Política
Claudia Delso: “Coproducir lo público es una disputa, no un favor”

Claudia Delso lleva años moviéndose entre la investigación urbana, la gestión cultural y la política institucional. Entre 2015 y 2022 fue concejala de Participación e Innovación Democrática, una experiencia que le dio una perspectiva poco común: la de quien ha estado dentro de la máquina intentando cambiarla. Hoy investiga en IDRA las formas de colaboración entre Administraciones y tejido social, y participó como ponente en el Eje 5 de las Jornadas de REAS Navarra para la Justa Distribución de la Riqueza, en el marco del proyecto COOPUBLIC de REAS Red de Redes, donde volverá a ser ponente con una charla inspiradora este viernes 9 de septiembre en un encuentro estatal online. Su diagnóstico es claro y sin concesiones: la coproducción público-comunitaria no es una concesión de la administración. Es una disputa.

Empecemos por el principio. ¿Cómo defines la coproducción público-comunitaria?
Creo que lo más útil es empezar por lo que no es, o por lo que no debería ser. La coproducción no es participación ciudadana, no se trata de que la administración deje opinar, llame para consultar y basta. Tampoco debería ser que la administración ceda un equipamiento de vez en cuando. Esos pequeños gestos son de mínimos, pero ya no son suficientes.

Vivimos en una momento de crisis múltiples, crisis superpuestas e interconectadas: el auge de las extremas derechas, las economías de guerra, el acaparamiento de los recursos, etc. Ante eso, las respuestas simples no funcionan. No sirven las respuestas tecnócratas como tampoco sirven las respuestas que provienen exclusivamente del mercado. En todo esto hay algo que es evidente y es que las administraciones públicas por si solas no están siendo capaces de dar respuesta a los retos de nuestra época.

Entonces la coproducción público-comunitaria es, una respuesta pero es ante todo, una disputa. Una disputa sobre quién produce lo público. Tenemos que concienciarnos de que desde las ESS y las economías comunitarias, estamos haciendo una función pública. Tenemos que dejar de pedir permiso para que se nos reconozca y exigirlo, quizás con más contundencia.

¿Una disputa frente a qué exactamente?
Frente al acaparamiento. Hemos perdido el control colectivo sobre bienes esenciales: la vivienda, la alimentación, la energía, la salud, la cultura. Y para recuperar ese control hay que democratizar la economía. Y para democratizar la economía hay que planificar de forma plural. Ahí es exactamente donde entra la colaboración público-cooperativa-comunitaria: como una forma de planificación económica que subordina los recursos a finalidades sociales, democráticas y ecológicas.

No es una sustitución de lo público. Es un trabajar con, pero desde un lugar de reconocimiento mutuo. Esa es la diferencia clave.

¿Qué cambia en la política pública cuando la ESS entra en toda la concepción del proceso?
Cambia la lógica económica y democrática que hay detrás. Cambia quién ejecuta. Cambia qué entendemos por valor. Y se produce una transformación institucional que es real, aunque lenta.

Las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias generan soberanía económica, retorno social y nuevas formas de ciudadanía económica en un sentido muy amplio. Y los valores que aporta la economía social —arraigo territorial, sostenibilidad, cuidados, gobernanza democrática, resiliencia comunitaria— tienen que poder medirse. Tenemos que ser capaces de imaginar indicadores de reciprocidad, indicadores ambientales, etc. Existen herramientas como el balance comunitario, que ya se está aplicando en Barcelona en los equipamiento de gestión comunitaria que camina en esta dirección.

Pero también hay que hacer autocrítica: demasiadas veces las relaciones público-comunitarias han respondido a soluciones contingentes, fruto de la presión vecinal y social en un momento dado. Conseguimos una cesión porque había masa crítica suficiente para picar piedra. Eso no puede ser el modelo. Hay que exigir acción pública planificada y decidida, no victorias puntuales que desaparecen con el siguiente gobierno. Y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen según el contexto. No existen las mismas condiciones de partida en una ciudad como Barcelona con toda su tradición cooperativista y colectiva que en el contexto del que yo vengo, Galicia, en el que décadas de gobierno del PP dificultan sobremanera la consolidación de este tipo de colaboraciones público-cooperativas-comunitarias, a medio-largo plazo.

Estuviste dentro de una institución. ¿Qué encontraste ahí que desde fuera no se ve?
Un anquilosamiento profundo. Una inercia que imposibilita que entren no solo nuevas lógicas, sino nuevos lenguajes. Y eso es un problema, porque si la administración no entiende el lenguaje de la ESS, no puede reconocerla.

Pero también aprendí que las instituciones son personas. Y como personas que son, hay que ir encontrando las grietas y las interlocuciones que permitan articulaciones. Lo que la administración tiene que aprender —y desde dentro se ve con mucha claridad— es que su rol no es hacerlo todo, sino generar las condiciones para que las cosas ocurran. Ceder control. Ceder poder. Y entender que en ese ceder, avanza y se acerca a la sociedad que siempre irá por delante.

Hay experiencias muy interesantes de formación de funcionariado en colaboraciones público-comunitarias, como el programa de Bherría, que muestran que lo institucional no es un bloque impenetrable. Hay que encontrar esas personas dentro y construir con ellas.

¿Y qué oportunidades ves en los próximos años? ¿Dónde hay que poner la energía?
En el marco normativo, sin duda. La ley catalana de ESS es un avance histórico: por primera vez reconoce el mercado social, ampara las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias y da seguridad jurídica. Eso es fundamental, porque uno de los grandes frenos —sobre todo en ayuntamientos pequeños— es el miedo a introducir cláusulas sociales sin respaldo legal claro. Nadie quiere ser el primero. Con un marco que ampare, eso cambia.

Y luego hay algo que me parece urgente: hablar con quien nos da pereza hablar. La FEMP, la Asociación de Interventores y Secretarios de Ayuntamientos, el Observatorio de Contratación Pública, las Diputaciones... Son estructuras que pueden parecer rancias porque no hablan nuestro lenguaje, pero si no estamos ahí, si no activamos conversaciones en esos entornos, no podemos exigirles que conozcan o entiendan la coproducción, la ESS. Y si no nos reconocen, no cambia nada en los contextos donde más falta hace que cambie.

La coproducción no prospera solo donde ya hay condiciones favorables. Tiene que poder prosperar en los territorios donde esas condiciones hay que construirlas. Y para eso hacen falta alianzas improbables, marcos legales sólidos y, sobre todo, dejar de pedir permiso.

Creo que en esta última semana de septiembre estamos viendo lo que significa disputar, en este caso la crisis de vivienda y del coste de la vida y las insuficientes respuestas institucionales. Los Sindicatos de Inquilinas, las acampadas y toda la gente que está saliendo a las calles está logrando situar esa problemática en el centro de la discusión pública y en la agenda institucional hasta el punto de forzar la convocatoria de unas elecciones clave. Ese músculo social no está pidiendo permiso para abrirse paso. Queda por ver si las instituciones estarán preparadas para lo que viene.