Migración
La migración en un año pandémico

En el año más trágico de la historia contemporánea de este país, la pandemia de la Covid ha dejado al descubierto, si hacía falta, la importancia que las personas de origen migrante tienen en nuestra construcción social. Un aporte que ha sido fundamental aún con algunos mecanismos de racismo institucional que no han dejado de aplicarse ni siquiera en los peores momentos.

Fueron personas nacidas en otras tierras, sobre todo mujeres, las que sobrellevaron el peso de los cuidados en una situación en que cuidarse era la consigna más importante contra el coronavirus. Miles de trabajadoras cruzaron las ciudades con miedo a que un policía pidiera sus papeles, pero si no asistían a su trabajo, lo perdían.

Las trabajadoras del hogar recuerdan que no son inmunes al covid-19

Gessamí Forner

152

Coronavirus

Las trabajadoras del hogar recuerdan que no son inmunes al covid-19

Gessamí Forner

152

“Mi jefe ha dado positivo en coronavirus y me costó que entendiera que yo tenía que abandonar su hogar y regresar al mío por precaución”, explica una trabajadora del hogar.

Otras tantas fueron despedidas sin derecho a nada. Cuidaron, estuvieron al lado cuando la muerte rondaba. Pusieron su cuerpo. Sufrieron. Se contagiaron. Su trabajo declarado “esencial”, sin embargo, sigue relegado en la lista de reconocimientos por parte del Estado. A muchas de ellas, demasiadas, ni se las ha admitido como beneficiaras de los Erte ni se les ha permitido cobrar el Ingreso Mínimo Vital porque dicen que no tienen papeles. Están, se las usa y abusa, pero no se las reconoce y ni siquiera se modifica una Ley de Extranjería que las obliga a sobrevivir tres años en situación irregular y sin derechos.

Otro caso exponencial es el de decenas de miles de hombres y mujeres temporeras llegadas de diferentes latitudes para trabajar al campo español. Obligados a vivir en condiciones inhumanas, cuando todos nos quedamos en casa ellos y ellas fueron al tajo a dejarse la piel. Si no nos faltaron alimentos en medio de la mayor parálisis económica y social a nivel global, fue porque allí pusieron sus cuerpos.

Quemaron sus precarizadas viviendas en Huelva o Albacete, les negaron la posibilidad de regularizarles al menos, como reconocimiento a su esfuerzo, y les criminalizaron y acusaron de llevar el virus de un lado para otro

La respuesta institucional fue el ninguneo. Siguieron quemando impunemente sus precarizadas viviendas en Huelva o Albacete sin dar una salida habitacional acorde, les negaron la posibilidad de regularizarles al menos, como reconocimiento a su esfuerzo, y les criminalizaron y acusaron de llevar el virus de un lado para otro, como si los contagios no tuvieran nada que ver con mecanismos de explotación laboral que condenan a la pobreza extrema.

También estuvieron en primera línea en el sector limpieza, fregando los suelos de nuestros hospitales y centros de salud a cambio de sueldos pírricos, sin elementos de protección, sin instrucciones claras para su cuidado, sin posibilidad de quedarse en casa por el riesgo siempre presente de ser despedidas.

Un ejército de manos deseosas de aportar sus conocimientos se quedó a la espera de que, por una vez, la razón ganara a las políticas securitarias. Médicas y enfermeros titulados en terceros países se mostraron dispuestas a trabajar en primera línea contra la Covid. El Gobierno prefirió que nuestros hospitales y centros de salud colapsaran antes de acelerar la homologación de sus titulaciones en trámite.

El personal sanitario al que no podemos aplaudir

Laura Safont

1

Migración

El personal sanitario al que no podemos aplaudir

Laura Safont

1

España aboca a la población migrante con formación sanitaria a la economía sumergida y prescinde de su experiencia frente al covid-19. Profesionales de Ucrania, Colombia, Honduras y Guinea Ecuatorial comparten sus historias.

Fueron las propias migrantes quienes se autorganizaron para paliar la falta de un sistema de traducción que ayudara al personal médico y de enfermería a entenderse con sus pacientes. Más de un millar de llamadas atendidas por la Red de Mediadoras Intérpretes de Lavapies permitió que muchas personas afectadas por el virus pudieran comprender las indicaciones médicas.

Desde el Gobierno, aunque se repitió una y otra vez el “que nadie quede atrás”, ni siquiera se decidió devolver la universalidad al sistema sanitario. Cuando más necesaria se hacía una asistencia médica integral de toda la población, más se fijó un trato diferencial hacia las personas migrantes en situación irregular.

En comunidades autónomas como Madrid, por ejemplo, se creó la figura “transeúnte de la Salud Pública”, un alta transitoria de 21 días, el tiempo que la administración regional estima que dura un proceso de enfermedad por Covid y que solo permite la asistencia sanitaria por ese motivo, a la contra de todo sentido común respecto a la complejidad de la salud-enfermedad y la necesidad de abordarla de forma integral y sostenida en el tiempo.

Según el último informe del Defensor del Pueblo el 84% de las personas migradas en nuestro país tiene tarjeta de larga duración, es decir que llevan al menos 8 años aportando a nuestra sociedad, una notable estabilidad de la situación migratoria que debería servir para que un Gobierno sin miedos, posibilitara la regularización urgente de las personas que a día de hoy sufren las condiciones de exclusión a las que condena la Ley de Extranjería.

La administración lleva más de un año obcecada en dificultar la obtención de las citas de extranjería. Desde el Gobierno hablan de mafias que colapsan el sistema. Con los recursos humanos y técnicos necesarios nadie debería pagar para obtener una

Por el contrario, la administración lleva más de un año obcecada en dificultar la obtención de las citas de extranjería. Desde el Gobierno hablan de mafias que colapsan el sistema. Con los recursos humanos y técnicos necesarios nadie debería pagar para obtener una. Un Estado ausente, por acción o por omisión, es lo necesario para reducir un derecho de todas a un negocio de pocos y el sufrimiento de muchas.

La pandemia ha bastado también para demostrar que nuestra sociedad puede vivir sin los Centros de Internamiento de Extranjeros. Durante cinco meses ninguna persona ha terminado en un CIE, tampoco ha habido vuelos de deportación y nada relevante ha pasado. El país puede funcionar sin esos mecanismos vulneradores de derechos humanos.

La única crisis de la que hemos sido testigo en estos meses es la de las propias políticas migratorias que impulsa el Ministerio de Interior. A partir de considerar a las migrantes como una amenaza, la obsesión por bloquear las entradas no ha hecho más que reabrir la denominada ruta Canaria y acumular en las islas un número de personas que lejos estarían de significar un problema si les permitieran continuar su tránsito hacia la península.

Razones para cerrar los CIE

Pablo 'Pampa' Sainz

8

Centros de Internamiento de Extranjeros

Razones para cerrar los CIE

Pablo 'Pampa' Sainz

8

Terminado el Estado de alarma, la progresiva apertura de las fronteras internacionales abre la puerta a que los CIE recuperen su funcionalidad. Este es un recorrido de los momentos más oscuros en sus 35 años de historia.

Similar situación ha generado el propio Gobierno en Ceuta y Melilla con la decisión de bloquear a miles de personas en condiciones inhumanas, incluso contraviniendo la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a la libertad de circulación de personas solicitantes de asilo que hayan sido documentadas. Y sigue coartando los derechos de la infancia tutelada, que al no ser correctamente documentada, cuando alcanza la mayoría de edad corre el riesgo de terminar en la calle.

La imposibilidad de acceder a los puestos fronterizos en nuestra frontera sur es otra grave cuenta pendiente. De igual modo la especial desprotección de las víctimas de trata en un país que es puerta de entrada, tránsito y destino. Es intolerable que, pese a los indicios de explotación sexual, haya operaciones policiales que terminen con la detención de las mujeres por su situación administrativa irregular.

En todo caso, este 18 de diciembre debería servir al menos para adoptar algunas medidas que urgen: la regularización extraordinaria de las personas en situación irregular, la universalización del sistema público de salud y la reapertura de embajadas y consulados como espacios habilitados para solicitar protección internacional. De lo contrario, el devenir de las políticas migratorias del que se supone el gobierno más progresista de la historia, diferirá más bien poco, de las impulsadas por sus antecesores.