Policía
Pobres, jóvenes y vigilados: el control de la pobreza en el capitalismo

Son las 22 h en Carabanchel, Madrid, cuando cuatro coches de policía –unos ocho agentes armados en total– rodean a un grupo de cinco chavales de unos 15 años que, puestos contra la valla que rodea al parque, son registrados de arriba abajo y mandados callar de manera violenta por los agentes. Una pareja que pasa al lado comenta “ya están los chavales liándola, los mismos de siempre”.

En los parques de los barrios populares de nuestras ciudades se repite la misma escena: una presencia policial constante y grupos de jóvenes que son identificados y registrados sin que exista delito alguno, únicamente por el hecho de estar allí. Estos controles rara vez se enfocan sobre traficantes o autores de delitos graves. Casi siempre recaen sobre jóvenes de la calle, muchos de ellos migrantes, habitantes de los mismos barrios populares a los que pertenecemos y que poco o nada tienen que ver con actividades delictivas.

La presencia policial y las identificaciones sin que exista un delito previo no son hechos casuales, sino que obedecen a una lógica securitaria con un objetivo definido: garantizar el control y la preservación de un orden socioeconómico capitalista, sustentado en la desigualdad, a través de la individualización, la criminalización y el castigo de determinados sectores de la población.

Cuando estar en la calle ya es motivo de sospecha

Estas dinámicas de control policial, que suelen dirigirse a jóvenes y personas migrantes de clase trabajadora —o a quienes son percibidas como extranjeras—, no son arbitrarias ni pueden explicarse por decisiones individuales de agentes concretos. Responden, más bien, a un patrón estructural del propio funcionamiento policial —reforzado por discursos mediáticos— ampliamente analizado y documentado por la literatura socio-antropológica en las últimas décadas en diversos contextos urbanos occidentales.

Según el antropólogo Didier Fassin, tras quince meses de investigación acompañando a patrullas policiales en Francia, en determinados barrios cualquier persona que transite por la calle al caer la noche puede convertirse en potencial sospechosa. A partir de este amplio trabajo de campo, el autor describe de forma recurrente controles callejeros arbitrarios y registros administrativos de carácter violento, que recaen de manera desproporcionada sobre personas cuya apariencia es leída como migrante y sobre jóvenes empobrecidos de las banlieues: territorios marcados por la marginalización, la falta de servicios públicos, el desempleo y una alta conflictividad social.

Este etnógrafo describe el trabajo policial como un actuar a la vez discriminatorio y discriminante, estigmatizado y estigmatizante. Asimismo, sostiene que esta forma de proceder no responde tanto a las opiniones individuales de los agentes como a un mandato intrínseco a la propia institución policial, transmitido y reproducido desde los espacios de formación.

Dinámicas similares de persecución relata Philippe Bourgois en sus investigaciones en Estados Unidos: cacheos, controles de identidad e intervenciones policiales en barrios populares —mayoritariamente habitados por personas migrantes, racializadas y jóvenes de clase trabajadora—, llevadas a cabo de forma violenta incluso cuando no existe la comisión de delito alguno.

Del orden público al control social: el trabajo policial más allá del delito

Mientras que la institución presenta el trabajo policial como trepidante, peligroso y aventurero, la realidad suele ser mucho más rutinaria, repetitiva e incluso tediosa —tal como señalaban muchos de los agentes con los que trabajó Didier Fassin—. En este contexto, cuando se producía la detención o el requerimiento a grupos de jóvenes migrantes, o se respondía a incidentes menores, la actuación policial tendía a volverse desproporcionada, cargada de adrenalina y marcada por una constante tensión.

El trabajo policial no se orienta a la preservación del orden público, sino al mantenimiento de un determinado orden social

Según su relato, las intervenciones policiales motivadas por llamadas de alerta no superan el 10 % de la actividad policial en esos barrios periféricos. Esta proporción contrasta con la imagen difundida por series y películas policiales, donde la investigación de grandes crímenes, las persecuciones o los tiroteos aparecen como la norma. En la práctica, en cambio, cerca del 90 % del trabajo se concentra en rondas, vigilancia y controles rutinarios, dirigidos de forma reiterada hacia las mismas poblaciones, aun sin que medie la comisión de delito alguno.

¿Qué conclusión extraen estos investigadores? Que el trabajo policial no se orienta únicamente a la preservación del orden público, sino al mantenimiento de un determinado orden social que se basa en la reproducción de las posiciones que ocupan las personas dentro de la estructura social y al control de los efectos de la pobreza. En este sentido, la intervención policial aparece como un mecanismo de gestión de la pobreza que opera sin una redistribución efectiva de la riqueza, reforzando así las desigualdades existentes.

El control social y el mantenimiento del orden no se ejercen únicamente mediante la presencia física o el uso de la fuerza, formas que, de hecho, son cada vez menos centrales en muestras sociedades. Paralelamente, es necesario producir narrativas que disputen el sentido común, refuercen y legitimen la labor policial y contribuyan a la criminalización de determinados sectores sociales.

En este marco, se construyen representaciones en las que jóvenes —y no tan jóvenes— migrantes de clase trabajadora en barrios populares son percibidos como una de las principales amenazas para la sociedad. Para ilustrar esta dinámica, puede analizarse el caso de las mal llamadas “bandas latinas”, un fenómeno que ha ocupado durante décadas un lugar destacado en titulares y discursos mediáticos.

De tribu a banda: la criminalización de la juventud migrante como estrategia

Oír hablar sobre “bandas latinas” y juveniles suele activar casi de inmediato en muchas personas un miedo casi irracional, puesto que esas tres palabras se asocian directamente con la violencia sin sentido, el peligro, la criminalidad y las drogas.

Esta reacción resulta comprensible si se analiza el trabajo sostenido de construcción social del estigma hacia estas personas durante los últimos años. Este proceso constante de criminalización y persecución de jóvenes vinculados al espacio callejero —quienes, en su mayoría, no han cometido delitos o, en todo caso, infracciones menores de carácter económico relacionadas con su contexto socioeconómico— se ha ido extendiendo también hacia menores migrantes procedentes del Magreb.

Si analizamos la situación particular de estos jóvenes, como lo hizo Katia Núñez en Madrid, nos encontramos con que la mayoría de ellos viven en contextos de desigualdad severa y violencia estructural, en barrios empobrecidos, descolgados del sistema educativo, con escaso apoyo familiar, desahucios a sus espaldas, falta de recursos básicos, acoso policial, desempleo o pluriempleo que termina en muchas ocasiones con problemas de adicciones.

El uso del término “banda latina” no es casual. En el contexto descrito, y ante la ausencia de voluntad política para abordar la desigualdad mediante mecanismos redistributivos, se habría optado por la vía de la criminalización como respuesta más funcional. Desde los años 2000, la expresión “tribu urbana”, que en su momento se empleaba para referirse a grupos juveniles autóctonos sin connotaciones necesariamente violentas, fue cayendo en desuso.

En su lugar, comenzó a imponerse el término “banda” (gang), que de por sí sugiere criminalidad y violencia, combinado con el adjetivo “latina”. Esta denominación se aplicó a grupos de jóvenes de origen latino que llegaron con sus familias en busca de oportunidades. De este modo, diversos medios de comunicación contribuyeron a asociar de forma reiterada a estos jóvenes migrantes, residentes en barrios populares, con la delincuencia, el crimen y la violencia.

Se trata de un proceso deliberado de criminalización que no se limita a describir una situación, sino que la produce

La nueva etiqueta se cargó de connotaciones delictivas y racializadas que no solo distorsionaban la realidad, sino que contribuían activamente a construirla, configurando la figura del joven migrante como un “enemigo público”. Como señala Luca Queirolo, se trata de un proceso deliberado de criminalización que no se limita a describir una situación, sino que la produce.

De este modo, se consolida una narrativa del “enemigo interno”, al que se le atribuye la importación de la violencia desde su país de origen, simplificando una realidad mucho más compleja en la que estos jóvenes se organizan en grupos diversos, con distintas nacionalidades, incluida la española.

Las narrativas en los medios de comunicación han ido cambiando con los años, pero comparten un hilo común: responsabilizan de sus propias condiciones materiales de vida a estos jóvenes, obviando sus contextos, y posteriormente las instituciones despliegan mecanismos de control para hacerles frente.

El enemigo interno: una herramienta para desviar la atención sobre la desigualdad

Generar e instaurar este tipo de narrativas como sentido común tiene un propósito claro: reducir problemas vinculados a la clase social, la violencia y la desigualdad a cuestiones de trayectoria individual. Se desplazan así fenómenos estructurales —relacionados con el orden económico y político vigente— hacia explicaciones basadas en la falta de esfuerzo personal o en decisiones individuales “incorrectas”.

Al mismo tiempo, se consolida una asociación entre migración, juventud e inseguridad, que coloca a determinados colectivos bajo una sospecha permanente y sujetos a formas intensificadas de control. Este desplazamiento ha sido una de las lógicas más recurrentes en el marco de políticas y discursos neoliberales en muchas ciudades contemporáneas.

Como advierte Sergio García, esto implica que los jóvenes dejan de ser interpretados como producto de estructuras sociales concretas para pasar a ser percibidos como sujetos plenamente responsables de sus actos. Las explicaciones económicas y estructurales quedan opacadas por lecturas culturalistas o racializadas, donde la “cultura” o el “origen” asumen el peso de la culpa y no así la clase y la violencia institucional. Se trata de reproducir la segregación urbana y la estigmatización para mantener intactas las causas de la subordinación.

Que este marco funciona se refleja en la distancia entre la percepción y los datos. A pesar de que España mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa y de que la mayoría de la población no ha tenido contacto directo con delitos, la presencia de jóvenes y migrantes en el espacio público continúa interpretándose como una amenaza. Una percepción que no surge de los datos, sino de los discursos.

Se trata de reproducir la segregación urbana y la estigmatización para mantener intactas las causas de la subordinación

Este enfoque, además de resultar funcional para sectores políticos que ganan votantes en base explotar el miedo a la inmigración, invisibiliza tanto las violencias que sufren estos jóvenes como los recursos —sociales, simbólicos o incluso de protección— que encuentran en sus formas de agrupación.

Cambiar de lente para cambiar la realidad: una lectura estructural de la violencia juvenil

Para comprender estas dinámicas es necesario desplazar la mirada. El análisis de la violencia juvenil no puede centrarse únicamente en los jóvenes, ya que eso conduce a naturalizar e individualizar un fenómeno que tiene raíces profundamente sociales.

Para autores como Carles Feixa y Francisco Ferrándiz  o Nancy Schepper-Hughes la violencia que normalmente se atribuye a los jóvenes callejeros (peleas, robos, tráfico a pequeña escala, intimidación, etc.) forma parte de una cadena más amplia de violencias estructurales, simbólicas y políticas que terminan reproduciéndose en el ámbito cotidiano entre iguales. Son, en muchos casos, conflictos que atraviesan a los sectores más vulnerables y que se dirigen hacia ellos mismos, sus entornos y sus comunidades.

En esta línea, entender la violencia como causa es un error analítico. Más bien, debe leerse como un síntoma. En contextos marcados por la precariedad y la exclusión, donde escasean los recursos económicos, sociales y culturales, el cuerpo y la capacidad de ejercer violencia pueden convertirse en formas de capital. En otras palabras, el cuerpo se vuelve una herramienta para conseguir dinero, reputación, prestigio, contactos e incluso pertenencia.

Es lo que algunos autores han denominado como “capital guerrero”: una herramienta de supervivencia o de búsqueda de reconocimiento en entornos adversos. Como apunta Loïc Wacquant en estos contextos el cuerpo actúa como “arma, armadura y herramienta”, lo que refuerza la idea de que no estamos ante decisiones individuales aisladas, sino ante respuestas condicionadas por estructuras y contextos desiguales.

No se trata de justificar la violencia, sino de cambiar el enfoque

Desde esta perspectiva, abordar estas realidades exige algo más que respuestas punitivas. Apostar exclusivamente por el control policial no solo resulta insuficiente, sino que contribuye a reproducir el problema. Por el contrario, se hace necesario impulsar medidas redistributivas que actúen sobre las causas materiales de la desigualdad: garantizar condiciones de vida dignas, acceso a educación, empleo y vivienda, así como generar espacios de participación e integración real. Esto implica también incorporar a estos jóvenes en organizaciones sociales y políticas, reconociéndolos como sujetos activos y no únicamente como objetos de intervención.

No se trata de justificar la violencia, sino de cambiar el enfoque. Visibilizar las violencias que estos jóvenes padecen —frecuentemente ausentes del relato mediático— permite entender que los conflictos no pueden resolverse mediante la criminalización, sino a través de transformaciones estructurales.

En última instancia, si la violencia es un síntoma, la respuesta no puede ser únicamente represiva (lo que algunos autores denominan capital guerrero del estado): debe ser política, redistributiva y orientada a garantizar el bienestar real de la población.