Independencia de Catalunya
Olivier Peter: “El delito político es el delito de la gente honesta”

Entrevistamos al abogado de la exdiputada de la CUP-Crida Constituent Anna Gabriel Sabaté en su exilio en Ginebra (Suiza). Olivier Peter es un jurista especialista en derechos humanos, derecho penal internacional y extradiciones.

Olivier Peter
Olivier Peter es asesor de Anna Gabriel durante su exilio en Suiza. Víctor Serri
La Directa

publicado
2018-05-08 06:11

Olivier Peter (Zurich, 1986) visitó Catalunya el pasado fin de semana. El joven jurista suizo se encarga de asesorar Anna Gabriel Sabaté durante su exilio en Suiza en coordinación con Benet Salellas, quien asume la defensa de la militante anticapitalista en España y se encarga de los asuntos jurídicos internos.

El motivo de su viaje ha sido intervenir en el Primer Congreso Catalán en defensa del Estado de Derecho, celebrado en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, ​​y en el festival solidario La Respuesta, organizado en Sallent (pueblo natal de Gabriel ) para recaudar fondos para la financiación de la solidaridad antirepressiva con la exdiputada independentista y otros represaliados y represaliadas por el Estado español. A Peter no le gustan las entrevistas, pero accede a hablar con la Directa tras hacerlo con Catalunya Ràdio. No quiere dejar pasar la oportunidad de transmitir su solidaridad y compromiso con la lucha por los derechos civiles y políticos en Catalunya.

Tú entras en el escenario catalán cuando Anna Gabriel decide marchar a Ginebra y no presentarse a declarar ante el Tribunal Supremo. ¿En qué punto se encuentra actualmente el procedimiento contra ella?
Tenemos conocimiento del auto de procesamiento en el que le imputan desobediencia, pero no hay demanda de extradición por varias razones: primero, porque es un delito político, y segundo, porque es un delito que no es lo suficientemente grave para pedirla. Es por eso que mi papel en este momento es aconsejar a Anna y garantizar el respeto a sus derechos, pero no hay ningún procedimiento abierto contra ella en Suiza.

¿Qué hace falta para que haya petición de extradición?
Una pena de al menos un año de prisión. En el caso de Anna, por desobediencia, la pena sería de tres a doce meses de inhabilitación. Al principio le acusaban de un delito de rebelión, pero según el derecho interno suizo y el convenio de extradición de Suiza con los estados del Consejo de Europa, no hay extradición por delitos políticos y éste es claramente un delito absolutamente político. 

¿Suiza ha posicionado respecto a la situación procesal de Anna Gabriel, los delitos que se le imputan y la posibilidad de acceder a una hipotética extradición?
Suiza hizo una declaración bastante sorprendente cuando se anunció su presencia en el país y el ministro español de Justicia Rafael Catalá dijo que la extradición "no presentaría problemas particulares". El portavoz de su homólogo suizo dijo que eran delitos políticos y que Suiza no extradita por motivos políticos: "Si hay una demanda, la examinaremos, pero todo apunta a que son delitos políticos y, si lo son, no extraditar".

¿El hecho de que Suiza no forme parte de la Unión Europea hace que el funcionamiento de las extradiciones sea diferente del de los Estados miembros?
Hay un convenio del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Extradición de 1957, que se aplicaba entre Estados europeos hasta que la UE decidió tener una ley propia sobre entrega de personas, que es la que regula lo que se conoce como euroorden. Este mecanismo sustituye al precedente entre estados de la UE, entonces Suiza queda fuera y sigue rigiéndose por este convenio, que prevé de manera explícita en su artículo 3 que no hay extradición por delitos políticos. 

¿Tiene planteado pedir asilo político o de momento Anna puede estar residiendo en Suiza tal como lo ha estado haciendo hasta ahora?
Suiza tiene un acuerdo con la UE que permite a los ciudadanos comunitarios venir, estar por tres meses y luego solicitar un permiso de residencia. No daré detalles sobre la situación, pero lo que puedo decir es que en estos momentos ella está legalmente en Suiza y no hace falta pedir asilo para poder vivir, con un permiso de residencia es suficiente. 

Cuando hablas de delito político y argumentas que Anna se marchó a Suiza porque no tenía las garantías de recibir un juicio justo en España, ¿a qué condicionantes te refieres?
Hay una falta de imparcialidad bastante evidente de los jueces que investigan esta causa. La exigencia de un tribunal imparcial e independiente es la base del estado de derecho y en este caso no se cumple, entonces no puede haber un juicio justo. Probablemente el único juicio justo en este caso sería abandonar la causa, archivarla y dejar a la gente votar.

¿Por qué Suiza se consideró la mejor opción?
Si Anna eligió Suiza es, por un lado, por un motivo simbólico y político, ya que es la sede de la ONU, de su Consejo de Derechos Humanos y de muchas organizaciones internacionales, así como un espacio de diplomacia y un país de democracia popular y de referendos más desarrollado que otros. En segundo lugar hay una cuestión jurídica, ya que el convenio del que hemos hablado antes contempla un procedimiento diferente, porque se examina la cuestión del delito político pero también porque es un procedimiento más largo y complejo. Sin embargo, es muy sorprendente, y confirma la debilidad de la argumentación de Llarena, que procedimientos como la euroorden, que deberían ser rápidos y sencillos, se estén dilatando tanto.

Catalunya
Llarena despertó a la bestia

La noticia de la detención de Puigdemont no solo atravesó el vermut a media Catalunya. La lanzó a la calle. Manifestaciones masivas, cortes de carretera, invasión de autopistas, etc. El independentismo se ha despertado definitivamente después de una hibernación anodina.

¿Cuál es la percepción en la sociedad e instituciones suizas de lo que está sucediendo en Catalunya y el Estado español?
Hasta el 1 de octubre se sabía que había un movimiento independentista fuerte y que había un conflicto. La respuesta del Estado español en las reivindicaciones, la violencia policial, la impunidad y sobre todo el relato de los hechos del gobierno español a nivel internacional, ha demostrado que las tesis de Puigdemont —que es el que tenía más visibilidad— sobre la excepcionalidad democrática y de la vulneración de los derechos civiles y políticos es acertada. 

En el ámbito de la judicatura, hay una percepción de que España no protege los derechos de sus ciudadanos al igual que otros estados europeos?
Todos los juristas que se expresaron en la prensa tras el anuncio de que Anna Gabriel estaba en Suiza —profesionales de todos los segmentos del espectro ideológico— reconocieron la existencia de persecuciones políticas por parte de la judicatura española.

¿Qué apoyo social tiene Ana en Suiza?
Hay sectores militantes minoritarios cercanos a la causa y que apoyan el planteamiento de la CUP y la izquierda independentista. Después hay un sector mucho más amplio que reconoce el derecho de Anna y de las personas perseguidas poder expresarse políticamente. No están de acuerdo con los planteamientos independentistas, pero reivindican el derecho a voto y a expresarse de estas personas, aunque probablemente si pudieran votar sobre la independencia, votarían que no. Hay muchas personas así y no sólo se manifiestan con declaraciones, sino que el apoyo concreto y material que recibe Anna es impresionante.

El Estado español está respondiendo diplomáticamente en Suiza los movimientos que se hacen desde Catalunya? ¿Qué sucedió con Hervé Falciani hace un mes? ¿fue un intento de cambio de cromos?
El timing de la detención de Falciani cuando la demanda de entrega de Suiza hacía un año que estaba sobre la mesa de la Audiencia Nacional es un indicio más de la falta de independencia del poder judicial y de cómo éste responde a los intereses del Gobierno. Escogieron detenerlo diez días después de anunciarse la presencia de Marta Rovira en Suiza, es una casualidad que no me puedo explicar de otra manera.

Sobre las maniobras diplomáticas no tenemos mucha información. Sí que hubo una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, y su homólogo suizo. Es el único acto concreto, pero parece que vino a pedir muchas cosas y se marchó con las manos vacías porque el gobierno suizo le dijo que, si quería extraditar dos personas, debían presentar las demandas para que fueran examinadas según el derecho aplicable, no estamos aquí haciendo intercambio de rehenes sino aplicando leyes establecidas. Comunicativamente el ministro Dastis hizo una entrevista en la televisión pública y fue bastante increíble para la población suiza ver su nivel de argumentación, diciendo que Puigdemont era un delincuente común que se había de entregar y que no habría referéndum porque la Constitución lo prohíbe, y punto. La negación del conflicto político por parte del gobierno español afecta claramente su credibilidad. 


Eres especialista en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, ¿qué utilidad puede tener recurrir a la justicia europea con la dilación de tiempo que supone plantear un proceso?
La justicia europea no ordena medidas provisionales aparte de casos muy específicos de riesgo de tortura o de condenas de muerte. Por lo tanto, no habrá medidas provisionales, sino procedimientos que pueden durar de tres a ocho años. Creo que no se debe esperar a la justicia europea como algo que pueda solucionar a corto o medio plazo los problemas, pero se debe acudir para que las vulneraciones de los derechos fundamentales que se producen hoy deben ser reconocidas de alguna forma. Esto es una carrera de fondo y es una lucha que se debe hacer a largo plazo. Las decisiones, aunque lleguen dentro de diez años, podrán ser útiles para reconocer que lo que está ocurriendo hoy en Catalunya es inadmisible y es una vulneración de los derechos fundamentales y políticos. 

Anna Gabriel tiene ahora mismo una orden de detención nacional en territorio español, pero los delitos que se le atribuyen no conllevarían pena de prisión. ¿Puede ser una estrategia-trampa para hacer que vuelva y una vez aquí se le puedan imputar nuevos delitos?
No confiamos en la justicia española, no sabemos lo que quieren hacer pero está claro que mientras haya riesgo, no sólo de detención, sino de un procedimiento injusto, no volverá.

¿Qué día se acabará este riesgo?
No sé, se lo deberías preguntar a los abogados de aquí ... o el día de la República o el día que ellos digan. El delito político es el delito de la gente honesta. No creo que Anna ni los exiliados hayan cometido un delito, pero si lo han hecho, es el delito de la gente honesta.


TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA DIRECTA.

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1 Comentario
#15768 24:14 8/5/2018

"El delito político es el delito de la gente honesta". Gracias

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