México
Kenia Hernández, más de cuatro años presa, rechaza declararse culpable para defender el derecho a la protesta

Kenia Hernández está presa desde octubre de 2020, acusada de robo con violencia y ataque a las vías de comunicación. Abogada, defensora y activista afroindígena del pueblo amuzgo, originaria del estado de Guerrero, Kenia ha perseguido durante años la justicia para los pueblos y comunidades vulneradas, incomodando en el proceso a los poderes políticos y económicos del país. Ahora, sufre las consecuencias de lo que su defensa considera un “castigo ejemplar”, que busca demostrar que protestar por los derechos humanos y la justicia social está mal.

Su activismo la ha convertido en blanco de un sistema judicial que ha recurrido a la criminalización para acallar a quienes levantan la voz en defensa de los derechos humanos. A pesar de que no existe ninguna prueba directa que la vincule con los delitos de los que se le acusa, Kenia acumula ya nueve causas penales y federales que la mantienen privada de su libertad. Este proceso, según las organizaciones de derechos humanos que la apoyan, refleja un patrón sistemático de represión hacia las defensoras de derechos humanos, que afecta de forma particular a las mujeres indígenas y afrodescendientes.

En enero de 2025, su hijo Joel, de 12 años, entregó en mano una carta a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidiendo la liberación de su madre. A pesar del compromiso de Sheinbaum de revisar el caso, tres meses después, no ha habido ninguna respuesta. La única opción que se le presenta a Kenia para salir de prisión es asumir su culpabilidad, lo que implicaría sentar un precedente peligroso: que una defensora de derechos humanos acepte públicamente que protestar está mal. Sin embargo, Kenia se niega a aceptar esta opción, pues hacerlo significaría traicionar sus principios y la lucha por la justicia que ha guiado su vida.