Colombia: “La paz que propone el Estado es la paz para realizar sus negocios”

Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, está detenido en la cárcel La Modelo en Bogotá desde el 23 de febrero de 2017. Es considerado por sus defensores como un “falso positivo judicial”.

Mateo posconflicto colombiano
Mateo Gutiérrez León, considerado por las organizaciones de derechos humanos como un "falso positivo judicial". Carlos Soledad
@CarlosSoledadM

publicado
2018-05-30 14:59:00

Mateo Gutiérrez León, considerado por sus allegados y abogados como “falso positivo judicial”, ha sido acusado por la Fiscalía colombiana por un supuesto caso de terrorismo. El también activista social se pronuncia sobre la estrategia sistemática en la que se enmarca su caso, así como sobre los más de 200 asesinatos de líderes sociales en el contexto del denominado “posconflicto” colombiano.

El término “falsos positivos judiciales” tiene su origen en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que van de 2002 a 2010. En este periodo se acuñó el término “falsos positivos” para definir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército contra civiles inocentes. El objetivo consistía en ofrecer ante la opinión pública resultados en el contexto de la política de “Seguridad Democrática”, es decir, en la lucha contra la insurgencia armada. Lamentablemente, con el paso del tiempo se fue demostrando que una gran cantidad de las víctimas presentadas como bajas en la lucha antiterrorista, no tuvieron nada que ver con grupos armados irregulares, ni con actos subversivos o terroristas. En 2015, la Fiscalía colombiana se encontraba realizando aún 3.430 investigaciones por estos hechos.

El caso de Mateo es de antología, la Fiscalía colombiana lo acusa de ser el responsable de la explosión de uno de los artefactos que estallaron en Bogotá el 18 de septiembre de 2015. Sin embargo, los medios de comunicación, la policía, la Fiscalía y hasta el presidente José Manuel Santos lo señalaron como el autor de otra explosión que se llevó a cabo el 18 de enero de 2017 y que se saldó con la vida de un policía y 27 heridos. Su captura, encierro y proceso judicial se encuentra plagado de irregularidades y los testimonios y pruebas que lo acusan caen sobre su propio peso. A tal grado, que la Audiencia realizada el pasado 2 de marzo tuvo que ser suspendida, debido a las irregularidades en el manejo de las pruebas por parte del Fiscal.

¿Cuál es el objetivo de la estrategia de los falsos positivos judiciales?
El objetivo de los falsos positivos es presentar resultados en términos de “seguridad” frente a la profunda crisis social y política que vive Colombia, de manera que, para cualquier reclamo de los ciudadanos, movilización social o descontento, el Estado tiene una respuesta policial o judicial. Además, tiene un componente “aleccionador”, busca generar miedo, para que las personas no protesten, ni expresen sus opiniones de forma verdaderamente democrática.

Por último, busca afianzar la idea que ha sostenido en el poder a la clase dominante: la existencia de un “enemigo interno” contra el cual toda arma es legítima. Mira, por ejemplo, la represión a que han sido sometidos los pueblos indígenas. Todavía hoy los Nasa, en el departamento del Cauca, luchan por sus tierras. Los medios los muestran como agresores cuando en verdad son víctimas del Estado, los grandes propietarios y los terratenientes.

Los acuerdos de paz abrieron un periodo de esperanza hacia la transformación social y política de Colombia. Sin embargo, distintas voces como la Fundación para la Paz y la Reconciliación han señalado que este periodo se encuentra en la incertidumbre. ¿En qué situación se encuentran las comunidades y sectores más pobres del país? ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso?

Hay que apoyar incondicionalmente la lucha por la paz de Colombia, sin embargo, hay varias visiones de la paz en juego: la paz que propone el Estado, en cabeza del Gobierno, es la paz para realizar sus negocios. Esa dista mucho de la paz que defienden los movimientos sociales y el pueblo colombiano organizado: una paz con empleo, salud, educación, tierra para los campesinos, derechos humanos universales y democracia política.

Esas distintas visiones generan conflictos hoy en los territorios donde hay una profunda esperanza de paz, pues tras la salida de la insurgencia de muchos lugares, solo se ve la llegada de las fuerzas armadas, el paramilitarismo y las multinacionales, a costa de acabar con comunidades que se oponen al saqueo y despojo en sus territorios.

Además, un discurso muy extendido en medios ha generado la idea de que cualquier expresión de inconformidad o protesta, en este momento de “pos-conflicto”, sea catalogada como “enemiga de la paz”.

Mientras esto ocurre, los territorios históricamente olvidados, que son también los más pobres y sumidos en la miseria, no experimentan ningún cambio hacia una situación mejor, por el contrario, sus problemas se hacen más profundos y entran en crisis, como se observa hoy en la Costa Pacífica.

El Gobierno colombiano debería de haber ejecutado 68 iniciativas legislativas para cumplir con los acuerdos de paz, pero solamente generó 24 y finalmente se aprobaron únicamente 10. Temas como la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida pública y la concesión de tierras y créditos para proyectos productivos han quedado en el aire. ¿A qué piensas que se debe esta falta de voluntad?
Pienso que el incumplimiento del Estado es voluntario y calculado. El esquema de negociación del Estado, en la práctica, ha sido pactar para después incumplir. En este propósito ha sido fundamental el comportamiento de algunos partidos políticos en el Congreso. Se le ha incumplido no solo a la insurgencia sino a los sectores sociales organizados que protestan y se movilizan: los campesinos, los estudiantes, el movimiento indígena, las comunidades afro, las mujeres, las víctimas del conflicto, etc.

Pude compartir mi encarcelamiento con integrantes de las FARC-EP y pude ver cómo, de forma descarada, el Gobierno negaba las amnistías e indultos a los excombatientes, meses después de la dejación de armas, a un año de haber sido sancionada la Ley 1820 de 2016 que iba a dar amnistía total a los miembros de las FARC-EP. Muchos de ellos tuvieron que luchar su libertad desde la cárcel, con ayuda de sus abogados.

Es claro que la vieja clase dirigente no tiene una genuina voluntad de paz.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en diciembre de 2017 estar “muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos”. En su labor en el terreno comprobó un total de 105 homicidios de defensoras y defensores de los derechos humanos, así como de miembros líderes y lideresas de diferentes movimientos sociales y políticos. Naciones Unidas asegura que el común denominador en los asesinatos es su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Contrasta la contundencia con que el presidente Santos, la Fiscalía, la Policía y los medios de comunicación han señalado públicamente tu responsabilidad en el atentado de Bogotá, con la relativización que se les ha dado a las muertes sistemáticas de líderes sociales. ¿A qué se debe esta situación?
Para los representantes del Estado es claro que hay hechos que atentan contra lo que ellos consideran democracia y otros que no. Cuando se realiza una protesta pública que termina en disturbios, se considera un acto terrorista, cuando son asesinados 180 líderes sociales en un año, estos son hechos que “no tienen sistematicidad” o simplemente obedecen a “líos de faldas”. Esto es peor cuando el peso de ese criterio recae sobre un inocente, como en mi caso. En esto tiene mucho que ver el hecho de que soy estudiante de sociología en una universidad pública.

Se celebrarán este año elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. ¿Observas en los contendientes alguna esperanza de cambio ante la situación de asesinatos a líderes sociales y falsos positivos judiciales?
Hay varios candidatos que podrían representar una esperanza para la mayoría de los colombianos de a pie, debido a que sostienen propuestas de cambio. Sin embargo, la opinión de los ciudadanos libres finalmente no importará, el próximo presidente ya está definido hace bastante tiempo, desde las cúpulas del poder: será Vargas Lleras y es una verdad que nadie dice abiertamente en público, pero todos reconocen. Ojalá me equivoque, pero es lo más probable.

Diferentes voces aseguran que los vacíos de poder generados por el desarme de las FARC han ocasionado que grupos paramilitares y de la delincuencia organizada impongan su ley. Si esto es así, ¿qué papel está jugando el gobierno colombiano ante este fenómeno? ¿Apoyas la estrategia de que haya mayor presencia militar en estas zonas?
No apoyo la mayor presencia militar en los territorios porque esta no es la solución. Esto se ha ensayado por años sin lograr detener la violencia política o el conflicto armado. La solución a los conflictos sociales es otra muy distinta. El Estado debe buscar en estos territorios una presencia integral, más civil que militar; pero tan solo se fija en adecuar las condiciones para los negocios y la inversión privada. Las fuerzas armadas han trabajado con los paramilitares y los delincuentes para mantener el control social y el poder político en los territorios.

¿Qué expectativas tienes respecto a tu caso?
Mi expectativa es que se falle en derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión y movilización nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades) y muy rigurosos con la Defensa, aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

El profesor Miguel Ángel Beltrán, también falso positivo judicial, quien tras un largo tiempo en la cárcel fue encontrado inocente, ha señalado los duros golpes emocionales que representa pasar por un proceso como el tuyo. ¿Cómo te encuentras, cómo viven tus amigos y familiares esta situación?
Para ellos ha sido una situación difícil. Han sufrido el acoso y la persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado: seguimientos, amenazas e intimidaciones. Eso es una constante en los casos de falsos positivos ya que no solo es en mi caso, sino también en el de los estudiantes y egresados injustamente acusados del ataque al Centro Comercial Andino en Bogotá y muchos más a nivel nacional en los que el Estado, por falta de pruebas recurre al terror y a la difamación en medios de comunicación, para generar la idea de que hay un enemigo sobre el cual es legítimo cualquier atropello bajo la excusa de la “gravedad” de los delitos imputados.

Sin embargo, en muchos casos, esos ataques de los medios y la policía tienen tan poca veracidad y son tan explícitamente mentirosos que dejan en evidencia las irregularidades procesales y el circo mediático.

Por otra parte, el daño que me ha ocasionado el Estado, incluida la Fiscalía, es muy profundo, no solo en términos económicos, también a nivel personal, el escarnio público, las implicaciones de llevar un año en la cárcel, el retraso en mis estudios.

¿Qué estrategia piensas que deben de promover los movimientos sociales ante los falsos positivos judiciales y los asesinatos de pensadores críticos y líderes sociales?
Denuncia, visibilizarían, movilización. Hay que generar un clima en el que para el Estado sea ilegítimo perpetrar falsos positivos y asesinatos, y además se encuentre con una respuesta activa de toda la sociedad, también de la intelectualidad que genera opiniones y ha sido cómplice cuando calla frente a las tragedias que a diario ocurren en el país.

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