Chile
Clamor por la liberación de los presos del estallido chileno

Comenzó el nuevo año 2021 reafirmándose la campaña para liberar a todas las personas presas por motivo de la revuelta o estallido social que se inició en Chile en octubre del 2019. Ésta fue la revuelta social mayor desde el final de la dictadura, el 11 marzo de 1990. Más en concreto, se inició el 18 de octubre, aunque se vio precedido por las protestas contra la subida de la tarifa del transporte público en Santiago (6 de octubre), que sufrió también una gran represión. Respecto a su final, muchas personas plantean que concluyó el 18 de marzo, cuando se iniciaron las medidas de confinamiento por la pandemia de la covid 19, pero se podría considerar que no acabó pues sus consecuencias perduran. Además, con la pandemia la gente empezó a protestar contra el hambre y a organizar ollas comunes, sufriendo represión y subsecuentemente, encarcelamiento, lo que se puede entender como continuación del estallido.

Represión y encarcelamiento de participantes en el estallido

Debido a su magnitud, la revuelta sufrió una gran represión policial con un saldo estimado de 32 muertos y 2.400 civiles hospitalizados. Estos son los datos oficiales, aunque es sabido que son muchos más por no estar todos registrados. De entre las personas consideradas como heridas, destacar por su falta de precedente, las 400 personas que perdieron su vista a causa del uso indiscriminado de perdigones y que se recoge en la web Los Ojos de Chile. El Colegio Oftalmológico de Chile lo calificó como el mayor desastre de la historia.

En cuanto a la represión el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hace referencia a los 8.812 detenidos que visitaron. Pero se calculan 27.432 personas detenidos, de las que según la Fiscalía Nacional, 2.500 fueron encarceladas. De ellas, varias de los encarceladas son menores de edad.

Ante tal volumen, como en tiempos del golpe de estado de 1973 previo a la dictadura, se dispusieron de edificios públicos para recluir a las personas detenidas. Esto supuso una restricción de condiciones básicas, empeorada por el deseo de infligir castigo extraordinario a los detenidos que trascendiera en castigo ejemplarizante, tanto para las propias personas detenidas como para el resto de la sociedad. En ese sentido, decir que la detenida Isabella Baeza relata que en su localidad, en Punta Arenas, el lugar elegido fue el mismo gimnasio de carabineros usado para recluir a represaliadas en el golpe de estado de 1973 .

El Instituto Nacional de Derechos Humanos recoge más de 4.000 casos de violaciones de derechos humanos, pero existen 8.827 denuncias por torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y del Orden

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH )recoge más de 4.000 casos de violaciones de derechos humanos, pero existen 8.827 denuncias por torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y del Orden. Entre los casos recogidos por el INDH destacan las palizas (más de 1.600) y por su gravedad, los disparos con arma de fuego (1.334), así como 51 heridos por impacto de chorro de agua y 42 atropellados por vehículos policiales. Estos últimos nos recuerdan la fórmula usada contra las protestas raciales en EE UU tras el asesinato de George Floyd, tanto por parte de la policía como por parte de fascistas.

Así mismo abundan los abusos en el lugar de detención, que en muchos casos se pueden considerar como tortura —asfixia, electrodos, palizas, amenazas de muerte— con ensañamiento y humillación. Destacan más de 300 desnudamientos recogidos, y sobre todo en el caso de las mujeres un extra de abuso vejatorio que se refleja en tocamientos (91), violaciones (7) y amenaza de violaciones (32). Pero además de la naturaleza de las detenciones y la falta en la mayoría de ellos de sustento jurídico, en este caso también hay que añadir la arbitrariedad y lo desproporcionado de las penas.

La prisión preventiva fue utilizada para encarcelar a las personas que participaron en la protesta indiscriminadamente. Como en otros lugares, ésta es una medida cautelar que debiera usarse en ocasiones excepcionales pero que se usa de forma sistémica violando de esta manera uno de los pilares básicos en los que se debería sustentar la Democracia, el principio de presunción de inocencia. En el caso chileno, la aplicación de la prisión preventiva, además, no respeta los principios básicos que la fundamentan, como son el que existan antecedentes que permitan presumir la participación de la persona acusada en el delito. Otra ley utilizada también con parecido fin fue la de Control de Armas (Ley 18.216, artículo 1°). En un comunicado la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos (OFAPP) se alarmaba sobre su uso pues supone una restricción de los beneficios carcelarios a las personas acusadas bajo este epígrafe.

En ese sentido tenemos que la represión no fue solo ejercida por la policía (cuerpo de carabineros) sino también por el sistema judicial, e igualmente amparado por el propio gobierno y su presidente. La OFAPP comunicaba su preocupación por lo que denominaban “intromisión grotesca por parte del Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial, mediante querellas, reuniones, pronunciamientos públicos, llamados telefónicos, etc” . Igualmente, la organización de familiares denunciaba dos varas de hacer justicia, por un lado una drástica aplicada a las personas participantes en las protestas y por otro una liviana aplicada a aquellas responsables de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.

Las familias de detenidos denuncian dos varas de hacer justicia, por un lado una drástica aplicada a las personas participantes en las protestas y por otro, una liviana aplicada a aquellas responsables de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos

La Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP) se creó ahora hace un año, en enero del 2020 en paralelo a la Coordinadora 18 de Octubre, para dar respuesta a las detenciones masivas y su efecto en sus familias. “Ahí nos empezamos a conocer entre las familias y vimos que teníamos las mismas dudas, penas, miedos, consultas” explica Muriel Torres, activista y pareja y cuñada de presos. “Nos empezamos a agrupar y compartir ideas y el interés mayor que es la libertad de lxs presxs”. La actividad de OFAPP es también política, en la calle con manifestaciones, marchas, cacerolazos, etc, y actualmente, cada miércoles, con concentraciones en distintos puntos de Santiago para demandar la libertad de las personas presas.

En la metrópoli de Concepción opera el colectivo No Más Presxs Por Luchar, con similares objetivos: libertad de personas presas, solidaridad, información, etc. Subrayan que existe una “diferencia de trato de acuerdo al sector social”, ya que “a ningún rico se le ha tocado un pelo por sus crímenes” ni tampoco han pisado la cárcel “políticos y empresarios involucrados en corrupción”. De idéntica forma, muchas de las personas presas sufren limitaciones para cubrir sus necesidades básicas dentro de la misma prisión o para garantizárseles una defensa, situación agravada por la pandemia. Tal es el caso de Carlos Peyrin, con una pena de tres años de prisión, por lo que solicitan solidaridad.

Las personas presas del hambre hacen alusión a aquellas encarceladas en el confinamiento, sobre todo por saqueos realizados para abastecer las ollas comunes y el reparto de canastas de alimentos en las poblaciones durante la pandemia. Otras 15 personas más fueron encarceladas por estos motivos. Constanza Valdebenito, de Concepción, es una de ellas. Igualmente, las protestas contra el hambre provocada por las medidas contra la covid 19 fueron duramente reprimidas.

Propuesta de una Ley de Amnistía en diciembre 2020

Durante este año 2020 sí que el gobierno concedió indultos a presos con motivo de la pandemia del covid 19. Pero esta no incluyó ni a presos del estallido ni a presos mapuches. Por ello, los 26 mapuches presos iniciaron una huelga de hambre que duró más de 120 días. El 18 de agosto de 2020, el machi Celestino Córdova puso fin a su huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el gobierno.

A un año del estallido, el 22 de diciembre 2020 se comenzó en el Senado chileno el debate de un proyecto de indulto de las personas detenidas. Este debate y la comisión creada, proponían en un principio la amnistía, pero se le añadieron condicionantes que terminaron por excluir a muchas de las personas presas. Obviamente, la propuesta fue resultante de las reivindicaciones y constancia de las organizaciones sociales. Pero ahora, con la Convención Constitucional cerca (abril de 2021) y elecciones presidenciales y municipales próximas, muchos políticos se han sumado de forma interesada esa reivindicación.

Con ello se abrió también una discusión siempre polémica en Chile, como en toda nueva democracia, como la española, que es la de la existencia o no de presos políticos, porque en cierta forma, la demanda de amnistía cuestiona la existencia o no de democracia. Por ello, desde el propio gobierno la negativa fue tajante, llegando incluso Piñera a anunciar que vetaría el proyecto de indulto. Obviamente, la mayoría de personas encarceladas (porque de muchas las evidencias y casos no cumplen ningún rigor) lo fueron a partir de protestas contra él, con lo cual es evidente la falta de deseos por liberarlos ni por reconocer sus causas, máxime tras la forma en la que escaló dicha protesta.

El 22 de diciembre 2020 se comenzó en el Senado chileno el debate de un proyecto de indulto de las personas detenidas. Este debate y la comisión creada, proponían en un principio la amnistía, pero se le añadieron condicionantes que terminaron por excluir a muchas de las personas presas

En esa polémica destacan las posiciones de organizaciones como Human Rights Watch, por la responsabilidad que tiene en la materia que dice defender, los derechos humanos, y por la legitimación que pueden ofrecer al gobierno para continuar con políticas anti-sociales. HRW en boca de su director para Latinoamérica negó que existieran presos políticos en Chile. José Miguel Vivanco argumentó que los supuestas personas presas “han sido procesadas por los desórdenes que se produjeron y también por vandalismo por atentar contra la propiedad por delitos de incendio”. Esa afirmación incluía también a los presos mapuches.

Sin embargo esa lógica pasa por alto la realidad de muchas de las personas encarceladas: muchas lo fueron sin evidencia, a partir de fabricación de casos o lo están de forma preventiva sin haberse probado su culpa. También, claro está, ignora que las verdaderas razones de haber protestado fueron políticas, y que gracias a sus protesta y participación se consiguieron cosas en esa sociedad como una consulta, el derogamiento de la la constitución de la dictadura de Pinochet o una asamblea constituyente, todas ellas medidas de clara índole política.

Respecto a ello se posicionaba la Asamblea 18 de Octubre, estableciendo que “al igual que hace 40 años, cuando la dictadura negaba la existencia de detenidos desaparecidos, el actual gobierno rechaza que haya presos políticos, intentado brindar una imagen de falsa normalidad”.

Así, una de las diputadas que impulsó la propuesta de proyecto de ley para la amnistía de las personas detenidas. Camila Vallejo Dowling, alegó que “estamos en deuda con las personas que iniciaron este proceso y que se vieron marcados para siempre”. Pero hay quien va más allá porque incluso no aceptan ese indulto por considerarlo insuficiente, como demanda Estallido Tuitero que exige justicia: “Justicia que no se está aplicando. Sí creemos que los delincuentes deberían estar presos, pero todos, los que están en el gobierno serían los primeros: no aportan nada bueno al país”.

Encarceladas sin fundamento

De las personas encarceladas por el estallido, muchas lo son (o han sido) sin existir evidencia alguna. En muchos casos, la única prueba presentada ha sido las declaraciones de agentes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). De los miles de casos existentes, el nombrar a unos tiene el riesgo de que parezcan los únicos, pero es importante citar algunos ejemplos que sirven para ilustrar tamaña injusticia.

La OFAPP se hacía eco, entre otros, de los procesos irregulares de los presos Carlos Peyrin (Concepción), Héctor Cortes (Antofagasta) y Francisco Hernández (Santiago). Este último fue condenado el 2 de septiembre 2020 a 5 años de cárcel bajo la Ley de Control de Armas. En su detención fue bestialmente torturado y obligado a firmar una declaración autoinculpatoria.

Uno de los casos más polémicos y también más utilizados por la prensa oficialista y las instituciones para deslegitimar a las protestas fue la quema de iglesias, que en realidad corresponde tan solo a dos. Los hermanos Christian y Rodrigo Sanhueza fueron detenidos con relación a la del 3 de enero del 2020. Pero ellos, como nos explica la compañera del primero, Muriel Torres, ni se encontraban ahí, pues los tres volvían juntos de la manifestación en homenaje al mapuche asesinado 12 años atrás, Matias Catrileo.

Como nos cuenta Muriel, “ese día la represión fue muy fuerte, había mucha policía, drones... Ese día se quemó la iglesia de la policía chilena. Nosotros no estábamos ahí cuando eso pasó, incluso lo miramos de lejos. Nos alejamos del lugar y seguimos manifestándonos hasta que a eso de las 21:30 volvíamos a casa en nuestro auto. Ya lejos del lugar, esperando un semáforo, se bajaron de los cuatro autos que nos rodeaban hombres de civil, armados y con chalecos antibalas, amenazándonos muy violentamente para que nos bajáramos, que levantáramos las manos”.

Ella, en un un principio, por la violencia que desplegaron pensó que era un asalto. No fue hasta que vio a su pareja y cuñado siendo esposados que entendió que se trataba, pese a desconocer la razón, de una detención. No la supo hasta que llegaron los padres de ambos a la comisaría. La acusación era de “atentar contra carabineros, que ellos querían matar polis —con esas palabras”, prosigue Muriel. “Ese día empezó nuestro sufrimiento como familia”. Permanecieron encarcelados en Santiago 1 con los cargos de fabricación, porte y lanzamiento de artefacto incendiario. Pero cuatro meses y medio después pasaron a arresto domiciliario por falta de pruebas.

En este caso, como en otros en los que la policía se ve sometida a la presión mediática o institucional, máxime en un momento como ese en el que el estallido entraba en su tercer mes, con pocos visos de poder sofocarlo por las vías represivas, la policía y otras instituciones pueden optar incluso a un montaje, utilizando inocentes que pueden ser detenidos para así mostrar su eficiencia y contundencia.

En otros casos, las medidas desproporcionadas no conllevan prisión sino otros tipos de arresto. Camila Vera (32) e Isabella Baeza (23) fueron detenidas el 4 de noviembre del 2019 en Punta Arenas tras una manifestación en el contexto del estallido. Fueron acusadas de hacer una pintada en un monumento nacional. Por dicho supuesto delito que nunca pudieron probar, ambas sufrieron un año y un mes de arresto domiciliario. Este les fue revocado el 14 de diciembre del 2020, modificado a “arraigo regional” y firma mensual. Ellas definen su caso de “tortura”, porque a la larga duración de su pena, todavía se le suma ahora su audiencia que no se celebrará hasta el 30 de marzo de 2021.

Pero sobre todo, como denuncian, su castigo ha tenido forma de hostigamiento y persecución constante en forma de vigilancia y seguimiento. Además, las condiciones de la pandemia agravaron la situación. Como nos explicaba Isabella “lo de la detención fue difícil con la pandemia —hubo un desgaste emocional en general, yo creo de todas las personas y sumándole el arresto domiciliario era doble, triple. Entonces, sí, yo creo que la situación del Covid género un aumento en el estrés”. En esa situación perdieron trabajo, alquiler, les fue difícil cambiar de casa, conseguir otro trabajo, etc. Todo ello tuvo un efecto psicológico pernicioso, sobre todo en el caso de Camila que además se extendió a su familia.