La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No es mi cultura” llegó la semana pasada a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la tauromaquia en España. Respaldada por 664.777 firmas válidas, la propuesta busca retirar a los toros el estatus de Patrimonio Cultural —reconocido en 2013— y devolver la capacidad de decisión a comunidades autónomas y ayuntamientos.

El pasado martes 23 de septiembre, Cristina Ibáñez García, abogada de AnimaNaturalis y miembro de la comisión promotora de la ILP, compareció ante la comisión de Cultura para presentar y defender la iniciativa. Su objetivo: derogar la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural: “Queremos desblindar la tauromaquia y devolver el poder de decisión a los territorios que hoy no pueden decidir”, afirmó Ibáñez García, que continuó declarando: “Las autonomías y los ayuntamientos son mayores de edad. ¿Por qué no pueden decidir si quieren corridas de toros en sus territorios? Frente a la imposición, exigimos libertad”.

La toma en consideración de la ILP se ha fijado para el martes 7 de octubre, con debate y posicionamientos de 15 a 17 horas y votación de 18 a 21 horas.

El reflejo de una sociedad que ha evolucionado

La Ley 18/2013, también fruto de una ILP, blindó la tauromaquia como patrimonio cultural y sirvió como base para que el Tribunal Constitucional anulase en 2016 las prohibiciones en Cataluña y Baleares. Con la nueva iniciativa, sus promotoras buscan revertir este marco y evitar que la centralización limite las decisiones locales.

Para Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, el momento es histórico: “La ILP no es solo una propuesta legislativa, es el reflejo de una sociedad que ha evolucionado y rechaza la violencia como forma de entretenimiento”.

En su intervención ante la Comisión de Cultura, Ibáñez García subrayó: “A pesar del reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural y de las subvenciones que recibe, esta actividad está en claro descenso. La mayor parte de la sociedad la rechaza. No lo digo yo, lo dicen las encuestas: una reciente de la Fundación BBVA indica que siete de cada diez españoles rechaza el uso de animales en festejos taurinos. Señorías, ¿cómo puede ser patrimonio de todos los españoles una actividad que la gran mayoría rechaza?”.

La abogada añadió: “El balón está ahora en el tejado de los partidos políticos. Más de 660.000 firmas son un mandato ciudadano: la política debe estar a la altura de la ética social y de la voluntad popular”.

El rechazo social trasciende fronteras

El rechazo social no se limita a España. Una encuesta paneuropea realizada en 2024 por CAS International a 7.500 personas en España, Francia y Portugal —los tres países europeos donde aún se permite la tauromaquia— reveló que más de tres cuartas partes de la ciudadanía (77 %) considera que las corridas causan demasiado sufrimiento a los toros. Solo una de cada cinco personas piensa que esta práctica es una tradición valiosa que merece mantenerse en la sociedad, mientras que un 58 % se declara directamente a favor de prohibirla por completo. Además, el 65 % apoya restringir la entrada a menores de edad, y un 74 % cree que la Unión Europea debería intervenir para garantizar el bienestar animal en las tradiciones culturales. La mayoría rechaza también el uso de fondos públicos: un 67 % se opone a que se destinen subvenciones nacionales o europeas al sostenimiento del sector.

Como resumió Maite van Gerwen, directora de CAS International: “Cada vez más personas son conscientes de la violencia infligida a los toros, y la sociedad ya no lo acepta”.

El choque en el Congreso

El debate en la Comisión de Cultura mostró la polarización. Ibáñez García destacó que la ILP representa “a personas de todos los rincones de este país, y de todas las sensibilidades políticas”. Entre las firmas recogidas, señaló, había votantes de PP o Vox que apoyan la iniciativa por considerar la tauromaquia “una barbaridad” y que se trata de un tema “totalmente transversal, por mucho que pueda politizarse. Y esta es una ILP totalmente independiente.”

PP y Vox rechazaron frontalmente la propuesta. La diputada popular Soledad Cruz-Guzmán la calificó de “ley de censura” y defendió el “valor cultural incuestionable” de la tauromaquia. Desde Vox, José Ramírez del Río la definió como “un pilar no negociable de la identidad española” y advirtió que prohibirla sería “inconstitucional”.

En el otro extremo, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos se posicionaron a favor. El diputado de Sumar Jorge Pueyo afirmó: “La crueldad no puede ser cultura”, mientras que su compañero Nahuel González defendió “una cultura que no huela a sangre ni a tortura”. Desde ERC, Etna Estrems destacó que lo esencial es “que las autonomías puedan decidir”.

El PSOE, con voto decisivo, optó por permitir la tramitación. Marc Lamuà afirmó: “La cultura no es un campo de batalla, sino un ágora de encuentro. La democracia no sirve para conservar lo que fuimos en formol, sino para decidir lo que queremos ser”.

Tradición frente a ética

La Fundación Toro de Lidia reaccionó calificando la ILP de “ataque totalitario contra la libertad cultural”. Su presidente, Victorino Martín, sostuvo que “la cultura no se censura” y que la tauromaquia es un patrimonio anterior a cualquier ley.

Los impulsores de la ILP insisten en que buscan devolver a los territorios la libertad de decidir. Señalan que, además de la caída del respaldo social, el sector depende de subvenciones públicas mientras pierde público y arraigo: en los últimos veinte años, las corridas se han reducido un 63% en España, un 40% en Francia, y Portugal registró en 2023 solo 166 festejos, la cifra más baja de su historia.

Qué sigue

La ILP se debatirá el 7 de octubre en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si avanza a la fase de enmiendas. El debate se puede seguir en directo en congreso.es/es/congreso-en-directo. En juego no está solo el futuro de la tauromaquia, sino también el modelo cultural que España quiere proyectar. Como resumió Gascón: “Se trata de decidir qué tipo de cultura queremos legar a las próximas generaciones: una que justifica la violencia o una que evoluciona con la sociedad”.