Más de doscientas entidades sociales y activistas lanzaron hoy, 2 de agosto, la campaña #AcogidaDigna para denunciar “las graves deficiencias” del sistema en el Estado español y en la frontera sur, y para exigir “a las distintas administraciones que dediquen los medios económicos y humanos suficientes” para garantizar una recepción “acorde a los Derechos Humanos”, según indican.
La iniciativa nace de organizaciones sociales que trabajan en Granada y se ha hecho extensiva a todo el país. “Fue un comunicado inicial que se hizo porque a la par de plantearnos empezar a trabajar en la acogida coordinadamente con el Ayuntamiento, queríamos posicionarnos críticamente ante la administración, para que no se confundan las cosas”, explican fuentes de la organización consultadas.
Entre las entidades firmantes iniciales de la campaña destacan Acción en Red Granada, Plataforma Vecinal El Albayzín (Granada), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluces (ASCUA) y Granada Acoge, entre otras.
“En los últimos meses, debido a diversos factores internacionales como el endurecimiento de la política migratoria italiana y el cierre de fronteras en Turquía, se ha producido un incremento de llegadas por vía marítima a las costas españolas. A pesar de que varias organizaciones nacionales e internacionales llevaban tiempo alertando de que se produciría esta reactivación de la vía migratoria por el Mediterráneo Occidental, las administraciones españolas responsables de acoger dignamente a las personas migrantes han dado muestra de una absoluta falta de previsión y están respondiendo a la situación con una improvisación preocupante” denuncian en el extenso documento que preside la página Acogida Digna.
La estadística del ACNUR demuestra una reducción drástica en los arribos por vía marítima
No obstante, llaman a no crear alarma social con el número de llegadas de personas migrantes. La estadística del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) demuestra una reducción drástica en los arribos por vía marítima. Mientras que en 2015 lo hicieron 856.723 personas, en lo que va de 2018, la cifra apenas si llega a 41.131, de las cuales solo 15.012 lo han hecho a costas españolas.
El grueso del documento se centra en cuestionar las “graves irregularidades en la atención de las personas que llegan a nuestras costas” y la contradicción que esto tiene con el espectáculo mediático en el que se convirtió la llegada del barco de rescate Aquarius al puerto de Valencia. “Aunque el nuevo gobierno central inauguró su mandato con la acogida del barco, que parecía prometer un claro posicionamiento en Europa hacia políticas migratorias más humanas y respetuosas con los derechos humanos, la realidad que estamos presenciando en los puntos de acogida contradice esta declaración de intenciones”, afirman.
Se incluye también un vídeo difundido por la Caravana Solidaria organizada por CNT Córdoba en donde el secretario general de la organización en Jeréz de la Frontera, Francisco Cuevas, denuncia “el tratamiento que está dando la Cruz Roja (entidad responsable de la primera acogida), porque los presiona – a las personas que arriban- desde el primer minuto que llegan, para que les digan el destino al que quieren ir”.
“Las tres cuartas partes no tienen claro cuál es el destino porque no les ha dado tiempo a explorarlo. Queremos denunciar que la policía española y Cruz Roja los están tratando como pelotas de tenis, de aquí para allá, están dos o tres días, pero rápidamente los mandan en autobús a Barcelona, Bilbao y Madrid, sobre todo. Con suerte la Cruz Roja les da tres noches de alojamiento al lugar donde llegan, y a veces ni eso”, acusa Cuevas y agrega que incluso “no se escucha a personas que llegan diciendo que son refugiados de guerra y conflictos étnicos”.
En tal sentido, desde la campaña Acogida Digna llaman especialmente la atención sobre la peligrosidad que tiene la apertura de cárceles que “atentan contra los Derechos Humanos”, como la de Archidona, en Málaga. O de centros de emergencia que no reúnen condiciones, habilitados por la Junta de Andalucía para alojar a niños y niñas extranjeras no acompañadas.
Desde la campaña Acogida Digna llaman especialmente la atención sobre la peligrosidad que tiene la apertura de cárceles que atentan contra los Derechos Humanos
Esta realidad, destacan, “ha obligado a que la ciudadanía se organice para no dejar a las personas migrantes en la situación de desamparo”, sin olvidar que es necesaria “una firme denuncia de las graves deficiencias que se detectan en la atención que reciben las personas que llegan hasta nuestras costas y una exigencia de que se dediquen más recursos humanos y materiales para asegurar una acogida adecuada”.
El documento especifica un listado de deficiencias detectadas. La primera de ellas las instalaciones inadecuadas durante las primeras 72 horas de acogida. “De forma totalmente improvisada se están habilitando para este fin instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas y que no están legalmente destinadas para ello”, explican. También la falta de persona (especialmente notorio en la atención jurídica, servicios de traducción, mediación y atención psicosocial) y el poco acceso a la información.
Todas estas situaciones estarían llevando a la desprotección de la infancia y de personas en situación de especial vulnerabilidad. “Se ha podido comprobar que en algunos casos se determina la edad con absoluta arbitrariedad, lo cual tiene como consecuencia que menores no acompañados/as acaben en recursos para mayores de edad o incluso en la calle”, denuncian, y agregan que “en muchos casos no es posible determinar si las personas atendidas son menores, víctimas de trata o potenciales solicitantes de Protección Internacional”. Los traslados a otras ciudades “sin coordinación alguna o los ingresos en CIE”, son otros factores de preocupación para esta iniciativa de autorganización ciudadana en red.
Frontera sur
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