Nane Roger Chimi, Ouman Ken¬zo, Oumar Ben, Samba Baye, Yves Martin y Youssouf, y otros tres jóvenes sin identificar, continúan enterrados en un lugar alejado del país donde nacieron.

La frontera sur española se ha convertido en “un no-lugar, un espacio de no-derecho”, describe Montse Sánchez de Caminando Fronteras, quien se refiere a este límite como necrofrontera. “No solo es un espacio de tránsito no apto para la vida, sino que hablamos de que la gente realmente muere en estos lugares por decisiones de determinados líderes políticos”, denuncia.

Para el periodista experto en migraciones, Agus Morales, esta frontera ha experimentado una “resignificación” como consecuencia del paso del tiempo, los acontecimientos políticos e históricos y las crisis diplomáticas. Argumenta que “se está transformando el significado de estos lugares en relación con las migraciones y, sobre todo, con cómo la forma en que los Estados ven las migraciones produce la muerte de tanta gente en la frontera”.

Ante la opacidad y la falta de voluntad política, el patrón de la ‘Sal¬vamar Pollux’ de Salvamento Marítimo en València, Ismael Furió, advierte de que “prácticamente el 90% de lo que ocurre en el océano o el mar desaparece. Los cadáveres recogidos no serán ni el 1% del total porque la frontera sur española se ha convertido en un matadero”.

En este sentido, el periodista Agus Morales reivindica que, aunque la situación en la frontera sur española no “es una guerra en el sentido clásico, sí que tiene números de guerra. Hay que ser conscientes de que, porque algo no se llame guerra, no tiene por qué ser menos doloroso que una guerra. Hemos normalizado estas muertes y nos hemos insensibilizado de forma absoluta”, lamenta.

Políticas que matan

En el mar, “no hay necesidad de levantar un muro como entre Estados Unidos y México”, explica Morales. La frontera sur española se ha convertido en un espacio altamente tecnificado, “donde las actuaciones no están pensadas para proteger a las personas que llegan, sino que son parte explícita de la Europa fortaleza”.

La eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta de The Left en el Parlamento Europeo, Sira Rego, critica que la Unión Europea “plantea la política migratoria como si de la defensa ante un ataque se tratase. El constante empeño en reforzar las fronteras externas intentando evitar que gente que huye de la miseria y la guerra llegue a nuestro continente es una política racista que muestra a las personas migrantes como un enemigo”, denuncia.

El secretario de organización del Sector Mar y Puertos de CGT, Ismael Furió, señala que “antes Salvamento Marítimo era el gestor de los rescates en el mar”. Pero, como consecuencia de esta militarización fronteriza, en 2018 se instauró un mando único operativo de la Guardia Civil para “coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular”. Este cambio, sumado a la reducción del número de trabajadores a bordo de cada embarcación, ha provocado que la gestión del tiempo de auxilio se multiplique “por mil”.

“En ocasiones nos han obligado a rescatar, pero después nos han prohibido desembarcar. En nuestras embarcaciones ha habido hacinadas más de cien personas, sirviendo únicamente arroz y pasta, durmiendo al raso. Incluso repartíamos bolsas de basura para que pudieran orinar y defecar”, describe Furió, que trabajó en Canarias durante la crisis de los cayucos en 2006.

La punta angular del control migratorio de la Unión Europea tiene nombre y apellidos: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Esta entidad ejerce de policía antimigratoria dentro y fuera de las fronteras europeas, al convertirse en el primer cuerpo uniformado de la UE tras el reclutamiento de 10.000 agentes armados.

“Toda la gestión de las migraciones y el control de fronteras en la UE España, está basada en una perspectiva policial y de seguridad. Se trata de intentar que no salgan. Si salen que no lleguen. Y si llegan, que se les expulse lo más rápidamente posible”

La eurodiputada Rego, integrante del grupo de trabajo que investiga a Frontex ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y devoluciones irregulares en el mar Egeo, señala que es “una agencia que cada vez se parece más a un servicio de inteligencia y tras la que se esconde esa política europea que trata a las personas migrantes como a mercancía, en lugar de como a seres humanos”.

“La gestión migratoria de Frontex es la misma que la de residuos sólidos urbanos”, completa Furió, que remarca que agentes de Frontex contabilizan el número de personas rescatadas y ofrecen “un porrón de millones” por cada desembarco. Asevera que “en meses o años”, la intervención de Salvamento Marítimo, único cuerpo de rescate civil público de Europa, en el auxilio de personas migrantes será sustituida por completo por la Guardia Civil del Mar, gestionada a través de Frontex.

En este sentido, Carlos Arce afirma que “toda la gestión de las migraciones y el control de fronteras en la UE España, está basada en una perspectiva policial y de seguridad. Se trata de intentar que no salgan. Si salen que no lleguen. Y si llegan, que se les expulse lo más rápidamente posible. Es una lógica que impide que existan vías de acceso legales y seguras al territorio y genera violaciones de derechos humanos”.

El negocio de la muerte

El presidente de la Federación Unión Africana de València, Papa Balla Ndong, cuenta que cuando una persona cruza la frontera sur española “arriesgando su vida” puede haber dedicado alrededor de cuatro años para reunir 2.000, 4.000 o incluso 6.000 euros. “Ese dinero es la contribución de toda una familia, porque es habitual que vendan sus propiedades”, comenta. Por eso, si una persona muere o desaparece en su trayecto migratorio, la familia “no solamente pierde a un hijo, sino que con él se va una gran parte de la riqueza familiar”.

En su viaje hacia España, Larios Fotio llamó a su hermano en una ocasión para pedirle dinero. “Estaba en Algeria y no podía continuar el trayecto”, rememora Feric. Le envió 100 dólares y Larios consiguió cruzar la frontera entre Marruecos y Algeria.

La integrante de Caminando Fronteras, Montse Sánchez, denuncia que la necrofrontera es un espacio dominado por el necrocapitalismo: “Hay empresas armamentísticas muy potentes que están ganando mucho dinero con todo el negocio de guerra y muerte. El capitalismo gana y las personas pierden y mueren”.

Según dos informes sobre la Industria del Control Migratorio publicados por la Fundación porCausa en 2020, “entre 2014 y 2019, España gastó, como mínimo, 600 millones de euros en gestión migratoria a través de al menos 1.667 contratos públicos adjudicados a 819 empresas”. Diez multinacionales se embolsaron el 65% del dinero destinado a “frenar” la migración irregular.

Este estudio denuncia que el marco presupuestario de la Unión Europea para el mismo periodo determinó destinar 533 millones de euros a Frontex. No obstante, finalmente, este gasto superó los 1.790 millones. La eurodiputada Sira Rego advierte que la Agencia ha multiplicado exponencialmente su presupuesto desde que en 2007 se le otorgara un importe de 42 millones de euros. Por su parte, Ismael Furió se queja de que, “a día de hoy, trabaja más gente en Frontex haciendo recuento de personas migrantes que en Salvamento Marítimo rescatando a esas personas”.

Abandonar el hogar

El periodista Agus Morales, resalta que las personas migrantes “muchas veces son obligadas a huir de sus casas como consecuencia de una guerra y otras veces persiguen la voluntad de mejorar su vida o, simplemente, de conseguir otra vida”. En ocasiones, las familias se convierten en una fuerte fuente de presión. “Si en una localidad de 10.000 habitantes, 5.000 personas migran, las familias y el vecindario te presionan para irte y mejorar la situación de tu entorno”, recrea.

El presidente de la Federación Unión Africana, Papa Balla, suma que cuando una persona ha conseguido construir un proyecto de vida en Europa, los jóvenes del país de origen “piensan que, si esta persona ha tenido suerte, por qué ellos no la van a tener”.

A los “factores económicos, sociales y culturales”, Montse Sánchez, que actualmente trabaja con infancia migrante en Caminando Fronteras, añade: “Los chavales dicen que se van a la ‘aventura’. Puede parecer un poco frívolo, pero se van a la ‘aventura’ porque realmente no tienen acceso a los derechos que un niño europeo sí tiene y buscan una forma de vida diferente”.

En esta línea, Balla reivindica el reconocimiento de tres derechos fundamentales para todos los individuos. “El derecho de no salir de tu país porque lo tienes todo para vivir dignamente; el derecho de abandonar tu país para ir a otro sitio porque quieres; y el derecho de migrar y asentarte en otro lugar”, enumera.

Larios Fotio decidió abandonar Camerún para mejorar las condiciones económicas de su familia. Feric cuenta que su hermano abandonó la escuela con cinco años y “empezó a entrar en la vida social para intentar conseguir algún trabajo para vivir”.

“Es muy duro para un joven levantarse por la mañana en una casa de diez personas y ver que tus padres no pueden comer porque ni siquiera tienen para comprar un kilo de arroz. Eso empuja a un chaval de 20 años a querer salir a morirse para intentar cambiar su vida y la vida de su entorno familiar”, reconoce Papa Balla.

Antes de emprender su trayecto migratorio, Larios viajó desde Yaundé, capital de Camerún, hasta Duala para reunirse con Feric. “Me explicó que tenía un proyecto para dejar Camerún con gente joven y ver si podía conseguir una vida mejor en España, en Europa o en cualquier sitio fuera del país”, recuerda. Intentó disuadirlo, pero Larios le aseguró que viajaba con unos amigos que conocían la ruta. “Me dijo que no tuviera miedo y solo pude desearle buena suerte”.

“Mi hermano tenía un sueño que era vivir mejor para conseguir que su madre viviera mejor”, recuerda Feric. Hoy, su madre, Ndeubi Marie-Therèse, anhela repatriar el cuerpo de su hijo, olvidado en un cementerio español. Lucha por dejar de ser una de las miles de madres que lloran la muerte de unos hijos sin tumba, amarradas a un recuerdo que se diluyó en un mortífero e inmenso agujero azul.

Ndeubi Marie-Therèse también tiene un sueño: dignificar el fallecimiento de su hijo, Larios Fotio, y, con ello, la memoria de las personas que mueren cada año en la frontera sur española.