Infancia
La violencia machista digital golpea a tres de cada cuatro menores mientras la ley apunta al blanco equivocado

Tres de cada cuatro menores de edad en España han sufrido alguna forma de violencia sexual digital, el 75,4% de niñas, niños y adolescentes. El porcentaje sube hasta el 97% cuando se pregunta a jóvenes de entre 18 y 21 años.

Las cifras proviene del diagnóstico participativo Violencias digitales en la infancia y adolescencia: Escuchar y entender para transformar, elaborado por Fembloc —un proyecto sin ánimo de lucro que trabaja en el abordaje de las violencias machistas digitales a través de una línea de atención y apoyo y una serie de herramientas asociadas—, con el apoyo de la Unión Europea y la ONG Educo. 

Mientras tanto, el Parlamento debate el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Una norma que las especialistas en violencia machista digital consideran necesaria pero profundamente insuficiente, y que en su estado actual introduce mecanismos que, advierten, pueden convertir la protección de la infancia en una coartada para la vigilancia masiva.

El mapa de una violencia cotidiana

El diagnóstico de Fembloc describe un mapa de violencias que va mucho más allá del ciberacoso escolar que suele copiar los titulares. Las situaciones más frecuentes entre menores son la recepción de imágenes sexuales no solicitadas (43,2%), los mensajes insistentes para establecer una relación (41,8%) y los comentarios sexuales no deseados (40,2%). En el 52,2% de los casos, el agresor no es un desconocido; es alguien del entorno conocido de la víctima.

La violencia se concentra especialmente entre los 13,5 y los 15 años y afecta de manera desproporcionada a las chicas, que representan el 53% de las víctimas. Una de cada tres adolescentes con pareja ha sufrido control digital frecuente: revisión del móvil sin consentimiento, vigilancia en redes, seguimiento de ubicación. 

Por otro lado, están también las falsificaciones sexuales generadas con inteligencia artificial. Una de cada cinco jóvenes afirma que alguien creó y compartió imágenes suyas sin ropa mediante IA siendo menor. La investigación insiste en que estas violencias no buscan excitación sexual, sino ejercer poder, humillar, controlar, castigar.

La investigación revela también hasta qué punto la violencia se ha normalizado. Las adolescentes la describen con expresiones como “todos los días”, “siempre pasa” o “es lo que hay”. El contenido sexista, racista o LGTBIfóbico aparece en sus feeds con tanta regularidad que ha dejado de verse como algo excepcional. 

Las plataformas no responden

Mireia Orrea es jurista especializada en violencia machista digital y forma parte del equipo de Fembloc. Desde la línea de atención que gestiona la organización —que acompaña a víctimas, certifica capturas de pantalla y vídeos para procedimientos judiciales y tramita denuncias ante plataformas e instituciones— ha acumulado una experiencia que dibuja una foto desoladora: las grandes empresas tecnológicas no responden. Ni a las denuncias individuales, ni a los requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

El caso de los “deep fakes” lo ilustra con especial crudeza. En noviembre de 2025, la AEPD impuso la primera sanción en Europa por la creación y difusión de falsos desnudos generados con inteligencia artificial, una multa de 2.000 euros —rebajada a 1.200 por pronto pago— en el marco del caso de Almendralejo, donde un grupo de menores generó y difundió imágenes sexuales falsas de varias niñas en 2023. 

La resolución es pionera en términos jurídicos. En términos de disuasión, Orrea la considera directamente insuficiente. “La AEPD lleva tiempo denunciando que las grandes plataformas no acatan sus resoluciones”, explica. La experiencia de Fembloc en casos concretos confirma ese patrón, ya que hay requerimientos enviados a los que las plataformas no han respondido en absoluto. 

Cuando desde la organización han intentado apelar contenidos o establecer algún tipo de diálogo con las plataformas para retirar material violento, encontrar ese interlocutor ha resultado prácticamente imposible. 

Para la jurista, este patrón no es una anomalía sino la consecuencia lógica de una acumulación de poder sin contrapesos efectivos. “Los sistemas judiciales de los estados tienen cada vez menos capacidad de incidencia sobre estas empresas, que actúan con total impunidad”, explica Orrea. 

Una ley que mira al individuo mientras las plataformas diseñan la adicción

El Proyecto de Ley Orgánica eleva a 16 años la edad mínima de registro en redes sociales, tipifica los “deepfakes” sexuales como delito, agrava las penas por grooming y obliga a incluir control parental gratuito en todos los dispositivos con acceso a internet.

Para Orrea, la norma parte de un diagnóstico correcto de los daños —psicológicos, emocionales, de desinformación, de conductas peligrosas— pero aplica soluciones que miran en la dirección equivocada. “El enfoque es sistemáticamente individual”, afirma. “Todo recae sobre las personas, pero nada obliga a las plataformas a dejar de hacer lo que hacen.” 

Y lo que hacen, señala Orrea, es diseñar algoritmos de recomendación deliberadamente adictivos que empujan a las usuarias hacia contenido cada vez más extremo. La pregunta que Fembloc lleva planteando desde el análisis del anteproyecto es cuándo se pondrá el foco en los actores que tienen más poder y más recursos para producir un cambio real: las propias empresas.

La medida estrella de la ley, elevar a 16 años la edad de consentimiento, tampoco convence a la jurista. “No hay ningún estudio que demuestre que este umbral haya cambiado los patrones de uso de las redes en los países que ya lo aplicaron”, afirma. 

Hay también un problema con las órdenes de alejamiento en el ámbito digital, que el proyecto de ley intenta contemplar. Sobre el papel tiene sentido limitar el acceso de un agresor al espacio digital de su víctima. En la práctica, los perfiles anónimos, las cuentas secundarias y la opacidad de las plataformas hacen que sea enormemente difícil controlar que ese alejamiento se respete. Sin recursos específicos en el Poder Judicial y sin colaboración efectiva de las plataformas, advierten desde Fembloc, estas medidas se quedarán en una declaración de intenciones.

La verificación de edad y el precio del anonimato

La otra gran palanca de la ley es donde Orrea identifica el riesgo más estructural. Los mecanismos de verificación de edad que se están diseñando implican ceder más datos personales a las plataformas. Datos que van a parar a las mismas empresas cuyo modelo de negocio se basa en la extracción y monetización de la información personal. La paradoja es evidente: para proteger a los menores de las plataformas, la ley les entrega más datos a esas mismas plataformas.

El coste más silencioso de esta operación es la pérdida del anonimato en línea. Un coste que afecta especialmente a adolescentes LGTBIAQ+, a jóvenes migrantes o a víctimas de violencia que dependen del anonimato para buscar ayuda o información. En el contexto europeo actual —marcado por el ascenso de la ultraderecha y la normalización de mecanismos de vigilancia digital— Fembloc advierte de que esta arquitectura de datos puede convertirse en el futuro en una herramienta de control social.

Las adolescentes identifican con precisión las dinámicas de poder detrás de la violencia digital, reconocen la lógica manipuladora de los algoritmos, son conscientes de su propia complicidad como testigos pasivos cuando circula contenido humillante. Y, aun así, esa conciencia no se traduce en capacidad de transformar nada. 

La respuesta que propone el diagnóstico no es la prohibición ni la vigilancia. Pasa por obligar a las plataformas a asumir responsabilidad real sobre el impacto de sus productos, por integrar la educación digital crítica en el currículum de forma sistemática, por dotar al profesorado de protocolos funcionales y tiempo remunerado, por invertir en plataformas alternativas con lógicas no extractivistas. 

El Parlamento debate una ley que el Gobierno presenta como histórica. Pero la responsabilidad jurídica, plantea Orrea, tendría que recaer sobre “los actores con más poder para producir un cambio de impacto, que son las propias empresas tecnológicas”.