México
Violencia, saqueo y especulación minera en el sureste de México

La minería en México va de la mano de un entorno de violencia y despojo en contra de las comunidades del sur del país. Específicamente en Oaxaca, pero también en Guerrero, las transnacionales mineras acrecientan su poder al poseer títulos de concesión —otorgados con el beneplácito de sucesivas administraciones del gobierno federal desde hace 25 años— sobre territorios que incluyen bosques, ríos, selvas y el entorno natural de la entidad con mayor biodiversidad de la República Mexicana.

El Panorama Minero del estado de Oaxaca 2021, documento elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, señala la existencia de 322 concesiones mineras, mientras que el documento par en Guerrero muestra la existencia de 631 títulos de concesión. Con base a estos permisos federales, las mineras transnacionales avanzan territorialmente para apropiarse de tierras colectivas (ejidales y comunales) de miles de comunidades.

El caso de Oaxaca

El arribo de uno de los proyectos mineros establecidos en Oaxaca, en el valle de Ocotlán, se dio entre el trote de botas militares, armas de fuego, gases lacrimógenos y sobrevuelo rasante de helicópteros en las comunidades afectadas. De esta manera, el 6 de mayo de 2009, el Estado mexicano, con 3 mil elementos de tropas federales y policías estatales, le arrebataban las tierras a la comunidad de San José del Progreso para entregárselas a la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines que en México usa el nombre de Minera Cuzcatlán. Detuvieron a decenas de campesinos, hombres y mujeres, que sufrieron torturas físicas y psicológicas y se estableció de facto el estado de sitio en toda la región.

Durante los últimos 13 años la compañía, mientras ha ampliado su complejo de operaciones y ha socavado las tierras del Valle de Ocotlán, ha impuesto la división comunitaria y ha ejercido la violencia a través de la creación de un grupo de choque armado, expandiendo el despojo a otras comunidades donde ha llevado a cabo proyectos de exploración.

Esta conflictividad se traduce en un permanente escenario de violencia que ha desencadenado masacres y desplazamiento forzado de comunidades enteras

El 19 de enero de 2012, Bernardo Méndez Vázquez era asesinado; dos meses después, el 15 de marzo, Bernardo Vásquez sufría su misma suerte. Ambos eran defensores de las tierras de San José del Progreso. Sus asesinatos continúan impunes hasta la actualidad.

El clima de violencia ha continuado en los últimos años. El expresidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz fue ejecutado en febrero de 2016, quien fue conocido por respaldar la imposición de la minera canadiense. A plena luz del día, a escasos metros de un hotel identificado por albergar a empleados de Minera Cuzcatlán, en la población de Ocotlán de Morelos, administrativamente la cabecera distrital de la región, una ejecución considerada en las comunidades por orden la empresa, en un asesinato con tintes de mafia en el símil de “sabia demasiado”.

La empresa canadiense Fortuna Silver Mines ha seguido incrementando su poder en los Valles Centrales de Oaxaca: en 2023 iniciará un proyecto de exploración minera que impactará en 4 mil hectáreas del municipio de San Jerónimo Taviche.

Los permisos para iniciar las perforaciones de 93 planillas de barrenación, se encuentran en trámite en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno federal. El ejecutivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mientras aparenta frenar el proyecto minero ante las comunidades afectadas, ha otorgado facilidades a la empresa, aunque en realidad otorga bajo la mesa los permisos a los canadienses para seguir contaminando el medio ambiente e incrementando sus ganancias en millones de dólares.

Otra minera activa en Oaxaca es la estadounidense Gold Resource, en este caso centrada en la extracción de oro y plata. A menos de un mes del inicio de la pandemia en México, el 13 de febrero de 2020, la comunidad de San Pedro Quiatoni realizó una contundente manifestación en la ciudad de Oaxaca en contra de la presencia impuesta de la trasnacional minera en sus tierras. Las dificultades que supone para una comunidad alejada de la capital del estado movilizar a miles de personas, no impidió que éstas llegarán a las puertas de la ciudad así como realizar una marcha que llenó el Zócalo de Oaxaca.

Minería y violencia en Guerrero

La Red Mexicana de Afectados por la Minería —surgida en 2008 y que agrupa a comunidades, movimientos y organizaciones que hacen frente al modelo extractivo— ha documentado y denunciado que “los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia, como Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora”.

Esta conflictividad se traduce en un permanente escenario de violencia que ha desencadenado masacres y desplazamiento forzado de comunidades enteras. A inicios de octubre de 2022, en la comunidad de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, fueron masacradas 22 personas; 6 años antes, en noviembre de 2016, habitantes de la región denunciaron a un medio de comunicación nacional: “En la llamada región Sierra de Guerrero hay comunidades deshabitadas por completo, en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, refiere Olivares. La Laguna, por ejemplo, se encuentra deshabitada desde 2011. Lo mismo en las partes serranas de la Costa Grande, en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez y otros”.

“Los cárteles están activos ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos”, comentó el directivo sobre un tema del que no es común escuchar públicamente

Apenas dos meses después de estos hechos, el 10 de diciembre de 2022, un comando ingresó a la comunidad El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, ejecutando a 7 campesinos, entre ellos un menor de edad. Ambas masacres se suscitan en poblados del nombrado por las empresas mineras “cinturón dorado” o “cinturón de oro” del estado de Guerrero, un área cuyo subsuelo tiene presencia de diversos yacimientos metálicos.

Las masacres ocurridas en octubre y diciembre de 2022, en San Miguel Totolapan y en el Durazno, Coyuca de Catalán, representan un hilo de continuidad en la espiral de violencia que se vive en Guerrero. “Otros incidentes incluyen el desplazamiento en julio de 2013 de más de 300 personas —la mayoría menores de edad— de siete pueblos de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, tras haber recibido amenazas del crimen organizado. Aproximadamente 2.000 personas han sido desplazadas de la región. “Se dice que hay concesiones mineras, aunque la mayor parte del territorio son ejidos. El Estado deja el trabajo sucio a la delincuencia organizada para despoblar la zona y que cuando las mineras lleguen, ya no haya quien se oponga”, declaraba Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, al periódico digital Desinformémonos en el año 2013.

A nivel local las empresas canadienses reconocen a la gobernadora Evelyn Salgado por emprender acciones para fortalecer la actividad minera en Guerrero, prácticamente con unas horas de diferencia a la masacre realizada en la población de San Miguel Totolapan. Así lo reconocía la página oficial del gobierno del estado de Guerrero: “los representantes de las empresas mineras Torex Gold México, Mina Media Luna, José Luis Peralta Flores, de la empresa Equinox Gold, mina Los Filos, Carlos García y el Director General de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar González, manifestaron su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por considerar al sector minero como eje de desarrollo económico estatal”.

En un episodio de cinismo o de extrema sinceridad, Rob McEwen, quien fue parte de la dirección de la empresa minera Gold Corp asentada en el “cinturón dorado” desde 2005, expresó en el medio canadiense Business News Network en 2015, al respecto de sus operaciones desarrolladas con una empresa que lleva su nombre, ahora en el norte de México: “Los cárteles están activos ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos”, comentó el directivo sobre un tema del que no es común escuchar públicamente. "Si queremos ir a explorar a algún lugar les preguntamos y te dicen ‘no’, pero luego dicen ‘regresen en un par de semanas cuando terminemos lo que estamos haciendo”.

La hipocresía del gobierno canadiense parece no tener límites. En los primeros días del año 2023, Canadá emitía una alerta para que sus turistas no visiten Acapulco, puerto ubicado en Guerrero, por la violencia, la inseguridad y el crimen organizado presentes en la zona. Así, por ejemplo, el 10 de enero fueron asesinadas en Acapulco 7 personas —incluido un jefe de la policía estatal—. A un mismo tiempo, los inversionistas de este país firman acuerdos de alto nivel con el gobierno federal mexicano y el gobierno estatal de Guerrero. Unas inversiones que, precisamente, han sido posibles gracias a esa misma violencia e inseguridad que pretenden evitar a su ciudadanía mientras las poblaciones de las zonas afectadas son desplazadas y sus comunidades son abandonadas. Guerrero es uno de los estados del país con mayor inversión anunciada para 2023, por más de mil 327 millones de dólares para nuevos proyectos mineros, especialmente para el saqueo de oro y plata.

Un nuevo impulso para el saqueo

Recientemente, tras la visita a México del primer ministro canadiense y del presidente de los Estados Unidos en el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte 2023, se firmaron acuerdos alrededor de lo que denominan “sector energético”.

A este respecto, la Hoja Informativa publicada por la Casa Blanca el martes 10 de enero de 2023, “Objetivos de cumplimiento clave para la Cumbre de Líderes de América del Norte 2023”, EE UU mostraba sus cartas al señalar que los tres países participantes en la Cumbre:

“Organizarán junto con el sector de semiconductores el primer foro trilateral sobre semiconductores, con objeto de adaptar las políticas gubernamentales y aumentar la inversión en las cadenas de suministro de semiconductores de América del Norte. El foro, que se celebrará a principios de 2023, incluirá a representantes de alto nivel del sector y la participación gubernamental a nivel de gabinete de Estados Unidos, México y Canadá”.

“Coordinarán las iniciativas de mapeo de las cadenas de suministro de semiconductores para llegar a un entendimiento colectivo de las necesidades insatisfechas. Este mapeo con los tres países permitirá detectar oportunidades de inversión complementarias”.

“Ampliarán el mapeo de los recursos minerales críticos de América del Norte, a fin de recopilar detalles sobre los recursos y las reservas. Las encuestas geológicas de cada país organizarán un taller trilateral para intercambiar datos y facilitar la cooperación”.

Esto significa que además de los proyectos mineros ya asegurados en las últimas dos décadas por las empresas canadienses y estadounidenses en México, se volverá a mapear el territorio nacional para buscar otros yacimientos de los llamados semiconductores –entre ellos el litio– con la finalidad de “detectar oportunidades de inversión complementarias”. En este contexto, algunas de las iniciativas mineras que se están dando en Oaxaca serían las siguientes:

— A finales de 2022, la empresa canadiense Minaurum Gold mantiene negociaciones económicas con la también canadiense Fortuna Silver Mines para lo que llaman “proyecto minero Taviche” en el Valle de Ocotlán por un valor de un millón y medio de dólares. Cabe destacar que en el territorio de Taviche también mantiene interés la empresa Gold79 Ltd. A un mismo tiempo, Minaurum Gold durante 2023 sigue buscando acuerdos con otras empresas para extraer cobre y oro de la selva de los Chimalapas.

— La empresa canadiense Vortex Metals presume una recaudación de capital de 4,5 millones de dólares canadienses. La compañía está completamente financiada para iniciar la perforación del subsuelo, exploración minera prevista para el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Con cuatro concesiones que abarcan 19 mil 104 hectáreas, Vortex Metals proyecta una campaña exploratoria en los municipios de Santiago Astata y Santo Domingo Tehuantepec para la búsqueda de cobre y oro.

— La empresa minera canadiense Madoro Metals presume de participar activamente en la exploración y desarrollo de tres proyectos de oro y plata en el estado de Oaxaca. Las tierras que esta minera asume como suyas suman casi 15 mil hectáreas y se ubican en Santiago Matatlán, San Juan Lajarcia y San Bartolo Yautepec.

— Inomin Mines, por su parte, compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca, ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020, pagando un millón de acciones, 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1,5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión. Ello significa un desorbitante beneficio directo para sus propietarios e inversionistas al haber experimentado sus acciones un incremento de su valor del 700% en su valor financiero. Esta transacción, sin embargo, no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni para la administración del gobierno federal.

La realidad descrita, ejemplifica apenas una parte de la brutalidad del saqueo en el sur de México y como es evidente contrasta radicalmente con las palabras emitidas por el presidente de la República desde el Palacio Nacional, el 18 de enero de 2023: “Ahora afortunadamente la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio, a que se cuide el medioambiente, son las que más ganan a los trabajadores mineros y las que más ayudan a las comunidades y a los gobiernos estatales”.

Mientras las concesiones mineras sigan teniendo vigencia y no sean canceladas son una amenaza para cada una de las localidades, congregaciones, agencias, comunidades, pueblos y municipios de Oaxaca y Guerrero. Sus territorios, cuyo subsuelo es objeto de concesiones al margen de la voluntad de sus pobladores, se han vuelto, en estas circunstancias, un riesgo para sus habitantes a un mismo tiempo que la destrucción del medio ambiente sigue adelante sin que el gobierno federal haga nada por impedirlo ni porque los pueblos del sur de México obtengan ningún beneficio económico de la destrucción de sus vidas y sus territorios.