El Salvador
La lumbre de los derechos humanos en El Salvador

Una de las figuras más veneradas de El Salvador es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado por ser “la voz de los sin voz” un 24 de marzo de 1980, hace 40 años, y declarado Santo un 14 de octubre de 2018. Su estela ondea en la lucha incansable de las víctimas de desaparición forzada, de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. A ellas las mantiene la fe en que tarde o temprano llegará la hora de la verdad. De la justicia.

¿Y tú qué defiendes? La respuesta a esa pregunta en El Salvador pone en evidencia la polarización existente en la sociedad. Cuando llegas al aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, unos se alegran del homenaje al mártir salvadoreño, pero otros no tanto, porque su ídolo es el Mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta, sospechoso de haber dado la orden de matarlo y fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El Salvador lleva 28 años viviendo en democracia, pero sin superar las secuelas de 50 años de dictaduras militares y los 12 años de conflicto armado

Un cara o cruz que marca la vida diaria de seis millones y medio de personas en 21.000 km2, donde apenas llevan 28 años viviendo en democracia. Aun así, siguen sin superar las secuelas de más de 50 años de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado (1980-1992) que dejó, según las cifras oficiales, 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Solamente en el Monumento a la Memoria y la Verdad, inaugurado el 6 de diciembre de 2003, en el Parque Cuscatlán, en la capital salvadoreña, están grabados 25.000 nombres de víctimas de la guerra civil. Es un muro de 85 metros de largo, en granito negro, edificado gracias a la iniciativa del Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles de violaciones de Derechos Humanos que agrupó a diferentes organizaciones no gubernamentales, entre ellas Mundubat, ONG vasca que tiene presencia en el país centroamericano desde los años 80, en aquel entonces conocida como Paz y Tercer Mundo – Hirugarren Mundua ta Bakea.

La dureza del granito refleja maravillosamente la fuerza que mantiene en pie de lucha a Gloria Guzmán Orellana, salvadoreña con nacionalidad española de 55 años de edad e integrante del área de investigación del Instituto Hegoa, en Euskal Herria. Le tocó grabar tres nombres en el Monumento a la Memoria y la Verdad: el de su padre, Juan Antonio Guzmán; su madre, Otilia Orellana López; y su hermano, Fernando Enrique Guzmán. Son víctimas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, en 1982, por agentes de la Policía Nacional y elementos del Ejército.

Sucedió hace 38 años. El hermano, el 15 de mayo, y el padre y la madre, el 17 de mayo, y como bien dice Gloria: “Mi familia no murió por accidente, fueron detenidos y desaparecidos por dos de las principales instituciones de seguridad del Estado, sus operativos se realizaron de manera planificada y con recursos, a cara descubierta, con uniformes y a plena luz del día. Y aunque sucedió hace más de tres décadas, la desaparición sigue siendo tal, como lo es el trauma que la acompaña en mi vida”.

Violencia del Estado

Gloria se considera una víctima más de la violencia del Estado y de ahí su decisión de interponer en la Fiscalía General de la República, el 25 de agosto de 2017, una denuncia formal contra los tres jefes militares involucrados en la desaparición forzada y asesinato de sus familiares: General José Guillermo García, ex ministro de Defensa Nacional; General Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor General, y el Coronel Carlos Reynaldo López Nuila, ex director de la Policía Nacional.

El día de la denuncia, Gloria estuvo arropada por un grupo de mujeres y hombres del Colectivo Jurídico por los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Las Dignas, Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos de El Salvador (CODEFAM), Comité de Madres y parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador (COMADRES), Comité de madres y familiares cristianos de presos, desaparecidos y asesinados (COMAFAC) y la Fundación Comunicándonos.

El Informe de la Comisión de la Verdad, de las Naciones Unidas, ha reportado 5.000 desapariciones forzadas en El Salvador

¿Por qué desaparecieron al padre, la madre y el hermano de Gloria? De acuerdo a su hija, Juan Antonio era sindicalista en una empresa donde trabajaba como obrero, pero también igual que su madre pertenecían a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que sufrían represión en esos años del conflicto armado; mientras su hermano estaba en las organizaciones populares. Inmediatamente, la familia interpuso las denuncias respectivas a nivel nacional e internacional y el caso quedó consignado ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas (ONU), creada el 27 de abril de 1991 cuando se daban las negociaciones de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992 y que pusieron fin a los 12 años de guerra oficial entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque las heridas de las víctimas civiles quedaron sin sanar, porque seguían sin saber qué había pasado con sus seres queridos desaparecidos y los responsables seguían viviendo en la impunidad.

Los hechores durmieron tranquilos gracias a la Ley de Amnistía, aprobada el 20 de marzo de 1993, cinco días después de que se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad, el 15 de marzo. Los más beneficiados fueron los de la estructura del Estado, responsables de más del 90% de los casos señalados de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El caso Guzmán Orellana es una de las 5.000 desapariciones forzadas reportadas por la Comisión de la Verdad.

La justicia va lenta

Y hubo que esperar 23 años para que por fin la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declarara inconstitucional la Ley de Amnistía. Fue el 13 de julio de 2016 y uno de los argumentos es que violaba el derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, se tenía que investigar a las personas que aparecen en la lista del Informe de la Comisión de la Verdad, porque no podían ser amnistiadas.

Entre los crímenes más conocidos en los que, hasta la fecha, no se han juzgado a los autores intelectuales, están: la masacre de El Sumpul, que sucedió el 13 de mayo de 1980, donde los militares asesinaron a más de 300 campesinos, la mayoría niños, mujeres y ancianos; el crimen de El Mozote, del 11 de diciembre de 1981, cuando las Fuerzas Armadas asesinaron a mil personas, sobre todo niños y niñas; la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, en la que los militares asesinaron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Joaquín López y López, Elba Ramos y su hija Celina… El caso de El Mozote está actualmente abierto en el Tribunal de Morazán.

En la masacre de El Mozote, el 11 de diciembre de 1981, la Fuerza Armada salvadoreña asesinó a mil personas, sobre todo niños y niñas

En la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa crear una comisión para elaborar la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. De acuerdo a la cultura salvadoreña, lo que dice la Sala “siempre va a misa”, pero en este caso, el órgano Legislativo se tomó su tiempo para crear la Comisión AdHoc. Lo hizo hasta el 13 de junio de 2018 y para mayor inri, la integraron con ex comandantes del Ejército y del FMLN, “siendo juez y parte”, criticó la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos y las víctimas del conflicto armado.

Hubo un augurio: “no tienen interés real en la justicia de las víctimas”

A pesar de todo, volvía a renacer la esperanza en las víctimas, como Gloria, de lograr justicia en el caso de sus familiares desaparecidos. Presentó una petición de Hábeas Corpus, que obliga a las autoridades a dar a conocer la situación del detenido a un juez. Lo hizo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de agosto de 2017, y, cuatro días después, la demanda en la Fiscalía General de la República para que investigara la detención y desaparición forzada de su familia. El proceso siguió su curso.

El 8 de mayo de 2019, se celebró la segunda audiencia testimonial del caso Guzmán Orellana en el Centro Judicial Isidro Menéndez, a donde arribaron Gloria y su primo Sergio Guzmán, como testigos, a testificar ante el jurado. Y, en ese año, mientras Gloria se aferraba al desafío de conseguir justicia y verdad para su familia, falleció su tía Mari, de 92 años, la hermana de su madre y testigo de cuando se la llevaron las fuerzas de seguridad del Estado. Su testimonio está grabado, pero muere sin ver justicia. Sin saber dónde quedaron los restos de su hermana y sin poderles dar cristiana sepultura.

La nueva Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional de El Salvador fue vetada por ser una nueva Ley de Amnistía

“Sigue el sueño de los justos”, expresó Rosa Elsi Pérez Cruz, presidenta de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado, porque con la firma de los Acuerdos de Paz se guardaron las armas, pero la búsqueda de la justicia sigue. “Seguimos aquí. Tenemos un rostro y exigimos justicia… Es un calvario pedir justicia en El Salvador”. Sus palabras iban dirigidas, en parte, al nuevo Gobierno de Nayib Bukele que asumió la Presidencia de la República el 1 de junio de 2019.

#NoALaAmnistía

Y un calvario que la clase política se esmera en complicar. Una de las últimas pruebas la tuvieron el miércoles 26 de febrero de 2020, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional con 44 votos, al tiempo que Bukele anunciaba vía Twitter su veto que oficializó dos días después, el 28 de febrero. “Es un fraude…es una simple y llana ley de amnistía”, dijo el mandatario.

Las redes sociales hirvieron al difundirse la aprobación, porque ya se conocía el Anteproyecto de la Ley presentado el lunes 24 de febrero de esa misma semana, y el rechazo fue unánime en las organizaciones de derechos humanos y las víctimas. “Favorecerá la impunidad”, sostuvieron.

“Es una nueva amnistía disfrazada… un falso perdón y olvido que tanto daño nos ha dejado ya. Para perdonar, hay que reconocer y reconocer; para olvidar hay que sanar Y NO SE SANA SI HAY EXCLUSIÓN DE LAS VÍCTIMAS”, escribió en su Facebook Dulcinea Flores Argueta, cuyo padre, Pedro Flores Peña, lo desaparecieron un 21 de noviembre de 1983. Hace 36 años. Él trabajaba en la Universidad de El Salvador.

Al pedirle a Dulcinea que ahondara en su reflexión sobre la nueva Ley, aseguró que es doloroso el tema, “pues la peor tortura es no saber de nuestros seres queridos. Lo que realmente desea un familiar de desaparecido es la verdad. Y con la nueva `amnesia´ es decir, amnistía disfrazada, lo que quieren es justamente ocultar esa verdad. Así, solo nos están ‘re-victimizando’”.

Gloria califica el proceso de elaboración de la Ley como tortuoso, controversial, y que al final ha primado un consenso entre 44 diputados para sacar una Ley que no cumple con los parámetros de la justicia que necesitamos ni con los parámetros internacionales de la justicia transicional. Ella resalta especialmente dos aspectos de los muchos criticables que tiene. Primero. “Los que tenemos demanda por delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos en el conflicto, nos afecta el que los casos que son sujetos de investigación quedan a discreción en buena parte del Fiscal, de que él decida si son casos que entran dentro de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y eso obviamente no tendría que ser criterio de un Fiscal General, sino de un proceso de investigación como se debe”.

Segundo. “El otro punto neurálgico de nuestra crítica es que esta Ley no garantiza un proceso de justicia real para los responsables de los casos de violaciones de derechos humanos más vinculados con los crímenes de lesa humanidad y de guerra, porque hay muchas atenuantes para que se libren de la cárcel, de la pena, y eso no lo podemos aceptar”.

“Yo, como hija de padre y madre y familiar desaparecido, sería sangrante que haga un proceso judicial pero que al final, por cualquier atenuante por edad, por enfermedad, que no se dice qué tipo de enfermedades y tendría que incluirlas en estas atenuantes, los responsables podrían quedar libres”, señaló indignada Gloria. “O sea que al final, es una re-victimización que nos harían a los familiares y una burla realmente para el sistema de justicia, para todos, todas”.

Una burla, posiblemente, para la misma Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que ahora tendrá que estudiar sí se cumplió su Sentencia. Ojalá no tarde otros 23 años en dar una respuesta como le pasó con la Ley de Amnistía de 1993.

El tinglado político ha comenzado a moverse. La Ley volverá a la Asamblea Legislativa, donde para superar el veto presidencial requiere 56 votos de los 84 diputados/as y parece que no los tiene asegurados.

Las organizaciones de derechos humanos tampoco han parado en su accionar. El 10 de marzo de este año, ya iban por el octavo plantón por la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado bajo el hashtag o etiqueta #NoALaAmnistía #NoBorraránNuestraMemoria.

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