2017, el año de los delitos de opinión

Las condenas por terrorismo a personas que no tenían ningún vínculo con actividades violentas, fundamentadas en opiniones vertidas en redes sociales o por letras de canciones, han marcado uno de los años con más causas abiertas por apología del terrorismo, según denuncia la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI).

En este annus horribilis para la libertad de opinión y expresión entró en prisión la primera persona condenada por sus tuits, Alfredo Remírez. La policía le acusó por publicar mensajes en las redes en los que mostraba solidaridad con presos vascos que salían de prisión tras cumplir su condena íntegra, o de supuesto apoyo a la kale borroka.

2017 será recordado como el año en el fue condenado a prisión el líder del grupo musical Def con Dos, César Strawberry, por una serie de tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2014 en los que hacía referencia al rey Juan Carlos I, a los Grapo, ETA o Luis Carrero Blanco. También por reírse del delfín y presidente del Gobierno de Francisco Franco, muerto en un atentado de ETA, fue condenada a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta la tuitera Cassandra. La Audiencia Nacional le achacó un delito de “humillación de las víctimas de terrorismo”.

También fue un mal año para el rapero Valtonyc, recibió en febrero la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condena a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo en las letras de algunas de sus canciones.

Este también ha sido el año de la condena de dos años de prisión a los doce raperos del colectivo La Insurgencia, por enaltecimiento del terrorismo en sus letras y vídeos difundidos en internet.

“Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit”, denuncia Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI. “Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”, concluye. 

Para la PDLI no deja de ser significativo que la escalada de los juicios por enaltecimiento se produzca “tras el cese de la actividad terrorista”. De hecho, desde el final de ETA, estos juicios se han multiplicado por cinco. En 2011, el año en el que ETA renunció a la armas, se produjeron cinco sentencias por enaltecimiento. En 2015, ya eran 25. Desde el 1 de enero de 2016, recuerdan desde la PDLI, la Audiencia Nacional ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA o los Grapo en redes sociales.