Laboral
El Tribunal Superior gallego condena a Mercadona por vulnerar derechos sindicales fundamentales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la empresa de Juan Roig por vulnerar los derechos fundamentales de una trabajadora delegada de la CIG. La sentencia reconoce que Mercadona negó sistemáticamente a las empleadas afiliadas a la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la provincia de Pontevedra el acceso a documentación sobre prevención de riesgos laborales, el reglamento del Comité de Seguridad y Salud e información sobre las acreditaciones de otros sindicatos. El tribunal considera que las tres conductas constituyen una vulneración de la Constitución y que la empresa no aportó justificación suficiente para ninguna de ellas.

El conflicto arranca del trato desigual que Mercadona dispensaba a las delegadas sindicales de la CIG en el seno del Comité de Seguridad y Salud (CSS) de la provincia de Pontevedra. Aunque estas participaban en las reuniones del órgano con voz pero sin voto, la empresa se negaba a facilitarles la misma documentación que entregaba a las delegadas de prevención de UGT y CCOO: informes de evaluación psicosocial, protocolos de actuación para personas trabajadoras sensibles y demás material tratado en las sesiones.

La empresa justificó su postura argumentando que las delegadas sindicales y las delegadas de prevención son figuras jurídicas distintas y, por tanto, no tienen los mismos derechos de acceso a la información. El TSXG rechaza este razonamiento con rotundidad: la única limitación que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las delegadas sindicales es la ausencia de voto, no el acceso a la información. Hacer extensiva esa restricción a la documentación supone, según el tribunal, una interpretación restrictiva de un derecho fundamental que la empresa no justificó en ningún momento.

La condena comprende también la negativa de Mercadona a entregar a la CIG una copia del reglamento de funcionamiento interno del CSS, así como la falta de información sobre la identidad y las fechas de nombramiento de las personas designadas como delegadas sindicales de UGT y CCOO ante la empresa. Este último punto adquiere especial relevancia a la luz de lo que consta en los hechos probados: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó que no constaba de manera fidedigna el nombramiento de algunas personas que asistían al CSS en representación de otros sindicatos, mientras que a la CIG solo se le permitía participar con las delegadas formalmente designadas.

La sentencia llega en un momento de tensión creciente en las relaciones laborales en Mercadona. La CIG, sindicato mayoritario en la empresa a nivel gallego, denuncia una campaña sistemática de acoso contra sus representantes que se ha intensificado desde que obtuvieron presencia en el comité provincial de Pontevedra.

Verónica Pérez, secretaria de la sección sindical de la CIG en Mercadona en la provincia de Vigo, explicó que el patrón que viven las delegadas combina vigilancia intensiva del trabajo, solapamiento entre la actividad sindical y el desempeño como trabajadoras, y sanciones económicas encubiertas. La herramienta principal es el llamado “modelo”, un reglamento interno que la empresa aplica en paralelo al convenio colectivo y que, según Pérez, “difiere de lo que es la legalidad, porque si vas por modelo, no vas por convenio”. Las delegadas que no se ajustan a ese código informal ven cómo no cobran la prima de beneficios ni, este año, la semana adicional de vacaciones que Mercadona publicitó tras un acuerdo en el comité intercentros. “Esa es un poco la distopía con la que juega la empresa, esa escala de grises”, subrayó.

El mismo patrón de bloqueo describe Pérez en relación con la documentación de prevención de riesgos, que constituye precisamente el núcleo de la condena judicial. La sección sindical de la CIG venía reclamando sin éxito tanto el reglamento del CSS como los informes de los test psicosociales. La empresa se negó en todo momento a entregarlos, alegando que solo correspondían a las delegadas de prevención. En las propias reuniones del comité, el acceso era parcial y sesgado: “la dirección proyectaba diapositivas con la información, pero no facilitaba la documentación completa”. Para Pérez, todo ello forma parte de una “línea de desgaste” sistemática contra la representación de la CIG.