En la reciente Conferencia de Liberación Animal en Copenhague, la activista irlandesa Laura Broxson, fundadora de la National Animal Rights Association (NARA), presentó una campaña que va más allá de reformas parciales: busca la prohibición total de la industria porcina en Irlanda. “No se trata de jaulas más grandes ni de suelos más limpios”, resumió durante la conferencia. “Se trata de terminar con esta industria por completo”. Sorprendente por su radicalidad, la campaña se explica al considerar las condiciones reales de la industria porcina.

Un sector en el punto de mira

En Irlanda existen unas 270 granjas de cerdos que reproducen alrededor de 3,5 millones de animales al año. La mayoría vive toda su vida en interiores, sin luz natural ni acceso a aire fresco. Aunque la legislación europea prohíbe prácticas como el corte rutinario de colas, se siguen realizando bajo el pretexto de “necesidad”. El método de sacrificio más habitual es el uso de gas CO₂, que investigaciones recientes han demostrado causar un sufrimiento intenso antes de la pérdida de conciencia. Además, a pesar de que en algunos países se ha prohibido el uso de jaulas para cerdas gestantes, en Irlanda se permite hasta cuatro semanas de embarazo, y una semana antes del parto se colocan en jaulas de maternidad donde permanecen prácticamente inmóviles hasta que sus lechones tienen alrededor de cuatro semanas. Luego, los bebés son separados de sus madres y trasladados a corrales de engorde, donde permanecerán hasta ser sacrificados a los 5 o 6 meses, aunque su esperanza de vida natural sería de unos 20 años.

Además, la industria porcina genera un fuerte impacto ambiental: emite gases de efecto invernadero como metano y óxido nitroso, contamina suelos y acuíferos con nitratos y amoníaco, deteriora la calidad del aire con amoníaco y sulfuro de hidrógeno, fomenta la pérdida de biodiversidad al transformar hábitats naturales y expone a las comunidades cercanas a riesgos de salud sin beneficios proporcionales. Estudios de la FAO (ver 1 y 2), MDPI y la Fundación Renovables alertan sobre estos efectos, mostrando que la producción industrial de cerdos impone graves costes ambientales y sociales.

Las investigaciones

En 2024, NARA y Animal Rebellion Ireland realizaron una investigación sobre la industria porcina en granjas irlandesas. En los vídeos [ver 1 y 2] se observan cerdas en jaulas, lechones en corrales de engorde, y animales enfermos o muertos abandonados en los pasillos. Algunos cerdos muestran comportamientos estereotipados por estrés, como morder los barrotes repetidamente, mientras que otros parecen simplemente aterrorizados.

El olor nauseabundo a excremento y descomposición, aunque imposible de transmitir en vídeo, refleja la absoluta ausencia de compasión hacia estos animales, cuentan las activistas, que denunciaron también cadáveres en los pasillos, mutilaciones como el corte de colas sin anestesia y condiciones de hacinamiento que, según afirman, violan por completo las llamadas cinco libertades del bienestar animal: estar libres de hambre, incomodidad, dolor, miedo y de poder expresar comportamientos naturales.

Reacciones y presiones políticas

Tras la investigación, NARA realizó una denuncia anónima a la Unidad de Bienestar Animal del Departamento de Agricultura, entregando todas las grabaciones y detalles de las granjas, con la esperanza de que se investigue y se procese a los responsables. Sin embargo, el objetivo de la organización va más allá: cerrar toda la industria porcina de Irlanda de manera inmediata. Según Broxton y NARA, no hay justificación para explotar o matar animales inteligentes y sensibles, y la sociedad debería actuar antes de que continúe este sufrimiento innecesario. “Si fueran perros o gatos quienes vivieran así, habría una indignación nacional inmediata”, señaló Broxson en su presentación.

La presión social empieza a tener eco en el ámbito político. El 1 de julio de 2025, el diputado Paul Murphy (People Before Profit–Solidarity), con el apoyo de Ruth Coppinger y Richard Boyd Barrett, presentó en el Dáil Éireann (laCámara de Diputados de Irlanda) el proyecto de ley sobre Salud y Bienestar Animal (Bienestar de los Cerdos) 2025, que propone tres medidas: Prohibir el recorte de dientes, el corte de cola y la castración, salvo por motivos veterinarios; limitar la reducción de colmillos a casos excepcionales y bajo supervisión profesional, y regular el alojamiento de cerdas, prohibiendo las jaulas que les impiden girar sobre sí mismas y exigiendo un mínimo de 5 m² por animal.

De aprobarse, la ley entraría en vigor en un máximo de 90 días tras su promulgación presidencial. Actualmente el texto ya pasó la primera fase parlamentaria y avanza hacia la segunda, donde se debatirán sus principios generales.

NARA: un “win-win” para la causa

Aunque la propia NARA reconoce que el proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley en esta primera lectura, considera que el debate público generado es ya un triunfo. “Si se aprueba, el impacto será catastrófico para la industria porcina, pues cumplir con la legislación propuesta impediría en la práctica un funcionamiento lucrativo. Y si no se aprueba, la opinión pública estará más de nuestro lado que nunca”, aseguró Broxson. “Esta será una campaña de largo recorrido, en la que habrá que trabajar con distintos enfoques y tácticas. No será una victoria fácil, pero estamos comprometidas a seguir adelante, tarde lo que tarde”.

La asociación insiste en que este proyecto debería ser solo el comienzo de un cambio mucho más radical: la prohibición total de la cría de cerdos en Irlanda. “Los cerdos son animales inteligentes y sensibles. La transición hacia una agricultura vegana no es una utopía: es una obligación moral”, concluyó Broxson.

Cómo colaborar

El próximo paso, según Broxson, es “conseguir un fuerte apoyo público al proyecto de ley antes de que llegue a la votación de segunda lectura (Second Stage) en el Dáil. Ahora mismo estamos recibiendo mucho respaldo, así que tenemos que aprovechar ese impulso”. Desde NARA animan a la ciudadanía a sumarse a la campaña adoptando una dieta vegana, contactando al Ministerio de Agricultura de su país (minister@agriculture.gov.ie) y presionando a los legisladores para avanzar hacia un sistema agrícola sin explotación animal.

La activista confía en que este sea solo el inicio de un movimiento global: “Espero que nuestra campaña sea la primera de muchas en el mundo. Cuantos más países impulsen prohibiciones, más fuerza y más éxito tendremos colectivamente”. Y recuerda que, aunque los cambios llevan tiempo, Irlanda ya ha dado pasos en esa dirección: las granjas de pieles fueron prohibidas, los circos se han transformado en espectáculos sin animales y la conciencia social crece año tras año.

La realidad en España

Mientras tanto, en España, la organización Igualdad Animal ha documentado en varias granjas condiciones de vida que califican de sistemáticamente crueles. Las imágenes recogen cerdos con heridas purulentas, prolapsos, infecciones y lesiones graves, así como cadáveres de cerdos en pasillos y bebederos. Según la ONG, estas situaciones no son excepciones, sino la norma en la producción porcina intensiva.

Los datos oficiales sitúan a España como el primer productor de cerdos por su carne en Europa y el tercero a nivel mundial, donde se mataron a más de 56 millones de individuos en 2022. Sin embargo, según Igualdad Animal, entre un 10% y un 15% de los lechones mueren en las propias granjas antes de llegar al matadero. La organización subraya que prácticas como el corte rutinario de colas, los descolmillados y la castración sin anestesia, prohibidas por la legislación europea, siguen siendo habituales aquí: el 98,5% de los cerdos en España son sometidos a “raboteo” pese a las normas comunitarias.

En paralelo, el sector ha experimentado una transformación estructural: mientras las granjas pequeñas han disminuido a la mitad en 15 años, las macrogranjas se han duplicado, con más de 2.100 instalaciones que pueden albergar hasta 7.200 animales cada una. Este modelo, según Igualdad Animal, plantea no solo problemas de bienestar animal, sino también graves impactos medioambientales por emisiones y contaminación de suelos y aguas.

La organización cuestiona además que esta industria reciba subvenciones tanto de las comunidades autónomas como de la Política Agraria Común. Parte de esos fondos europeos se han destinado a campañas para fomentar el consumo de carne, una estrategia que choca, subrayan, con la evidencia sobre el impacto ambiental y sanitario de la ganadería.