Sanidad pública
La II República y la universalización de la sanidad

Niceto Alcalá Zamora insistió, durante la proclamación de la Segunda República, en la puesta en marcha de un “programa de justicia social y de reforma administrativa de supresión de injusticia”. Ese discurso, del 14 de abril de 1931, sería el raíl por el que circularía toda la actividad reformadora de sus gobiernos pese a las resistencias reaccionarias y la amenaza fascista, y resultaría definitorio para entender el nivel de legitimidad y aceptación que la Sanidad Pública y sus profesionales tienen hoy en la sociedad española.

La Segunda República puso a España en la vanguardia europea en cuanto al otorgamiento de derechos y libertades a la ciudadanía. Y aunque el viejo modelo (feudalismo noble, clerical y castrense) volvió a imponerse pocos años después transfigurado en esa particular forma de fascismo llamada nacionalcatolicismo, el legado de avances en política social, educativa y sanitaria que dejó podría servir, en estos días de crisis global, como guía para reforzar un modelo social y sanitario que deje atrás la precariedad, la privatización y los recortes ejecutados por los gobiernos de la derecha ultraconservadora en una política de trasmisión del capital material y humano de lo público a lo particular cuyas consecuencias estamos sufriendo como sociedad en estas últimas semanas.

La Constitución de 1931 afirmaba que el Estado se hacía cargo de la protección y asistencia de las ciudadanas y ciudadano, y en especial de los más vulnerables

La Constitución Española de 1931, aprobada el 9 de diciembre de ese mismo año, marcó un hito en el constitucionalismo español al ser la primera en reconocer y garantizar derechos sociales como el de asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia (art. 43); o la garantía a los trabajadores y trabajadoras de una “existencia digna” mediante protección en casos de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, y con una especial protección al trabajo de las mujeres, de los jóvenes, y de la maternidad (art. 46).

La Constitución del 31, como cimiento normativo del desarrollo de todo Estado democrático, y al igual que la actual del 78, dejaba patente una garantía fundadora e irrenunciable: el Estado se hacía cargo de la protección y asistencia de las ciudadanas y ciudadano, y en especial de los más vulnerables.

El papel de marcelino pascua

Marcelino Pascua es una figura prácticamente desconocida, pero muy relevante en la historia de nuestro país. Médico formado en Estados Unidos y Reino Unido, fue profesor de Higiene en la Universidad Complutense de Madrid. Su militancia en el PSOE le llevó, el 16 de abril de 1931, dos días después de proclamarse la República, a ser nombrado Director General de Sanidad.

Es cierto que en ese momento histórico no dispuso de una cartera ministerial propia, pero su dependencia del Ministerio de Gobernación (lo que hoy día sería el Ministerio del Interior) no le libró de asumir importantes competencias, ni de diseñar y construir la armadura de ese nuevo ánimo que, bajo la premisa de construir un sistema sanitario público, gratuito y universal fundamentado en la prevención, tenía como aspiración última la ampliación de garantías, derechos y coberturas sanitarias del pueblo.

Pascua se puso a trabajar en medidas que supondrían un antes y un después para un sistema sanitario como el español, precario en cuanto a asignación presupuestaria, organizado en torno al ámbito local, y sostenido en la beneficencia y la atención particular

Con esta misión, Pascua, máxima autoridad política del gobierno de la II República en el sector sanitario hasta 1933, se puso a trabajar en la adopción de medidas que iban a suponer un antes y un después para un sistema sanitario como el español, precario en cuanto a asignación presupuestaria, organizado en torno al ámbito local, y sostenido en la beneficencia y la atención particular.

Tras un periodo de cambios organizativos en la estructura de la Dirección General, durante su mandato se promulgaron decretos para la creación de instituciones encargadas de coordinar la acción en materias como la investigación, la higiene social, la psiquiatría y asistencia social psiquiátrica, las enfermedades infecciosas, la puericultura, la farmacobiología, la enfermería, la ingeniería y arquitectura sanitaria, o la formación de personal. Otras decisiones muy relevantes pusieron el foco en la lucha contra la tuberculosis y enfermedades venéreas, ampliando los recursos e infraestructuras dedicadas exclusivamente a estas enfermedades. Su gestión se completó con una amplia mejora en la dotación presupuestaria general.

Cambios legislativos

Fue el gobierno radical el que, desde finales de 1933, aumentó la relevancia política de los servicios sociales y sanitarios transfiriendo, en pleno proceso de transición del radical-republicanismo al radical-cedismo, las competencias desde el Ministerio de la Gobernación al Ministerio de Trabajo. Durante este periodo, siendo José Estadella ministro de Trabajo y Previsión Social, se aprobó la Ley de Coordinación Sanitaria.

Los debates parlamentarios sobre esta ley pusieron de manifiesto un gran consenso en torno a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales, así como la de modificar su organización, trasladando el control y la autoridad sanitaria desde las entidades locales a la administración del Estado, que se haría cargo en última instancia de la provisión de las garantías y servicios. Con esta ley, en definitiva, se consiguió que todas las ciudadanas y ciudadanos, independiente de su lugar de residencia, tuvieran acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad y con unas infraestructuras adecuadas.

Posteriormente, las fuerzas progresistas consideraron necesario avanzar hacia la aprobación de una Ley Orgánica que profundizara en la consolidación de la Sanidad Pública, pero las resistencias ultraconservadoras de la CEDA y las políticas liberales de la derecha radical, además de su programa conjunto contrareformista, dieron al traste con estas aspiraciones. Así y todo, los gobiernos del Frente Popular, ya desde febrero de 1936, impulsaron reformas para asegurar la salud en la España rural a través de infraestructuras y personal médico y sanitario, con especial foco en el tratamiento de tuberculosis, en maternidad e higiene infantil, enfermedades venéreas, odontología, oftalmología y otorrinolaringología, además del refuerzo de la atención primaria.

A pesar de que el golpe militar contra la República y la guerra entre las fuerzas fascistas y los defensores del sistema democrático vigente llevaron a la paralización del desarrollo de un servicio estatal de salud público, universal y gratuito, las políticas impulsadas por el gobierno republicano en este periodo continuaron con la voluntad de llevar la sanidad más allá del servicio asistencial, de manera que el Estado garantizase la protección para mantener sana a la población o darle tratamientos adecuados en caso de enfermedad. La guerra impidió que se implementaran, pero desde el punto de vista declarativo y político la intención fue clara y decidida.

Federica Montseny, primera mujer ministra en España, planteó medidas revolucionarias como el primer proyecto de ley del aborto, una restructuración de los servicios sanitarios para aumentar la descentralización o la creación de centros de acogida para la infancia

En este ámbito es ineludible subrayar la labor de Federica Montseny, primera mujer ministra en España, a cargo de una cartera como la de Sanidad y Asistencia Social que por primera vez aparecía como exclusiva e independiente de Trabajo en los seis meses del gobierno de Francisco Largo Caballero. Durante este breve periodo, Montseny planteó medidas realmente revolucionarias como el primer proyecto de ley del aborto, que suscitó un gran debate en el seno del gobierno; una reestructuración de los servicios sanitarios para aumentar su descentralización y vinculación con los entornos sociales; creación de centros de acogida para la infancia y comedores para embarazadas; de “espacios liberatorios” de la prostitución; o incluso un decálogo de profesiones para personas con discapacidad.

En definitiva, un legado en pos de la universalización de los servicios sociales públicos que, dado el contexto histórico general y particular de España, resulta impresionante por su profundidad teórica, su base feminista y visión de futuro.

las lecciones

La tradición sanitaria de la II República, en su breve experiencia, nos enseña que toda acción política tiene detrás un espíritu y un objetivo concretos. La precarización y privatización sistemática perpetrada por los gobiernos de la derecha en los últimos años no es una excepción. Su puesta en marcha y desarrollo fue, como la rueda del molino, esquilmando lenta y silenciosamente el sistema. Tras este empuje privatizador y liberalizador había un objetivo concreto: trasvasar recursos públicos a la cuenta de beneficios de las empresas sanitarias, todas ellas controladas y participadas por personas muy concretas, coaligadas necesariamente con la élite política encargada de ejecutar las medidas. 

Ante situaciones críticas no es difícil caer en la tentación de acortar la mirada a la hora de evaluar la acción política. Olvidamos ese espíritu que sirve de motor, para bien o para mal, en el diseño y ejecución de las políticas públicas. No podemos pedir que un sistema sanitario público tenga financiación y recursos de sobra para afrontar su misión primaria de dar cobertura gratuita, universal, igualitaria y de calidad, y que pueda hacer frente a cualquier situación crítica como la actual, si las políticas sanitarias sobre las que se asienta están diseñadas con una filosofía encaminada a la privatización, el raquitismo presupuestario y la transferencia de recursos hacia el sector privado.

Alardear en ruedas de prensa de que disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo no nos otorga automáticamente dicha virtud. Tras las declaraciones debe existir una voluntad auténtica de defensa de la Sanidad Pública, que se plasme en la puesta a disposición de financiación y recursos necesarios, sin escatimar, para hacerla real y patente. 

El error mayúsculo ha estado en la silenciosa puesta en marcha de políticas que han pretendido desmantelar la Sanidad Pública con políticas encaminadas a engordar las cuentas de beneficios y corrientes de unos pocos

Porque cuando en esta crisis se habla de errores, hay que dejar claro que los más graves no han sido de gestión ni de prevención. El error mayúsculo ha estado en la lenta, silenciosa, pero dramática puesta en marcha de políticas que, construidas sobre el espíritu del enriquecimiento particular y los atavismos clasistas, han pretendido desmantelar la Sanidad Pública con políticas muy concretas, encaminadas a vaciarla de recursos para al mismo tiempo engordar las cuentas de beneficios y corrientes de unos pocos. Este error trágico, pero intencionado, ha tenido exponentes, experiencias, siglas y apellidos específicos y evidentes. 

Es fácil reclamar hoy consensos para la conformación de un nuevo contrato social que blinde el sistema público de salud a todos los niveles, pero siendo realistas resulta impensable. No podemos esperar que quienes pretendieron acabar con él saquen de esta crisis un aprendizaje que los lleve a poner fin a su estrategia pirómana.

Por ello, se hace imprescindible tomar conciencia de que, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaremos, es preciso aprovechar el ciclo político actual para avanzar en la construcción de un sistema de salud, protección social y cuidados tan fuerte que sea imposible pervertirlo o derribarlo. Sacar de nuestras vidas a quienes pretenden hacer negocio con ellas y poner, desde lo público, más presupuesto, más recursos, más profesionales, más investigación y más educación en salud para que la Sanidad Pública sea un pilar de nuestro país en cuanto a generación de riqueza y empleo.

Pero sobre todo para que nos cuide y nos proteja cuando sea necesario y sin importar nuestra situación económica o clase social. No será fácil, pero precisamente en este contexto podemos tomar como ejemplo la breve pero rica experiencia de la II República.