India
Cachemira y el eterno conflicto

La democracia india se encuentra en coma y con la respiración asistida bloqueada. Después de que el gobierno de Narendra Modi haya revocado el estatus especial del Estado de Jammu y Cachemira de forma unilateral, esta afirmación no es en absoluto infundada, y la República de la India podría haber iniciado una nueva escalada de tensión en el subcontinente indio.

Y es que el revivir del separatismo en Cachemira de los últimos meses, que ha llevado a enfrentamientos violentos entre los partidarios de la separación y las fuerzas de seguridad indias, ha sido utilizado por el ejecutivo de Modi como la excusa perfecta para empezar sin subterfugios la asimilación total del único Estado de India con mayoría musulmana. Después de poner en arresto domiciliario a los líderes políticos de Jammu y Cachemira y suspender los servicios de internet y de telefonía —en el segundo caso, como mínimo, por 29ª vez en la historia—, la derogación del artículo 370 de la Constitución india ponía fin a la capacidad legislativa del gobierno autónomo cachemir, que hasta entonces había podido promulgar leyes propias siempre que no abordaran los ámbitos de las relaciones exteriores, defensa o comunicaciones, competencia del gobierno federal indio. Esta anulación unilateral del artículo 370 es completamente anticonstitucional, puesto que en la misma Carta magna se establece que este solo podría ser derogado o enmendado a petición de la Asamblea Constituyente de la India.

La inestabilidad política y social no es nueva en Jammu y Cachemira. Desde el 15 de agosto de 1947, fecha en qué India se independizó de la Corona Británica, ha estado a la orden del día. Por eso, es necesario ir unas cuantas décadas atrás para entender el conflicto que este agosto ha entrado con fuerza en la agenda informativa.

Belicismo del siglo XX

Entre 1947 y 1949, con la desaparición del Raj Británico, los 565 Estados principescos que lo habían conformado pasaron a formar parte de los dominios independientes de India y de Pakistán. Entre estos Estados, se encontraba el de Jammu y Cachemira, constituido el 1846 y que, bajo el control del maharajá Hari Singh, quiso mantener inicialmente su soberanía. Aun así, el 26 de octubre de 1947, después de varios ataques de las tribus pastunes del Pakistán, Singh firmó el Instrumento de Adhesión, uniéndose al Dominio de India y obteniendo así apoyo militar. A partir de aquel momento, empezó la Primera Guerra de Cachemira o Primera Guerra Indopakistanesa, que enfrentó a India y Pakistán por el control de la región hasta el 31 de diciembre de 1948, poco después de que la ONU emitiera la resolución 47. En esta, se imponía un alto al fuego, se exigía a Pakistán que retirara su presencia en la zona, se establecía que la presencia militar de India sería mínima y se decretaba que el futuro del Estado de Jammu y Cachemira tendría que estar sujeto a la voluntad de los ciudadanos, expresada a través de un plebiscito libre e imparcial coordinado por las Naciones Unidas. Como resultado del conflicto, las regiones de Azad Kashmir y Gilgit-Baltistan, al oeste y al norte de Jammu y Cachemira respectivamente, quedaron bajo jurisdicción de Pakistán, mientras que el territorio restante pasó a convertirse oficialmente en el Estado indio de Jammu y Cachemira.

Pero el de 1947 no ha sido el único conflicto bélico motivado por el control de Jammu y Cachemira. En 1962, las fuerzas de la República Popular China y de India se enfrentaron en la región cachemir de Aksai Chin, que desde entonces se encuentra bajo control chino. Más tarde, en 1965, tuvo lugar la Segunda Guerra de Cachemira, que enfrentó de nuevo a India y Pakistán y acabó con la derrota paquistaní. El 1971, la lucha entre los dos estados predecesores del Raj Británico reavivó, esta vez motivada por la Guerra de Liberación de Bangladesh, y, en 1972, con el Acuerdo de Simla, cesaron las hostilidades. Además, se estableció la conocida como Línea de Control, frontera militar entre la Cachemira india y la pakistaní, similar a la Línea Actual de Control, límite de armisticio entre India y la región de Aksai Chin.

Una demografía complicada

Pero no podemos hablar de la conflictividad en Jammu y Cachemira sin incidir en la complejidad demográfica de esta zona del continente asiático. El Estado de Jammu y Cachemira es el único de la República de la India con una mayoría de población musulmana, contrastando así con la hegemonía hindú en el resto del país. Según datos de 2011, en aquel momento, un 68% de la población cachemir era musulmana, mientras que un 28,4% era hindú, un 1,5% sij, un 0,6% budista y un 0,4% cristiana. Estos porcentajes contrastan con los datos del mismo 2011 en relación al conjunto de India, donde un 79,8% de la población era hindú y solo un 14,2% era musulmana. Esta división cultural ya se daba con ciertos matices en 1947, cuando el maharajá Hari Singh, partidario del hinduismo, firmó el Instrumento de Adhesión, sin dar importancia al hecho que la mayoría de la población del área que controlaba fuera musulmana.

La mayoría étnica no es uniforme, ya que fluctúa según a cuál de las tres regiones del Estado de Jammu y Cachemira nos refiramos. Mientras que en Jammu y en Ladakh el hinduismo y el budismo son mayoritarios respectivamente, en el Valle de Cachemira aproximadamente un 97% de la población es musulmana.

En relación a esta división étnico-religiosa, las posiciones de Pakistán y de India son opuestas. Mientras que en el primer caso se apela a la teoría de las dos naciones, que asegura que los musulmanes y los hindúes son dos naciones separadas y en la cual se basó la construcción nacional de Pakistán, para defender que Jammu y Cachemira deben formar parte de la República Islámica del Pakistán, la visión india argumenta que la cuestión religiosa no es un impedimento para la integración política.

Separatismo y lucha armada

Las diferencias étnicas dentro del mismo Estado de Jammu y Cachemira, y entre este y el conjunto de India, han sido motivo de inestabilidad y de conflicto externo e interno, y, sin duda, se han convertido también en uno de los pilares fundamentales del separatismo cachemir, dividido entre los partidarios de la independencia (azadi) total de Cachemira y los defensores de su anexión a Pakistán. Por este motivo, no es extraño que en 1989, coincidiendo con un importante crecimiento del nacionalismo hindú en las elecciones general indias, paralelo a un aumento también del nacionalismo musulmán en Jammu y Cachemira, ganaran importancia las reivindicaciones separatistas y empezara una amplia revuelta en estado del norte de India. Desde entonces, la lucha armada contra el gobierno ha estado presente en Jammu y Cachemira, con periodos de más o menos intensidad y con el 2018 como el año con más víctimas mortales de la última década —más de 500, incluyendo aproximadamente unos 250 insurgentes y unos 160 civiles—. En multitud de ocasiones, las autoridades indias han acusado a Pakistán de estar detrás de los ataques.

Una de las últimas acciones violentas llevadas a cabo por el separatismo cachemir tuvo lugar el pasado 14 de febrero, cuando Adil Ahmed Dal, miembro del JeM —grupo armado que reclama la anexión de Jammu y Cachemira a Pakistán— detonó un vehículo cargado de explosivos en el momento que un convoy de autobuses de la policía india se aproximaba, dejando 42 policías muertos. La reacción de India fue realizar varios ataques con aviación dentro del territorio paquistaní, durante los cuales uno de los aviones fue abatido y su piloto capturado. Finalmente, después de un periodo de mediación, el piloto fue devuelto a India, pero los hechos fueron utilizados por el gobierno de Narendra Modi y del Bharatiya Janata Party (*BJP) como una nueva oportunidad para hacer apología del nacionalismo hindú más duro, para alimentar un clima hostil y violento contra los musulmanes y el Pakistán, y para ganar apoyos de cara a las elecciones legislativas del mes de mayo. En el programa electoral presentado por el BJP en esas elecciones ya se hablaba de la eliminación de la autonomía del Estado de Jammu y Cachemira.

Así, en 30 años, la insurgencia armada ha dejado más de 75.000 víctimas mortales y se ha convertido en el argumento principal de las autoridades indias para mantener un masivo contingente militar en la región. Hoy en día, Jammu y Cachemira es la zona más densamente militarizada del mundo, con unos 700.000 soldados indios desplegados en un territorio donde viven poco más de 12 millones de personas.

La impunidad y la represión indias 

Pero la militarización de Jammu y Cachemira no solo es de grandes dimensiones, sino que también disfruta de una impunidad total. Gracias a la Ley de los poderes especiales de las fuerzas armadas, conocida como AFSPA, las tropas de la República de la India pueden actuar sin ningún tipo de represalias en la región. Entre otros, la norma da a los soldados el derecho de disparar a matar, de detener cualquier persona mayor de 12 años por la fuerza y sin orden judicial, de entrar y registrar cualquier dependencia o vehículo, de ocupar o destruir propiedades en operaciones de contrainsurgencia y de detener cachemires por un periodo de hasta dos años sin necesidad de acusarlos formalmente. Así, en virtud de la AFSPA, entre 8.000 y 20.000 personas, incluyendo jóvenes, activistas, abogados y periodistas, han sido detenidas ilegalmente durante las dos últimas décadas, según Amnistía Internacional. Todo esto, sin ningún tipo de consecuencia legal. La AFSPA ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch o la ONU, que han tildado la ley de herramienta de “la opresión y discriminación estatales” y de contraria a la democracia.

Así, la impunidad de las fuerzas de seguridad indias en Jammu y Cachemira se ha convertido en una constante. A lo largo de décadas, han estado miles las víctimas mortales de la policía y el ejército indio, y ejemplo de esto son las fosas comunes descubiertas en 2012, donde reposaban los restos de más de 6.000 cachemires desaparecidos o arrestados. A pesar de la magnitud de las cifras, nadie fue procesado.

Pero los abusos de los cuerpos de seguridad van más allá de las víctimas mortales. Secuelas como la ceguera provocada a manifestantes con disparos de armas de perdigones o la utilización de civiles como escudos humanos son algunas de las otras acciones llevadas a cabo por las fuerzas indias en Cachemira. La violencia sexual tampoco queda fuera de la inmunidad del ejército y de la policía de India. El 23 de febrero de 1991, el ejército indio presuntamente violó en grupo a entre 23 y cien mujeres durante una operación de investigación e interrogatorio en los pueblos de Kunan y Poshpora, hechos negados por las mismas fuerzas armadas y por una investigación de un consejo de prensa, que los calificó de mentiras orquestadas por grupos separatistas. Aun así, en 2013, 50 mujeres indias presentaron una petición al Tribunal Supremo de India para que reabriera las investigaciones y, ante aquel requerimiento, el alto tribunal del Cachemira ordenó que se pagaran compensaciones a las víctimas. Hasta ahora, el gobierno estatal y el ejército se han negado a hacerlas efectivas.

Por último, no nos podemos olvidar de la censura a la libertad de expresión. Si bien ya hemos hablado de los cortes a los servicios de telefonía e internet, el control sobre las comunicaciones y la información por parte del gobierno indio va mucho más allá. A lo largo de décadas, periodistas cachemires han sido víctimas de interrogatorios, amenazas e intimidaciones, y periodistas internacionales han sido deportados o se les ha prohibido entrar dentro de las fronteras de la República de la India. Además del periodismo, el mundo del activismo también ha sido perseguido. Activistas cachemires que han denunciado las prácticas ilícitas de las fuerzas de seguridad han sido silenciados mediante amenazas e incluso el asesinato.

Una situación con resolución incierta

Después de que, a lo largo de las últimas semanas, se hayan detenido a varios militantes cachemires, acusados de preparar un atentado contra peregrinos hindúes, se haya enviado a25.000 soldados adicionales a la región, y que el gobierno del BJP haya derogado el artículo 370 y la autonomía del Estado de Jammu y Cachemira, el primer ministro Modi ha anunciado también la separación de la región de Ladakh, que pasa a estar bajo administración federal directa, y se ha puesto fin a la legislación que prohibía la adquisición de propiedades a las personas no nativas de Jammu y Cachemira con el objetivo de no alterar el equilibrio demográfico, que ahora pasa a estar en riesgo.

Ante esta situación, las autoridades de Pakistán no tardaron en pronunciarse, y el Ministerio del Interior del país advirtió que se ejercerán todas las opciones posibles para contrarrestar los “pasos ilegales del gobierno indio”. El ejecutivo paquistaní también anunció que reclamaría una reunión urgente de la ONU y que la Línea de Control dejaba de ser respetada. El martes, solo un día después de la revocación del estatus especial de Jammu y Cachemira, los tiroteos y los lanzamientos de morteros volvieron a la línea que divide la Cachemira india de la pakistaní.

En una situación de tensión e incertidumbre, habrá que ver como evoluciona un conflicto que hace décadas que dura y que, más allá de ser un asunto interno, y afectando dos potencias atómicas como India y Pakistán, se ha convertido en una amenaza para la estabilidad global.