Opinión
El juego de la verdad y los "muertos en Cataluña"

El relato que ha envuelto la previa de lo que ocurrió el 27-O en Cataluña, el día que el Parlament simuló una declaración de independencia sin efectos —lo que ha venido llamándose "una fake DUI"—, quedará, seguramente, en el limbo de las suspicacias y las especulaciones como ocurrió con el 23-F.

Por lo que sabemos, Carles Puigdemont estaba decidido a convocar elecciones autonómicas a instancias de la mediación del lendakari Iñigo Urkullu, a pesar de que Mariano Rajoy estaba dispuesto a mantener un artículo 155 que se aprobaría de inmediato en el Senado. Urkullu tranquilizó al President asegurándole que si convocaba elecciones y disolvía el Parlament Rajoy suspendería los efectos —valga la ironía— del 155.

Según La Vanguardia, las tensiones internas entre dos partidos en coalición y la sombra de la represión violenta del referéndum del 1 de octubre dilapidaron la decisión de Puigdemont. Los gritos de traidor que se escuchaban de toda la gente que esperaba para la proclamación de la república en la sede del PDeCAT y en el Palau de la Generalitat; las presiones de los Consellers Jordi Cuminal y Albert Batalla en forma de dimisión vía Twitter; y el posicionamiento innegociable de las CUP y, sobre todo, de ERC de abandonar el Govern si no se proclamaba la independencia, provocaron un cambio de rumbo que desencadenó en el ya consabido desenlace de una simbólica declaración de independencia. En realidad, como advirtió el periodista Oriol Güell, se trató de una propuesta de resolución (PNL), "un acuerdo para impulsar la acción del Govern" sin efectos jurídicos.

Sin embargo, en los últimos días, a solo un mes de las elecciones catalanas, han saltado nuevas informaciones que dan otra perspectiva a lo acontecido el 27-O. En una entrevista a RAC1, Marta Rovira, secretaria general de ERC, confirmaba los rumores que habían adelantado, semanas antes, sus socios de gobierno de las CUP y algunos columnistas del diario digital ElNacional.cat: el Gobierno central, de la mano de Rajoy, respondería "con el uso indiscriminado de la violencia" si se hacía efectiva la independencia de Cataluña. Es decir, la valoración de proclamar o no la república ya no solo consistía en las tensiones de consumo interno dentro de los partidos independentistas, sino en evaluar si el Govern era capaz de soportar la idea de que hubiese muertos.

Se trataba de que el Ejecutivo central hiciera efectivo el artículo 8 y 116 de la Constitución, que determinan que las Fuerzas Armadas son las garantes de la unidad de España. La Constitución española, diseñada por Franco, se blindó para legitimar la violencia si se quería romper la indivisibilidad de todo el territorio. En las democracias liberales la violencia está legitimada para defender la soberanía de la nación.

Tras las afirmaciones de Rovira, en las que se han sumado también las de Carles Puigdemont desde Bruselas y otros dirigentes independentistas, el Estado no ha tardado en desmentir dichas acusaciones. Cospedal y Rajoy lo han negado categóricamente, pero no han interpuesto ninguna querella. El pasado 12 de octubre, la ministra de Defensa reiteró que no sería necesario que el Ejército español interviniera en Cataluña. Una declaración que, como mínimo, dejaba entrever un posible escenario a tener en cuenta auspiciada también por Alfonso Guerra.

Rafael Ribó, el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), quien también actuaba de mediador junto al Cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y un grupo de confianza de ambos ejecutivos de empresarios catalanes como Joaquim Coello (presidente Fundación Carulla), Juan José López Burniol o el abogado Emilio Cuatrecasas, aseguró que si se aprobaba la unilateralidad el Estado actuaría "con contundencia". En ningún caso, han confirmado recientemente Ribó y el Cardenal Omella, se habló "de una respuesta de violencia extrema con muertos en las calles".

A medida que pasan las horas, nuevas voces ratifican las afirmaciones del bloque independentista. Jorge Verstrynge, famoso por su deriva ideológica, confirmó en redes la credibilidad de las incriminaciones de Marta Rovira: "Por haber sido secretario de comisiones de estudio, de acción territorial, organización y, finalmente, secretario general de la derecha española… les conozco bien y sé que las afirmaciones son perfectamente creíbles". El pasado fin de semana en TV3, Beatriz Talegón, exdirigente socialista, desveló que más de un político le había asegurado de que "en la primavera habría muertos en Cataluña". 

En este cruce de declaraciones, en este juego de la verdad nadie puede o quiere confirmar nada. En este sentido, tarde o temprano se tendrán que dar informaciones más precisas para no caer en la frivolización o el mero electoralismo.

A pesar de que las elecciones del 21-D tampoco gozarán de las mínimas garantías democráticas mientras haya candidatos en la cárcel por sus ideas y haya la sospecha de la ilegalización de partidos, el Govern de la Generalitat debería asumir sus responsabilidades políticas —no tenía preparada la activación de ninguna estructura de Estado, eso no es la parte legislativa, sino la parte ejecutiva, es decir, dar las órdenes necesarias a los funcionarios para aplicar y hacer efectiva la Hacienda propia y la defensa del territorio— y no utilizar políticamente su condena injusta. De momento, solo Jordi Cuixart, que lleva más de un mes en prisión, Meritxell Borràs, consellera también en prisión, y Anna Simó, una de las cinco miembros de la Mesa del Parlament investigados por el Tribunal Supremo, se han apartado.

No asumir cierta responsabilidad política implicaría poner en riesgo todo ese patrimonio inimaginable que ha conseguido el independentismo: las masivas movilizaciones cívicas y pacíficas más importantes que ha habido en Europa, y poner la cuestión territorial de Cataluña en el punto de mira de todo el mundo.

Ante toda esa situación tan convulsa solo cabe preguntarnos el porqué: el porqué la Generalitat no explicó aquel 27-O que todavía no era posible la independencia y que se trataba de un viaje mucho más largo como nos cuentan ahora; el porqué, a un mes de las elecciones, nos revelan ahora de que "habría muertos" si se proclamaba la independencia sin darnos ningún nombre, y aun así se proclamó, aunque de forma virtual.

También cabría preguntarnos de una vez por todas por qué la verdad es tan difícil de explicar en política.

Seguramente, el independentismo volverá a ganar las elecciones y entonces volverá a disfrutar de una nueva oportunidad. Pero sólo conseguirá lo que se propone si sabe contarnos la verdad.