Marisa Matias: "La ciudad no son solo las calles, las casas y el patrimonio"

La eurodiputada portuguesa, Marisa Matias, habla sobre el derecho a la vivienda en la Europa neoliberal. 

Marisa Matias
Marisa Matias, eurodiputada por el Bloco de Esquerda.

Italia

Traducción: José Castrillo

publicado
2017-11-19 06:06:00

Eurodiputada y candidata en las pasadas elecciones generales de Portugal, Marisa Matias se sienta en la bancada del Gue/Ngl en el Parlamento Europeo, la izquierda europea. Su partido, Bloco de Esquerda, apoya al gobierno portugués guiado por el socialista António Costa, un ejecutivo anti-austeridad que en 2015 consiguió arrancarle el timón del país al mucho más filoeuropeo Passos Coelho y que, en los últimos meses, ha recibido felicitaciones de la UE por unos índices financieros que muestran una recuperación creciente.

Una Caravana está atravesando el país para llamar la atención sobre la política de vivienda, que ha alcanzado niveles de grave urgencia en los centros y periferias de las ciudades. El primer ministro António Costa ha hablado de la vivienda como una "nueva prioridad" del gobierno, remarcando lo esencial de que la nuevas generaciones y las clases medias puedan tener acceso a una casa a precios justos. ¿Cuál es su posición respecto a este punto?
A pesar de que la Constitución portuguesa declara el Derecho a la Vivienda, la realidad nos demuestra que este derecho está cada vez más lejos de ser una realidad en Portugal. La creación y atribución de las viviendas sociales no han sido nunca suficientes para las necesidades reales. Los distintos planes de realojo han dejado atrás a innumerables familias enteras o miembros de las mismas. Al mismo tiempo, en las grandes ciudades se mantenían sin uso muchísimos edificios de apartamentos, abandonados o vacíos. En los últimos años, la crisis y las respuestas "austeras" han contribuido ampliamente a empeorar la situación, obligando a muchas familias a entregar sus propias casas a los bancos. Lo mismo ha sucedido con las nuevas leyes para el alquiler, que han servido para facilitar los desahucios y para aumentar el precio de los alquileres. Más recientemente, con el aumento del turismo, la oferta de casas en el mercado ha disminuido y los precios se han disparado.

Hoy son pocas las personas con capacidad para pagar el precio de un alquiler, y muchas ven cómo se les rescinde el contrato porque los propietarios prefieren tener disponibles las casas para introducirlas en el mercado del alquiler turístico. Muchas personas son expulsadas de la ciudad donde han vivido siempre. Este es un problema para el que urge una solución y creo que es muy importante que esta iniciativa tenga lugar antes de las elecciones regionales, porque la respuesta a la cuestión habitacional depende también de las políticas locales que se adoptan en relación a la misma.


Esta entrevista se incluye en una investigación colectiva, coordinada por Il Salto, sobre las cuestiones relacionadas con la vivienda en Europa. Como diputada europea, ¿cree que existen caminos por recorrer, a través la normativa y las instituciones de la UE, para que se cumpla el derecho a la vivienda, como se declara en el artículo 65 de la Constitución portuguesa?
El derecho a la vivienda no es exclusivo de la Constitución portuguesa. También a nivel europeo encontramos el reconocimiento de este derecho en Tratados, en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, en la Carta Social Europea y en otros documentos estratégicos europeos. El derecho a la vivienda es una parte fundamental de la política de cohesión social. No obstante, son los Estados miembros a los que compete definir la propia política de vivienda y salvaguardar este derecho fundamental.

Volvamos a Portugal. En los barrios del extrarradio los problemas habitacionales vienen de lejos. Por ejemplo, el Bairro da Torre en Loures lleva sin luz y sin agua durante varios meses, el Bairro 6 de Maio en Amadora está en fase de demolición, en el Bairro da Jamaica en Seixal la Edp (empresa que gestiona la energía eléctrica de Portugal) amenaza con cortar la luz. El Programa especial de realojo no se ha actualizado desde hace más de veinte años, con el resultado que muchas personas cuyas casas han sido derribadas no han tenido derecho al realojo. Y el realojo mismo ha favorecido la dispersión de la comunidad y la creación de barrios de segregación y discriminación.  
El PER, en el momento en el que se completó por primera vez, estaba ya desactualizado. Veinte años más tarde está obsoleto y no puede servir ni como base ni como punto de partida para ningún plan de realojo. Existe efectivamente la necesidad de un nuevo programa que tenga en cuenta no solo las necesidades reales en la recogida y evaluación de datos, sino que sea capaz también de aprender de los errores cometidos en el pasado en el ámbito del realojo. Es esencial que las instituciones locales se conviertan en un agente fundamental para la concretización del derecho a la vivienda y no, como hemos visto por desgracia en muchas localidades y en esos barrios en concreto, el brazo ejecutivo de los poderes y la represión y la especulación inmobiliaria. Desde un punto de vista más general, considero obvia la necesidad de una ley de bases para la vivienda. Como he dicho ya, los problemas de vivienda son muchísimos y se necesita una legislación que indique el camino para que el derecho constitucional a la vivienda sea efectivo.

El monocultivo del turismo y la gentrificación han alcanzado los centros de las ciudades de Lisboa y Oporto, lucrando a los grandes grupos económicos y expulsando a los habitantes del centro de la ciudad. ¿Cómo se afronta la economía del turismo?
Necesitamos reglas muy claras que regulen la economía del turismo y que la hagan funcionar a favor de las personas que viven en la ciudad y no en su contra. Las ciudades no son solo sus calles, sus casas y su patrimonio. Las ciudades son sus habitantes y lo que estos hacen de ella. Necesitamos reglas que permitan a los habitantes y a los turistas coexistir en el espacio urbano. Durante muchos años hemos asistido a la degradación de los edificios de viviendas y, como consecuencia, también del aspecto de varias zonas de la ciudad. En muchos casos ha habido habitantes que han impedido esa degradación y en muchos otros casos han sido ellos mismos los que han transformado y mejorado las condiciones de vida de estos barrios. En muchos barrios la principal respuesta social es la solidaridad entre vecinos. Con el aumento del turismo, hemos asistido a una rehabilitación de los edificios de viviendas y de los barrios, porque los propietarios creen que para todas esas inversiones habrá un retorno a través del turismo. Hoy en día hay "superpropietarios" que saben que mientras no cambien las reglas relativas al alquiler turístico, éste sigue siendo un negocio mucho más fácil y lucrativo que una empresa hotelera, por ejemplo. La nueva ley de alquileres es otro instrumento en manos de los propietarios que, a través de esta vía, evitan tener que alquilar para vivienda y destinan así sus propiedades al alquiler turístico. Todos buscan ganancias rápidas y fáciles, cosa que en este momento se ha vuelto posible gracias al turismo. Si no se implementan leyes que impongan reglas y que protejan a los habitantes, en breve tendremos una especie de ciudad ficticia.

Henri Lefebvre habló en un libro de 1968 del "derecho a la ciudad". ¿Qué es el derecho a la ciudad hoy en día en Portugal?
El "derecho a la ciudad" del que habló Lefebvre no ha cambiado. Es su ejercicio, o la propia capacidad de ejercitarlo, lo que está en cuestión. Si se expulsa a personas de las ciudades en las que quieren vivir, ¿cómo es posible mantener cualquier tipo de idea de identidad urbana, de ciudadanía o de pertenencia? El derecho a la ciudad sobrevivirá solo si se pone en práctica, si las personas se unen en torno a esa idea y reivindican las propias ciudades.

TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN ITALIANO POR 'IL SALTO'

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