Justicia
La sombra del ‘lawfare’ sigue planeando sobre el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha propuesto este lunes su procesamiento por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Esto sitúa a la esposa del presidente del Gobierno al borde de sentarse en el banquillo de los acusados. La resolución supone el cierre de la instrucción y abre la puerta a la apertura de juicio oral, previsiblemente ante un jurado popular.

El juez, sin embargo, ha decidido sobreseer las pesquisas por el delito de intrusismo profesional “al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”, tal y como refleja el auto. Peinado también ha decidido continuar el procedimiento contra la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, a la que le imputa los mismos delitos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés.

Este movimiento del juez Peinado abre una nueva fase en una causa con un marcado trasfondo político al tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. Sobre el procedimiento siempre ha planeado la sombra del lawfare (el uso de los tribunales con fines políticos), mientras que desde la oposición la estrategia ha sido siempre insistir con vehemencia en la gravedad de los hechos investigados y en la necesidad de depurar responsabilidades.

Cronología del caso contra Begoña Gómez

La investigación que ha desembocado en el procesamiento de Gómez empezó en abril de 2024, y tiene su origen en una serie de denuncias que apuntaban a posibles irregularidades en su actividad profesional y en sus vínculos con entidades públicas y privadas. A partir de esas denuncias iniciales, el juez Peinado abrió diligencias para esclarecer si había o no delito.

En las semanas posteriores el juzgado comenzó a recabar documentación y a delimitar el objeto de la investigación. La causa se centra desde el inicio en varias líneas. Por un lado, los vínculos de Gómez con proyectos académicos y empresariales. En este punto, el foco se ha situado en la posible existencia de tratos de favor o ventajas para determinadas empresas. Por otro lado, el posible uso de recursos públicos asociados a su posición en el entorno de Pedro Sánchez. Aquí, el juzgado de instrucción trató de determinar si se usaron medios institucionales en beneficio de actividades privadas o en condiciones que pudieran ser consideradas irregulares, es decir, si hubo malversación.

Por último, el tercer eje de la investigación ha girado en torno a la gestión de una marca y a la actividad profesional desarrollada por Gómez, incluyendo su vinculación con iniciativas formativas. En este ámbito, el juez ha analizado si pudo producirse una apropiación indebida o un uso irregular de elementos asociados a estos proyectos.

La defensa de Gómez ha negado cualquier irregularidad penal, y ha tratado de impugnar los indicios que han ido apareciendo durante la instrucción dirigida del juez Peinado

A lo largo de 2024 y principios de 2025 la instrucción se amplió progresivamente. En este periodo la causa se amplió, y el juez Peinado incluyó a otras personas del entorno profesional de Gómez, entre ellas su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y empresarios vinculados a los proyectos investigados, como Juan Carlos Barrabés. Durante estos meses, además, se sucedieron los recursos de las defensas, que cuestionaban tanto la base de la investigación como su alcance.

Finalmente este lunes, casi dos años después del inicio de las diligencias, el juez Peinado ha acordado el cierre de la instrucción y ha dictado el auto de procesamiento. Con esta decisión, el magistrado considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento hacia juicio.

Los indicios que han llevado al auto

El auto dado a conocer este lunes es una valoración provisional propia de la fase de instrucción, no una conclusión probada. Tal y como refleja la resolución, uno de los ejes principales de esos indicios se refiere a la relación entre la actividad profesional de Gómez y determinadas decisiones o gestiones vinculadas a su entorno institucional.

El juez apunta a la posibilidad de que su posición como esposa del presidente del Gobierno podría haber facilitado contactos o acceso a empresas concretas interesadas en colaborar en proyectos académicos o formativos en los que ella participaba. Otro bloque de indicios se centra en la relación con empresas del ámbito tecnológico, que habrían participado o mostrado interés en iniciativas asociadas a la actividad de Gómez.

El auto también menciona posibles usos de estructuras o recursos vinculados a la Administración General del Estado, lo que fundamenta la imputación de malversación. En relación con la marca y la actividad profesional desarrollada por Gómez, el juez aprecia indicios que apuntan a una posible apropiación indebida, vinculada al uso o registro de elementos asociados a proyectos en los que participaba. Este extremo ha sido uno de los puntos más discutidos durante la instrucción.

Frente a esta interpretación del juez Peinado, las defensas han cuestionado de forma reiterada la solidez de los indicios y su lectura jurídica, subrayando la ausencia de pruebas directas de enriquecimiento personal.

La sombra del ‘lawfare’

Desde el inicio del proceso, la defensa de Gómez ha negado cualquier irregularidad penal, y ha tratado de impugnar los indicios que han ido apareciendo durante la instrucción dirigida del juez Peinado. Sus abogados sostienen que no existen pruebas de enriquecimiento personal ni de uso indebido de recursos públicos, e insisten en que la investigación se apoya en inferencias que, a su juicio, no alcanzan el umbral exigible para sustentar un procedimiento penal de esta naturaleza.

Por supuesto, y al tratarse de la esposa de Pedro Sánchez, el caso ha adquirido una potente dimensión política. Desde el espectro progresista se habla de lawfare, de una persecución judicial con el único propósito de desgastar políticamente a Sánchez. Quienes sostienen esta lectura argumentan que la causa ha estado acompañada de una fuerte amplificación mediática. También señalan que el hecho de que haya habido tantas ampliaciones de los hechos investigados es bastante sospechoso y confirmaría el lawfare.

Por su parte, la esfera conservadora ha insistido desde el primer momento en que existe corrupción, y que ésta salpica directamente al presidente del Gobierno por ser su esposa quien está en el centro de la investigación. La derecha política y mediática niega que exista motivación política en la actuación judicial, e insisten en que la causa se basa en diligencias concretas y en indicios que han ido siendo validados en sede judicial.

El caso usado como arma política contra Sánchez

Desde que se inició la causa, desde el Gobierno han mantenido la postura del respeto a la independencia y las decisiones judiciales, evitando hacer valoraciones anticipadas sobre un procedimiento aún en curso. No obstante, y desde el primer momento, la oposición ha puesto el acento en la gravedad de las imputaciones y en la exigencia de responsabilidades políticas derivadas del avance de la instrucción.

Desde el PP, su líder Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado en numerosas ocasiones la situación procesal de Gómez. Hace unos meses Feijóo llegó a afirmar en el Congreso que el Gobierno tenía “un problema con la corrupción” y llegó a instar a Sánchez a “irse y redactar su tercera y definitiva carta”, en alusión a una posible dimisión del presidente, en el marco del debate político abierto por el caso.

Vox ha ido más allá. Ejerce la acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, y Santiago Abascal ha cuestionado directamente el entorno del presidente y planteado la necesidad de que el propio Sánchez dé explicaciones sobre sus posibles contactos con empresas privadas en relación con las actividades investigadas. La formación, incluso, ha propuesto extender la responsabilidad política al propio presidente del Gobierno, incluyendo la opción de explorar su posible imputación o declaración como testigo en el procedimiento.

Este lunes, tras conocerse la decisión del juez Peinado, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró que Begoña Gómez es “la punta del iceberg” de la “mafia” del PSOE. El tratamiento mediático del caso refleja esa misma división. La esfera mediática conservadora subraya la existencia de indicios suficientes para justificar el procesamiento y enmarcan la decisión dentro de la normalidad judicial de un procedimiento penal.