Libertad de expresión
El Gobierno podrá cerrar webs en casos de desórdenes públicos

El real decreto-ley 14/2019 deja la puerta abierta a que el Gobierno cierre de forma provisional páginas web ahora también para prevenir desórdenes públicos. Una nueva excepción jurídica que vulnera los derechos fundamentales.

7 nov 2019 09:20

“La sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de una traducción en el plano normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones [...] se está acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular, la seguridad pública”.


Con estas palabras empieza el Real Decreto-Ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital. Esta ley viene a modificar algunas normas preexistentes, como la Ley General de Telecomunicaciones, aportando algunas novedades a las mismas por razones urgentes de seguridad pública. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado lunes, 5 de noviembre, lo cual significa que entró en vigor ayer.

Los “graves acontecimientos” que justifican la Ley

Según la exposición de motivos —la introducción inicial que explica por qué era necesario aprobar esta norma— de este real decreto-ley, en los últimos tiempos se ha visto incrementado “el riesgo de utilización del ciberespacio para la realización de actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en la propia privacidad de los ciudadanos”. Y, sin mencionarlos expresamente, hace alusiones a los disturbios que han tenido lugar últimamente en Catalunya: “Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos”.

Claramente, la intención tras la reforma es evitar que la Generalitat desarrolle un sistema para realizar en el futuro un referéndum digital o que cree funciones propias de un Estado —la famosa República Digital Catalana—, como una Hacienda propia. Asimismo, también busca limitar los efectos de páginas web que espoleen la movilización social, como las herramientas de Tsunami Democràtic o determinadas páginas de contrainformación.

No en vano, el pasado 31 de octubre, día en que se redactó y aprobó el real decreto-ley, la vicepresidenta Carmen Calvo confirmó todo esto aludiendo a que “hay situaciones que nos preocupan. En el ámbito digital ocurren cosas que son irreparables. Se trata de reaccionar de manera inteligente, rápida y proporcional”.

Las medidas urgentes para proteger la seguridad pública: cierre de páginas web sin orden judicial

Dentro del elenco de medidas que recoge el real decreto-ley destaca la que contiene su artículo 6: “El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales”. Es decir, en algunos casos muy concretos, y excepcionales, el Gobierno —concretamente, a través del Ministerio de Economía y Empresa, que es el órgano encargado de actuar con proveedores de servicios web— podrá controlar o intervenir redes o servicios de comunicación, incluyendo páginas web.

La novedad reside en la lista de escenarios en los que puede actuar el Gobierno. Tras la reforma que entró en vigor ayer, también lo puede hacer cuando se pueda ver “afectado el orden público”

Hasta aquí nada nuevo, porque esta previsión ya la encontrábamos en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014. La novedad reside, sin embargo, en la lista de escenarios en los que puede actuar el Gobierno. Hasta ahora podía cerrar o intervenir páginas que pudieran afectar a la seguridad nacional o crear graves perjuicios económicos, pero, tras la reforma que entró en vigor ayer, también lo puede hacer cuando se pueda ver “afectado el orden público”. En otras palabras, el Ejecutivo se arroga la posibilidad de cerrar páginas web cuando existan riesgos de que se cometan desórdenes públicos y sea necesario intervenir para preservar o restablecer el orden público. Y todo ello sin orden judicial.

¿Qué son, en términos jurídicos, los desórdenes públicos?

Los desórdenes públicos son quizás uno de los tipos penales más complejos que existen en nuestro Código Penal, así como uno de los que más habitualmente se imputa a activistas tras la celebración de una manifestación. Lo encontramos incluso en aquellos casos en los que la policía no denuncia haber sido agredida —descartando el delito de atentado—, ni haber presenciado la destrucción de objetos —descartando el delito de daños—. Funcionan como último recurso. Una especie de “no nos agredieron, ni rompieron nada, pero estaban allí, protestando, y eso hay que castigarlo”. Y es que el concepto de desórdenes sirve de recurrente cajón de sastre para sancionar cualquier actuación que se salga de la norma, gracias a que en ningún rincón de todo nuestro ordenamiento jurídico se define qué se entiende por orden público.

Se trata de lo que llamamos un concepto jurídico indeterminado, un término que se va cristalizando con la práctica administrativa y con la interpretación judicial del mismo. Las interpretaciones más garantistas entienden que se habrá producido la comisión de un delito de desórdenes públicos exclusivamente cuando se impida el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad de las personas o de los bienes públicos o privados. Es decir, que solo existen desórdenes públicos cuando se ha producido un acto de violencia sobre las personas, o contra las cosas, y si además se ponen en peligro —de forma concreta, no abstracta— los derechos más básicos de nuestros conciudadanos. Es decir, no todo desorden o no toda alteración de la normalidad es un desorden público en términos penales. Se puede coexistir con condiciones de cierto desorden, siempre y cuando no se pongan en peligro los derechos básicos de las personas —léase su integridad física, moral, etc.—. Un grupo de manifestantes puede cortar la vía pública, gritando, portando pancartas y estaría alterando el orden público, pero no por ello cometiendo un delito de desórdenes públicos si no pone en peligro a nadie, ni destroza nada. De esta manera lo ha corroborado el Tribunal Constitucional en alguna ocasión, como por ejemplo en su sentencia 66/1995, de 8 de mayo, en la que establece que solo podrá entenderse cometido este delito “cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes […], pero no cualquier corte de tráfico o invasión de calzada producido en el curso de una manifestación”.

Ahora bien, uno de los problemas que trae consigo el nuevo real decreto-ley es que no siempre son estas interpretaciones garantistas las que prevalecen. En innumerables ocasiones ha habido activistas que han cortado calles, sin llevar a cabo actos de violencia, que han sido imputadas, procesadas, acusadas e incluso condenadas por delitos de desórdenes públicos.

No existe, por tanto, una interpretación aceptada universalmente por todas las instituciones de lo que significa alterar el orden público. Y esto se traduce en el riesgo de que una página web se pueda ver cerrada por “incitar a la comisión de desórdenes públicos”, pese a que posteriormente un juzgado considere que esas acciones no eran constitutivas de desórdenes públicos.

Críticas al Ejecutivo por la falta de garantías judiciales

Una crítica, legítima, que se realiza al Gobierno es que se ha otorgado a sí mismo la capacidad de cerrar —eso sí, con carácter provisional— páginas web sin ningún tipo de orden judicial. Para hacerlo de manera definitiva, esta decisión la deberá avalar más adelante un juez. Esto lo vimos por primera vez tras la aprobación de la controvertida Ley Sinde, que habilitó el cierre provisional por parte del Ejecutivo de páginas web que compartieran contenidos sujetos a derechos de autor. Legislación, por cierto, que fue avalada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el año 2012.

El Ministerio de Economía decide cerrar una web y no hay más que hablar. Para defenderse, el interesado deberá interponer un recurso contencioso-administrativo

Asimismo, es igualmente criticable que la decisión se pueda adoptar sin dar una audiencia previa al afectado; es decir, sin escucharle ni otorgarle la posibilidad de defenderse. El Ministerio de Economía decide cerrar una web y no hay más que hablar. Para defenderse, el interesado deberá interponer un recurso contencioso-administrativo ante un juzgado de este orden jurisdiccional, con todo lo que implica a nivel económico y de tiempo.

Es lo que tiene el recurso fácil a términos tan ambiguos como “defensa del orden público” o de la “seguridad nacional”, que casi cualquier acción se puede interpretar como que integra esta categoría

Pero, sin duda, lo más grave que aporta este real decreto-ley es el riesgo que corren nuestros derechos fundamentales, particularmente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión o manifestación. En un mundo cada vez más susceptible, plagado de normas con un marcado carácter indefinido, mostrar la adhesión a movilizaciones sociales, críticas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la defensa de presos políticos o exiliados, o a colectivos perseguidos judicialmente, puede terminar por considerarse una incitación indirecta a la comisión de desórdenes públicos. Es lo que tiene el recurso fácil a términos tan ambiguos como “defensa del orden público” o de la “seguridad nacional”, que casi cualquier acción se puede interpretar como que integra esta categoría.

Evidentemente, mañana el Gobierno no se va a poner a cerrar todas las páginas web de contrainformación que arrojan una mirada crítica a su gestión, ni las que defiendan la inocencia de los CDR o del Tsunami Democràtic. Pero la puerta a hacerlo en el futuro se ha entreabierto, y la tendencia, lejos de cerrarla de nuevo, es a abrirla cada vez más. La historia nos ha mostrado repetidamente que se empieza aprobando legislaciones excepcionales para casos excepcionales y cada vez se va ampliando su ámbito de actuación, hasta convertir lo habitual en excepcional.

Relacionadas

Catalunya
En el punto de mira de las patrullas de Mataró
Vecinos de la capital del Maresme han formado patrullas para “hacer frente” a los robos con fuerza y las ocupaciones ilegales que ocurren en el municipio. El Ayuntamiento de Mataró y las asociaciones vecinales se oponen a estas patrullas, en cuyos grupos de Telegram circulan mensajes abiertamente racistas, pero señalan que hay un problema de convivencia y seguridad que requiere una respuesta compleja.
Catalunya
Costas limpia con una excavadora la desembocadura del Tordera que dos ayuntamientos estaban preservando

Sin previo aviso, la excavadora de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, limpió el bancal de arena de la desembocadura del río Tordera, una zona cuyo acceso dos ayuntamientos habían acordado cerrar a los humanos para preservar la fauna que empezaba a albergar tras la tormenta Gloria.

Represión
La Fiscalía solicita 110 años de prisión para 13 jóvenes por una huelga estudiantil a Catalunya

El colectivo Alerta Solidària exige la absolución de los encausados, critica que las acusaciones de los delitos imputados (desórdenes públicos y daños) no son individuales, tal y como requiere el Derecho, y que del auto se desprende que los estudiantes estaban siendo rastreados por los Mossos d’Esquadra. 

2 Comentarios
🏴‍☠️ #1312 17:01 7/11/2019

Se le está quedandoal R78 una Turquía ibérica preciosa, no falta de nada, incluso a Pdr Schz se le ha puesto cara de Erdogán asilvestrado.

Responder
10
2
Alí caté 13:48 7/11/2019

El partido del Régimen 78 La P$0€ de Erdogán Schez es una peligrosa máquina de arrasar derechos cívicos, políticos, fundamentales y humanos.
Como hace un maltratador,el P$0€ engaña y vuelve seducir una y otra vez con nueva-viejas mentiras por el puro intento de su propia supervivencia.
Es sano aplicar una medida de alejamiento.

Responder
10
2

Destacadas

Coronavirus
Decenas de trabajadores siguen acudiendo a su centro de trabajo sin saber que allí se originó el rebrote de Madrid
Un inmueble de oficinas fue el lugar en el que se dio el rebrote de la capital mientras decenas de trabajadores tienen que seguir acudiendo a él. La Consejería de Sanidad no quiere dar explicaciones al respecto, al mismo tiempo que la empresa dueña del edificio asegura desconocer cuántos trabajadores están contagiados.
Elecciones 12 de julio (País Vasco y Galicia)
El Gobierno vasco impide votar a al menos 200 personas en las elecciones del domingo

Tanto si presentan síntomas activos como si se encuentran asintomáticas, las 200 personas que actualmente tienen covid-19 no podrán acudir a los colegios electorales el 12 de julio. Los contactos estrechos de los positivos, otras 500 personas, deberán ir con la papeleta desde casa, si es que la tienen.

Crisis económica
Estados Unidos y China, en rumbo de colisión

La construcción de China como enemigo es la apuesta política de Donald Trump para su reelección en noviembre. Los movimientos en inteligencia militar dibujan el rastro de una escalada del conflicto desde su faceta comercial y mediática.

La semana política
Colchones y suelos

Fomento anuncia un plan para poner suelo público a disposición del sector privado a coste cero. Ada Colau ofrece 1.200 euros mensuales a los propietarios de pisos turísticos para solucionar temporalmente la necesidad de familias vulnerables. El sector de la inversión inmobiliaria no se inmuta con la crisis, convencido de que nadie va a tocar sus privilegios.

Urbanismo
El hotel de cala San Pedro recibe un dictamen ambiental negativo
El proyecto, que supondría la construcción de un complejo de casi 600 metros cuadrados con 11 habitaciones y 22 plazas, se considera “inviable”.

Últimas

Contigo empezó todo
Los españoles antifascistas presos de la Inglaterra antifascista

En 1945, 226 presos españoles que habían pasado por campos de concentración en Francia acabaron siendo acusados por las autoridades británicas de colaborar con los nazis.

Sanidad
Médicos MIR del País Valencià irán a la huelga desde el 21 de julio

El colectivo de Médicos Internos Residentes (MIR) de los servicios públicos sanitarios valencianos anuncia huelga indefinida a partir del 21 de julio.

Ecofeminismo
Y este verano, ¿qué plan?
Mucha gente no puede pensar en veranear. Pero queremos daros algunas ideas para que vaya lo mejor posible. Quien sabe, igual acabáis con el planazo del verano.
Crisis climática
La Tierra podría sobrepasar el umbral de los 1,5ºC en los próximos cinco años

La Organización Meteorológica Mundial publica sus últimas predicciones y señala que, en 2020, la temperatura media será 0,8ºC superior a la media de los años 1981-2010.

Sanidad pública
Seis gráficas para entender los recortes en la sanidad

La pandemia ha demostrado cómo de importantes han sido los recortes en gasto sanitario, plantillas, atención primaria y salud pública en la Comunidad de Madrid.