Libertades
La pesadilla de Omar

El 3 de diciembre a las siete de la mañana, Omar se disponía a entrar en su lugar de trabajo, en una nave industrial del distrito de Sant Andreu de Barcelona donde, junto con sus compañeros, debía recoger los utensilios de jardinería para desplazarse a un parque de la ciudad. Dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía española (CNP) adscritos al Grupo de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros lo abordaron, esposaron y detuvieron, para después trasladarlo a la comisaría de la Verneda. Comenzaba su pesadilla.

Omar, de 27 años, originario de Marruecos y residente en Barcelona desde finales de 2019, había pernoctado durante meses en las calles hasta que una fundación asumió su acompañamiento. Poco a poco fue superando barreras, consiguió la residencia, una vivienda y un puesto de trabajo. En este proceso, Omar —vía telefónica desde el CIE— nos explica que se ha “esforzado al máximo”. “Hice un curso de arbitraje con la Federación Catalana de Voleibol, me saqué el B2 de catalán, hice un grado superior de automoción y un curso de mantenimiento de placas solares”, enumera. Insiste en contarlo porque quiere dejar claro que “si algo he hecho en la vida es querer integrarme en la sociedad catalana”. Su trabajo de auxiliar de jardinería está focalizado en ayudar a personas con discapacidad que se incorporan al mundo laboral.

La detención y posterior reclusión de Omar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, hace ahora un mes, se justificaba por parte de la Comisaría General de Información del CNP por una “amenaza real, actual y suficientemente grave a la Seguridad Nacional” 

La detención y posterior reclusión de Omar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, hace ahora un mes, se justificaba por parte de la Comisaría General de Información del CNP por una “amenaza real, actual y suficientemente grave a la Seguridad Nacional” en referencia a una “detención por parte de los Mossos d’Esquadra por un supuesto delito de autoadoctrinamiento e incorporación a organización terrorista en fecha 27 de marzo de 2025”. Pues bien, aquella detención fue una fabulación, nunca se había producido, a pesar de que un comisario jefe aseguraba que el dato lo había confirmado accediendo “al programa informático Argos 2.0 de la Dirección General de la Policía”.

Tanto es así que, posteriormente, tuvieron que rectificar el informe reconociendo la falsedad una vez consultados los Mossos d’Esquadra. La policía catalana emitió un nuevo informe donde reconocían que nunca habían detenido a Omar, y explicaban que en el volcado de un teléfono móvil de otro hombre detenido el 27 de marzo de 2025 se había encontrado un intercambio de mensajes de WhatsApp con Omar “centrados principalmente en cuestiones laborales y religiosas”. Aquel hombre era un compañero de trabajo de la empresa de jardinería donde trabaja Omar.

“Esto es un montaje policial. Jamás me habían notificado que mi nombre apareciera en una causa judicial. Además, no soy responsable de ningún mensaje que me envíen a mi teléfono. Respecto a los mensajes que yo envié, exijo que una persona cualificada en estudios islámicos valore mis mensajes, porque aquí lo que hay es islamofobia”, exclama Omar, mientras nos disturba, de fondo y a gran volumen, la megafonía de las dependencias del CIE, que llama a los reclusos para diferentes trámites. “Sería muy largo de explicar, pero los mensajes que me atribuyen es como si hablar de pasajes de la Biblia con San Pedro o del Antiguo Testamento de David y Goliat fuesen una prueba de radicalización”, ejemplifica. Cabe recordar, además, que su compañero de trabajo quedó en libertad a las pocas semanas de la detención y se reincorporó a la empresa de jardinería.

La abogada Altamira Guelbenzu denuncia que el proceso “es como una apisonadora que no se puede detener hasta que llegas al juzgado de lo contencioso-administrativo. Cuando lleguemos a esa fase, Omar ya podría estar expulsado”

Mar Soriano y Altamira Guelbenzu, de la cooperativa de abogadas IACTA —que junto con el abogado del turno de oficio están realizando el acompañamiento jurídico de Omar— destacan que este tipo de procedimiento sancionador “no ofrece ninguna garantía de derecho a la defensa, la denuncia tiene la absoluta presunción de veracidad, con expulsiones vinculadas a un supuesto peligro hacia la seguridad nacional”. A Guelbenzu le llama la atención que “se haga constar que no es necesario detallar las investigaciones de la policía y, por ello, no hace falta responder a las preguntas presentadas por las letradas. Es como una apisonadora que no se puede detener hasta que llegas al juzgado de lo contencioso-administrativo. Cuando lleguemos a esa fase Omar ya podría estar expulsado y, por tanto, no le serviría de nada demostrar la falsedad de las acusaciones”. Las abogadas denuncian que “el informe policial está lleno de interpretaciones subjetivas e islamófobas”.

Además, creen que el fundamento jurídico de todo esto no existe cuando “el internamiento en el CIE se acordó en base a una detención que nunca se había producido y por no tener un domicilio conocido, cosa que también es falsa y hemos podido acreditar con un certificado de la fundación que gestiona su piso en Santa Coloma de Gramenet”.

Omar pide que no lo expulsen y que, en todo caso, lo juzguen antes. “Nada de lo que dicen tiene que ver con el terrorismo. Nunca he compartido nada que pueda incitar al odio y a la violencia, lo pueden testificar muchas personas que me conocen. Soy una persona abierta al diálogo, abierta a la cultura y a integrarme, a participar en talleres sobre género; una persona extremista no estaría haciendo todo lo que yo he hecho”, se reafirma, y recuerda que su sueldo es la única ayuda que llega a su familia de nueve personas en un municipio al noreste de Marruecos: «todo el esfuerzo de mi vida quedaría destruido”.