Medio ambiente
Espacios naturales. ¿Comprar para conservar?

La compra de terrenos con el objetivo de conservar sus valores naturales a largo plazo para beneficio de la sociedad es una herramienta ampliamente utilizada por entidades conservacionistas y ecologistas en todo el mundo, aunque está especialmente extendida en países anglosajones.

En el Reino Unido, dos organizaciones conservacionistas, el National Trust y la RSPB (Sociedad para la Conservación de las Aves) son los mayores propietarios de tierras solo por detrás de la Corona, con unas 250.000 y 130.000 hectáreas respectivamente. En Estados Unidos el Land Trust Alliance, una red de entidades dedicadas a la custodia del territorio, contabilizaba en 2015 más de 700 entidades adheridas con unos 8 millones de hectáreas en propiedad. Son cifras nada despreciables que suponen entre el 1 y el 1,5% de la superficie de dichos países.             

Un modelo parecido, aunque en este caso público, es el del Conservatoire du littoral francés. Un organismo estatal cuya misión es adquirir terrenos naturales en la costa y otras zonas húmedas para garantizar su protección a largo plazo. El Conservatoire opera desde 1975 y posee unas 130.000 hectáreas, cuya gestión se confía por lo general a ayuntamientos o asociaciones locales.

En otros países europeos, la compra de tierras para su conservación es también una práctica extendida pero cuantitativamente mucho menos importante. Aún así, en España se ha utilizado en un buen número de ocasiones desde mediados del siglo XX.

En los años 60 un recientemente creado WWF compraba varios miles de hectáreas en Doñana para salvarlas del avance de la industrialización agrícola con dinero obtenido internacionalmente a través de donaciones particulares. Esos terrenos constituirían más tarde el corazón del futuro Parque Nacional. Otras organizaciones como el GOB en la finca de la Trapa en Mallorca o Adenex en Extremadura también han utilizado la compra de tierras como herramienta de conservación desde los años 70 y 80.

La custodia del territorio

Para Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature, “la compra de terrenos es una parte de la herramienta más amplia que es la custodia del territorio, y que está ampliamente desarrollada en España”. La custodia del territorio es el conjunto de estrategias que pretenden implicar a propietarios y usuarios del territorio en la conservación de sus valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos, generalmente a través de acuerdos entre propietarios y entidades de custodia. Estas entidades son organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación del territorio y que pueden ser desde asociaciones vecinales a ayuntamientos u organizaciones conservacionistas.

El enfoque en cuanto a protección del territorio por parte de las organizaciones en los países mediterráneos está mucho más centrado en estos acuerdos de custodia que en la compra directa de tierras. Esto puede deberse en parte a las diferencias socioecológicas entre países como EEUU con enormes espacios “salvajes” sin apenas población, y los territorios del sur de Europa, mucho más densamente poblados y humanizados, en los que se prioriza un modelo de “las personas dentro del territorio” en el que más que comprar se trata de adquirir derechos para favorecer la conservación.

También son importantes las diferencias en cuanto a recursos económicos de las organizaciones y al grado de conservación de la naturaleza entre unos países y otros. Según Ramón Martí, de SEO/Birdlife “el National Trust o la RSPB en el Reino Unido son monstruos con millones de socios y mucho poder adquisitivo. Además, allí el territorio está enormemente degradado y las redes de reservas en propiedad pueden tener más sentido que en un territorio mejor conservado como el nuestro”.

Las principales entidades de custodia del territorio en España utilizan la compra de fincas solo de forma puntual. La Fundación Global Nature, por ejemplo, tiene unas 400 hectáreas en propiedad y 26.000 hectáreas conveniadas con propietarios privados. Eduardo de Miguel explica que para la Fundación, la adquisición de tierras juega un papel importante en la protección de hábitats sensibles asociados a humedales pero no tanto en sus proyectos de agricultura sostenible: “tendríamos que comprar miles de hectáreas y convertirnos en productores para proteger superficies significativas mediante la compra y no tenemos esos recursos”. En este ámbito los convenios con agricultores y ganaderos son su principal estrategia y los terrenos en propiedad se utilizan como “fincas piloto” en las que mostrar la viabilidad de técnicas agrícolas sostenibles o recuperar semillas y razas ganaderas tradicionales.

La compra como prioridad estratégica

Sin embargo, también existen entidades de custodia para las que la compra de terrenos es una prioridad. Quizá la más representativa sea la antigua Fundació Territori i Paisatge, vinculada en su origen a la obra social de la desaparecida Caixa Catalunya y hoy integrada en la Fundación Catalunya-La Pedrera. Inspirada en los “land trust” británicos y estadounidenses, posee más de 8000 hectáreas en distintos enclaves de alto valor natural en Catalunya aunque con el tiempo se ha ido enfocando más hacia los acuerdos de custodia.

La Fundación Enrique Montoliu - FUNDEM es otra entidad cuya principal misión es la compra de fincas para la conservación. Con más de 350 hectáreas adquiridas, principalmente en la Comunidad Valenciana, gestiona algunas fincas de forma directa y cede la gestión de otras a organizaciones como la Fundación Lur-Gaia en Muxika (Bizkaia) o la Asociación Quercus Sonora en Ulloa (Lugo), que también compran terrenos en sus respectivas áreas de influencia.

Precisamente en Galicia llama la atención la presencia de un puñado de pequeñas asociaciones dedicadas específicamente a la protección del bosque autóctono mediante la compra de fincas como estrategia principal. La más antigua es Ridimoas, en la región de O Ribeiro, en Ourense, fundada en 1988. Esta asociación, que se financia casi en exclusiva a través de las cuotas de sus cerca de 1200 socias, posee unas 400 hectáreas de bosque y gestiona otras 100 a través de acuerdos con propietarios. Su objetivo es crear una masa forestal continua en la que se llevan a cabo distintas labores de mejora ambiental y reforestación con especies autóctonas, y que la Xunta ha declarado en parte como refugio de fauna.

Como explica Paula Rodríguez, secretaria de Ridimoas, la compra es la mejor opción en esta zona en la que el minifundismo extremo hace muy difícil llegar a acuerdos de custodia que permitan compatibilizar los aprovechamientos con la conservación. “Las propiedades son muy pequeñas y en bastantes casos están abandonadas. A la mayor parte de los propietarios les interesa vender“.  De la misma opinión son en  la Asociación Betula, que actúa en el entorno del Parque Natural Fragas do Eume en A Coruña, aunque sí ven potencial en los acuerdos de custodia de montes comunales, que tienen una gran extensión en Galicia.

Pros y contras

Aunque puede ser una solución rápida y eficaz  a los problemas de algunos ecosistemas, y en principio garantiza la conservación a largo plazo o incluso a perpetuidad, la compra de terrenos plantea varios interrogantes que dificultan su generalización. Un ejemplo es la situación que se puede plantear en caso de dificultad económica o disolución de la entidad compradora. En este sentido algunas organizaciones incorporan en sus estatutos cláusulas que estipulan que las propiedades deben mantener la misma finalidad o pasar a otra entidad de custodia similar.

Otro riesgo potencial es que bajo el amparo de la conservación y la custodia se produzcan procesos de acaparamiento por parte de entidades privadas, o que determinadas empresas mantengan proyectos de custodia como lavado de imagen. Para evitarlo, como apunta Antonio Ruiz, del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, es importante que quien compra tenga una base social importante que garantice transparencia y rendición de cuentas.

Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, señala que aunque se ha utilizado ampliamente, no ha sido una prioridad para el movimiento ecologista en España porque requiere de unos recursos económicos importantes tanto para la compra como para el mantenimiento de las fincas adquiridas y supone un compromiso a largo plazo.  En ese sentido, la custodia del territorio mediante acuerdos con particulares es menos problemática y ofrece muchas posibilidades.

A pesar de estas dificultades, en el último año los grupos de Ecologistas en Acción de Vinaroz, en Castellón y de Monzón, en Huesca han comprado sendas fincas para desarrollar proyectos de conservación y educación ambiental.

En el caso de Monzón, se trata de un terreno agrícola de secano de 11,5 hectáreas en la zona de los Sasos del sur de Monzón, situado muy cerca del casco urbano en un ambiente estepario de elevada biodiversidad amenazado por la expansión del regadío. Aunque su idea inicial era un proyecto de custodia, se decidieron por la compra para poder empezar a trabajar en la zona ante la dificultad para llegar a acuerdos con los propietarios. En la finca quieren potenciar la biodiversidad recuperando las praderas naturales y algunos cultivos de secano con semillas antiguas procedentes de bancos de germoplasma. Pero sobre todo les interesa llevar a cabo actividades de sensibilización y educación ambiental para poner en valor los ecosistemas semiáridos, muy poco valorados por la población.

El grupo local de Vinaroz por su parte ha adquirido una finca de cultivos tradicionales de secano con olivos, almendros, algarrobos, y varias edificaciones y muros de piedra en seco, en la que quieren mantener un agrosistema no intensivo fomentando la biodiversidad a través de distintas actuaciones. Quique Luque, de Ecologistas en Acción Vinaroz, comenta que  la compra del terreno ha supuesto una inyección de vida para el grupo y ha atraído a personas nuevas por las posibilidades de realizar actividades prácticas. ”Teníamos dudas sobre si el grupo tendría capacidad para llevar a cabo la gestión, pero de momento la respuesta es excelente” De cara al futuro se plantean la posibilidad de comprar terrenos aledaños para ampliar la superficie protegida e incluso solicitar la declaración de refugio de fauna.

Estas experiencias apuntan a que, especialmente en el caso de pequeños colectivos o asociaciones, la gestión directa de terrenos de forma colaborativa y participativa puede tener una función social y educativa importante más allá de los objetivos inmediatos de conservación, y contribuir a cohesionar a los grupos en torno al territorio.