Desde el cuarto de Isabel se escucha un zumbido constante. Ni siquiera la doble ventana que instaló hace unos años consigue frenarlo. Viene de fuera. Se escucha desde la cama, desde el baño, desde la cocina y desde la sala de estar. Lo escucha cuando va a sacar el ganado del establo y también cuando lo va a recoger. El ruido lo hacen las palas de seis enormes aerogeneradores de más de 150 metros de altura que tiene instalados a poco más de 500 metros de su casa. “Cuando más molesta es cuando hay viento fuerte y aquí hay viento fuerte case siempre”, ironiza esta vecina de la parroquia de Andreade, en Paradela (Lugo). Han pasado cuatro años desde que la empresa Paravento, promovida y participada por Endesa y Enel Green Power, instaló esa media docena de molinos además de seis centros de transformación, una torre meteorológica y cientos de metros de líneas de alta tensión subterráneas que lo conectan todo. Los beneficios socioeconómicos de los que hablaba la empresa y que la Xunta hizo suyos cuando se admitió a trámite el proyecto, quince años atrás, han quedado convertidos en papel mojado: “Yo pago cada vez más de luz y ellos se enriquecen sin complejos. Aquí no queda nada”.

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La Xunta aprobó en dos meses tantos proyectos como en los seis años anteriores juntos. Organizaciones ecologistas y vecinales preparan un aluvión de demandas por irregularidades en las concesiones.

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Lo que transmite esta vecina es el sentir general de una pequeña comunidad lucense de menos de cien habitantes que, sin apenas margen de maniobra, vio cómo su vida en el campo y su entorno cambiaban sustancialmente. Explican que nadie les habló de las afecciones reales que sufrirían cuando comenzaron las primeras visitas de los servicios técnicos. “Dejamos cortar carballeiras a cambio de limosnas y devaluaron nuestras viviendas sin ninguna indemnización ni contrapartida digna”, añade Isabel. “Han destrozado caminos y tierras que nunca volverán a ser lo que fueron”, dice O Naranxo, otro de los vecinos que más cerca vive de los aerogeneradores. El mito de la creación de riqueza local. Las habladurías del asentamiento de población en zonas rurales que la patronal eólica en Galicia pasea por todos los espacios que la prensa hegemónica le brinda. Todo eso se desvanece en un paseo por cualquiera de las villas donde las aspas de los molinos están ya girando: “Todo lo contrario. Esto es otro motivo más para que la gente se quiera marchar”, lamentan.

A 130 kilómetros de allí, lejos del interior de Lugo y más cerca de las Rías Baixas, un hilo une esta historia con un colectivo de vecinas y vecinos que ven en el caso de Andreade su futuro más inmediato. El enclave es singular. Se localiza entre los ayuntamientos de Moraña, Pontevedra, Barro y Campo Lameiro, la capital gallega del arte rupestre y uno de los lugares con mayor concentración de petroglifos de toda Europa. Un espacio donde hace unos meses comenzaron las obras del parque eólico del Monte Acibal y donde se juntan tres proyectos de polígonos eólicos que, juntos, suman 18 aerogeneradores de más de 200 metros cada uno. En la actualidad, probablemente este sea el caso más paradigmático de lo que está ocurriendo en Galicia con la implantación acelerada y a las prisas de las energías renovables. Uno de los tres proyectos ya está en obras y los otros tres en plena tramitación.

Como se enteró el vecindario de lo que pasaba en sus montes es, con matices, una suerte de déjà vu recurrente en todos los ayuntamientos gallegos donde se proyectan parques eólicos sin dialogar con las comunidades locales. “Nos enteramos de esto tarde, justo al inicio de la construcción del parque, así que sólo llevamos cinco meses luchando y contrarreloj”, explica Patricia Gamallo, una de las personas que más está luchando para que la implantación de estos polígonos eólicos sea respetuosa con el patrimonio natural y cultural y adecuada a la ley. Desde la plataforma Amil sin Eólicos, Gamallo y sus vecinas y vecinos hacen el trabajo que, parece, ni la Xunta de Galicia ni la empresa promotora Norvento hacen. Llevan a cabo caminatas periódicas hasta los lugares donde hay ya afecciones por las obras de construcción y así consiguen peinar los montes en busca de flora o fauna en riesgo de conservación u otros bienes de valor patrimonial: “Es la única forma que tenemos de defendernos y tratar de frenar este destrozo. Encontrar algo con el que no puedan arramplar”. “En los primeros paseos, ya encontramos varios petroglifos que la constructora no comunicó ni a la Secretaría Xeral de Patrimonio ni a la Consellería de Industria, lo cual es muy grave. Fuimos los vecinos y las vecinas las que enviamos documentación a la administración y solicitamos la paralización de las obras”, relata Gamallo, quien critica una desidia premeditada de la empresa y del Gobierno gallego.

Las pistas que se necesitan abrir en los montes para poder acceder con la maquinaria pesada necesaria para la construcción de estas infraestructuras transforman el paisaje y deshacen por completo kilómetros de suelo con un perjuicio evidente para los ecosistemas de las montañas gallegas. Con llamadas recurrentes al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y gracias al conocimiento arqueológico de uno de los integrantes de la plataforma, consiguieron llegar a paralizar momentáneamente la construcción. Encontraron varios petroglifos en las pistas e incluso en la base de uno de los pilares de un aerogenerador. Duró poco el oasis: “La empresa siguió trabajando e incluso rascan y voltean las grandes piedras [donde se suelen encontrar esos tipos de señales rupestres] con palas de grandes dimensiones para evitar que se produzcan nuevos hallazgos de petroglifos”. En un vistazo, se pueden vislumbrar cicatrices profundas realizadas por la maquinaria en las piedras de los más de veinte petroglifos que este grupo de vecinas ha ido encontrando en apenas medio año y sin formación profesional en esta materia.

En el Monte Acibal, hay restos de dinamita en el suelo. Bulldozers. Camiones con toneladas de piedras voladas y tierras removidas. Hay envases, colillas, basura. Hay restos de árboles y arbustos cortados. Las Declaraciones de Impacto Ambiental que la Xunta emite obligan a todas las promotoras a llevar un control arqueológico y medioambiental durante lo proceso de construcción. Podría aparecer una especie en peligro de extinción, una mina de agua o dos docenas de indicios de estar trabajando sobre un gran yacimiento arqueológico. Pero han sido las vecinas y vecinos organizados y en sus ratos libres quienes se vieron en el deber de suplir esa responsabilidad social desatendida. Al comienzo de esta asociación, fueron capaces de colocar sus demandas en primera plana de los dos medios de comunicación con más influencia en Galicia: la televisión pública y La Voz de Galicia. Hoy, explican, su voz ya está vetada. La Televisión de Galicia vive bajo un control férreo del Partido Popular desde que, en 2009, Alberto Núñez Feijóo accedió al Gobierno gallego. La Voz de Galicia, como diario de derechas y hegemónico del país, suele seguir abiertamente la misma línea editorial. “El hecho de que Norvento sea una empresa gallega y que llevemos seis meses sin encontrar una empresa de arqueología que nos quieran hacer, pagando, informe alguno, nos lleva a pensar que hay algo más detrás”, denuncian desde la plataforma vecinal.

La especulación también puede ser ‘verde’

La historia se repite en casi todos los ayuntamientos de Galicia, excepto en los más poblados donde, a pesar de existir potencial eólico, la fractura social y la oposición son previsibles. Según los datos de la Asociación Eólica de Galicia, la patronal del sector, antes de 2025 habrá construidos 271 parque eólicos en el país. Son 84 más de los que hay hoy funcionando y, en total, serán más de 4.500 los aerogeneradores plantados en los montes gallegos. Hay una pregunta fundamental sobre esta implantación acelerada y que apenas está presente en la opinión publicada: ¿Existe la capacidad tecnológica e industrial en el Estado español para instalar esos 84 polígonos eólicos con sus más de 400 aerogeneradores nuevos de aquí a 2025?

Una de las primeras y pocas voces que ha puesto esta derivada del debate sobre la mesa es Fernando de Abel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC): “La especulación en España en el último siglo ha ido hacia el ladrillo y ahora parece que puede ir hacia los parques eólicos. No están vendiendo algo tangible, es especulación pura y dura”. Ya hay pruebas de que estas ideas que propone de Abel no son cábalas. La energética francesa Engie adquirió a comienzos de junio una cartera de proyectos renovables de 182 megavatios (MW) a la empresa gallega Greenalia en Galicia y Andalucía, en cuyo consejo de administración trabaja Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda del Gobierno de Feijóo después de pasar por la puerta giratoria de la Xunta. Son 182 MW que ya están en tramitación. Esta operación, justifican, permite acelerar su presencia en España “en el mercado de las energías verdes”.

Aunque desde el poder económico se sugiera, ni una sola de las organizaciones ambientalistas se opone a la implantación de la energía eólica

Fernando de Abel también es vocal y asesor jurídico de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), la organización ecologista de cabecera en el país y una de las pocas que ya ha conseguido paralizaciones cautelares de proyectos e incluso tumbar por la vía judicial algunos ya construidos gracias a su red de colaboraciones territoriales. Desde Adega, además de tratar de minimizar las afecciones medioambientales, dudan de la capacidad de poder ejecutar en tan poco tiempo tantos proyectos eólicos como ha aprobado la Xunta. El Gobierno gallego sacó adelante en poco más de dos meses tantos proyectos como en los seis años anteriores juntos: “Dudamos de la capacidad económica y técnica para fabricar todos ese aerogeneradores para el mar y para la tierra”. Lo cierto es que en el Estado español no abundan los transportes especiales necesarios para trasladar esas gigantes piezas de 200 metros ni tampoco las grúas que se necestian para colocarlas sobre el terreno.

Los patrones de expansión capitalista se replican

Con la pátina de lo ‘verde’ y usando adjetivos deturpados en el debate público cómo “sostenible” o “justa”, la práctica totalidad de las organizaciones ecologistas de Galicia denuncian públicamente la fractura medioambiental y social que vendrá si el descontrol de las administraciones gallega y española en este sector sigue el camino ya andado. Y es que los modelos del mercado se perpetúan: “Resulta que en Galicia vamos a ser los nuevos jeques de la electricidad, pero sin que quede riqueza alguna en el territorio. El impuesto de sociedades, en Madrid o en Milán. El canon eólico es regresivo, cuanto más produces menos pagan. Y la factura de la luz no baja. ¿Qué ganamos con todo esto?”, denuncian desde Adega. Quizás por la complejidad de crear un relato que convenza la ciudadanía gallega, altos mandos del Gobierno español como la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, o su secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estén haciendo serios esfuerzos por tratar de instalar el marco ideológico de la “solidaridad entre territorios”. Incluso han llegado a ridiculizar el omnipresente eslogan Eólica sí, pero no así deslizando que se sostenía en una suerte de estrategia electoral de intereses espurios e individualistas.

Pero contra ese relato, pueden más los datos de entidades históricamente no alineadas con las organizaciones de la sociedad civil como el Banco de España, que publicó un demoledor informe socioeconómico a comienzos de año, llamado Las energías renovables crean empleos locales. En él se constató que los proyectos eólicos ni generan riqueza local ni tampoco empleos. Algo que, en la experiencia sobre lo terreno, las organizaciones vecinales y ambientalistas vienen denunciando desde hace décadas. Salvando las distancias, el esquema del neocolonialismo del Norte sobre el Sur global se reproduce, en escala, entre los territorios más enriquecidos del Estado español y de la Unión Europea sobre las periferias.

Por las páginas de El Salto, ya han pasado referentes en el control de las maniobras de las trasnacionales para espoliar recursos de pueblos en vías de desarrollo como las profesionales del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “Todo esto lo que hace es controlar el territorio y privatizarlo en manos de grandes empresas trasnacionales. Claro que es necesario ampliar la producción de energías renovables, pero no a través de esos macroproyectos, que producen fuertes impactos y la privatización de los territorios. Tendría que planificarse de modo que esté en otras manos, que no esté en manos ni de Iberdrola, ni de Endesa, ni de Gamesa, ni de fondos de inversión”, argumentaba en base a la experiencia latinoamericana de la expansión de las multinacionales Erika González, especialista en violaciones de derechos humanos y ambientales de OMAL.

Eólica sí, ¿pero dónde?

No hay ni una sola de las organizaciones ambientalistas o plataformas vecinales que se oponga a la implantación de la energía eólica. Todo lo contrario. A pesar de que desde la élite empresarial y política del bipartidismo de Galicia y del Estado español se esté tratando de crear un marco de debate electoralista contra las fuerzas soberanistas y del espacio de la izquierda transformadora. Las alternativas de localización existen. Lo cierto es que los organismos científicos de más alto nivel del Estado español ya se han pronunciado al respeto. En un documento incisivo, la Sociedad Española de Ornitología (SENO/Birdlife) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), elaboraron una posición conjunta y atendiendo, fundamentalmente, a una idea de cuajo: las energías renovables sólo pueden considerarse responsables si su despliegue es compatible con la conservación de nuestro capital natural. “Partiendo de esta base, es imprescindible que el despliegue expuesto para los próximos años cuente con las máximas garantías ambientales disponibles en todas las fases del proceso, incluyendo su futuro desmantelamiento”, recuerdan los organismos.

A comienzos de junio, el TSXG dictó una sentencia que marca un hito sin precedentes en la lucha ecologista

¿Y esto en que se traduce? En que la Administración fiscalice a las empresas (privadas) para conseguir un mínimo impacto ambiental, el máximo beneficio social y económico para el territorio durante su período de funcionamiento y la excelente restauración de los valores naturales al final de su vida útil. “Tanto en el desarrollo de la eólica marina como en la terrestre se está poniendo como prioridad la maximización de la producción de electricidad y el beneficio empresarial y desatendiendo las repercusiones medioambientales y socioeconómicas”, denuncia Nicolás López Jiménez, doctor en Biología, autor principal del Libro Rojo de las Aves de España y punta de lanza de SENO/BirdLife en los procesos de alegaciones contra los polígonos eólicos más lesivos contra la naturaleza. “Lo que puede ocurrir si los planes para instalar la eólica marina en el norte de la península siguen como están es una auténtica carnicería en uno de los corredores migratorios de aves más importantes del planeta”, advierte López Jiménez. Quizás no sobre decir que el lugar donde más sopla el viento es el lugar por donde más aves migran.

Por eso, entendiendo que estos suelos van a tener un tipo de ocupación industrial para la generación de energía, las zonas prioritarias que la comunidad científica considera cómo básicas son los emplazamientos en medio urbano, sobre suelos industriales, suelos urbanos consolidados y suelos urbanizables. En el medio rural, también consideran compatibles aquellas localizaciones en zonas ya degradadas o antropizadas en las que se constate que no hay presencia de flora, fauna o hábitats de alto valor ecológico. Por ejemplo: canteras, minas, escombreras, vertederos, aparcamientos, instalaciones turísticas y deportivas, carreteras o líneas de ferrocarril. Y, por supuesto, nunca en espacios naturales protegidos como ya está aconteciendo a día de hoy en Galicia, poniendo por caso la implantación de turbinas en la serra do Xistral, un lugar con hábitats prioritarios vinculados a las turberas. O veinte de los nuevos parques eólicos que el Gobierno gallego acaba de autorizar y que se encuentran de manera parcial o total en Reservas de la Biosfera: en las Mariñas Coruñesas, en las Terras do Mandeo, en la Ribeira Sacra o en las serras dp Oribio y Courel.

Una sentencia pionera puede cambiar el rumbo

A comienzos de junio de este 2023, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una sentencia que marca un hito sin precedentes en la lucha ecologista durante el desarrollo eólico. Es la primera de los tres recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia y por la Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica contra las resoluciones del Consello da Xunta por las que se autorizaron tres proyectos eólicos promovidos, de nuevo, por la empresa donde trabaja la exconselleira de Feijóo. Es la primera vez que consiguen que una resolución judicial anule las autorizaciones de un proyecto eólico sin que se haya producido una agresión al medio ambiente, como sí aconteció en el caso de la serra do Oribio donde, hoy, se pueden ver las montañas agujereadas y abandonadas.

Una de las claves de la sentencia es que el alto tribunal gallego concordó que Greenalia empleó el ilícito de la fragmentación artificial de un macroproyecto en tres más pequeños para que sus tramitaciones ambientales fueran más sencillas de superar, además que el TSXG constata que esto impidió la correcta evaluación ambiental de los efectos conjuntos de los tres parques eólicos. Parque que comparten infraestructuras como estaciones de servicio o carreteras y quedan extremadamente cerca unos de los otros. Además, el TSXG admitió los argumentos de los ecologistas relativos a la vulneración de los derechos de participación de la ciudadanía en el procedimiento de evaluación ambiental, tanto por la reducción del plazo de información pública a 15 días, como por la no puesta a disposición de la ciudadanía de los informes sectoriales en el contexto del trámite. Las dos situaciones vulneran la directiva de la Unión Europea al respeto.

Como en todas las sentencias que golpearon en una medida o en otra al sector eólico, la gran perjudicada siempre acaba siendo la ciudadanía y el erario público. Nunca las empresas. Cuando se anula una licencia, esté en el estado que esté la obra, la promotora que solicitó esa autorización está en el derecho de pedirle la responsabilidad patrimonial a la administración que se la concedió. Es decir, las empresas pueden reclamarle a la Xunta una indemnización por todos los gastos en los que haya incurrido hasta el momento. Aunque no se haya movido una sola piedra, los gastos previos de investigación más el coste del lucro cesante de cada empresa será sufragado en calidad de indemnización por la Administración. “Una conclusión clara es que estamos en manos de inconscientes políticos”, remata el profesor de Derecho de la USC y vocal de Adega.