Italia
Los tribunales sancionan el “caporalato algoritmico” de Glovo en Italia

El pasado lunes la Fiscalía de Milán ha puesto bajo control judicial a la empresa Foodinho, subsidiaria italiana de la plataforma de reparto Glovo, al considerar que explota a sus trabajadores. Foodinho es una empresa italiana fundada en 2015 y controlada íntegramente por Glovo. El capital de Foodinho está en manos de Glovoapp23 SA, una empresa con sede en Barcelona, cuyo 83 % de las acciones pertenece al grupo alemán Delivery Hero. 

En el pasado, el fiscal de Milán, Paolo Storari, ya había ordenado investigaciones contra grandes marcas de moda y lujo, logística y gran distribución, acusándolas de no prevenir la explotación y la evasión fiscal. Ahora Storari imputa a Foodinho y a su administrador único – el español Oscar Pierre Miquel - la “contratación de mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados”. 

En la práctica, el tribunal acusa a la empresa de practicar una forma moderna de “caporalato”, un sistema ilegal de contratación y explotación de mano de obra, muy extendido en la agricultura y la construcción, en el que los intermediarios, llamados precisamente “caporali”, gestionan a los trabajadores en condiciones de semi-esclavitud, pegándoles salarios miserables y obligándolas a cumplir horarios agotadores sin ninguna seguridad.

“No existe ningún contacto humano” en Glovo, se lee en las 41 declaraciones de los repartidores  recopiladas por los Carabinieri. Todo el ciclo está regulado por un software

La investigación de la Fiscalía de Milán recoge los testimonios de decenas de repartidores que trabajan para Foodinho, todos ellos inmigrantes. Los repartidores afirman que trabajan normalmente de 10 a 12 horas al día por seis o hasta siete días a la semana en cualquier condición meteorológica, que reciben medianamente 2,50 euros por cada entrega a domicilio. En un día cuentan que pueden hacer de 10 a 25 entregas por un sueldo desde 700 hasta 1.200 euros mensuales brutos.

Sin mediación humana

Los trabajadores han contado que la empresa los supervisa continuamente mediante geolocalización. “Si llegas tarde o te detienes, la empresa se pone en contacto contigo para pedirte explicaciones”, dijo un repartidor. Todos los gastos de mantenimiento de las bicicletas y bicicletas eléctricas utilizadas para las entregas, que a menudo se rompen y a veces son robadas, recaen sobre los repartidores. Cuando enferman, deben seguir trabajando, de lo contrario no se les paga. “No existe ningún contacto humano” en Glovo, se lee en las 41 declaraciones de los repartidores (procedentes principalmente de Pakistán, Bangladesh y Nigeria) recopiladas por los Carabinieri. Todo el ciclo está regulado por un software que asigna el encargo, realiza un seguimiento de su ejecución, “gobierna la asignación del trabajo e influye en la continuidad de las oportunidades de ingresos mediante parámetros de rendimiento (aceptación, puntualidad, disponibilidad)”, explicó la fiscalía al describir un sistema de “caporalato algorítmico”.

Aunque se les considera autónomos, los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena y dependientes de la empresa. “La hetero-organización algorítmica es compatible con la aplicación de la normativa del trabajo por cuenta ajena”, afirma la Fiscalía.

La empresa pagaba a los repartidores – que son unos 2.000 solo en Milán y cerca de 40.000 en toda Italia - una retribución inferior hasta en un 81,62% a lo establecido por el convenio. “Una cifra que no es proporcional ni con la calidad ni con la cantidad del trabajo prestado para garantizar una existencia libre y digna”, reprocha el fiscal.

En agosto de 2025, un tribunal laboral de Milán ya obligó a Glovo a pagar más a sus repartidores en Italia debido al calor extremo, así como a proporcionales equipos de protección, al considerar “inadecuadas” las medidas adoptadas por la compañía. En 2024, además, la autoridad italiana de protección de datos impuso a Foodinho una multa de 5 millones tras la muerte de Sebastian Galassi, un repartidor de 26 años que falleció en un accidente de tráfico durante su trabajo. La aplicación envió un mensaje a su teléfono anunciándole la suspensión de su cuenta y, por lo tanto, su despido, precisamente por no haber completado la entrega.

Ahora el tribunal de Milán ha designado a un administrador judicial que deberá seguir la gestión de la empresa investigada junto a sus dirigentes y referir al juez sobre su situación. Las reacciones de los sindicatos no se hicieron esperar.

Reacción sindical

“La fiscalía confirma lo que denunciamos desde hace años. El modelo organizativo de las plataformas de reparto de comida a domicilio es una forma de explotación vil y grosera, basada estructuralmente en la negación de derechos, salarios y protecciones”, afirma el sindicato Filcams Cgil.

El sindicato de base USB reclama la aplicación del convenio nacional del sector Logística, Transporte de mercancías y Expedición para todos los repartidores de todas las plataformas, y que las empresas proporcionen los medios de trabajo, así como el mantenimiento y la cobertura de los seguros, ya que “no es aceptable que los costes y los riesgos sigan recayendo sobre los trabajadores”.“Como se desprende de la encuesta, la organización del trabajo de los repartidores está totalmente en manos de las plataformas: turnos decididos unilateralmente, algoritmos que controlan los tiempos, las rutas y el rendimiento, sistemas de penalización y desconexión que equivalen a medidas disciplinarias. Nada de autonomía: nos encontramos ante una subordinación total ejercida a través de herramientas digitales”, denuncia la Unión Sindical de Base.

“La fiscalía confirma lo que denunciamos desde hace años. El modelo organizativo de las plataformas de reparto de comida a domicilio es una forma de explotación vil y grosera, basada estructuralmente en la negación de derechos, salarios y protecciones”, afirma el sindicato Filcams Cgil.

La abogada Giulia Druetta, especializada en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, explica a El Salto Diario que, paradójicamente, en los últimos años las condiciones de los repartidores han empeorado en lugar de mejorar. “En 2016, en Italia, los repartidores pasaron de tener un salario por hora con un contrato CoCoCo (colaboración coordinada y continua, de tipo para subordinado) a tener un salario a destajo y una relación laboral completamente autónoma”.Druetta señala el clima hostil hacia la defensa de los derechos de los trabajadores que se respira en Italia y la responsabilidad de las empresas y algunos sindicatos: “En 2020, el contrato firmado por la UGL (Unión General del Trabajo, de derechas, ndr) regularizó esta situación de extrema explotación, aunque posteriormente los tribunales laborales de Florencia y Bolonia y luego el Tribunal de Apelación de Turín dictaminaron que dicho contrato era ilegítimo. La negociación colectiva debería mejorar las condiciones laborales, no empeorarlas”.

La abogada recuerda que en 2019 el Parlamento italiano aprobó la denominada “Ley Rider”, que supuso un avance parcial en la protección de los trabajadores del sector del reparto, pero inmediatamente después “la Ugl firmó un contrato de trabajo autónomo que legitimaba el pago a destajo precisamente para evitar la aplicación de la ley a las multinacionales. Un problema es que las leyes, en particular la Ley de Empleo aprobada durante el Gobierno de Renzi (de centro izquierda, ndr), permiten a los sindicatos rebajar los estándares de protección, algo de lo que se han aprovechado AssoDelivery y la Ugl”.

“En el contrato firmado por la Ugl —explica la abogada— se aplica teóricamente una tarifa horaria de 10 euros. En realidad, la plataforma de Glovo solo calcula como tiempo trabajado el tiempo en el que el trabajador está físicamente ocupado entregando un pedido, pero no las pausas entre una entrega y otra, durante las cuales el repartidor sigue a disposición de la empresa. Además, es la plataforma la que calcula cuál debe ser el tiempo de entrega, siempre inferior al real. Por lo tanto, si un repartidor realiza una entrega cada hora de media, recibe entre 2,5 y 3,3 euros y, por lo tanto, debe trabajar 10 horas para alcanzar un compenso mínimo”. Una condición extrema, pero que es aceptada por algunos grupos de trabajadores altamente vulnerables. Druetta nos explica: “Decenas de miles de inmigrantes soportan ciertas condiciones porque no tienen otra alternativa, impulsados por la necesidad de un empleo indispensable para obtener o mantener el permiso de residencia. Una parte de los repartidores, además, son jóvenes autóctonos que no han encontrado otros trabajos, o bien trabajadores mayores o incluso jubilados que necesitan complementar unos ingresos que, de otro modo, serían insuficientes”.

La extensión del caporalato algorítmico, afirma la abogada, ha sido posible gracias a la retórica de los “nuevos trabajos” que se ha impuesto con el nacimiento de las plataformas, aunque en realidad los repartidores de pizzas y comida ya existían, solo que antes dependían de restaurantes individuales y no estaban centralizados por unas pocas empresas. Las multinacionales se han aprovechado del vacío legislativo difundiendo un mensaje que vendía la explotación como “modernidad”.

Ahora la pregunta es si la intervención del tribunal de Milán será decisiva. “Si Glovo regulariza la situación de los repartidores, la fiscalía tendrá que retirar la administración de control. El problema es cómo se llevará a cabo esto. Mucho dependerá de cómo se comporten los sindicatos más importantes, si lucharán por hacer cumplir la ley o si volverán a aceptar algún tipo de artimaña como ha ocurrido en el pasado”, concluye Giulia Druetta.