Boicot
¡Fuera Israel de COST! La UE sigue imponiendo la cooperación con Israel en Ciencia y Tecnología

Nodo València de RUxP

Durante este último curso, un consorcio internacional formado por 25 investigadores e investigadoras, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil de 16 países ha trabajado en la preparación de una propuesta para la convocatoria de 2026 de COST Actions, una de las principales herramientas europeas para la creación de redes de cooperación científica.

La propuesta buscaba construir una red interdisciplinar para estudiar el actual descrédito de las instituciones internacionales y analizar cómo el incumplimiento prolongado del derecho internacional, la consolidación de hechos consumados y determinadas decisiones de las instituciones europeas contribuyen a erosionar la confianza en las soluciones pacíficas y en la cooperación internacional.

Sin embargo, después de examinar las reglas de funcionamiento del programa y de mantener una reunión con el Punto Nacional de Contacto (NCP) español para aclarar las condiciones de participación, el consorcio decidió retirar su propuesta.

La razón de esta decisión es la incompatibilidad que sus integrantes identifican entre las normas de participación de COST y los compromisos políticos y éticos que habían asumido al poner en marcha la iniciativa. En particular, el problema se refiere a la participación de Israel en el programa COST, así como a la imposibilidad de impedir la incorporación de investigadores afiliados a instituciones israelíes o la representación de Israel en los órganos de gobierno de una COST Action.

Paralelamente, el consorcio ha remitido un comunicado al NCP español explicando su decisión y planteando dos demandas dirigidas a COST. Por un lado, la suspensión de la participación de Israel en el programa, en línea con los precedentes existentes para Rusia y Bielorrusia. Por otro lado, que las futuras COST Actions dispongan de mayor autonomía para decidir la composición de sus redes, con criterios transparentes que permitan tener en cuenta posibles incompatibilidades con principios científicos, éticos y de derechos humanos.

Desde la RUxP queremos reconocer y felicitar al consorcio por la coherencia de su decisión y por haber puesto sus compromisos éticos y políticos en el centro de una iniciativa científica en la que habían invertido meses de trabajo, contactos y expectativas. Conscientes de lo que supone renunciar a una propuesta de estas características, consideramos importante dar difusión a esta decisión que trasciende esta propuesta concreta.

¿Qué es una COST Action?

COST —European Cooperation in Science and Technology— es un programa financiado por la Unión Europea que permite a investigadores e investigadoras crear redes internacionales de cooperación científica. Forma parte de Horizon Europe, el principal programa marco de la Unión Europea para financiar la investigación y la innovación durante el periodo 2021-2027, y está específicamente orientado a ampliar la participación en las redes europeas de investigación y a extender la excelencia científica.

Una COST Action es una red interdisciplinar que reúne durante cuatro años a investigadores e innovadores de distintos países en torno a un tema de investigación definido por la propia comunidad científica. COST no financia principalmente la investigación que se realiza sobre ese tema, su función es proporcionar recursos para construir y mantener la red que hace posible esa cooperación (a través de la organización de reuniones y grupos de trabajo, escuelas de formación, estancias breves de investigación, participación en congresos, actividades de comunicación y divulgación, etc.). Así, una COST Action es una estructura de cooperación científica internacional.

¿Qué relación tiene con Horizon Europe?

Horizon Europe es el principal programa de financiación de la Unión Europea para investigación e innovación. Financia proyectos de investigación e innovación, movilidad, infraestructuras y otras iniciativas destinadas a desarrollar conocimiento y afrontar distintos desafíos sociales, económicos y científicos.

COST forma parte de este ecosistema, pero cumple una función diferente. Mientras que una convocatoria de Horizon Europe puede financiar directamente un proyecto de investigación, COST financia fundamentalmente las actividades de cooperación y creación de redes que permiten conectar a investigadoras e investigadores de distintos países. 

Israel y las reglas de participación de COST

Israel participa actualmente en COST como país miembro cooperante. Esto significa que investigadoras/es e instituciones israelíes pueden participar en las diferentes COST Actions y tener representación en sus órganos de gestión. Y es que, como explica el comunicado, los países participantes están representados en el Management Committee, órgano responsable de la gobernanza y de las principales decisiones estratégicas de la Acción. De hecho, Israel tiene presencia en el 85 % del total de las acciones COST.

Este ha sido precisamente el punto que llevó al consorcio a retirar su propuesta, pues no le permitía decidir libremente sobre la participación de instituciones israelíes en su red ni garantizar, por tanto, que esta se desarrollara de acuerdo con los compromisos políticos y éticos que había asumido.

Por paradójico que parezca, el objeto de la propuesta retirada era estudiar el actual descrédito de las instituciones internacionales a partir de conflictos en los que el derecho internacional ha sido ignorado o subordinado al reconocimiento de hechos consumados, como ha ocurrido en el Sahara Occidental ante el incumplimiento del compromiso internacional con la autodeterminación del territorio, y como ocurre en Palestina, donde actualmente se sigue perpetrando un genocidio por parte de Israel. Es decir, la red quería estudiar precisamente la relación entre poder, instituciones, derecho internacional y responsabilidad europea.

¿Puede la cooperación académica ser políticamente neutral?

A estas alturas, parece claro que la cooperación académica no se desarrolla al margen de las estructuras políticas e institucionales. Las universidades y los programas científicos dependen de financiación, acuerdos, instituciones participantes y reglas que determinan quién puede formar parte de las redes y bajo qué condiciones.

Por eso, no se trata de cuestionar la necesidad de la cooperación científica internacional, sino de debatir sobre sus condiciones y preguntarnos qué tipo de cooperación queremos construir, así como bajo qué principios queremos sostenerla. Para este consorcio, esa cooperación debe poder desarrollarse de manera coherente con los derechos humanos, el derecho internacional y la responsabilidad institucional.

A continuación reproducimos íntegramente el comunicado que el consorcio remitió recientemente al Punto Nacional de Contacto (NCP) español de COST, la oficina de referencia en España para la participación en este programa europeo:

Comunicado sobre la retirada de la propuesta de COST Action:

Durante el último curso, un consorcio internacional formado por 25 investigadores e investigadoras, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil de 16 países diferentes hemos trabajado intensamente en la preparación de una propuesta de COST Action para presentarla a la convocatoria de 2026.

La propuesta tenía como objetivo crear una red interdisciplinar dedicada a estudiar el actual momento de descrédito de las instituciones internacionales. El punto de partida desde el que queríamos abordar esta problemática era el estudio de los conflictos en los que, de forma prolongada, el derecho internacional era ignorado en favor del reconocimiento de los hechos consumados. Según entendemos, esta falta de escrúpulos en la política internacional se volvería como un bumerán, causando el actual clima de desconfianza en las soluciones pacíficas y en la cooperación internacional. En este sentido, el grupo promotor de la iniciativa tenía experiencia en el estudio de la cuestión del Sahara Occidental, un largo conflicto que liga el compromiso roto por la autodeterminación del territorio y las políticas de hechos consumados que parecen apoyar algunos estados en la actualidad. Este caso de estudio iba a ser ampliado para entender cómo las decisiones de la Unión Europea pueden favorecer este dañino socavamiento de la legalidad internacional y plantear formas de actuación que lo evitasen.

Durante la preparación de la propuesta, el consorcio invirtió un considerable esfuerzo en la construcción de una asociación internacional, la definición de sus objetivos científicos, la organización de los diferentes grupos de trabajo y el diseño de actividades relacionadas con la formación de investigadores, la transferencia de conocimiento, la participación pública y la elaboración de recomendaciones dirigidas a los responsables políticos. Todo este trabajo reflejaba un compromiso compartido con una investigación crítica, independiente y socialmente comprometida.

Sin embargo, tras examinar detenidamente las normas de funcionamiento del programa COST y mantener una reunión con el Punto Nacional de Contacto español para aclarar diversas cuestiones surgidas durante el proceso de preparación de la propuesta, llegamos a la conclusión de que el marco institucional que regula las acciones COST resulta incompatible con los compromisos políticos y éticos asumidos por los investigadores del proyecto.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio programa COST, Israel participa como COST Cooperating Member. En consecuencia, el personal investigador afiliado a instituciones israelíes pueden incorporarse a una COST Action y su participación no puede ser restringida por quienes coordinan la red si deciden solicitar su incorporación. Asimismo, los países participantes están representados en el Management Committee, órgano responsable de la gobernanza y de las principales decisiones estratégicas de la Acción. En este sentido, el Estado de Israel tiene presencia en el 85 % del total de las acciones COST.

Desde la perspectiva del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y más concretamente de la Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), las formas de cooperación académica que normalizan las relaciones con instituciones israelíes contribuyen a mantener unas estructuras de apartheid y genocidio. Por este motivo, la PACBI hace un llamamiento a la comunidad académica internacional para abstenerse de participar en aquellas formas de cooperación institucional que puedan significar una legitimación o normalización de dichas estructuras mientras Israel no cumpla el derecho internacional y respete los derechos del pueblo palestino.

Es desde esta perspectiva desde la que hemos concluido que la participación en el programa COST resulta incompatible con estos principios. Esta conclusión no se basa en la actuación de investigadores israelíes a título individual ni constituye un rechazo al diálogo entre académicos. Se refiere, exclusivamente, a la participación en un marco institucional que implica una forma de cooperación institucional normalizada con el Estado de Israel en el seno de un programa europeo.

Esta conclusión adquiere una relevancia especial teniendo en cuenta el propio objeto de nuestra propuesta. La red pretendía analizar las consecuencias no resueltas del colonialismo, la ocupación, las soberanías en disputa, las desigualdades en el acceso al derecho internacional y el papel que pueden desempeñar las instituciones europeas en la resolución de estos desafíos. Consideramos, por tanto, que mantener la coherencia entre los objetivos científicos del proyecto y los compromisos éticos que lo inspiran constituye una condición esencial para su credibilidad.

Por todo ello, hemos decidido retirar la propuesta de COST Action.

Esta decisión no debe interpretarse como un rechazo a la cooperación científica internacional. Muy al contrario, seguimos convencidos de que la colaboración académica transnacional es imprescindible para afrontar los grandes desafíos contemporáneos. Sin embargo, creemos que dicha cooperación debe desarrollarse de forma coherente con los principios de los derechos humanos, el derecho internacional y la responsabilidad institucional.

Es por ello que animamos a las instituciones europeas de investigación y a la Asociación COST a abrir un debate sobre la forma en que las normas de gobernanza de los programas europeos de investigación interactúan con cuestiones relativas al derecho internacional, la responsabilidad académica y la ética institucional. Consideramos que, para garantizar una verdadera libertad académica y evitar que los investigadores se vean obligados a establecer determinadas formas de cooperación institucional que entren en conflicto con sus principios éticos o políticos, debería estudiarse en primer lugar la suspensión de Israel del programa COST. Se trata de un Estado acusado repetidas veces de genocidio por parte de la Comisión Investigadora Independiente de las Naciones Unidas. Esta medida tendría como precedente la suspensión de Rusia, llevada a cabo desde el 6 de mayo de 2022 y la de Bielorrusia desde el 2 de marzo de 2023, como se puede comprobar en el Anexo I de la convocatoria.

En segundo lugar, proponemos otorgar una mayor autonomía a los proponentes y órganos de gobierno de las COST Actions en la configuración de sus redes. En particular, debería contemplarse la posibilidad de que, bajo criterios transparentes y previamente establecidos, los proponentes puedan decidir sobre la participación de determinados Estados o instituciones cuando su incorporación entre en contradicción con los principios y objetivos científicos, éticos o de derechos humanos que fundamentan una acción.

Una mayor capacidad de decisión por parte de las propias redes permitiría compatibilizar mejor la apertura internacional de COST con la libertad académica y la responsabilidad de los investigadores que participan en ellas. No se trataría de cuestionar la cooperación científica internacional, sino precisamente de garantizar que dicha cooperación sea fruto de una decisión académica libre y consciente y no el resultado automático de las reglas institucionales del programa. Consideramos que promover esta reflexión fortalecería, y no debilitaría, el compromiso de Europa con la libertad académica, los derechos humanos y una cooperación científica internacional verdaderamente equitativa.