Opinión
En defensa de los memes

¿Os imagináis que vais a subir un meme sobre el flamante exministro Maxim Huerta o de Pedro Sánchez corriendo por los jardines del Palacio de la Moncloa y os aparece en pantalla un “lamentamos interrumpir su trabajo pero estamos obligados por el Artículo 13 de la UE a realizar filtros de copyright”?

Así podrían ser las cosas si el artículo 13 de la nueva legislativa europea sobre los derechos de autor entra en vigor.

En teoría, la legislación europea quería ponerse manos a la obra con el aspecto escabroso de los derechos de autor —lugar no suficientemente legislado— en el Mercado Único Digital. E iba a hacerlo con estos objetivos: garantizar un acceso más amplio al contenido, adaptar las excepciones de derechos de autor al entorno digital y transfronterizo, y lograr un mercado de derechos de autor que funcione bien. 

Hasta aquí, la propuesta redactada en 2016 y que se votaría en el Parlamento Europeo en un par de días parece sensata y relevante. Sin embargo, en cuanto profundizamos algo más encontramos lo siguiente.

Entre las propuestas más alarmantes se encuentran las nuevas obligaciones a las plataformas de internet (ya operativas en algunos portales como YouTube) y las nuevas implicaciones de los derechos de autor.

La teoría es que, debido a que a las plataformas en línea les está yendo bastante bien en el entorno digital, y a las industrias editoriales tradicionales les está yendo mal, esto les da a los editores algún tipo de pretensión de compartir los beneficios de las plataformas. De esta manera, se podrían retirar todos aquellos documentos que se subieran sin consentimiento del autor. Es decir, que infringieran estos derechos de autor.

Sin embargo, y como bien explican en Saveyourinternet, habría una contrapartida puesto que “si eres un creador o un negocio independiente, el contenido que subas para compartir con tu audiencia puede ser eliminado sin tu consentimiento”.

Amén de que la aplicación de estas medidas suena un poco complicada si nos atenemos a que la disposición de los content ID es bastante cara y que estos sistemas de reconocimiento automático no pueden reemplazar, de ninguna manera, el juicio humano sobre si el contenido generado por el usuario infringe o no los derechos de autor.

Además, sería luchar en contra de la fluidez de los contenidos y de la misma idiosincrasia de internet como han denunciado expertos en internet tan relevantes como Vint Cerf —el inventor de la World Wide Web (WWW)— o el cofundador de Wikipedia, Tim Berners-Lee.

Por lo tanto, estas medidas que parecen casi inaplicables comenzarían a alterar la manera en la que concebimos internet, acercando las medidas represivas ya impuestas “irl” al ámbito digital.

Son represivas no por intentar restringir el “robo” a los creadores (que no sería tal), sino porque tratan de dañar esta liquidez del intercambio de archivos de la que disfrutamos en estos momentos. Estropeando a su vez una de las herramientas más novedosas y que encarnan con mayor fortuna el espíritu actual de las redes sociales y la comunicación social en internet: los memes.

Los memes son herramientas comunes y sociales para trascender los códigos que permiten movernos en el mundo de la imagen y comunicarnos de una manera más libre. La transgresión que representan ya quiso ser erradicada cuando la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor llegó a nuestras vidas en 2016 y se amenazó con sanciones cada vez que se subieran memes sobre políticos en Twitter.

Dado que nuestra realidad actúa bajo los parámetros de la estética como bien indica la fórmula heideggeriana según la cual habitamos “la época de la imagen del mundo”, nosotros debemos relacionarnos mediante las imágenes —en su flujo masivo y constante— y plegarnos a la promiscuidad de estas, que van y vienen y constituyen el lenguaje de nuestra época. La irrupción de esta masiva cantidad de imágenes, que no dejó de aumentar en tamaño en todo el siglo XX y culmina en la actualidad, cambió las reglas de juego en cuanto a estas y al concepto de imágenes como propiedad privada.

Es decir, ya que en internet el régimen de la imagen la lleva a no estar adscrita a un propietario privado —como ocurría con las obras de arte— es libre de circular y por lo tanto permite que nos reapropiemos de ella.

Las imágenes que tan rápidamente pueden ser obtenidas en la pantalla de nuestros ordenadores/tablets/móviles producidas por los medios, las agencias de publicidad o por reportajes fotográficos para ser rápidamente consumidas, inician su propio viaje.

En un mundo en el que esas imágenes de consumo son lanzadas directamente para influir en los espectadores y modificar su conducta, estos objetivos encuentran su contrapartida en la posibilidad de la imagen de ser reinterpretada para nuestros propios intereses; ya sean imágenes de sucesos, imágenes que adquieren significados semánticos en forma de bromas irónicas, o revelando un estado de las cosas anteriormente velado, los memes pueden utilizar imágenes también del horror que pueden comunicarse y reinterpretarse (sin frivolizar) continuamente, añadiéndole significados cada vez más complejos y que amenazan en ocasiones con trascender el propio lenguaje.

Esta apropiación política de la imagen utiliza rasgos de la industria publicitaria —la propia viralidad mediante la que se forman y se construyen sus significados; la imagen como subordinada— que, como bien nos sugiere el teórico de la imagen Luis Puelles, es la verdadera productora de las imágenes del futuro.

Sin embargo, la capacidad de subvertir los patrones publicitarios para lograr imágenes visualmente potentes por su significado político es el mayor logro de los memes, que consiguen llegar al intelecto de una manera irónica, incluso consiguen a llegar a los sectores que estaban algo más apartados de la teoría de la imagen.

Ese resquicio, y el de aportar un contenido y una explicación a esas imágenes que pasan por delante de nosotros (¿como las imágenes de la guerra en Siria?) es necesario ahora más que nunca.

Por ello, ya han surgido algunas iniciativas como Save the meme o Save your internet que alertan sobre esta hipotética situación ante la posible aplicación de la ley.

Y es que, si bien es necesaria una legislación que proteja los derechos de los autores (sobre todo en lo fundamental, como la protección de la autoría frente a las grandes empresas), la medida no tiene por qué ser punitiva contra lo que puede considerarse como una crítica política o un nuevo lenguaje fuera de las normas de las grandes corporaciones, que es de lo que trata el Artículo 13.