Laboral
La precariedad tras el zapato de Villena

Casi con total seguridad, cualquier transeúnte que visite Villena por primera vez no deparará en las mirillas que sobresalen de las puertas de algunos garajes. Quienes residen en el municipio alicantino, en cambio, conocen la realidad que se esconde tras ese detalle: un taller clandestino. Probablemente, detrás de esa puerta, alguna mujer esté cosiendo las piezas de algún calzado. Expuesta a productos tóxicos, a enfermedades profesionales no reconocidas y a un futuro incierto. Sin contrato de ningún tipo, cobrando poco más de un euro por cada par de zapatos que luego verán en algún escaparate por cerca de setenta. Formando, así, parte de la economía sumergida que asola la cadena productiva del calzado.

Aunque hasta hace poco las aparadoras eran bastante desconocidas fuera de la provincia de Alicante, el año pasado empezaron a unirse y a denunciar sus condiciones laborales, a colarse en la agenda mediática y a obligar a la atención política. Pero en Villena les ha resultado especialmente difícil hacerlo. Las aparadoras de Elche fueron las primeras en organizarse para luchar contra su histórica precariedad hace ya cerca de un año. Siguieron el testigo las de Elda-Petrer algunos meses después, pero no fue hasta diciembre de 2018 cuando nació la Asociación de Aparadoras/es y Trabajadoras/es del Calzado de Villena. Algo llamativo teniendo en cuenta que, según denuncian estas mujeres, es probablemente el colectivo villenense el más precarizado debido a varios factores.

Las particularidades de Villena

De las casi 34.000 personas que residen en Villena, Isabel Moreno, presidenta de la asociación, calcula que al menos 4.000 son mujeres aparadoras. “Hay una economía sumergida enorme en esta ciudad”, afirma. En España, según los últimos informes, la economía sumergida representa cerca del 20% del PIB, pero esta aparadora ya jubilada no cree “tan descabellado afirmar que en Villena este porcentaje aumenta considerablemente”. Un estudio de Josep Antoni Ybarra publicado por la Universidad de Alicante corrobora la feminización del sector: 7.000 mujeres trabajan el calzado en la comarca del Vinalopó frente a unos 1.500 hombres. Aunque los puestos de responsabilidad están ocupados mayormente por varones, también ellos sufren la precariedad: con el cierre de fábricas, los cortadores —un puesto tradicionalmente masculinizado— han sido también sentenciados a la clandestinidad.

“El zapato tiene que ser rentable, se ha elegido recortar en mano de obra y el aparado requiere mucha”, explica Moreno

Moreno define como “tercermundistas” las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado y como “pésimos” sus salarios. La globalización trajo consigo la competencia en el mercado: “El zapato tiene que ser rentable, se ha elegido recortar en mano de obra y el aparado requiere mucha”, explica. “Hoy en día, a una aparadora la hora no le sale ni a dos euros y tiene que invertir 12 o 14 horas diarias para alcanzar unos 700 euros mensuales”, añade. Más allá de los males endémicos de la profesión, generalizados en la provincia, la especialidad trabajada en Villena, el calzado infantil, agrava la precariedad de las aparadoras.

A la competencia asiática y a la realidad del mercado de consumo se suman las tendencias de moda y, sobre todo, la practicidad. “Ahora muchas madres prefieren vestir a sus hijos con zapatillas deportivas porque se lleva ese tipo de calzado”, explica Moreno, quien añade que “mientras una señora puede utilizar un mismo zapato durante varias temporadas, el pie del niño crece rápido”, con lo que los familiares no invierten mucho dinero en zapatos.

Señaladas por denunciar

La precariedad de las aparadoras siempre ha sido un silencio a gritos, aunque el asociacionismo del sector en el último año ha servido para dar visibilidad a sus condiciones. Desde que, en febrero, el programa de La Sexta Carretera y manta expuso la situación de las aparadoras de Villena, el colectivo no ha dejado de recibir acusaciones. De la asociación dicen que quiere destruir el sector y les repiten a las integrantes que por su culpa cerrarán más fábricas. “Mientras no se removía la mierda no pasaba nada, pero muchos políticos locales se han incomodado por el eco mediático —declara Moreno—, por no hablar de que somos el enemigo número uno de la patronal, que no quiso asistir al programa para defender su postura”, añade.

“Cobramos menos de dos euros por un par de zapatos que salen de fábrica a 25 y que luego vemos en tiendas por 75 euros”

No son los únicos que guardan silencio. La mayoría de aparadoras se mantiene en el anonimato o incluso se niega a asociarse por miedo a represalias de sus empleadores. Se suma que, al trabajar la mayoría en talleres clandestinos o en sus casas, la unión entre ellas ha sido históricamente una odisea. Actualmente la asociación de aparadoras de Villena está compuesta por unas 70 mujeres. “Cuando nació la asociación se animaron muchas aparadoras, pero sobre todo a raíz del eco mediático local hay muchas reticencias e incluso algunas compañeras nos ven como enemigas”. En el contexto de un municipio con un paro que alcanza el 21%, las ganancias de las aparadoras —percibidas a menudo como un “ingreso extra” a la unidad familiar— son totalmente imprescindibles. “Resulta inimaginable, pero es tanto el miedo que se teme perder esta miseria”, argumenta Moreno.

externalización del calzado

La mayor parte de la producción del calzado en Villena se da en talleres clandestinos o en casas. Según recoge el Convenio Colectivo para la Industria del Calzado, las aparadoras que trabajan en sus domicilios deben estar aseguradas y percibir “el salario fijado [...] más un 10% del mismo salario en concepto de gastos generales (luz, herramientas, etc.)”. Las trabajadoras afirman que no conocen ningún caso en el que el convenio se haya cumplido en ese sentido.

De hecho, las aparadoras denuncian que las tácticas de algunas empresas son cada vez más perversas. “Tenemos marcas muy conocidas que cierran sus fábricas, pero, por cada fábrica que se cierra, se abren dos clandestinas”, explica la presidenta de la asociación. “Algunos solo se dedican a poner la etiqueta: llega un camión con un paquete de botas confeccionadas en la India, comprueba la calidad, coloca el ‘made in Spain’ y comercializa los zapatos a través de una red perfectamente montada”, detalla Moreno. La técnica, explica, es diferenciar la marca de la empresa con la que está registrada, de forma que, si la fábrica cierra, el empresario no tenga obligación de responder y el prestigio de la marca permanezca intacto. Algo que se refleja, cuentan, en pequeños detalles: antes las furgonetas que atravesaban las calles de Villena para encargar trabajo llevaban logotipos, ahora son completamente blancas. “Recurren a intermediarios para limpiarse las manos”, explica Moreno, que opina que el sistema, en los últimos años, integra a cada vez más intermediarios, lo que perjudica a las aparadoras: “Cobramos menos de dos euros por un par de zapatos que salen de fábrica a 25 y que luego encontramos en tiendas por 75 euros”.

Moreno, que trabajó como encargada de fábrica durante varios años, asegura que pudo comprobar que el fraude se acomete, en ocasiones, desde los primeros pasos de la fabricación del calzado: “Trabajaba en una fábrica donde, directamente, algunas empresas pedían que la mitad se facturara legalmente y la otra mitad en negro. El empresario compraba materia prima en negro; en ese punto está la economía sumergida”, dice.

Carmen (nombre ficticio) lleva 46 años trabajando como aparadora y solo seis cotizados. “En el último sitio en el que trabajé, la técnica era la siguiente: una aparadora se da de alta [como autónoma] en la Seguridad Social y es responsable de una decena de aparadoras que trabajamos de manera clandestina —explica—; factura la autónoma y el resto no tenemos derechos laborales de ningún tipo”. Carmen cifra en 3.000 los pares de zapatos que se fabricaban mensualmente en esa empresa: “Una persona no puede tener ese nivel de productividad”. Las cifras evidencian la economía sumergida, por lo que las aparadoras sugieren que, a la hora de realizar una inspección de trabajo, se tenga en cuenta la producción de calzado en comparación con el número de personas empleadas.

La provincia de Alicante es líder en infracciones laborales con 2.000 casos al año. En 2017, Inspección de Trabajo realizó 21.000 visitas en todo el País Valencià y puso cerca de 6.000 actas de infracción. Alrededor de 4.000 tenían que ver con la Seguridad Social y algo menos de mil con las condiciones de seguridad y salud laboral. Las inspecciones de 2018 evidenciaron 12.000 puestos de trabajo irregulares, situando al País Valencià como la segunda comunidad autónoma con la cifra más elevada, solo por detrás de Andalucía. Ambas comunidades autónomas repiten también puesto en el ránking de importe de sanciones propuestas por economía sumergida. El eco mediático del programa hizo que crecieran exponencialmente las inspecciones en Villena, entrando incluso en casas particulares.

Las condiciones laborales

Se tarda aproximadamente una hora en terminar un modelo sencillo de zapato por el que pagan a las aparadoras poco más de un euro. Durante esa hora han tenido que coger cada zapato 22 veces y manejar productos tóxicos en habitaciones con poca ventilación. Repiten el proceso durante una media de 12 o 14 horas, y terminan la jornada con dolores en las lumbares, cervicales, brazos y túnel carpiano. “Pero lo peor es la sensación de que todo eso vale tan poco”, lamenta Carmen. “Estás toda la semana en casa sin moverte, pegada a la máquina. A veces comentamos que sabemos que es sábado por el cambio de pijama”, añade Isabel Moreno. En las fábricas, la situación no es siempre mejor. Alma (nombre ficticio) asegura que ha trabajado en puestos de trabajo de enorme presión, vigilada por cámaras y con descansos muy limitados.

El reconocimiento de enfermedades profesionales es una de las principales demandas de la asociación. Hace algunos años, un grupo de jóvenes aparadoras fueron indemnizadas por la conocida como parálisis del calzado. El empleo de productos tóxicos durante largas jornadas de trabajo sin ventilación y con malas condiciones higiénicas afectó a la salud de las jóvenes: “Perdían la movilidad porque los síntomas atacan a los nervios de las piernas y rodillas”, relata Alma, que fue testigo del caso. “Ahí estábamos dadas de alta, pero solo había un gran ventanal que no podíamos abrir porque daba a un patio de luces y los vecinos se quejaban de los olores y ruidos”, detalla. Aunque las chicas ganaron el juicio, afirma que “había gente que seguía manteniendo que eran tonterías de crías”.

Isabel Moreno afirma que, en la actualidad, los empresarios están “muy bien asesorados”. Según destaca, ahora les exigen a las aparadoras firmar un documento en el que aseguran haber realizado un curso de riesgos laborales que jamás han recibido. “Está demostrado que los productos que manejamos son tóxicos, así que se liberan de esa responsabilidad haciendo constar que lo sabes y que te lo tienes que resolver tú en tu casa”. Puede que en su domicilio la aparadora tenga que conciliar el empleo con la crianza de sus hijos, así que es habitual que los niños pasen tiempo en las habitaciones en las que sus madres trabajan, expuestos también a productos tóxicos: “Seguro que nos sorprenderíamos con los resultados de un estudio sobre la incidencia geográfica de cáncer y los motivos”, aventura Moreno.

Un cambio estructural

También se dan casos, denuncian desde la asociación, de patrones que no pagan a las aparadoras que trabajan en sus casas, que lo hacen tarde o a través un porcentaje de lo que ganan, que a veces son cuantías insignificantes. A ello se suman prácticas como el “fijo discontinuo”, en el que el trabajador consume su paro en beneficio del empresario. También se añade la estacionalidad: durante el mes de abril, por ejemplo, las fábricas están paradas porque no hay faena. Y como habitualmente no existe ningún compromiso entre la empresa y el trabajador, algunos meses la situación de estas mujeres es, si cabe, más precaria.

Las prácticas se agravan en algunos casos. Alma asegura que en una de las fábricas en las que trabajaba falsificaron su firma para cambiar su contrato de tiempo completo a parcial: “No me pasó a mí sola y a día de hoy esa empresa sigue abierta”, asegura. “Yo no lo sabía, fue en el INEM donde se dieron cuenta de que habían falsificado mi firma, pero la Administración no hizo nada”, relata.

El futuro del oficio

La dificultad de generar soluciones en un sistema tan asentado es el motivo por el que la presidenta de la asociación aboga por un cambio estructural. “Entiendo que no se puede pagar la mano de todas las personas por las que pasa el zapato. Se debería crear un sistema de financiación a la Seguridad Social diferente para la industria manufacturera”. Hay maneras, asegura, de encontrar soluciones que beneficien tanto a las aparadoras como a los empresarios, “pero es cuestión de voluntad política”.

El inmovilismo político es uno de los puntos que más critica Isabel Moreno. Pese a la proximidad de las elecciones municipales, las aparadoras lamentan que no existan en los programas electorales propuestas aterrizadas para mejorar el sector del calzado y abordar la situación de precariedad que, aseguran, es conocida de sobra por los políticos. De hecho, dentro del mismo partido —hasta el pasado domingo Villena estaba gobernada por Los Verdes— dicen haber contado con apoyos incondicionales, pero también con concejalías que no han abordado la situación en absoluto o cuyas propuestas, lejos de suponer una mejora, son contempladas con desconfianza por parte de la asociación.

“La costumbre antes era esa, las niñas salíamos del colegio y nos llevaban a ‘ca’ la ‘mestra’ para aprender a aparar”, recuerda Moreno

Se refieren, por ejemplo, a los cursos de formación que afirman que la Concejalía de Industria del último gobierno sugirió poner en marcha en colaboración con reconocidas marcas de zapatos. “El plan es ir a institutos para que se hagan cursos y garantizar la continuidad de la profesión”, explica Moreno. La presidenta defiende que este tipo de cursos, tal y como están enfocados, solo van a servir para “compartir la miseria existente” y para que algunos empresarios “se puedan aprovechar del sistema a través de contratos de formación y la financiación de la Seguridad Social, sin obligación de pagar a quienes realizan las prácticas”, afirma.

Alma pone en duda el relevo generacional aun con este tipo de medidas: “No es posible aprender en un curso de duración limitada el oficio”. La mayoría de las aparadoras llevan desde los trece años, según afirman, trabajando en el sector: “La costumbre antes era esa, las niñas salíamos del colegio y nos llevaban a ca la mestra para aprender a aparar”, explica Moreno. En los años 60, relata, hubo un boom del calzado y había muy pocas profesionales, con lo cual no faltaba trabajo. Ser aparadora, dicen, era casi un estatus. Echan la vista atrás y lamentan la evolución. Pese al crecimiento económico, las aparadoras obtienen por sus pares casi menos dinero que hace décadas. La precariedad es cada vez mayor y, vaticinan, las fábricas seguirán cerrando: solo permanecerán —aventuran— aquellas que se conviertan en comercializadoras o las que consigan un nivel de exportaciones muy alto. Tienen un convenio laboral que no se cumple y el miedo impide que el asociacionismo sea lo suficientemente sólido como para transformar la realidad del sector en Villena a corto plazo. Les encanta su trabajo, pero no animarían a sus hijos a seguir sus pasos porque no quieren “engrosar el ejército de la precariedad”.

A pesar de todo, siguen empeñadas en dignificar el oficio y, sobre todo, las condiciones de quienes en él trabajan. Hay quien afirma que Villena no ha entrado en quiebra por la magnitud de la economía sumergida que la sostiene. Por eso, a veces, cuando se reúnen, surge la idea de una huelga de manos colectiva: “Si pudiéramos lograr una fuerte unión para mediados de agosto, que es cuando llega la máxima demanda por las fiestas —especulan en voz alta—, podríamos demostrar que nos necesitan”. Alma hace alusión al hartazgo: “Nos dicen que, si esto ha sido así siempre, por qué nos interesa removerlo ahora. La respuesta es fácil: ya no podemos más”. Porque lo que más duele, añade Moreno, es tener que estar constantemente reivindicando leyes que ya existen... pero que no se cumplen.