Argentina
Mendoza lucha por su agua aún en medio de la pandemia

Miles de personas salieron a protestar el 23 de diciembre de 2019 en la provincia argentina de Mendoza. A la región le había surgido un problema. Otro más. A la sequía que le acompaña desde hace diez años se le ha unido esta vez la política. El radicalismo y el peronismo unidos para permitir a la minería contaminar los mermados recursos hídricos de la provincia. Por eso sus habitantes salieron a la calle para frenar la derogación de la ley 7722, que impedía el uso de químicos en la explotación minera. Pese a que finalmente se mantiene la ley, en los últimos meses los mendocinos han visto cómo se siguen haciendo intentos de favorecer la industria de la minería y el fracking. Por ello, pese a la actual cuarentena por la covid-19 que vive la región, el pasado nueve de mayo vecinos y activistas mendocinos convocaron una protesta online bajo los ya conocidos hastags #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia, #La7722nosetoca y #LaGranDefensAgua, que dan una idea de la importancia del agua para los habitantes de esta región.

Mendoza queda flanqueada por el Aconcagua en su parte oeste y cuenta con algo menos de dos millones de habitantes sobre un terreno que se va aplanando hacia el este y el sur. Su clima árido y seco provoca que toda actividad diaria dependa del agua de los glaciares de la cordillera andina. Sin embargo, esto le permite también ser la principal región frutícola de Argentina. Y de vino, porque Mendoza y los mendocinos se sienten muy orgullosos de la fama mundial de sus caldos. Preguntes a quien preguntes, es raro que no te hable del vino y del agua.

Los últimos meses los mendocinos han visto cómo se siguen haciendo intentos de favorecer la industria de la minería y el fracking. Por ello, pese a la cuarentena por la covid-19 el pasado nueve de mayo convocaron una protesta online

Por ello, no es la primera vez que en Mendoza la gente sale a protestar para defender sus recursos hídricos. “Desde chicos el agua nunca fue un tema menor, aún cuando no había una alerta por sequía” explica Georgina Laghezza. Y recalca que “al existir siempre una fuerte conciencia social sobre estos impactos, Mendoza ha luchado por años por evitar el desarrollo de la minería”. Georgina y su pareja son dos mendocinos que llevaban unos años viviendo en Barcelona y ahora han decidido retornar a su tierra.

Georgina recuerda que ver el carácter multitudinario de las protestas desde Barcelona les conmovió bastante. Desde allí procuraron compartir todas las convocatorias en sus redes sociales como una forma de apoyar la causa mendocina, “porque nos moríamos de ganas de estar ahí defendiendo lo que siempre hemos cuidado y valorado. Algo tan esencial como el agua para poder vivir, y vivir además sanos”. De momento, el covid-19 no les ha permitido disfrutar del todo de su vuelta.

Por ahora se encuentran en cuarentena y no han podido ver mucho de su tierra, pero afirma que esta “sigue con escasez de agua y siempre se agradecen las lluvias en verano y las nevadas en alta montaña” y añade que “justo ayer hubo tormenta eléctrica y está pronosticado lluvia la semana entrante. Esto a mí y a todos los mendocinos, aun en cuarentena, nos alegra el corazón”. Un sentimiento atemporal que aumenta con la incertidumbre provocada por la pandemia.

Lo cierto es que en 110 años no se recuerda una sequía así en esta provincia del oeste argentino. Anteriormente ya han pasado por otros periodos de sequía, pero lo excepcional de este episodio es su extensión temporal. Va para una década y las predicciones no hacen presagiar cambios a mejor. En las redes sociales y en los periódicos locales se encuentran fotos y comentarios que señalan la incredulidad de los mendocinos ante el estado de sus embalses. Donde antes había grandes extensiones de agua ahora sólo hay secarrales. Y preocupación.

Preocupación con aval científico

El último boletín informativo del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza pronostica un año 2020 “seco”. Esto, sobre el papel, significa que el caudal de los ríos baja del 65% de su volumen medio. La realidad que muestra este informe es que la media del caudal de los ríos de Mendoza está hoy al 50%. Si a esto añadimos que las reservas en tres de sus principales embalses se encuentran también por debajo de esa cifra —y claramente por debajo del histórico de los últimos 10 años— la situación es ciertamente preocupante.

Por si fuera poco, el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Juan Antonio Rivera señala que “las proyecciones futuras no son para nada alentadoras, dado que en parte la condición de sequía está forzada por las concentraciones de gases de efecto invernadero”. A esto hay que sumar el incremento en las temperaturas, “las cuales podrían estar entre 2° y 4°C por encima de los valores normales hacia fin del siglo XXI”. Este aumento enfrenta a Mendoza directamente con uno de sus mayores problemas a la hora de mantener el nivel de su agua embalsada.

Gran parte de los embalses se nutren del agua del deshielo, pero la falta de precipitaciones y la subida de la temperatura media regional están diezmando las reservas de nieve de los Andes. Rivera no cree “que estemos cerca del Día Cero como fue el caso de Ciudad del Cabo, pero sin duda la presión sobre el recurso hídrico será mayor y algunos sectores podrían verse seriamente afectados frente a esta situación”.

Gran parte de los embalses se nutren del agua del deshielo, pero la falta de precipitaciones y la subida de la temperatura media regional están diezmando las reservas de nieve de los Andes

En Mendoza esos sectores son la agricultura y la ganadería. Por eso la gente tomó el cambio de ley como una afrenta directa. Según el Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza, la suma de la producción agropecuaria y la industria manufacturera suman el 23% del Producto Bruto Regional de la provincia. Una de cada cinco familias depende directamente de la agricultura en una provincia que ve cómo su potencial económico ha ido menguando en los últimos años y la desigualdad social ha ido en aumento.

Ahora la crisis de la covid-19 se une al problema de la sequía. Según los datos del Ministerio de Trabajo argentino en febrero de este año la provincia perdió 4.578 empleos, una caída porcentual del 1,8%. Con la economía parcialmente parada por la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernandez, la economía de Mendoza tiene un gran reto por resolver. Por ello, ya antes de la pandemia, el gobierno de la región planteaba la megaminería como solución económica, pero los mendocinos salieron en masa a protestar por el miedo a las consecuencias ambientales que acarrea la minería.

Primeras luchas por el agua

Para entender mejor estas protestas hay que remontarse a 2007, año en que fue sancionada la ley 7722. Esta ley regula el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería de toda la provincia y establece la ratificación por ley de la declaración de Impacto Ambiental de cualquier proyecto. “En Mendoza cuando se sancionó la Ley 7722 hubo festejos en las calles, especialmente en los pueblos que en diciembre de 2019 salieron a defenderla. Alvear, el Valle de Uco, Uspallata, etc. Hay una real defensa del agua, por más que muchos de los que salieron a las calles hayan votado a Suarez” afirma la periodista mendocina Gabriela Valdés.

Pero la ley 7722 no llegó sola a Mendoza. Se luchó desde la calle. El punto de inflexión para esta lucha tuvo lugar el 23 de marzo de 2003 en el pueblo de Esquel. Allí, a menos de seis kilómetros del pueblo, la transnacional estadounidense Meridian Gold quería emprender un gran proyecto minero. Los vecinos, tras investigar sobre los riesgos que suponía aquella mina, se organizaron en asambleas con el fin de pararlo. Se organizó un plebiscito y el 82% de la población votó por el no a la mina.

“La narración de estos episodios llegó a Mendoza, generando mucha preocupación ya desde el 2004 por lo que en ese entonces llamábamos minería, pero que luego comenzamos a denominar megaminería” responden desde la Asamblea Maipucina por el Agua, una organización vecinal que lleva trabajando por la protección del agua desde el año 2006. Los vecinos de Maipú entendían que la política minera era parte de un plan provincial y nacional que no distinguía colores políticos, por lo que debían organizarse como lo habían hecho en Esquel.

Se organizaban charlas informativas, cortes de rutas y diferentes movilizaciones “para resistir ante posibles proyectos mineros en la provincia, y siempre con el eje fundamental del cuidado del agua como bien común, escaso y fundamental para la vida y las economías regionales de nuestros pueblos”. Además, insisten desde la Asamblea Maipucina, se insta a “establecer el concepto de cuenca hídrica que supera los límites departamentales y provinciales, y al mismo tiempo, a pensar colectivamente alternativas más perdurables y amigables con el ambiente”.

Cambio de gobierno y protestas masivas

El pasado 10 de diciembre de 2019 Rodolfo Suarez juró su cargo como gobernador de Mendoza. Su primer movimiento fue proponer el proyecto de derogación de la ley 7722, lo que puso bajo aviso a los mendocinos. A la postre, este movimiento se ha demostrado como un grave error político, pues el cuórum existente en Mendoza en torno al agua provocó que las protestas fueran masivas. Muchas personas que hacía pocos días habían votado por él, también se sumaron a las marchas por el agua.

“Para derogar la ley, Suarez hizo alianza con el Partido Justicialista (Peronismo). Ambos sectores daban señales de que iban por la derogación, sólo que en la campaña no podían blanquearlo claramente pues es una ley muy defendida en Mendoza” confirma Valdés y recuerda que “el peronismo cuando fue gobierno también trató de derogar la 7722, pero tampoco pudo hacerlo por la presión social”. Por ello el pueblo de Mendoza ha entendido que el problema es el de un lobby minero que actúa esté quien esté en el gobierno.

Finalmente, tras numerosas jornadas de protesta la ley no se derogó. En la rueda de prensa posterior a retirar la propuesta, Suarez defendió que el deficitario modelo productivo justificaba el intento de derogación. Este modelo mantiene —según sus propias palabras— a un 40% de la población mendocina por debajo del umbral de la pobreza. Aclaró también que en su campaña había hablado claramente de ampliar la matriz productiva a través de la minería —siempre que hubiera consenso social— y negó las acusaciones de represión. Denunció además que varios policías resultaron heridos durante las protestas.

“Nosotros sabemos y entendemos que estamos viviendo una época de sequía, que el recurso es escaso, pero tenemos la visión y el entendimiento que si esta provincia no genera riqueza para volcarla a optimizar nuestros recursos hídricos, nuestras generaciones futuras lo pueden llegar a pasar muy mal” aclaró. Acto seguido reiteró que él había participado en diversas entrevistas y debates por toda la provincia aclarando estos puntos y negó que la mera existencia de la minería fuera un foco de contaminación del agua.

El análisis del Producto Bruto Geográfico de regiones con explotaciones megamineras indicaría que estas producen más perjuicios que beneficios. La megaminería provocaría así la pérdida de la diversidad económica a largo plazo

Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) publicaron un comunicado que contradice esta afirmación. En él sostienen que “uno de los aspectos fundamentales de esta metodología es que utiliza grandes cantidades de agua, en zonas de Argentina donde generalmente es escasa, y contamina las cuencas hídricas con los metales y químicos mencionados”. En el comunicado también se contrargumenta el aumento de puestos de trabajo defendido por el gobernador.

Lo que indican estos investigadores es que “la explotación de minas y canteras aportó sólo el 2,95% del Valor Bruto de producción total en Argentina desde 2004 hasta 2018, siendo que la megaminería metalífera aportó apenas 0,49%, en comparación con el 6,95% de la ganadería, agricultura, caza y silvicultura”. Además, aseguran que el análisis del Producto Bruto Geográfico de regiones con explotaciones megamineras indica que estas producen más perjuicios que beneficios. La megaminería provoca la pérdida de la diversidad económica a largo plazo.

el covid-19 reabre el debate

Pese a que la ley 7722 no será finalmente reformada, ante las nuevas perspectivas económicas derivadas de la pandemia, el pasado 24 de abril un grupo de empresarios envió una carta al gobernador Suarez en la que se pide, entre otras cosas, “avanzar en el desarrollo de la actividad (minera) en el marco de la legislación vigente considerando proyectos existentes”. Además, en su discurso del primero de mayo ante la Asamblea Legislativa, Suarez anunció la intención de buscar “alternativas para ampliar los horizontes productivos de la provincia”, lo que a muchos recordó a la ampliación de la matriz productiva que pretendía con la reforma de la ley 7722.

Ante estos hechos, desde las asambleas por el agua y diferentes movimientos sociales se promovió una jornada reivindicativa en redes sociales para el nueve de mayo. Dado que la cuarentena impedía manifestaciones multitudinarias, las redes se llenaron de fotos y hashtags en contra de la minería y del fracking. El covid-19 ha reabierto el debate en una polémica que los mendocinos no dan por terminada, por lo que seguirán organizándose al grito de “el agua no se toca”, un lema que asegura un futuro que ahora también se ve comprometido por la pandemia. Mientras tanto, se les seguirá alegrando el corazón cada vez que llueva.