M-30
El equipo de Gallardón ocultó información sobre la M30 a Izquierda Unida

Documentos a los que ha tenido acceso El Salto demuestran que el Partido Popular y la empresa privada que gestiona la M30 ocultaron información a los partidos de la oposición de manera intencionada.

Obras en la M-30
El sobrecoste en las obras de la M-30 dispararon la deuda de Madrid David F. Sabadell

publicado
2017-11-24 08:48

La licitación, construcción y posterior mantenimiento de la M30 está lleno de irregularidades que ahora están siendo destapadas por la Comisión de investigación creada por el Ayuntamiento de Madrid. Pero las denuncias sobre la falta de transparencia y las sospechas en cuanto a dichas irregularidades en la construcción no son nuevas. El técnico del grupo municipal de Izquierda Unida, Jose Luís Córdoba, fue el encargado de hacer un seguimiento de la ejecución de la obra, pero documentos a los que ha tenido acceso El Salto demuestran que EMESA, la empresa privada que posee un 80% de Madrid Calle 30 (MC30) y que está participada por Ferrovial y la empresa de Florentino Pérez, ACS, ocultaba la información de la obra y los contratos de manera sistemática y como política habitual.

Los grupos políticos de la oposición durante la época de Gallardón, fueron expulsados del consejo de administración en el momento en que la sociedad pasó a ser una empresa mixta, impidiendo así el control y seguimiento de una sociedad participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid. Los concejales que estuvieron entonces en la oposición municipal y que participaron del consejo, expusieron en la Comisión de Investigación la constante obstaculización al acceso a la información y como la documentación necesaria para aprobar algunas obras ni siquiera era remitida de manera previa a la celebración de los consejos.

Córdoba realizó un seguimiento de las obras, pero denuncia que la colaboración fue nula por parte del Partido Popular ni de la empresa de Florentino Pérez. “Ha habido un oscurantismo y una falta de transparencia total en todo el proceso de construcción de la M30”, lamentó en una de las sesiones de la Comisión de investigación. “Me daban acceso a los proyectos de obra, pero nunca he tenido acceso a los expedientes administrativos, donde estaba la información sobre a quién se le adjudicaba y otras informaciones importantes”, denunció Córdoba.

Una carta escrita en 2008 por Ignacio Iturbe, consejero en MC30 a propuesta del Partido Popular, al coordinador de Seguridad y Movilidad Fernando Autrán, muestra las trabas impuestas al partido político: “Cuando IU comenzó a pedir datos sobre la oferta hecha por EMESA, pusimos todos los inconvenientes posibles a nuestro alcance”. La carta, además, adjunta “posibles respuestas a posibles denuncias que haga IU”.

“Cuando IU comenzó a pedir datos sobre la oferta hecha por EMESA, pusimos todos los inconvenientes posibles a nuestro alcance”, Ignacio Iturbe, consejero en MC30 a propuesta del Partido Popular

La falta de transparencia durante todo el proceso de licitación y obra fue la tónica habitual. Los proyectos de obra, que deben estar a disposición de los partidos políticos y la ciudadanía para su análisis, solo pudieron ser consultados durante 20 días. Tiempo innecesario para una obra de semejante envergadura. Este procedimiento hubiera sido más prolongado y diferente si se hubiera realizado la Evaluación de Impacto Ambiental que, irregularmente y saltándose los protocolos de una construcción de este calibre, nunca se hizo y que establece unos plazos a cumplir en materia de información ciudadana y el proceso de alegaciones.

Incluso en la actualidad, la Comisión creada para analizar y auditar las obras y la gestión de la M30 ha tenido dificultades para obtener la información necesaria. El gobierno de Ahora Madrid, solicitó a el Área de Desarrollo Urbano Sostenible los expedientes de obra que tendrían que contener toda la documentación administrativa relativa a los proyectos ejecutados, pero éstos no fueron encontrados. Los expedientes administrativos de los contratos de consultoría y asistencia y de los contratos de obra tampoco han sido remitidos pese a haber sido solicitados por diversos colectivos.

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