Medio ambiente
Nueve de cada diez ciudades españolas aún no han creado una zona de bajas emisiones

Con el inicio de 2023 empiezan a identificarse las promesas incumplidas. Coincidiendo con la llegada del año, todos los ayuntamientos de las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían tener implementadas las decretadas como zonas de bajas emisiones (ZBE), en las que se reduce el tráfico de automóviles para mejorar la calidad del aire. En total son 149 las localidades afectadas. A día de hoy, solo diez tienen una ZBE restringida ya en funcionamiento y tan solo otras 10 han presentado algún tipo de plan. Es decir, solo el 13% —20 de un total de 149— de los ayuntamientos españoles cuenta con un plan para estas áreas urbanas, denuncian desde la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval).

A día 5 de enero, solo las ciudades de Madrid, Barcelona, Iruña, L’Hospitalet de Llobregat, San Cugat del Vallés, Pontevedra, Sevilla, Cornellá, Rivas Vaciamadrid y La Línea de la Concepción cuentan con una zona de bajas emisiones en activo. Otras, como Vitoria-Gasteiz o Alicante, ya han presentado un plan de restricción del tráfico para que empiece a aplicar cuanto antes. Ya a finales de octubre de 2022, en una consulta realizada por el periódico El País, solo 20 municipios defendían un plan para estas zonas. 

El porcentaje de diligencia de los ayuntamientos —de todos los tintes políticos— no deja de sorprender: un 87% empiezan el año sin ningún tipo de plan sobre las zonas de bajas emisiones

En 2019 el Gobierno ya aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, donde entre otras medidas, figuraba la limitación de todas las ciudades. La Ley se aprobó en mayo de 2021 y figuraba 2023 como el año en el que las grandes ciudades del Estado debían disponer de estas zonas con restricciones para mejorar el aire, puesto que “casi el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades”, indican desde la Moncloa. “Hay una negligencia política. Han tenido tres años para pensar en cómo hacerlo”, critica Miguel Ángel Ceballos, experto en la calidad y contaminación del aire del colectivo Ecologistas en Acción.

El porcentaje de diligencia de los ayuntamientos —de todos los tintes políticos— no deja de sorprender: un 87% empiezan el año sin ningún tipo de plan en este aspecto. Abel Caballero, alcalde de Vigo por el PSOE y presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) se quejaba en una entrevista en El País de la falta de un reglamento para el desarrollo de estos planes. La ciudad que el regenta aún no ha presentado ningún plan con restricciones al tráfico firme, al igual que otras de similar población como Girona, Las Palmas, Santander o Bilbao. Para Ceballos, no hay excusa: “Una zona de bajas emisiones puede desarrollarse sin un real decreto. Hay ejemplos en toda Europa”.

Motivos electorales

De esta medida se benefician 149 ciudades españolas y, por ende, unos 25 millones de ciudadanos. Un 53% del total de la población, según el INE. Pero en opinión del activista climático, los ayuntamientos no aplican lo establecido por la ley “porque quieren esperar a que pasen las elecciones”. Sin embargo, “parece que restringir el tráfico para mejorar la calidad del aire es una mala norma cuando realmente es a favor de la salud pública”, insiste. “Hay ejemplos de ciudades que se preocupan por el cambio climático restringiendo el tráfico, como Vitoria o Pontevedra, y son alcaldías que repiten año tras año”.

“También hay mejoras ambientales y sociales: se libera el espacio público, como el peatonal, el ciclista y el propio disfrute de la calle; se reducen los ruidos, se disminuyen los accidentes”, indica Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción

Mejorar la calidad del aire impacta positivamente en la salud de la población: mejoran las enfermedades crónicas y las enfermedades pulmonares. Y, por el contrario, la mala calidad del aire, además de empeorar la salud pública, tiene también repercusiones económicas importantes: “Incrementa los costes médicos, reduce la productividad y daña el suelo, las cosechas, los bosques, los lagos y los ríos”, indica en un artículo Hans Burynickx, el director ejecutivo de la AEMA (Agencia Europea del Medio Ambiente). 

Pero los únicos beneficios de restringir el tráfico no se limitan a la salud pública. También hay mejoras ambientales y sociales: “Se libera el espacio público, como el peatonal, el ciclista y el propio disfrute de la calle; se reducen los ruidos, se disminuyen los accidentes… Hay una mejora muy importante”, detalla Ceballos.

Propuestas de sanciones al incumplimiento 

Esta medida recibió fondos europeos para la lucha contra el cambio climático. Buscaba financiar también la puesta en marcha de medidas para mejorar los desplazamientos a pie, en bicicleta y la mejora y uso de la red de transporte público. “Si no empiezan a aplicarse las restricciones al tráfico habrá una retirada de los fondos a los ayuntamientos negligentes”, asegura Ceballos, quiem también adelanta que la denuncia a los gobiernos locales que no cumplan la medida será una exigencia al Ministerio de Transportes, ya que este no prevé sanciones a las administraciones públicas. 

“Esperemos que empiecen cuanto antes. Está en juego la salud de toda la población y el medio ambiente”, denuncia el activista. Y recuerda que las que hay deben mejorarse: “No puede ser que en Barcelona entren casi todos los coches y que en Madrid la área restringida sea tan limitada”.