Medios de comunicación
El concurso público para RTVE como demanda ciudadana

PSOE, Podemos y Ciudadanos parecen haber encallado en el desarrollo del reglamento para la elección de presidente y cúpula directiva de RTVE por concurso público. Se trata del paso posterior a la ley 5/2017 acordada el año pasado por los mismos partidos, a la que el Partido Popular se terminó sumando, para solucionar la escandalosa situación que atraviesa RTVE.

Diversos organismos internacionales —como el Consejo de Europa (2013) o el International Press Institute (2015)— vienen denunciando la injerencia constante del poder gubernamental en RTVE, lo cual ha lastrado su audiencia y credibilidad.

La dependencia partidista es una gran asignatura pendiente de la democracia española que en algún periodo parecía que íbamos a superar, y que justo en los últimos años parece haber batido todos los récords posibles. En este contexto, el concurso público es la herramienta acordada para afrontar de una vez por todas esta cuestión central.

Por ello, Teledetodos, con otras organizaciones periodísticas consensuaron una declaración para exigir la regulación y aplicación del concurso público como herramienta democratizadora. El manifiesto ha cosechado un apoyo generalizado entre las organizaciones periodísticas, muy elevado entre académicos estudiosos del periodismo y los medios públicos, incluyendo expertos y organizaciones internacionales.

Ahora bien, ¿se trata también de una reclamación ciudadana? Recientes resultados del proyecto de investigación que co-lidero con Manuel Ángel Vázquez Medel nos ofrecen indicios en un sentido afirmativo, relevantes para el debate social.

Analizamos la percepción de los ciudadanos sobre el periodismo en general, y el periodismo ofrecido en medios públicos mediante grupos de discusión desarrollados entre 2014 y 2016.

Los medios públicos son considerados la mejor opción para generar ese ámbito de opinión pública deseado, relacionado con el debate, la decisión y la democracia

En primer lugar exploramos los discursos de tres sectores que según nuestra hipótesis podrían estar especialmente estructurados: activistas sociales, empleados públicos e internautas. Y luego añadimos dos grupos para observar otras variables: personas de ideología conservadora y personas sin estudios universitarios. Ofrecemos algunos apuntes que sintetizan parte de los resultados.

Los ciudadanos

En todos los grupos analizados predomina la idea de que los medios de comunicación vertebran (o deberían, al menos) un espacio de opinión y diálogo necesario para el voto de los ciudadanos en democracia, en el mismo sentido del marco legal referido.

Por ejemplo: “Es un servicio público, porque todos tenemos derecho a estar informadas, aparte eso entre otras cosas les interesa a ellos ¿Por qué? Porque (…) hay unas elecciones esto sí, si no hay información nadie podría votar, ni hacer nada, ni enterarte de lo que pasa en el mundo, porque eso también es importante ¿no?, porque es una forma de quedar vinculada en tu país” (J., persona sin estudios superiores).

Y al mismo tiempo, el periodismo en general y el de medios públicos se percibe como siervo del “establishment”. Esta percepción aparece integrada en una concepción que asume que tal sistema: (1)Tiene dueño: lo domina o controla un “supersujeto” que condensa un entramado de intereses (2) Representa un poder: logra influencia y dirección sobre la realidad (3) al servicio del statu quo, es decir de sus propios intereses.

Por ejemplo, L. del grupo de Internautas razona: “Ellos no te dan esa noticia, las tapan, las tapan y las van tapando porque no les interesa que la gente proteste sobre eso.” 

Y en este escenario, los medios públicos son considerados la mejor opción para generar ese ámbito de opinión pública deseado, relacionado con el debate, la decisión y la democracia . De hecho, los medios públicos son mencionados como la “referencia” del “deber ser” del sistema anteriormente descrito, que nos importa más porque es “nuestro” (empleados públicos). Se describe como un espacio de encuentro y cohesión social: “tienen que ser para todo tipo de público, no pueden ir solo para los de derecha o los de izquierda, o lo que sea...” (V., personas sin estudios superiores), de información y de formación. 

Resulta muy patente que se considera un espacio que ofrece resguardo de las dinámicas propias de nuestro sistema económico, sometido al ánimo de lucro por encima de cualquier valor: “cuando hay un servicio público de la información se enriquece la democracia y cuando solamente prima el lucro en la información(…) perdemos todos” (E., internautas), “sin servicio público informativo “nos quedaríamos a merced de las fieras o de las víboras (A., empleados públicos). 

La manera general mediante la que se considera que se debe garantizar la independencia es “dejar libertad a los periodistas”

Aunque los ciudadanos reconocen, de nuevo la dependencia gubernamental actual que impide que TVE alcance su función “verdadera”, pero se considera que se trata de un espacio por el que seguir luchando (conservadores, empleados públicos, internautas y activistas), de construcción colectiva (internautas, activistas), que debe surgir en el futuro. Y si matamos la posibilidad “nos han vencido” (N., conservadores).

Se trata además, de un espacio frecuentemente enlazado con cuestiones emocionales y de tradición familiar (“desde siempre, desde chico, no, no que siempre los veo, no sé, mi padre la veía ahí y mi abuela la veía ahí” (J., personas sin estudios superiores), y relacionados con la Educación y la Sanidad, las señas de identidad del Estado del Bienestar en todos los grupos.

Respecto de la independencia existe un acuerdo general sobre el problema en este sentido de RTVE y la culpa se achaca a los gestores, no a los periodistas de base, que en general se consideran como rehenes de la servidumbre del periodismo a esos intereses ajenos. Es más, la manera general mediante la que se considera que se debe garantizar la independencia es “dejar libertad a los periodistas”.

También se menciona la elección del presidente como manera específica de garantizarla, junto con la pluralidad.

Y en concreto, los activistas desarrollan ampliamente la cuestión: “hay que ir un poco más allá. Que la programación no es suficiente. Que debe ser el control de la gestión de los medios de comunicación el que tiene que estar en manos de los ciudadanos. Porque si el control sigue estando en manos de los políticos que votamos cada cuatro años al final esos programas, aunque parezcan libres, que son independientes, no lo van a ser”. Por su parte, en el grupo de empleados públicos apuestan por una regulación similar a la que funciona en otros países europeos. 

Podemos por tanto concluir que los ciudadanos depositan en el periodismo ofrecido por medios públicos su esperanza de acceder a una información veraz y plural que genere un espacio compartido de cohesión social y vertebración de la opinión pública, independiente de los poderes políticos y económicos que subyugan al resto de medios. Y que demandan que el sistema de gestión de RTVE permita y aliente la independencia de los periodistas. Y aunque no aparece un discurso unitario sobre cómo lograr esa gestión —algo sobre lo que los moderadores no preguntaron en las sesiones grupales— se perciben demandas concretas: un sistema similar a los más exitosos en Europa, con mayor participación de la ciudadanía y en el que la elección del presidente no pueda depender de intereses partidistas. 

Marco legal 

La visión de los ciudadanos coincide en gran medida con el marco legal establecido. A pesar de ser una cuestión sobre la que los medios apenas instan a pensar, los ciudadanos son plenamente conscientes de la trascendencia que el periodismo tiene en sus vidas y en el funcionamiento de la democracia.

Y es que las democracias representativas como la nuestra requieren la participación de la ciudadanía en la elección del poder político, de lo contrario, no serían democracias propiamente dichas. Y para poder votar es necesario que los ciudadanos cuenten con una dieta de información veraz, y plural que sirva de alimento a la conformación de una opinión pública sana.

Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 19) y la Convención Europea de Derechos Humanos (Art. 10) o incluso el Tribunal Constitucional español (Sentencia6/1981 ) cuando asegura que sin una comunicación pública libre “quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidos a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática (…) base de toda nuestra ordenación jurídico-política”. Y nuestro análisis confirma que los ciudadanos parten de ello.

Por ello, la Constitución Española (CE) establece la obligación de que los medios de comunicación en general ofrezcan una información veraz y que los medios públicos garanticen la pluralidad y derecho de acceso a los grupos sociales significativos. De nuevo, una idea presente y con amplio consenso en todos los grupos de discusión. Luego, cabría esperar que los mecanismos que rigen el funcionamiento de RTVE estuvieran diseñados para conseguir esa veracidad, pluralidad y acceso.

Los partidos políticos que representan la voluntad popular deben acordar ya un diseño de concurso público es decir, el que dicta la Ley 5/2017, que cumpla el mandato constitucional y la voluntad ciudadana. No hay ninguna excusa para postergarlo, o andarlo sólo medio camino. Se trata de una herramienta de desarrollo democrático, necesaria para la regeneración, que importa a todos los sectores sociales.