México
Más allá de la gentrificación: desalojos, despojo y desplazamiento en Ciudad de México

La irrupción pública de las generaciones menores de treinta años en la discusión sobre el acceso a una vivienda digna en Ciudad de México, trajo proyección internacional a una lucha centenaria, gracias a su adopción de las formas que han descrito los problemas de las ciudades del primer mundo. Adaptando una versión propia del término, el Frente Antigentrificación de la Ciudad de México denuncia una relación entre el aumento desmedido del alquiler frente al salario y la expulsión de los habitantes originales de las zonas centrales de la ciudad, cuyos espacios son ocupados por ciudadanos del norte global, que viven en México durante años como “turistas”, exigiendo la adaptación del entorno a sus preferencias culturales y a sus bolsillos con divisas. Así, la gentrificación se convierte en un proceso neocolonial, protagonizado por “el gringo”.

“La especulación inmobiliaria convierte nuestros barrios en activos financieros. Se compran, se abandonan, se revenden, mientras quienes necesitamos un hogar, no podemos pagarlo”, señalan los vecinos

Este punto se magnificó tanto tras su primera protesta, el 4 de julio último, que terminó por ocultar que la exigencia por el acceso a una vivienda digna y en contra de su uso como fuente de lucro, estaban en el fondo de la convocatoria. “La especulación inmobiliaria convierte nuestros barrios en activos financieros. Se compran, se abandonan, se revenden, mientras quienes necesitamos un hogar, no podemos pagarlo”, dijeron como parte de una proclama breve, que leyó uno de los organizadores dando inicio al evento, para dar paso a un micrófono abierto a los presentes.

“La convocatoria surgió de un colectivo artístico, que llamó a una actividad para hacer paste-up; luego nos sumamos algunas personas que nos conocemos por Instagram, que hemos trabajado el tema de la gentrificación, algunos colectivos de vecinas y otras cuentas de memeros, que siguen el tema”, explicó uno de los organizadores, que participa de la cuenta Gentrificación en tu idioma, quien pidió no publicar su nombre, dado el clima de criminalización que han desplegado los medios y el gobierno de la ciudad de México hacia la protesta.

Cuando el colectivo que originalmente había lanzado el evento desistió de participar, conservaron la fecha y lugar pautados —coincidente con el día de la Independencia en Estados Unidos, algo involuntario, según dijeron— para convocar a una concentración en un parque, el Lindbergh, rebautizado popularmente ese día como “Foro Gaza”, y que está ubicado en el corazón de la codiciada colonia Condesa, central en el proceso denunciado. “Nosotros buscábamos sólo quedarnos ahí, pero la gente estaba muy harta, y sí tenían muchas ganas de marchar y protestar”, recordó.

Uno de esos jóvenes enojados se apoda Rotten, trae una picuda cresta punk, parches de Atoxxico y los Crudos, pines de los Pistols y Eskorbuto que decoran su chamarra de cuero. Tiene 17 años y llegó con más compas, que son parte de la cultura autogestionada que se reúne cada sábado en el mercado alternativo del Chopo. Igualmente, supo del evento por las redes: “Siento que está muy bien esta protesta porque estamos en una zona de dinero, digamos que es una zona rica, y por eso dicen que este no es lugar para un mitin, pero el mensaje es demostrarle a la gente que pasa, sobre todo a los extranjeros, que no estamos conformes con su visita, ni que compren nuestro país para que prácticamente, hagan lo que quieran”. A sus espaldas, los organizadores despliegan una pancarta con el lema “vivienda para vivir, no para invertir” en la pared de fondo del anfiteatro abierto, mientras la gente extiende en el aire sus propios carteles, aplaude, grita, y corea una de las consignas más potentes de la manifestación: “Gentrificación es colonización”.

Sigue Rotten: “Yo siento que la gentrificación nos ha chingado a todo el país, están vendiéndolo, porque a los extranjeros los ponen más arriba que a nosotros”.

Sigue Rotten: “Yo siento que la gentrificación nos ha chingado a todo el país, están vendiéndolo, porque a los extranjeros los ponen más arriba que a nosotros. Digamos que se hace a un lado casi a medio país, y está cabrón. Pero somos nosotros los que pagamos impuestos para que haya recursos económicos, pero como los extranjeros vienen a comprar, les muestran una cara buena de la ciudad. Todas las estaciones del metro actuales dónde es zona turística, están más cuidadas. Pero en la que yo vivo, la línea A [periférica, hacia las afueras] está saturada, y aunque ahí hay más gente, está más descuidada que las otras”.

Una de las organizadoras del mitin dice al micrófono que quien guste hablar se anote con ella, y aprovecha para ampliar la cantidad de empresas que participan de este proceso de gentrificación a la mexicana: “Airbnb, Hostify, Avantio, Hostfully, Key Data, bookin.com, Expedia, Rise Labs, Hostaway, Guestia, Dharma. También hay que señalar a empresas como Urbanista, Banca Mifel, Reurbano, Fibra uno, B-Grand, Tecnoblog y por supuesto, a la Copa Mundial de la FIFA. ¿Cómo es posible que antes de aprobarnos una ley inquilinaria y de regular estas plataformas, los gobiernos se estén aliando con ellas por cinco años? Les pido que busquen, porque ya son un chingo de empresas (muchas) y la gentrificación debe ser nombrada”, dice. En el mismo sentido, su compañero argumenta que el encarecimiento de la vida se liga al uso comercial de la ciudad: “Airbnb y el Mundial que se viene, van a subir los precios y una vez que suban, sería raro que vuelvan a su monto original”.

Durante la primera hora, las voces fueron circulando en esta línea, alternándose con la denuncia del genocidio en Palestina, hasta que las mujeres de la Red de desalojadas subieron —con algo de dificultad— el muro del escenario, desplegaron su pancarta dónde el micrófono circulaba y esperaron el turno para que una de ellas, Rufina Galindo, tomara la palabra.

Zapata 68, un estudio de caso

Rufina vivió 66 años de su vida en el departamento 21 del edificio ubicado en la calle Emiliano Zapata 68, hasta que su hija fue desalojada en junio de 2023. Fueron las últimas habitantes del lugar, tras una lucha de más de dos décadas para permanecer con su familia y vecinos en el centro histórico de la capital mexicana. El edificio de 24 departamentos populares construido en 1954 es un potente estudio de caso sobre la Ciudad de México, dado el tiempo de organización y resistencia que protagonizó, y por la claridad con que refleja el maridaje entre autoridades, justicia y poder económico, clave para la expulsión de los habitantes originales de las zonas centrales de la capital.

Nacida en la Mixteca oaxaqueña, Rufina es una mujer indígena que no conservó la lengua materna ya que, tras la muerte de su madre, cuando apenas era una niña, quedó a cargo de su abuela y sus tíos, que habían migrado a la capital del país, al 21 de Zapata 68. Rufina guarda en su memoria los detalles de un lugar nuevo que la impactó, donde los niños del edificio patinaban por los pisos de baldosas relucientes que limpiaban las vecinas. También que en la sala de su casa siempre se hacía espacio para que durmiera alguien más que llegaba del pueblo y brindarle un taco, en lo que lograba hallar cómo generar dinero en la capital. Esta evocación sería caprichosa para la historia, si Rufi y las demás vecinas de su vuelo, septuagenarias ya, no hubiesen conocida a la dueña del edificio.

“Airbnb y el Mundial que se viene, van a subir los precios y una vez que suban, sería raro que vuelvan a su monto original”, dicen

Rosario Fernández y Fernández hablaba con acento español, aunque había nacido en la capital mexicana, hija de una pareja de asturianos migrados al centro histórico, gracias a lo cual compró Zapata con apenas 23 años, dónde pasó a vivir y a vivir del lugar. Rufina cree que fue debido a la gran cantidad de niños que albergaba el edificio, el motivo que alejó a la dueña, angustiada por no haber podido tenerlos ella misma, y declinando la gestión en una inmobiliaria. En ese momento y durante toda la segunda mitad del siglo XX —desde 1942 para ser precisos— el Gobierno de la capital mexicana sostuvo una política de “rentas congeladas”, que buscaba proteger la presencia de las clases populares en las zonas centrales, evitando matizar el impacto inflacionario que la segunda guerra mundial estaba causando en todos lados.

Sin embargo, cuando a los propietarios se les quitó la posibilidad de usura en los alquileres, abandonaron la ciudad. Este abandono fue más notorio después del gran terremoto de 1985, que dejó entrever la responsabilidad de estos dueños ausentes, cuando casi 400 edificios del centro histórico colapsaron por su falta de mantenimiento y abandono estructural. Su responsabilidad sobre las personas fallecidas que habitaban esos lugares peligrosos nunca fue dilucidada en la justicia. En cambio, abrió un espacio de lucha que Zapata 68 siguió, como una nueva luz en el horizonte: la expropiación.

A la par que las vecinas de Zapata 68 conseguían la expropiación de su bloque, la política de rentas congeladas llegó a su fin en 2001, trayendo consigo de regreso la presión inmobiliaria sobre el centro de la ciudad

Organizadas en una asociación de inquilinos del edificio, de la que Rufina fue secretaria —ya como madre de sus cuatro hijas— gestionaron el lugar y llevaron los trámites necesarios hasta lograrlo en 2002, cuando la expropiación a su favor fue publicada en el diario oficial. A la par que las vecinas de Zapata 68 consagraban este logro popular, la política de rentas congeladas llegó a su fin en 2001, trayendo consigo de regreso la presión inmobiliaria sobre el centro de la ciudad. Entonces, la ausente Rosario Fernández buscó defenderse en la justicia, para revertir la pérdida de su propiedad. Lo particular, y aquí el recuerdo de la infancia se hace clave, fue que un día se presentó una mujer extraña, “una actriz” decían las vecinas de Zapata, haciéndose pasar por ella. Rufina guardó la foto impresa de esa dueña falsa, posando frente al edificio mientras una cámara de televisión la entrevista.

Gracias a los documentos que consiguieron recabar durante veinte años de organización, las vecinas comprobaron que la verdadera Rosario murió en julio de 2005, cuando la justicia invalidó la expropiación y dejó al edificio en un limbo, ya que “devolvió” la propiedad a una persona fallecida sin descendencia, para quien no tardó en aparecer un “apoderado y albacea”, que quería obligar a las vecinas a firmar nuevos contratos de renta con él. Este hombre, un comerciante local de la zona llamado Ricardo Piñeyrúa, intentó expulsarlas acusándolas de haber invadido el predio, en una tanda de denuncias en 2006 que no prosperaron.

Pero exactamente diez años después, con una nueva ola de denuncias, logró el primer desalojo masivo: el 13 de julio de 2016, más de 800 policías de choque de la Ciudad de México rodearon el edificio antes del amanecer y comenzaron a golpear la puerta de entrada con un ariete, mientras otros colocaban escaleras en la fachada para entrar por las ventanas. Rufina corrió a la azotea con algunos documentos de esta historia para defenderse, mientras los extendía con sus brazos en alto y gritaba sin éxito, porque el ruido de las aspas de los dos helicópteros desde donde los efectivos bajaron a rappel, tapaba su voz.

Ese día, vaciaron diez de los 24 departamentos, con ocho órdenes de juzgados distintos que acordaron el operativo. En los siete años siguientes, la justicia fue desalojando los demás departamentos uno por uno, con demandas a nombre de vecinos fallecidos, a quienes acusó de deberle rentas a Piñeyrúa desde el año 2015. Al dar paso al desalojo, la justicia avaló contratos falsos, adjudicados a vecinos muertos o que ya no vivían en el lugar, pero no incluyó en el pleito a las habitantes, que quedaron excluidas de defenderse. Rufina y su familia fueron las últimas desalojadas del lugar, con una orden a nombre de su tío Felipe, fallecido 23 años antes, en diciembre del 2000.

Despojo y resistencia

Para entender cómo se vacía la ciudad, hay que poner el foco en sus métodos represivos. Es decir: el problema con la discusión actual centrada en los “gringos”, es que invisibiliza el papel estatal en la expulsión de quienes enfrentan las condiciones de vida (y desplazamiento) más precarias. Por medio del trabajo de investigación periodístico colectivo iniciado en 2016 que cubrió desalojos en la zona central de Ciudad de México —bautizado como Chingadamadrx— se consiguió sistematizar información de más de 120 desalojos arbitrarios, en que ninguno de los vecinos desalojados recibió aviso previo de su expulsión, ni logró defenderse legalmente antes de serlo. Llegaba la fuerza y sin mayores explicaciones, sacaba las pertenencias de las familias, que quedaban regadas en la vereda, exponiendo a cielo abierto la pérdida de la memoria de generaciones.

En 40 de esos casos, una particularidad llevó a un descubrimiento mayor: en junio de 2017, ocurrió un desalojo masivo en la avenida Cuauhtémoc, que vació una vecindad entera, dónde todas las pertenencias de la gente fueron dejadas dentro de las casas, y clausuradas con un sello de “aseguramiento”. Así este trabajo periodístico documentó que, gracias a un cambio interno de la Fiscalía de la ciudad de México, desde 2016 se otorgó a la Fiscalía Ambiental la capacidad de practicar un nuevo tipo de “desalojo extrajudicial” mediante el “aseguramiento” de edificios demandados por despojo, sin requerir la participación de ningún juez. Un solo funcionario concentra la capacidad de recibir la denuncia, recabar información, decidir cuándo ésta es suficiente para firmar la orden de aseguramiento, e intervenir con la policía el lugar. También define luego a quien entregar el sitio, ya que bajo sus argumentos y sin ningún mecanismo externo de control, “lo restituye”.

La Red de Desalojadas fue la cara visible que articuló la voz de estas mujeres en lucha, quienes se cobijaron en una organización histórica y clasista, el Movimiento urbano popular

La arbitrariedad ha sido mayor desde entonces y las falsas acusaciones por despojo que se han ido reporteado sistemáticamente en el terreno, evidencian que se persiguen delitos falsos, que engordaron 569% la cifra total de denuncias en su primer año. Este dato ha sido usado para aumentar las penas del despojo, como si hubiese una ola de gente invadiendo espacios cuando, en realidad, se habilitó una nueva herramienta para resolver conflictos de vivienda de larga data con desalojos express.

Uno de los propósitos de esta investigación ha sido reconocer cómo las clases populares resisten esta violencia institucional, habitando los espacios centrales en condiciones difíciles, organizándose y buscando múltiples vías para regularizar su tenencia por medio del Instituto de vivienda. La Red de Desalojadas fue la cara visible que articuló la voz de estas mujeres en lucha, quienes se cobijaron en una organización histórica y clasista, el Movimiento urbano popular, junto a Jaime Rello. La Red tuvo su presentación pública con una “marcha fúnebre” hacia la sede del Tribunal superior de Justicia capitalino, el 29 de agosto de 2019, cuando Rufina iba disfrazada de llorona, y penaba junto a las vecinas con un lamento a viva voz “¡Mi casa! ¡Me han desalojado de mi casa!”.

Estos casos representan el 3% de los hogares de la capital, y según información oficial tomada del proyecto de Programa General de Ordenamiento territorial de la ciudad 2020- 2035, la cantidad de viviendas que estaban en algún tipo de pleito saltó de 36.401 en 2016 a 56.184 en 2018. “El problema más grave de tenencia en la ciudad es el de las viviendas intestadas o en litigio, que a partir de 2014 ha venido incrementando para los hogares pobres y que los limita en términos de seguridad patrimonial”, señala..

El análisis de estos casos evidencia como el Estado refuerza con estos desalojos, la tendencia de expulsión de los más pobres de las zonas consolidadas de la ciudad, que el mercado causa subiendo los precios “naturalmente”. En el informe citado se reconoce que “la ciudad expulsa anualmente a más de 20.000 hogares de los deciles I al V de menores ingresos por falta de una vivienda asequible”, un dato que permite poner en contexto dos cosas: que a Airbnb le tomó una década concentrar esa misma cantidad de inmuebles para su gestión (26.000 de un total de 71.000 en renta temporal en la capital, 2,6% del total de viviendas); y que la propuesta esbozada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como respuesta a la marcha del 4 de julio que promete construir 20.000 viviendas para renta social, resulta corta al tardar seis años para concretarse al final de su mandato.

Públicamente, Brugada adoptó una lectura cercana a lo denunciado en la marcha y vinculó la creación de “políticas públicas que arraiguen a los vecinos a sus propias colonias” con “estrategias para atender la gentrificación”, reforzando la inocuidad política del término. También aprovechó para anunciar que se ajustará un modelo de “control de manifestaciones”, dado que la concentración del 4 de julio derivó en una marcha por la zona turística, dónde el sentimiento anti-gringo se hizo acción directa contra los comercios de la zona, principalmente cafés de cadena, y tiendas de ropa cara.

El lobby comercial, comandado por el asturiano Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, reclamó al Gobierno 12 millones de pesos por los daños sufridos por 14 empresas dañadas y 40 grafiteadas, de los cuales nueve millones corresponden a sus “ventas no realizadas”. También aprovechó para quejarse de la “turismofobia” y sumarse al pedido de regulación de las plataformas digitales de corta estancia, que compiten con su sector.

Sobre la reparación a las personas expulsadas violentamente de sus casas por desalojos arbitrarios durante la última década, no se han pronunciado todavía. Criminalizadas y dispersas, no son consideradas “desplazadas por Airbnb” porque están ligadas al accionar estatal que, de manera soterrada, mina sus bases de resistencia al sacarlos violentamente de los espacios que habían habitado por generaciones.