Migración
La marcha de los "gorras rojas" contra la explotación en los campos italianos

"Estamos listos para organizar la primera marcha por la dignidad y por los derechos. Para decir basta a cualquier forma de esclavitud, especialmente a las imposiciones que llegan desde las grandes distribuidoras de alimentos". Está amaneciendo en Torretta Antonacci, cerca del antiguo ghetto, entre los campos de Rignano Garganico y San Severo, a veinte kilómetros de Foggia, Apulia.

Aboubakar Soumahoro, sindicalista del Unión Sindical de Base (USB), reúne a cientos de jornaleros africanos y les explica: "A lo largo de la mañana cruzaremos los campos hasta llegar a la Prefectura de Foggia. Llevaremos puestas nuestras gorras rojas para decir basta a la explotación. Para repetir que antes que los negocios están las personas". Y continúa: "Hoy no necesitamos pasarelas, necesitamos respuestas".

"Estamos listos para organizar la primera marcha por la dignidad y por los derechos. Para decir basta a cualquier forma de esclavitud

Es casi mediodía cuando la manifestación, compuesta por cientos de jornaleros africanos que hoy se han cruzado de brazos "para protestar contra un sistema agrícola que nos está oprimiendo", se concentra delante de la estación de trenes de Foggia, para dirigirse más tarde a la cercana prefectura de la ciudad pullesa.

Con el hilo de voz que le queda tras una larguísima mañana, Aboubakar sigue incitando con el megáfono a "los compañeros de lucha" que han ido acudiendo a la convocatoria del sindicato USB, delante del edificio gubernamental de la ciudad, hasta casi alcanzar el millar de personas.

"Hay mucho que aprender de esta huelga, hoy estáis escribiendo una gran página de la historia", dice Michele Emiliano, presidente de la región Apulia, dirigiéndose a Soumahoro: "Esto es hacer sindicato, organizar a hombres y mujeres para alcanzar conquistas sociales", repite Emiliano, declarándose disponible como interlocutor "con cualquier gobierno, con tal de encontrar una solución a la cuestión de la explotación en la agricultura".

Y es precisamente al presidente del gobierno, Giuseppe Conte, al que se dirigen los jornaleros africanos, mediante un mensaje simbólico: depositan una caja de tomates en la entrada de la prefectura de Foggia, justo antes de la reunión entre el sindicato y el prefecto, mientras Aboubakar Soumahoro sigue invitando a la reflexión, recordando que hoy, 8 de agosto, "es el aniversario del desastre de Marcinelle [incendio producido en 1956 en una mina de carbón cerca de la ciudad belga, en el que murieron 262 personas, de las cuales 136 inmigrantes italianos, N. del T.], en un momento en el que los obreros italianos eran explotados y esclavizados, entre otras cosas, a causa de su nacionalidad».

Sobre los sucesos de Foggia, el orden del discurso político-institucional

Mientras tanto, ayer en la prefectura de Foggia el ministro del Interior, Matteo Salvini, presidía el Comité Provincial para el Orden y la Seguridad Pública, convocado de urgencia tras las muertes producidas en los últimos días, en dos accidentes de tráfico, de 16 jornaleros agrícolas extranjeros.

"Se trata de un problema de mafia, no de salarios en negro y reclutamiento ilegal de jornaleros. En Foggia existe una criminalidad mafiosa que combatiré pueblo por pueblo", declaró Salvini en la rueda de prensa tras el encuentro institucional. Y más tarde: "No permitiré que la agricultura italiana sea etiquetada de criminal solo porque unos pocos decidan enriquecerse con la ilegalidad. En Foggia la gran mayoría de los empresarios son honrados".

Así, el ministro reducía todo a una cuestión de ilegalidad, de respeto a la ley, de seguridad en las carreteras. "El objetivo es gestionar en modo transparente los transportes, para quitarle a las mafias el negocio y el control", insistió ayer Salvini, olvidando que la cuestión de la explotación en el sector agrícola es esencialmente política y económica, y en la que existen intereses financieros en juego por parte de algunas de las empresas más grandes del país.

Y exactamente eso es lo que descubrió hace un tiempo la Fiscalía de Lecce, ciudad del sur de Apulia, durante las investigaciones de la muerte de Abdullah Mohamed, un jornalero sudanés de 47 años, muerto a causa del calor en los campos de Nardò (Lecce) el 20 de julio de 2015.

Abdullah Mohamed, un jornalero sudanés de 47 años, murió a causa del calor y del esfuerzo mientras recogía tomates en julio de 2015

Abdullah murió a causa del calor y del esfuerzo mientras recogía tomates. En aquel verano se produjeron por lo menos diez muertes en los campos por las mismas causas (calor y fatiga). Solo en Apulia se produjeron 5 fallecimientos en dos meses. Más tarde se demostró, gracias a las investigaciones de la judicatura pullesa, que existía una auténtica cadena de explotación agrícola, es decir, que aquellos mismos tomates habían sido vendidos a algunas de las empresas de procesamiento más importantes de Italia (en realidad, las grandes empresas en cuestión no han sido hasta ahora ni tan siquiera mencionadas en las investigaciones judiciales, aún en curso).

No obstante, a raíz de la emotividad generada por las muertes del verano de 2015, se introdujeron algunas medidas legislativas que reformularon el delito de intermediación ilícita y explotación laboral, modificándose las disposiciones jurídicas presentes en el art. 603-bis del Código Penal. La novedad más significativa fue la previsión, en el mismo artículo inicial de la ley n. 199, de sanciones para el empresario contratante que «utiliza, contrata o emplea mano de obra reclutada mediante actividades de intermediación, es decir, explotando a los trabajadores y aprovechándose de su estado de necesidad».

Así, las nuevas normas intervienen únicamente en el plano penal de la cuestión, actuando como una suerte de dispositivo que sanciona la explotación. "La ley sobre la intermediación en la contratación de jornaleros complica las cosas para las empresas. Es necesario cambiarla", declaraba el mismo Salvini hace unos días. Y sí, claro que habría que mejorarla, precisamente porque actúa solo a nivel penal, cuando la cuestión de la explotación de las personas, sobre todo migrantes, es un tema político, y como tal hay que afrontarla. Sin duda la marcha de los "gorras rojas" que se ha producido esta mañana en Foggia va en esa dirección.

También en la ciudad pullesa, hoy por la tarde, a partir de las seis, habrá una manifestación unitaria de CGIL, CISL y UIL [sindicatos mayoritarios del país, N. del T.] "porque lo que ha sucedido es la consecuencia extrema y dramática de una condición que une a todos los trabajadores agrícolas de la Capitanata [región histórico-cultural pullesa, N. del T.]: explotación, ilegalidad, ausencia de seguridad, condiciones laborales y de transporte extremas», ha explicado Ivana Galli, secretaria general de la sección de la CGIL para la agricultura y la industria alimentaria.

El mismo sindicato, el pasado 13 de julio, durante la presentación en Roma del cuarto informe "Agromafias" del Observatorio Placido Rizzotto, denunciaba que hoy día hay en toda Italia unos 400.000 jornaleros en riesgo de "superexplotación", de un total de aproximadamente un millón de empleados en el sector agrícola. Y no solo. El informe explicaba que, de ese millón, en 2017, 286.940 eran migrantes registrados, a los que hay que añadir más de 220.000 extranjeros contratados ilegalmente o que reciben una retribución muy inferior respecto a la prevista en los convenios nacionales.

Y ésa es la realidad en distintos territorios de Italia, de norte a sur: desde la provincia de Brescia, hasta las provincias de Foggia, Catania y Ragusa, existe un único hilo rojo de explotación laboral e infiltraciones de la criminalidad en negocios aparentemente legales.

Por ese motivo, además, resulta vano e hipócrita cualquier intento de encuadrar el debate al completo dentro de la dicotomía legalidad/ilegalidad. Sería necesario, más bien, pensar en cómo garantizar a las personas la posibilidad de no tener que quitarse el sombrero delante del patrón, como enseñaba Peppino Di Vittorio [político y sindicalista nacido en 1892 en el seno de una familia campesina, luchó en las Brigadas Internacionales y ayudó a refundar la CGIL en el exilio, N. del T.], manteniéndolo siempre firme sobre la cabeza. La marcha de hoy, por los derechos y la dignidad, es heredera de esas lecciones.

Como ya sucediera en el pasado en Nardò, Castel Volturno y Rosarno [localidades del sur de Italia famosas por los guetos en los que viven jornaleros migrantes, N. del T.], también los jornaleros africanos del corazón de la Capitanata han escrito hoy una importante página de la historia sindical de nuestro país.

Artículo publicado originalmente en DinamoPress y traducido por Pedro Castrillo.