Maltrato animal
La justicia danesa prohíbe grabaciones encubiertas de lechones heridos y desnutridos

Un tribunal danés ha prohibido a la cadena pública TV 2 emitir grabaciones encubiertas realizadas en varias granjas de cerdos, en las que se observan lechones desnutridos, deshidratados y con heridas abiertas, y según algunas fuentes, incluso muertos. Las imágenes, obtenidas por activistas por los derechos de los animales, formaban parte del documental Hvem passer på grisene? (“¿Quién cuida de los cerdos?”), destinado a examinar las condiciones en la industria porcina de Dinamarca, una de las mayores de Europa.

La decisión, dictada por el Tribunal de Odense la semana pasada, impide a TV 2 y a la productora Kompagniet “mostrar, reproducir o difundir” el material, pero no les obliga a entregarlo ni destruirlo. Según el auto —al que ha tenido acceso la agencia de noticias Ritzau— las imágenes proceden de una “intrusión ilegal” en la explotación de Jeppe Bloch Nielsen, presidente de la organización Danske Svineproducenter, el principal lobby porcino del país, quien denunció a los responsables ante la policía en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de la grabación.

Líderes de la industria en el foco

Las granjas filmadas pertenecen a figuras destacadas del sector porcino danés, entre ellas Bloch Nielsen, pero también Søren Søndergaard y Ulrik Bremholm, presidente y vicepresidente de Landbrug & Fødevarer (la principal patronal agraria del país).

En las instalaciones de Søndergaard, las imágenes mostraban dos lechones con grandes heridas abiertas. En las de Bremholm, los activistas documentaron animales con mordeduras en la cola y hernias que, según veterinarios consultados por el medio danés Politiken, deberían haber sido tratados en corrales de cuarentena.

Según correos citados por la agencia de noticias Ritzau, la productora Kompagniet contaba con permiso para grabar legalmente en su explotación, pero el ganadero decidió detener las grabaciones en un momento determinado. Aitor Garmendia, fotoperiodista encubierto con una amplia experiencia en documentar granjas, afirma que “nos encontramos, una vez más, ante un nuevo despliegue de poder de la industria cárnica con el fin de ocultar al público lo que esconden sus explotaciones. Esto no es nuevo.” 

¿Uso de material ilícito o censura a un servicio público?

La cadena tuvo que emitir una versión abreviada del documental, sin las escenas censuradas. La decisión judicial solo resolvía si el documental podía emitirse en la fecha prevista, sin entrar aún en el fondo del caso. 

Organizaciones por los derechos de los animales consideran que el veto impide visibilizar problemas estructurales. Varias imágenes, según expertos citados por la prensa danesa, podrían constituir vulneraciones de la ley de bienestar animal. La organización sueca Djurens Rätt ha expresado su apoyo a la postura de TV 2, defendiendo que existe “un claro interés público” en mostrar la realidad de la (re)producción de cerdos. 

Un sector bajo presión

La industria porcina danesa, que exporta a toda Europa, ya ha recibido críticas por sus prácticas, la alta densidad en las instalaciones y las elevadas tasas de mortalidad neonatal. Este caso reaviva el debate sobre bienestar animal y plantea un dilema legal: si la prohibición sienta jurisprudencia, podría limitar el uso de imágenes obtenidas de forma encubierta, incluso cuando sirven al interés público al revelar irregularidades que las autoridades no detectan.

El fotoperiodista Garmendia sostiene que esta disputa apunta a un problema sistémico: “La industria infringe una violencia programada y brutal. Son hechos constatados en sus propios informes veterinarios —no casos aislados como pretenden hacer creer— y mostrados al público gracias a la labor de personas que se cuelan en sus instalaciones sin permiso”. Según explica el activista, “con estas maniobras están impidiendo el derecho de acceso a la información del consumidor y, con ello, el poder tomar decisiones informadas y libres.”

Por ahora, no está claro si TV 2 recurrirá la decisión ni si la fiscalía investigará las prácticas mostradas. Lo que sí queda evidente es la creciente tensión entre el derecho a la información, el interés público y la protección legal de una industria central para la economía danesa.