Uruguay
El 15S uruguayo: gran movilización para una nueva mayoría

Martes 14 de septiembre. Cae la noche en Toledo Chico, a las afueras de Montevideo. Se trata de una zona donde las casas bajitas y el prado hacen que la ciudad deje de parecer una ciudad. Bajo una incesante lluvia los representantes de PIT-CNT reciben, entre plenas, mates, carne y barro, a los colonos que marcharán hasta el Palacio Legislativo con sus caballos en la que esperan que sea una importante movilización. Ancianos, adultos y niños, ataviados con boinas, sombreros y capas, disfrutan del esperanzador ambiente alrededor de los fogones.

“La movilización más grande en diez años” se escucha en los corrillos y en las declaraciones a la prensa. Al día siguiente, 15 de septiembre, Montevideo amanece con un sol espléndido. Más de doscientos autobuses de todo el país se van amontonando en los alrededores del Palacio Legislativo. Diferentes columnas sindicales y de movimientos sociales entran por los diferentes puntos cardinales de la Avenida Libertador Brig. General Lavalleja. Todo este gentío se hace a un lado, decenas de colonos a caballo desde el otro Uruguay se abren paso. Recuerdan a una canción del grupo uruguayo Los Olimareños que dice: “De todas partes vienen los orientales”.

Estamos ante una de las grandes movilizaciones de la última década, que ha tenido lugar en respuesta a la gestión económica y social de la crisis por parte del gobierno. El movimiento sindical llamó a un paro nacional del grueso de los sectores productivos, pero sobre todo focalizó su propuesta en una gran movilización que pretende simbolizar las posibilidades de construcción de una nueva mayoría. Estrategia que ha logrado agrupar a decenas de miles de personas en una vibrante, numerosa y colorida manifestación que con sus pancartas, banderas, bailes, músicas y discursos ha logrado revitalizar el pulso de la izquierda social y política uruguaya.

El movimiento sindical uruguayo llamó a un paro nacional del grueso de los sectores productivos, pero sobre todo focalizó su propuesta en una gran movilización que pretende simbolizar las posibilidades de construcción de una nueva mayoría

Se trata de una movilización que conecta con la cultura política cívica y la tradición republicana del Uruguay, donde la huelga y las acciones colectivas pacíficas son un instrumento característico del movimiento sindical en la lucha democrática. El objetivo de la movilización se corresponde con un reclamo de respuestas —o soluciones— efectivas de protección a las mayorías excluidas, que además han sufrido los efectos de la pandemia, pero también los de la “postpandemia”, en referencia a las medidas sociosanitarias de un gobierno que recorta en gasto público. Se pretende recordar que la crisis no solo es sanitaria, sino que también es social y económica.

Así, desde la central sindical se exige la recuperación de los salarios y el apoyo a la negociación colectiva, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y salud, así como la ampliación de la inversión pública en infraestructuras y servicios, acciones todas que sin duda son el camino hacia la creación de empleo y la recuperación de la economía uruguaya. La lectura es clara, como país se ha logrado un proceso de vacunación exitoso, pero han emergido carencias materiales básicas y se ha gobernado dejando fuera las necesidades y demandas de las mayorías sociales.

LUC: Una ofensiva neoliberal y autoritaria

El 24 de noviembre de 2019 se puso fin a los quince años de gobierno del Frente Amplio. En estas elecciones se alzó con la presidencia Lacalle Pou, candidato de una coalición de partidos liderada por el Partido Nacional, alianza de la que forman parte uno de los pilares del bipartidismo histórico, el menguante Partido Colorado, y el ultraderechista Cabildo Abierto, que irrumpió con fuerza en la primera vuelta del 27 de octubre.

Esta coalición gubernamental ha plasmado su proyecto de país con claridad en la Ley de Urgente Consideración (LUC), un proyecto legislativo de 476 artículos, que sorprende por la amplitud de cuestiones y agendas abordadas. La presidencia de Lacalle Pou realiza una ofensiva privatista y de corte autoritario, que tan solo puede compararse con la también neoliberal presidencia Lacalle Herrera (padre del actual mandatario) y los tiempos dictatoriales. Las medidas y leyes del ejecutivo, amparadas en el recorte de derechos y en una clara disminución del papel del Estado, han resultado a todas luces un obstáculo para responder a la emergencia social y económica de miles de ciudadanos, y además han significado un retroceso en los avances sociales (con sus limitaciones) alcanzados durante la etapa frenteamplista.

Entre la multitud de cuestiones abordadas, la LUC incorpora la agenda securitaria y punitivista, ya que entre otros aspectos aumenta la discrecionalidad de la policía, modifica y crea nuevos tipos penales y realiza un aumento generalizado de las penas. Así también disminuye el margen de maniobra del Estado, en un contexto mundial de políticas económicas contracíclicas neokeynesianas, evidenciando la cerrazón ideológica de este gobierno. En este sentido, es que se pretende limitar el rol social, productivo y económico de las empresas públicas, poniendo el desmantelamiento de la emblemática empresa pública ANCAP como objetivo prioritario.

La educación también se pone en el punto de mira al reducir la participación de las organizaciones sociales en la toma de decisiones, al precarizar los puestos de trabajo y al apostar por la educación privada, por sobre la pública, buque insignia de la tradición republicana y batllista del país. A esto se suma una reforma en la política de viviendas, que ahoga a los inquilinos y soslaya el modelo cooperativo.

Ante esta reforma , el sindicato PIT-CNT, de la mano de los movimientos sociales, promovió entre el 8 y el 22 de julio, una recogida de firmas con objeto de que se celebre un referéndum para la derogación de 135 artículos de la LUC. En este exitoso proceso se obtuvieron las firmas de casi 800.000 ciudadanos, que se oponen a la agenda de recortes y retrocesos del gobierno de Luis Lacalle Pou. Esto es un hito en la historia del Uruguay democrático, pues es la primera vez, desde 1989, que se juntan las firmas suficientes por el camino largo (en el que se exigen un total de 750 mil firmas), frente a otras recolecciones que optaron por el camino corto, que exige un menor número. Resultado sorprendente que logró superar las proyecciones de gran parte de la comunidad científica y realizado en un contexto de pandemia, con las dificultades que supone en términos de restricciones y espacios favorables para lograr firmas.

Oposición desde el sindicalismo y los movimientos sociales

De este proceso surge una recomposición del campo popular organizado que se erige como el centro de la oposición al gobierno. La central única sindical PIT-CNT, que reúne a gran parte de los sindicatos y del pueblo sindicalizado del país, jugó un rol protagónico en este proceso, acompañado de otros movimientos sociales y los sectores de base del Frente Amplio, con fuertes raíces militantes en el territorio. La convocatoria de este paro y gran movilización se enmarca en el resurgir de un ciclo de luchas por los derechos de las grandes mayorías sociales. Así, PIT-CNT ha convocado con la consigna: “¡Es hora de que el Gobierno se haga cargo! Con Artigas: ¡Por las grandes mayorías nacionales!” Que los más infelices, sean los más privilegiados”.

Aunque la Ley de Urgente Consideración ha significado de alguna forma la mecha que da lugar al estallido, el descontento que existe en la población es resultado del resurgimiento del hambre, de la privatización de empresas públicas, de los constantes recortes en materia salarial, sanitaria, de vivienda y de educación. En definitiva, de cuestiones que afectan a las mayorías sociales y que se verán agravadas si la ley llega a aprobarse.

Por esta razón han sido muchos los colectivos que no han dudado en sumarse a la movilización y al paro nacional. Docentes, peones, taxistas, trabajadores del transporte, funcionarios y obreros, entre otros, han salido a la calle en apoyo a la convocatoria de PIT-CNT. Desde los sectores de oposición al paro, entre los que se encuentra el gobierno, se ha argumentado que no es momento de cese de actividades y servicios indispensables. En cambio, si nos atenemos a los hechos, se observa que existen algunos sindicatos cuyos afiliados han acudido a su puesto de trabajo por motivos sociales y sanitarios. Es el caso de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, que se adhieren a las movilizaciones pero continuarán con su labor, que además resulta indispensable para el éxito de la movilización, ya que han conducido los autobuses hasta la concentración de las 11 horas en la capital. También es el caso del Sindicato Anestésico Quirúrgico y de la Federación Médica del Interior, que han expresado descontento hacia el gobierno por una asignación presupuestaria insuficiente, pero no pueden posponer sus labores, que ya han sufrido retrasos debido al Covid-19.

Desde el bloque sindical docente han procurado elevar una queja ante la reforma educativa que, consideran, se ha realizado “a espaldas de los docentes y los estudiantes”. Y es que queda patente que son muchos los sectores que perciben las reformas en marcha como un problema de actitud por parte del gobierno

Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ha participado del paro nacional y ha pedido que el gobierno “abra los ojos y las orejas”. Del mismo modo han participado en el paro la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Primaria, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, la Asociación de Docentes Universitarios y los funcionarios de la Universidad del Trabajo.

Desde el bloque sindical docente han procurado elevar una queja ante la reforma educativa que, consideran, se ha realizado “a espaldas de los docentes y los estudiantes”. Y es que queda patente que son muchos los sectores que perciben las reformas en marcha como un problema de actitud por parte del gobierno, que olvida con facilidad los intereses de las mayorías, y que, lejos de buscar soluciones a los problemas que ya padecen los ciudadanos, se muestra impasible y ajeno con proyectos como la Ley de Urgente Consideración, que agrava los problemas sociales y económicos que ya existían y que se han visto profundizados por la pandemia.

Además, desde Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios se ha expresado en un manifiesto la necesidad de soluciones por parte del gobierno ante una crisis cuyas consecuencias está pagando el pueblo de forma extremadamente desigual. No se acostumbran, exclaman desde esta organización, a “que el dolor se naturalice” ni tampoco a “la desigualdad y al hambre”.

Voces de descontento desde el interior

Los y las trabajadoras rurales también aparecen en escena, pues también han convocado la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO), Redes - Amigos de la Tierra Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Agrupación de Egresados y Egresadas de Agronomía. Se han fletado más de 200 autobuses, nos declara el dirigente sindical Enrique Méndez, que han llegado desde todos los departamentos del país, a los que se ha sumado la marcha a caballo del Sindicato de Peones de Estancias; decenas de jinetes han recorrido las calles de Montevideo.

Esta potente imagen nos ilustra sobre la fuerza de otras voces, a menudo olvidadas o en el mejor de los casos minimizadas por el transversal centralismo de la política uruguaya. La presencia del interior recuerda el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización (INC) o los ataques a los Consejos salariales del campo, que están pauperizando el ya de por sí despoblado y olvidado interior del país. El colono de Tacuarembó Alejandro Wasem expone la pérdida de capacidad adquisitiva de las y los trabajadores rurales y las entre 1200 y 1300 familias que están solicitando tierra al INC. Así, demandan que el país mire tierra adentro. Marcelo Amaya, colono y sindicalista de Río Branco, nos señala que “Dios está en todas partes, pero atiende en Montevideo”.

Crisis social , descontentos y cristalización de una nueva mayoría

La crisis social asociada a la gestión gubernamental de la pandemia hizo retornar el problema del hambre al Uruguay. Frente a esta imposibilidad de acceder a un plato de comida se erigió la red de ollas populares como respuesta del movimiento popular para mitigar esta vulneración de derechos básicos. A pesar de esta situación, desde los sectores de gobierno se critica a los sindicatos por la falta de alimentación escolar durante el paro. En la concentración la dirigente sindical y trabajadora portuaria Vanessa Peirano recordó que “la mejor olla es la de casa”. A lo que el secretario general de PIT-CNT Marcelo Abdala añadía que pareciera que la alimentación de los sectores más vulnerables tan solo importa los días de paro.

La crisis social asociada a la gestión gubernamental de la pandemia hizo retornar el problema del hambre al Uruguay. Frente a esta imposibilidad de acceder a un plato de comida se erigió la red de ollas populares como respuesta del movimiento popular para mitigar esta vulneración de derechos básicos

Esta carencia material básica ilustra genuinamente las necesidades y descontentos de las capas populares, de los que la LUC ha sido detonante para su introducción en la agenda pública. Es en este contexto en el que se enmarca la movilización y el paro del 15S convocados por la central única sindical PIT-CNT. Esto parece que lo ha entendido el presidente Lacalle Pou al señalar el carácter político de la convocatoria. A lo que Abdala respondió que no es un paro partidista ni meramente sindical, es un paro del conjunto de sectores políticos, sociales y culturales que pretenden conformar la ansiada nueva mayoría.

En definitiva, se nos presenta la crisis social como el acumulado de descontentos populares, el proceso de firmas contra la luz como el detonante de un comienzo de recomposición de organización social y el 15S como intento de cristalización de una nueva mayoría sociopolítica que pueda oponerse a la ofensiva neoliberal y autoritaria de los sectores políticos de la coalición gubernamental.