Justicia
La Audiencia Nacional deja tocada la causa de Tsunami Democrátic emprendida por García Castellón

Decisión de calado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En un auto, esta sala ha dado la razón al recurso de la dirigente de ERC Marta Molina, investigada en el sumario del llamado Tsunami Democràtic, que reclamó que la investigación del caso iniciada por el titular del juzgado Manuel García Castellón se prorrogó un día después de que finalizase el plazo legal.

De este modo, tras el auto, todo lo investigado con posterioridad al 29 de julio de 2021 queda fuera de la causa. Y esto es importante porque entre ese nuevo material estaban, por ejemplo, las acusaciones contra Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC) por delitos de terrorismo.

Las imputaciones de estos y otros cargos políticos en esa causa no llegaron hasta noviembre de 2023 —en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez— y en base a las pruebas aportadas con posterioridad al verano de 2021. Sucede lo mismo en el caso de Jesús Rodríguez, que no pasó a ser investigado hasta el 6 de noviembre del pasado año. 

Según el artículo 779 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, García Castellón puede decretar inmediatamente el sobreseimiento o seguir con la causa, pero no podrá incorporar las nuevas pesquisas realizadas desde aquella fecha. Cabe recordar que el caso, hasta aquel momento, había languidecido sin avances importantes.

“No cabe sostener sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente”, señala el tribunal, para dar la razón a la letrada de ERC, que calificó la prórroga de “extemporánea”. “Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga sean cercanos —están separados por menos de 24 horas— es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo”, es decir, que el plazo había terminado cuando García Castellón decretó la prórroga.

La pieza de Tsunami es una de las principales de la cruzada político-jurídico contra los efectos de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso. Lo es porque García Castellón incorporó delitos de “terrorismo”, con posterioridad a la prórroga que hoy ha quedado invalidada, por los hechos del aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019. La fiscalía de la Audiencia Nacional ya solicitó el 20 de junio de este mismo año que se aplicase la ley de perdón a los juzgados por Tsunami, entendiendo que bajo ningún concepto se habían producido “graves violaciones de los derechos humanos” en los hechos de El Prat.