Legalización del cannabis
El cannabis: pena, castigo y gasto público

Albert Tió está a la espera de que el Ministerio de Interior apruebe su indulto o que la Audiencia Provincial de Barcelona ordene su entrada en prisión. Su caso, y el de los otros dos miembros de la junta directiva de la asociación cannábica Airam, es el más sangrante de una larga lista de procesos judiciales que se intensificaron en 2013, cuando la Fiscalía General del Estado emitió una circular por la que instaba a los fiscales a añadir el delito de asociación ilegal en los procesos judiciales contra asociaciones cannábicas.

Primero fue el Ebers, en Bilbao; después el Three Monkeys, en Barcelona, y el Pannagh, también en Bilbao. Los tres acabaron en condenas de menos de dos años de cárcel y fueron seguidos de un millar de cierres de clubes de cannabis y juicios contra sus juntas directivas. En el caso de Airam, la situación, con seis juicios ya cumplidos, se presenta peor. Sus tres primeros procesos acabaron en absolución, los dos siguientes con condenas menores de dos años que se sustituyeron por trabajos para la comunidad y una multa de más de dos millones de euros para cada uno de ellos, y esta última sentencia, dictada en 2019, les castiga con cinco años de cárcel por delitos contra la salud pública y asociación ilícita. “Se nos está penalizando más a los que estamos dando la cara por una regulación, abriéndonos a la prensa, haciendo cultivo individual y colectivo, que a los propios traficantes”, denuncia Tió.

“Se nos está penalizando más a los que estamos dando la cara por una regulación que a los propios traficantes”, denuncia Albert Tió

El caso de Airam y el de Fernanda de la Figuera, condenada a finales de 2019 a nueve meses de cárcel y 10.000 euros de multa por fundar una asociación cannábica para mujeres consumidoras por motivos de salud, han sido los dos más conocidos de estos últimos años, en los que el debate sobre la regulación de la planta gana peso a nivel nacional e internacional. Uno de los motivos esgrimido en varios países para defender la legalización del cannabis es el económico, por los ingresos que reportaría al Estado que la producción y venta abandonara el mercado negro, pero ¿cuánto supondría de ahorro que se dejara de criminalizar el cannabis?

En 2019, según la Memoria anual del Ministerio Fiscal, se contaron un total de 4.039 sentencias por tráfico de drogas sin grave riesgo para la salud —tipo penal que se suele aplicar al tráfico de cannabis—, la cifra supone el 1,55% del total de 260.430 sentencias que ese año dictaron unos órganos judiciales sobresaturados. También 62 millones de los 4.000 millones de euros de presupuesto que tuvo el sistema judicial ese año, si se hiciera el burdo cálculo de dividir entre el coste de la justicia para las arcas públicas entre las sentencias emitidas. Según la estadística mensual de Instituciones Penitenciarias, en mayo —último mes con datos— se contaban 55.816 personas cumpliendo condena en las prisiones españolas, que en 2019 contaron con un presupuesto de 1.160,4 millones de euros. Del total de personas presas, 8.019 cumplían condena por delitos contra la salud pública, más del 14%. Sin embargo, en las estadísticas no desglosan qué proporción de estas condenas responden a delitos de tráfico de sustancias que no suponen un grave daño a la salud, tipo penal generalmente aplicado al cannabis y que contempla penas de entre uno y tres años de cárcel.

La persecución del cannabis, a nivel de tráfico o menudeo, consume muchas horas de trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aún más la posesión y el consumo particular. El apartado de Seguridad Ciudadana es el de mayor gasto de todo el presupuesto del Ministerio de Interior, con un presupuesto en 2019 que ascendía a 5.789,7 millones de euros, y el 70,89% de las multas impuestas en el marco de esta seguridad ciudadana han sido por posesión, consumo o cultivo de cannabis. Haciendo cuentas, se podría calcular que 4.104 millones de euros destinados a este ámbito han sido para perseguir el consumo, posesión y cultivo personal de cannabis. Sumando el gasto estimado que parte del presupuesto de Justicia y del resto de partidas citadas, el gasto que la persecución del cannabis supone a las arcas públicas podría estar en torno a los 4.200 millones de euros anuales.

116 millones de euros en multas

“La posesión se comenzó a sancionar en 1992 con la Ley Corcuera, que se conocía como la de ‘la patada en la puerta’: el artículo que permitía entrar en una casa sin orden judicial, teniendo sospechas fundadas de la comisión de un delito de tráfico de drogas, fue anulado por el Tribunal Constitucional, pero curiosamente no se presentó recurso contra el artículo 25.1, que sancionaba la tenencia y consumo de drogas o el abandono de los instrumentos utilizados para consumir. Eso rompe con el principio de lesividad del Estado de derecho, por el que no se puede sancionar una acción que no afecta a terceras personas”, explica Francisco Azorín, abogado especializado en cannabis y miembro del despacho Brotsanbert, que añade que ese artículo con el que se castigaba la posesión de drogas fue a consecuencia de la epidemia de sida y heroína que asoló España a finales de los años 80 y que, en principio, iba referido a esta sustancia.

En 2014, un año antes de que entrara en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se impusieron 398.422 sanciones por consumo o posesión de estupefacientes, de las cuales el 87% fue por cannabis. En ese año aún se contemplaba la suspensión de la sanción, que entonces ascendía a 300 euros, a cambio de participar en programas de deshabituación. “¿Qué pasó? que la gente se apuntaba a estos tratamientos, se colapsaron, y tampoco esa deshabituación servía de nada porque era un tanto funcional y costaba dinero al Estado”, continúa Azorín.

La Ley Mordaza que entró en vigor en 2015 mataba dos pájaros de un tiro, impulsando lo que este abogado denomina “industria del cannabis”. Por un lado, limitaba el tratamiento de deshabituación como alternativa a la sanción a las personas de edad y, por otra parte, dobló la cuantía de la sanción, rebajándola a los 300 euros de la ley anterior por pronto pago. “¿Qué hemos perdido? El derecho de defensa, porque nadie va a buscarse un abogado para recurrir una sanción de 600 euros si en 15 días puede ahorrar la mitad, ya que el abogado no le puede cobrar menos, eso solo lo hacemos nosotros que tenemos los modelos ya hechos y porque somos activistas”. Pero, aun con modelos, el proceso es tedioso. Azorín explica que la administración también suele confirmar las sanciones de forma sistemática — “igual que nosotros le presentamos nuestro modelo, ellos también tienen el suyo”— y el siguiente paso es acudir a un tribunal de lo contencioso-administrativo.

La Ley Mordaza ha supuesto que solo en 2018 la Administración impusiera 249.665 sanciones. El 70,7% de estas sanciones fueron por consumo y posesión de estupefacientes en la vía pública

La burorrepresión que se acentuó con la Ley Mordaza ha supuesto que solo en 2018, el último año con datos, la Administración impusiera 249.665 sanciones que sumaron 149,2 millones de euros. El 70,7% de estas sanciones —176.604— fueron por consumo y posesión de estupefacientes en la vía pública —siendo este estupefaciente, en su inmensa mayoría, cannabis— y sumaron 115,9 millones de euros. A ellas se añaden otras 391 sanciones por cultivo de cannabis que supusieron 630.000 euros más.

Aunque la cuantía habitual de la multa por consumo y posesión es de 600 euros, hay casos en los que estas han superado los 10.000 euros. Es el caso del Ayuntamiento de Yecla, en Murcia. “Fue el primer ayuntamiento de España que cogió un artículo que decía que podía aplicar la cuantía de la sanción en su tramo medio si se acreditaban circunstancias, primera de ellas la reincidencia, y entonces puso a los reincidentes multas de 10.401 euros”, recuerda Azorín, que vive en dicho municipio y calcula en un centenar las personas que han recibido sanciones por esta cantidad, la décima parte de los multados por consumo o posesión de cannabis en este municipio desde que entró en vigor la Ley Mordaza.

Azorín se reunió con el alcalde de Yecla, además de con el jefe de Policía y con el concejal de Seguridad. Tras ello presentó una denuncia que fue apoyada por varios colectivos, como la Federación Enlace y Energy Control. “Explicamos que en un tema de prevención de drogas no se puede aplicar la medida de castigar la reincidencia con sanciones de 10.401 euros porque eso vulnera el principio de proporcionalidad, de lesividad, y encima limita el derecho de defensa”, afirma el abogado, que también apunta que, para castigar la reincidencia, los ayuntamientos tendrían que controlarla mediante un registro de sancionados, algo que la ley no les permite. Los tribunales le han dado la razón por otro de los motivos que presentó el abogado: los ayuntamientos no tienen competencia para sancionar la posesión y consumo de drogas. “Ahora estamos solicitando que se anulen las sanciones impuestas”.

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